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Un «escudo» autónomo para el ciudadano: Ulises Gómez propone crear la Procuraduría de la Defensa del Agua en Querétaro

Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. – Ante la creciente crisis de desabasto, los cobros arbitrarios y la contaminación de los mantos acuíferos, el diputado local Ulises Gómez de la Rosa presentó una iniciativa de vanguardia nacional: la creación de la Procuraduría de la Defensa del Agua y Medio Ambiente del Estado de Querétaro.

La propuesta busca elevar la protección del recurso vital a rango constitucional, estableciendo a esta Procuraduría como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, desligado de la administración central. Esto le permitiría investigar violaciones al derecho humano al agua y al medio ambiente sin presiones políticas ni administrativas.

Defensa gratuita contra cortes y cobros excesivos

El legislador explicó que Querétaro requiere de un mecanismo real para frenar los abusos de autoridades y concesionarios. Entre las facultades que tendría este nuevo órgano destaca la representación legal gratuita para ciudadanos que enfrenten cortes de servicio injustificados o reciban recibos con sobreprecios.

“El agua no puede seguir viéndose únicamente como un recurso administrativo o económico; es un derecho humano fundamental que debe garantizarse para todas y todos”, sentenció Gómez de la Rosa. La iniciativa dota a la Procuraduría de poder para interponer amparos, medidas cautelares y acciones colectivas en defensa de la población.

Ingeniería legal para la justicia ambiental

El paquete legislativo no es menor, pues contempla reformas a la Constitución Política local, modificaciones al Código Ambiental estatal y la expedición de una nueva Ley Orgánica. Gómez de la Rosa puntualizó que este organismo no sustituye la figura de un ombudsman, sino que lo complementa con facultades técnicas y de investigación vinculantes.

De ser aprobada, Querétaro se convertiría en el primer estado del país en contar con una institución de esta naturaleza, diseñada para auditar la sobreexplotación de acuíferos y garantizar que el desarrollo del estado no comprometa el patrimonio ambiental de las futuras generaciones.

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