Por Redacción LYPmultimedios
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (16 de mayo de 2026). – El debate sobre la distribución y administración del agua en Querétaro ha tocado su fibra más sensible: el bolsillo de los ciudadanos y la representatividad social. Durante la tercera mesa de análisis del Parlamento Abierto, enfocada en el eje “Costos, tarifas y participación ciudadana”, defensores de derechos humanos, académicos, especialistas y pueblos originarios exigieron poner fin a los cobros arbitrarios de las concesionarias y blindar la participación social con un Consejo Ciudadano vinculante y profesionalizado.
El encuentro, coordinado por las Comisiones Unidas de Seguimiento de la Agenda 2030, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, Asuntos Municipales, Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, y Medio Ambiente y Cambio Climático, funcionó como un foro de contraste técnico y social. La mesa estuvo moderada por la Mtra. Diana Olvera Robles, catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), y contó con la participación de 21 colectivos y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, así como de delegaciones indígenas de Santiago Mexquititlán (Amealco) y La Esperanza (Colón).
La sesión contó con la presencia de liderazgos políticos clave, incluyendo a los diputados locales Arturo Maximiliano García Pérez, Eric Silva Hernández, Ulises Gómez de la Rosa y María Blanca Flor Benítez Estrada; la diputada federal Rufina Benítez Estrada; la presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega; y el regidor de Querétaro, Fernando Flores.
Justicia tarifaria: Proponen un mínimo de 10 metros cúbicos de agua gratis
El primer bloque desmenuzó la opacidad en el régimen de tarifas, los límites de los costos del vital líquido, los subsidios escalonados, los fondos etiquetados y las áreas de mejora de la iniciativa respecto a las reglas para determinar los cobros actuales en la entidad.
Entre las propuestas más destructivas de la jornada, los panelistas plantearon la necesidad de aclarar en la iniciativa la legalidad del cobro (fijando una cuota igual para todos los ciudadanos) y, por otra parte, estructurar un sistema de subsidios para quienes menos tienen y menos agua gastan. En este sentido, se exigió elevar el derecho humano al agua a la práctica operativa, estableciendo por ley un suministro mínimo vital gratuito de hasta 10 metros cúbicos mensuales para ciertas zonas, subsidiado al 100 por ciento por el Estado.
De igual forma, se urgió a definir dentro de la ley el principio de progresividad: que las personas que consumen mayores volúmenes paguen tarifas más altas, e implementar clasificaciones territoriales con cobros diferenciados. Sobre la zona indígena de Santiago Mexquititlán, se propuso la reducción drástica del costo de la conexión de agua, recordando que el Estado tiene la obligación ineludible de llevar el vital líquido a la ciudadanía.
Un Consejo Ciudadano sin simulación ni centralismo metropolitano
El segundo tema se refirió al Consejo Ciudadano del Agua, figura que la ley prevé como central para vigilar y garantizar una participación ciudadana efectiva. El debate se concentró en los mecanismos para fortalecer este organismo en el proyecto de ley.
Entre las propuestas realizadas por los participantes destacaron:
- Profesionalización y enfoque eco-céntrico: Que el Consejo le apueste a una ciudadanía profesionalizada que supervise y fiscalice la gestión hídrica, alejándose de un modelo antropocéntrico y promoviendo la organización colectiva para diagnósticos y soluciones.
- Fin al centralismo: Eliminar la sobrerrepresentación de la zona metropolitana de Querétaro e incorporar obligatoriamente a las regiones y lugares más afectados por la escasez.
- Independencia política: Prohibir estrictamente que los funcionarios públicos emitan juicios de valor hacia los candidatos ciudadanos al Consejo.
- Vinculatoriedad e inclusión: Garantizar una vinculación sólida y legal entre el Consejo y la autoridad hídrica, asegurando la paridad de género y la representación directa de los pueblos indígenas.
Por otra parte, se observó que si se plantea que el Consejo Ciudadano esté profesionalizado, resulta igualmente conveniente que los funcionarios que conformen operativamente la Comisión Estatal de Aguas (CEA) sean expertos probados en la materia.
Al concluir la jornada de propuestas técnicas, los organizadores entregaron constancias de participación a los panelistas que nutrieron el debate: Francisco Landa (Awita Vida y Territorio), Luis Javier Moreno Benhumea (Política Colectiva, quien participó a distancia), Oscar Arredondo Pico (Agua para todxs, Agua para la vida), Stefanía Biondi (QM21 y Cívica), Rodolfo Gómez Zurita (Frente por las 40 horas Querétaro), Alina del Carmen Nettel Barrera (UAQ), Enrique Kato Vidal (UAQ), Jesús Abraham Maya Pedraza (Colectivo Eheco), Carlos Alberto Rentería Rivera (consultor en Finanzas Públicas), Erika Rosales Moreno (especialista en Políticas Públicas Ambientales), Maximino Pérez (integrante de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán) y Miguel Vega (Grupo Maya Inc.).
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