Por Redacción LYPmultimedios
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (20 de mayo de 2026). – El hartazgo ciudadano y empresarial frente al secuestro de las vialidades ha encontrado eco en el Congreso local. Tras los recientes episodios de parálisis en arterias como la Carretera 57, el estado busca crear su propio antídoto legal para frenar lo que se ha convertido en una táctica recurrente de presión política.
El diputado Guillermo «Memo» Vega, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, anunció que trabaja en una propuesta legislativa para sancionar con severidad la obstrucción ilícita de la movilidad. El objetivo del panista es claro: llenar el vacío de poder dejado por el Gobierno Federal y dotar a Querétaro de herramientas propias para restablecer el orden.
El «vacío» de la Federación y la respuesta local
El centro del debate radica en la jurisdicción. Aunque los ataques a las vías generales de comunicación ya son un delito federal, Vega fue contundente al denunciar que la «pasividad y omisión» de las autoridades federales ha normalizado el caos.
Ante esta inacción, la estrategia legislativa de Vega es quirúrgica: fortalecer el Código Penal del estado para tipificar la afectación al «orden público y los derechos de terceros» generada por bloqueos a la movilidad local, logrando así actuar sin invadir las competencias de la Federación.
“Hoy vemos carreteras tomadas durante horas o incluso días completos, afectando el traslado de trabajadores, estudiantes, turistas, mercancías y ambulancias, mientras la autoridad federal simplemente permanece ausente. No podemos permitir que los queretanos queden indefensos”, acusó el legislador.
El límite: ¿Dónde termina la protesta y empieza el delito?
Anticipándose a las críticas de la oposición que podrían calificar la medida como un intento de criminalizar la protesta social, Memo Vega trazó una línea definitiva.
Subrayó que la libre manifestación está plenamente garantizada, pero advirtió que intereses políticos no pueden utilizar las carreteras como rehenes. «La libertad de manifestación no puede convertirse en un permiso para paralizar carreteras, afectar hospitales, detener el comercio o poner en riesgo vidas humanas», sentenció.
Para blindar la legitimidad de esta propuesta, el diputado panista puso sobre la mesa el estándar internacional. Recordó que en democracias consolidadas como Alemania, Francia, España y en diversos estados de Estados Unidos, existen legislaciones modernas y severas para castigar bloqueos que atenten contra la infraestructura estratégica de una nación.
Con esta iniciativa, Acción Nacional busca enviar un mensaje contundente: mientras en otras regiones del país el bloqueo carretero es tolerado como una «costumbre política», Querétaro pretende instaurar un modelo europeo de orden y respeto irrestricto al libre tránsito.
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