Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 23 de junio de 2026.— La diputada local Juliana Hernández Quintanar, integrante del Grupo Legislativo del PAN, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaroy reconocer permisos laborales con goce de sueldo para que madres y padres trabajadores del sector público puedan atender asuntos escolares de sus hijas e hijos menores de edad.
La propuesta fue ingresada ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo local bajo el nombre de “Iniciativa de Ley que adiciona y reforma diversas disposiciones a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en materia de permisos laborales para atender temas escolares de las hijas e hijos menores de edad”.
El planteamiento legislativo toca una discusión cada vez más visible en la vida pública: la tensión entre jornada laboral, crianza, educación y corresponsabilidad familiar. En un contexto donde madres y padres participan de forma creciente en el mercado de trabajo, la iniciativa busca que el acompañamiento escolar no dependa únicamente de la disponibilidad informal, los permisos discrecionales o el sacrificio económico de las familias.
“Esto implica que el Estado dé permiso al padre o la madre, para que pueda atender temas escolares de sus hijos menores de 18 años de edad”, afirmó Hernández Quintanar.
La legisladora sostuvo que la familia es una estructura fundamental de la sociedad y que el interés superior de la niñez exige una participación más activa de madres y padres en los procesos educativos. “Todos estamos conscientes de que la familia es la estructura fundamental de la sociedad y de que debemos estar comprometidos con el interés superior del menor, lo que implica que los padres se responsabilicen e involucren en los temas académicos y en el desarrollo integral de las y los niños”, señaló.
La reforma plantea modificar el Artículo 51 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para que las y los empleados del sector público puedan acceder a permisos laborales con goce de sueldo cuando deban atender reuniones escolares, actividades formativas, emergencias o situaciones vinculadas con el desarrollo académico de sus hijas e hijos.
De acuerdo con la diputada, la medida beneficiaría a trabajadores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos, entidades paraestatales, los 18 municipios y entidades paramunicipales. La iniciativa no establece un límite fijo de permisos, sino que deja su autorización al criterio del jefe directo.
El punto abre un debate operativo relevante: cómo garantizar flexibilidad laboral sin afectar la prestación de servicios públicos, y cómo evitar que la autorización quede sujeta a criterios arbitrarios o desiguales entre dependencias. Para que el derecho sea efectivo, la reforma requerirá reglas claras, justificación documental y una cultura institucional sensible a las responsabilidades familiares.
Hernández Quintanar enfatizó que se trata de una propuesta de alcance local, aplicable únicamente a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Querétaro. Sin embargo, adelantó que ha dialogado con una diputada federal para explorar una ruta similar en el Congreso de la Unión, con el objetivo de ampliar este tipo de derechos al sector privado.
La iniciativa parte de una realidad social difícil de ignorar: la organización familiar ha cambiado. En numerosos hogares ambos padres trabajan para sostener la economía familiar, mientras que en otros casos una sola persona asume la crianza y el cuidado de hijas e hijos. Esa transformación exige que las instituciones públicas actualicen sus reglas laborales.
En los considerandos, la propuesta señala que cuando el patrón es el propio Estado existe una responsabilidad institucional y social para promover condiciones laborales más sensibles a las necesidades de las familias trabajadoras. Esto implica reconocer que la educación no ocurre únicamente dentro del aula, sino también en el acompañamiento cotidiano de madres, padres y personas cuidadoras.
La legisladora también plantea que las instituciones públicas deben adoptar esquemas de mayor flexibilidad para permitir que las y los servidores públicos atiendan reuniones escolares, emergencias, actividades formativas o cualquier situación vinculada con el desarrollo de sus hijas e hijos.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es su dimensión de género. El documento sostiene que la medida busca fortalecer la corresponsabilidad parental y evitar que las tareas de cuidado, seguimiento escolar y acompañamiento educativo recaigan de manera desproporcionada en las mujeres.
La discusión cobra especial relevancia en Querétaro, donde la iniciativa refiere que 70.1% de las mujeres mayores de 15 años son madres y que una proporción importante participa activamente en actividades productivas. Además, el documento señala que aproximadamente una tercera parte de los hogares está encabezada por una madre trabajadora.
En términos de política pública, la propuesta coloca el cuidado en el centro de la agenda laboral. No se trata únicamente de conceder permisos, sino de reconocer que el rendimiento escolar, la permanencia educativa y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes también dependen de que las familias tengan tiempo institucionalmente reconocido para acompañar sus procesos.
La iniciativa deberá avanzar en el proceso legislativo correspondiente, donde podrían discutirse sus alcances, mecanismos de autorización, criterios de comprobación y posibles lineamientos para evitar discrecionalidad. Su aprobación abriría una puerta para repensar el vínculo entre trabajo público, crianza y educación desde una perspectiva de derechos.
En una sociedad donde el tiempo se ha convertido en uno de los recursos más escasos para las familias trabajadoras, la propuesta de Hernández Quintanar plantea una pregunta de fondo: si el Estado reconoce la importancia de la educación, también debe reconocer el tiempo necesario para acompañarla.
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