Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 30 de junio de 2026.— En Querétaro comenzó una discusión que no debería tratarse como un trámite legislativo más: cómo proteger a quienes investigan, documentan, denuncian, acompañan víctimas o defienden derechos humanos cuando su trabajo incomoda al poder, a intereses privados o incluso a grupos criminales.
La diputada Claudia Díaz Gayou presentó la convocatoria al Parlamento Abierto para la creación de la Iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Querétaro, un ejercicio que busca reunir a periodistas, activistas, academia, organizaciones civiles, organismos autónomos, autoridades y ciudadanía interesada.
El objetivo es construir una ley local que no sea decorativa, sino útil cuando exista una amenaza real. Porque en materia de protección, una mala ley puede terminar siendo apenas un documento bonito: reconoce derechos, pero no salva a nadie cuando el riesgo aparece.
De acuerdo con la convocatoria, el Parlamento Abierto estará organizado en tres mesas temáticas. La primera, realizada el 29 de junio, abordó el marco general y el diseño institucional del sistema de protección, incluyendo objeto de la ley, sujetos protegidos, definiciones, competencias y estructura institucional.
La segunda mesa se realizará el 6 de julio y estará enfocada en coordinación institucional, procedimientos y medidas de protección. Ahí se discutirán puntos clave: cómo solicitar apoyo, cómo evaluar riesgos, qué autoridad responde, en cuánto tiempo y qué medidas pueden aplicarse.
La tercera mesa está programada para el 13 de julio y tratará mecanismos de control, responsabilidades y financiamiento. Este punto será decisivo, porque ninguna ley de protección funciona si no tiene presupuesto, supervisión y responsables claros.
Ahí está el verdadero fondo del debate: no basta con decir que se protegerá a periodistas y personas defensoras. Hay que definir quién contesta el teléfono cuando alguien recibe una amenaza, quién evalúa el riesgo, quién coordina a policías, fiscalías y municipios, quién da seguimiento y quién rinde cuentas si falla la protección.
Claudia Díaz Gayou señaló que la construcción de esta iniciativa debe partir de la escucha activa y de la experiencia de quienes enfrentan riesgos en el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos.
Ese enfoque es relevante. Una ley diseñada sin escuchar a quienes cubren territorio, investigan corrupción, documentan violencia, acompañan causas sociales o defienden comunidades podría quedarse corta desde su origen.
La protección no se puede escribir solo desde un escritorio. Tiene que partir de lo que viven reporteros locales, medios pequeños, periodistas independientes, defensoras comunitarias, colectivas, organizaciones civiles y personas que muchas veces trabajan sin grandes estructuras de respaldo.
En Querétaro, como en otros estados, el riesgo no siempre se presenta como una amenaza directa de alto impacto. A veces llega en forma de intimidación, llamadas, campañas de desprestigio, demandas, presiones económicas, exclusión informativa, hostigamiento digital, vigilancia o uso faccioso de instituciones.
Por eso una ley moderna debe entender que la violencia contra periodistas y defensores no siempre empieza con una agresión física. Muchas veces empieza con el intento de aislar, silenciar o desgastar a quien incomoda.
El Parlamento Abierto busca que la futura legislación responda a las necesidades reales del estado, fortalezca las garantías para ejercer la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos, y establezca un sistema de protección eficaz con responsabilidades claras entre distintos órdenes de gobierno.
Ese último punto será fundamental. Si la ley no obliga a coordinar a autoridades estatales y municipales, puede convertirse en un laberinto. La persona en riesgo no debería tener que tocar cinco puertas para ser escuchada.
Cuando alguien denuncia una amenaza, el tiempo importa. La burocracia puede ser otra forma de abandono.
La convocatoria permanece abierta para periodistas, personas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación, instituciones académicas, colegios de profesionistas, organizaciones civiles, organismos autónomos, autoridades y ciudadanía interesada.
El diseño del sistema deberá responder preguntas concretas: quién será considerado periodista o persona defensora; qué medidas se activarán ante riesgo bajo, medio o alto; cómo se protegerá a familiares; qué ocurrirá con comunicadores independientes; cómo se dará acompañamiento psicológico; qué papel tendrán los municipios; cómo se evitará revictimizar a quien pide ayuda; y qué presupuesto sostendrá todo el mecanismo.
Una ley de protección sin dinero es una promesa sin zapatos: puede caminar en el discurso, pero no llega a territorio.
También será necesario cuidar que el sistema no quede capturado por intereses políticos. Proteger periodistas y defensores no debe depender de si incomodan o no al gobierno en turno. La garantía debe aplicar para todas las personas que ejercen estas labores, sin distinción de línea editorial, causa social, ideología o nivel de cercanía con el poder.
Para un estado como Querétaro, que suele presentarse como ejemplo de orden institucional, esta discusión será una prueba importante. La protección de periodistas y defensores no se mide por la tranquilidad del discurso oficial, sino por la capacidad de responder cuando una voz crítica se encuentra bajo presión.
La democracia no solo necesita elecciones. También necesita personas que puedan preguntar, investigar, denunciar y defender derechos sin miedo.
El Parlamento Abierto marca apenas el inicio. La calidad de la futura ley dependerá de qué tan en serio se escuchen las propuestas, qué tan claras queden las responsabilidades y qué tan dispuesto esté el Congreso a construir un mecanismo con dientes, presupuesto y supervisión.
La iniciativa puede convertirse en un avance relevante para Querétaro si logra pasar de la intención al diseño real. Pero si se queda en conceptos generales, sin procedimientos rápidos ni recursos suficientes, será otra ley que reconoce un problema sin tener fuerza para enfrentarlo.
Proteger a periodistas y personas defensoras no es un favor del Estado. Es una obligación democrática.
Porque cuando se silencia a una persona periodista, pierde la sociedad su derecho a saber. Y cuando se abandona a una persona defensora, se debilita la posibilidad de que alguien acompañe a quienes menos poder tienen.
Querétaro abrió la conversación. Ahora toca construir una ley que no solo suene correcta, sino que pueda responder cuando una llamada, una amenaza o una agresión pongan en riesgo a quienes se atreven a decir lo que otros quieren ocultar.