Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 8 de julio de 2026.— La Fiscalía General de la República colocó el caso de Ismael “El Mayo” Zambada en una nueva dimensión política, jurídica y diplomática: ya no se trata únicamente de esclarecer cómo fue trasladado a Estados Unidos, sino de determinar si una agencia extranjera participó en una operación ejecutada en territorio mexicano sin informar plenamente al Estado mexicano.
En el comunicado FGR 424/26, la institución informó nuevos actos de investigación relacionados con el secuestro de Ismael “N”, su posterior traslado a Estados Unidos y la detención de Joaquín “N”.
La Fiscalía sostuvo que, de confirmarse la participación de agencias extranjeras, México estaría frente a posibles violaciones graves al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley y una transgresión al principio de buena fe en las relaciones diplomáticas.
El caso dejó de ser solo una captura de alto perfil. Ahora se convirtió en una pregunta de soberanía: quién puede operar en México, bajo qué reglas y con qué nivel de transparencia frente al Estado mexicano.
La línea de tiempo que revisa la FGR
La Fiscalía hizo un recuento de hechos que considera relevantes para entender el caso.
De acuerdo con la institución, el 23 de julio de 2024 se tuvo conocimiento, a través de medios de comunicación y reportes de representaciones mexicanas en Estados Unidos, que Ovidio “N”, extraditado por México el 15 de septiembre de 2023, se incorporó al programa de testigos protegidos de aquel país.
Dos días después, el 25 de julio de 2024, la Embajada de Estados Unidos informó del cambio de medida cautelar, sin consultar previamente al Gobierno de México.
Ese mismo día ocurrió la operación que derivó en lo que la FGR califica como extracción ilegal o secuestro de Ismael “N”, mediante una estrategia que habría iniciado en Sinaloa y concluido en Nuevo México.
La Fiscalía sostuvo que la proximidad temporal entre estos hechos, los vínculos familiares y las relaciones dentro de organizaciones delictivas permiten inferir una posible intermediación entre el cambio de medida cautelar y el secuestro de Zambada.
La FGR no solo está investigando un vuelo. Está investigando una cadena de decisiones, pactos, silencios y posibles omisiones entre actores criminales y autoridades extranjeras.
El reportaje que reactivó el caso
El comunicado de la FGR también retoma un reportaje publicado por el periodista Luis Chaparro, quien reveló en redes sociales una presunta intervención del Buró Federal de Investigación, FBI, en la captura de “El Mayo”.
De acuerdo con lo referido por la Fiscalía, el reportaje señala que el periodista obtuvo una declaración del FBI en la que la agencia habría aceptado que el operativo fue suyo y que logró la detención de uno de los principales objetivos de Estados Unidos.
El mismo reportaje sostiene que Joaquín “N” habría sido el principal autor material de la acción.
La publicación también describe presuntas modificaciones a la aeronave usada para trasladar a Zambada: pintura, sistema de luces, combustible, motor, alteración del plan de vuelo y del número de serie para impedir su identificación.
Además, según el comunicado, Chaparro afirmó haber tenido acceso al interior del avión, donde observó marcas de forcejeo y ventanas estrelladas.
Si esos elementos se confirman, el caso no apuntaría a una simple entrega entre criminales, sino a una operación con planificación, encubrimiento técnico y posible intervención institucional.
La aeronave, pieza central de la investigación
La FGR informó que en agosto de 2024 personal de la institución acudió a inspeccionar indicios encontrados en la aeronave en oficinas del FBI en El Paso, Texas, y posteriormente revisó el avión en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.
Sin embargo, según la Fiscalía, durante esa diligencia no se permitió el acceso necesario para realizar las acciones pertinentes en una investigación de este tipo, ni se proporcionó la información requerida para esclarecer los hechos.
La institución también señaló que se le impidió tomar fotografías.
Uno de los puntos más delicados es que, de acuerdo con la FGR, el FBI no proporcionó datos de identificación del piloto y únicamente señaló que esta persona solicitó ser deportada inmediatamente a México.
La Fiscalía añadió que en las constancias del caso se advierte que autoridades estadounidenses proporcionaron en distintas ocasiones datos falsos o imprecisos sobre la identificación de la aeronave.
La aeronave se convirtió en el objeto material de una disputa diplomática: para Estados Unidos, una pieza de investigación; para México, una evidencia que no pudo revisar con plenitud.
Ken Salazar y la versión que hoy está bajo presión
El comunicado recuerda que el 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que el gobierno estadounidense no participó en la operación.
Según esa versión, no se trató de una aeronave estadounidense, ni de un piloto estadounidense, ni de agentes o personal estadounidense en México, sino de una operación entre cárteles.
La FGR ahora advierte que si se confirma la información reciente sobre una operación planeada, organizada o ejecutada por el FBI, estaríamos frente a una contradicción grave.
La palabra clave aquí es confianza. Una relación bilateral de seguridad puede sobrevivir a desacuerdos, pero no a versiones oficiales que se contradicen frente a hechos materiales.
Para México, la posible mentira de un diplomático estadounidense no sería un asunto menor. La Fiscalía lo plantea como una eventual transgresión al principio de buena fe que debe regir las relaciones diplomáticas.
Asistencia jurídica internacional
Frente a este escenario, la FGR informó que ya solicitó información al gobierno de Estados Unidos mediante el mecanismo de asistencia jurídica internacional, previsto en el tratado bilateral correspondiente.
La Fiscalía busca que autoridades estadounidenses entreguen información relacionada con los acontecimientos investigados.
El punto será clave para medir la voluntad de cooperación de Washington.
Si Estados Unidos quiere sostener que no vulneró la soberanía mexicana, tendrá que responder con documentos, datos verificables y acceso real a la información.
La cooperación en seguridad no puede depender solo de comunicados. Requiere trazabilidad, evidencia, transparencia y respeto a procedimientos.
Siete carpetas de investigación
La FGR recordó que desde los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024 inició siete carpetas de investigaciónrelacionadas con el caso.
Estas indagatorias abarcan posibles delitos como:
homicidio de Héctor “N”;
secuestro de Ismael “N”;
desaparición de dos escoltas de Ismael “N”;
delitos contra la procuración de justicia;
alteración de escena del crimen;
y diversas negligencias ministeriales del fuero común.
En total, la institución reportó 153 entrevistas, mil 288 informes, 124 dictámenes en diversas especialidades y múltiples actos de investigación.
También informó solicitudes de asistencia jurídica internacional y una solicitud de extradición de Ismael “N”, alias “El Mayo”, derivada de tres causas penales relacionadas con delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud en territorio mexicano.
Sin embargo, el Departamento de Justicia notificó la imposibilidad de atender dicha solicitud, bajo el argumento de que Zambada está siendo procesado ante una Corte de Distrito en Estados Unidos.
México pide juzgarlo aquí; Estados Unidos responde que ya lo procesa allá. En medio queda la pregunta fundamental: cómo llegó allá.
Hallazgos parciales de la investigación
La Fiscalía informó que, como resultado de las investigaciones, logró identificar el lugar donde se habría realizado la reunión en la que Ismael “N” fue privado de la libertad junto con dos de sus escoltas, quienes continúan desaparecidos.
En ese mismo sitio, presuntamente Héctor “N” fue lesionado y posteriormente murió.
También se identificó el aeropuerto donde despegó y aterrizó la aeronave que transportó a Zambada a Estados Unidos, así como la persona que la pilotó.
La FGR señaló que la pista de despegue no contaba con autorización para operar y que la aeronave tenía alterados sus medios de identificación.
Además, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano proporcionó el audio del momento en que el piloto solicitó a la Torre de Control del aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, un código transponder para ingresar a Estados Unidos.
Por medio de dictámenes periciales en materia de audio, la Fiscalía dijo haber logrado la identificación del piloto.
La investigación mexicana ya no parte de sospechas generales: tiene una ruta, una aeronave, un piloto, una pista irregular y una narración jurada de la víctima.
Declaración de Zambada ante notario en Texas
La FGR también informó que fue posible establecer que la declaración jurada de Ismael “N” ante notario público de Texas, en la que narró los hechos ocurridos, fue desahogada conforme a la normatividad estadounidense.
Este punto es importante porque la versión de Zambada ha sido uno de los elementos que alimentó la hipótesis de secuestro o extracción ilegal.
La declaración podría ayudar a reconstruir el momento en que fue privado de la libertad, la participación de Joaquín “N” y la forma en que terminó en territorio estadounidense.
El testimonio de Zambada no exonera su historial criminal, pero puede ser clave para determinar si el Estado mexicano fue vulnerado durante su traslado.
En una investigación de esta naturaleza, la Fiscalía debe separar dos planos: los delitos que se atribuyen a Zambada y la legalidad del procedimiento mediante el cual fue llevado a Estados Unidos.
Ambos pueden coexistir.
Un capo puede ser responsable penalmente y, al mismo tiempo, su captura puede haber violado leyes mexicanas.
32 investigaciones contra “El Mayo” en México
La FGR precisó que en México existen 32 investigaciones contra Ismael “N”, alias “El Mayo”, de las cuales derivan órdenes de aprehensión vigentes.
Este dato busca dejar claro que México no está defendiendo a Zambada, sino reclamando jurisdicción, legalidad y soberanía.
Exigir respeto a la soberanía no significa proteger criminales. Significa exigir que incluso contra criminales se actúe dentro de la ley.
Esa distinción es fundamental.
Si el Estado mexicano acepta operaciones extranjeras sin reglas, abre un precedente peligroso: que la persecución de delitos pueda pasar por encima de sus instituciones.
Y cuando eso ocurre, la cooperación deja de ser cooperación para convertirse en subordinación.
La tensión bilateral: cooperación o injerencia
El caso llega en un momento delicado para la relación México–Estados Unidos en materia de seguridad.
Ambos países necesitan colaborar contra narcotráfico, tráfico de armas, fentanilo, lavado de dinero y redes criminales transnacionales.
Pero esa colaboración se vuelve políticamente tóxica cuando una de las partes actúa sin claridad o sin respetar los canales institucionales.
La frontera entre cooperación e injerencia se cruza cuando una agencia extranjera opera sin transparencia en territorio nacional.
La FGR plantea justamente ese escenario.
De confirmarse la participación del FBI, México tendría que evaluar posibles responsabilidades y exigir explicaciones formales. Estados Unidos, por su parte, tendría que aclarar qué hizo, qué sabía, quién participó y por qué se entregaron versiones que México considera falsas o imprecisas.
El impacto en Sinaloa y en la seguridad nacional
El caso no es únicamente diplomático. También tiene efectos internos.
La extracción de “El Mayo” Zambada desató una reconfiguración violenta dentro del Cártel de Sinaloa, marcada por disputas entre facciones, ajustes de poder y nuevos episodios de violencia.
Cuando una captura de alto perfil ocurre sin coordinación plena, el país que paga las consecuencias inmediatas suele ser México.
Una operación puede celebrarse en Washington como éxito policial y producir en México semanas o meses de violencia territorial.
Ese es uno de los dilemas más duros de la cooperación bilateral: los beneficios judiciales pueden quedar del lado estadounidense, mientras los costos de seguridad pública se quedan en comunidades mexicanas.
Por eso la exigencia de información no es un trámite diplomático. Es una necesidad de seguridad nacional.
El mensaje de la FGR: justicia con soberanía
La Fiscalía sostuvo que el pueblo de México puede tener certeza de que continuará procurando justicia con objetividad, contundencia y responsabilidad, bajo respeto irrestricto a la soberanía nacional.
También advirtió que cualquier intento de transgresión a esa soberanía afecta directamente al pueblo mexicano.
El comunicado concluye que, si se establece la participación de agencias extranjeras en el hecho investigado, podría acreditarse algún grado de responsabilidad contra las personas que resulten involucradas.
La FGR está marcando una línea política y jurídica: México quiere justicia, pero no acepta que esa justicia se construya sobre operaciones opacas en su territorio.
El caso que puede redefinir la cooperación con Estados Unidos
La investigación sobre “El Mayo” Zambada puede convertirse en uno de los expedientes más delicados de la relación bilateral reciente.
No solo porque involucra a uno de los líderes históricos del narcotráfico mexicano, sino porque pone bajo escrutinio la manera en que Estados Unidos actúa frente a objetivos criminales en México.
Si se confirma que hubo participación del FBI en territorio nacional sin transparencia ni consentimiento pleno, el caso puede obligar a replantear protocolos de cooperación, intercambio de inteligencia, manejo de testigos protegidos, operaciones encubiertas y respeto a la jurisdicción mexicana.
México no está cuestionando que un capo sea juzgado. Está cuestionando si para juzgarlo se violó la ley mexicana.
Esa es la diferencia que definirá la discusión pública.
Porque el Estado de derecho no se mide solo por capturar criminales. También se mide por cómo se les captura.
Y en este caso, la FGR advierte que la forma puede ser tan grave como el fondo.