Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 8 de julio de 2026.— La discusión por la venta de predios municipales en Querétaro escaló a una nueva etapa institucional. La regidora de Movimiento Ciudadano, Paulina Aguado, presentó una solicitud formal ante la Secretaría del Ayuntamiento para revertir la autorización de enajenación de 12 predios de propiedad municipal y fortalecer el marco jurídico que protege las áreas de equipamiento, áreas verdes y bienes destinados al servicio de la comunidad.
La acción se da en congruencia con el voto en contra que Aguado emitió durante la sesión ordinaria de Cabildo del pasado 26 de mayo, cuando se aprobó la autorización para subastar dichos inmuebles.
La regidora sostuvo que los bienes públicos deben conservarse para cumplir la función social para la que fueron destinados y no convertirse en una alternativa para financiar gasto corriente del municipio.
El fondo del debate no es solamente si el municipio puede vender predios. La pregunta es si debe hacerlo cuando esos terrenos pueden convertirse en parques, escuelas, centros comunitarios, canchas, espacios verdes o infraestructura pública para una ciudad que cada vez necesita más suelo social.
Solicita derogar el acuerdo de Cabildo
En el documento entregado a la Secretaría del Ayuntamiento, Paulina Aguado solicitó formalmente la derogación del acuerdo aprobado en Cabildo el 26 de mayo, mediante el cual se autorizó la subasta de 12 predios municipales.
Con ello, busca revertir la ruta administrativa que permitiría la venta de inmuebles públicos y reabrir la discusión sobre su destino.
La regidora ha señalado que el patrimonio municipal no debe entenderse como una reserva financiera que pueda venderse cuando el gobierno necesita recursos, sino como una herramienta para garantizar servicios, equipamiento y espacios públicos.
Cuando un predio público se vende, la ciudad no solo pierde tierra: pierde posibilidades futuras.
Pierde la posibilidad de un parque en una colonia sin áreas verdes.
Pierde la posibilidad de una escuela donde crecerá la población.
Pierde la posibilidad de un centro comunitario.
Pierde suelo para infraestructura urbana que quizá no se necesita hoy, pero será indispensable mañana.
Cabildo Abierto para discutir el futuro del patrimonio municipal
La segunda solicitud planteada por Aguado es convocar a la brevedad a un Cabildo Abierto, atendiendo la propuesta impulsada por colectivos ambientalistas, especialistas y ciudadanía interesada.
El objetivo, de acuerdo con el boletín, es abrir un diálogo transparente sobre el futuro del patrimonio municipal y garantizar participación ciudadana en una decisión de alto impacto para la ciudad.
El Cabildo Abierto no es un gesto menor. En una decisión sobre bienes públicos, escuchar a la ciudadanía no debería ser cortesía política, sino obligación democrática.
La venta de predios municipales tiene consecuencias urbanas, ambientales y sociales. Por ello, la discusión no puede quedar limitada a una votación técnica dentro del Ayuntamiento.
La ciudadanía tiene derecho a saber dónde están los predios, cuál era su destino original, qué valor público tienen, qué estudios justifican su venta, en qué se usaría el dinero y qué alternativas existen para conservarlos.
Pago en efectivo contra suelo público
Uno de los puntos más relevantes de la solicitud es la modificación del Artículo Décimo Sexto de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro.
Paulina Aguado propone eliminar la posibilidad de recibir pagos en efectivo en sustitución de los inmuebles que los desarrolladores deben transmitir gratuitamente al municipio para destinarlos a zonas de equipamiento y áreas verdes.
En términos urbanos, este punto es central.
Cuando un desarrollo inmobiliario crece, la ciudad necesita suelo para responder a las nuevas demandas: parques, escuelas, centros deportivos, infraestructura de servicios, espacios comunitarios y áreas de convivencia.
Si en lugar de recibir predios el municipio acepta dinero, puede obtener recursos inmediatos, pero pierde tierra pública en zonas donde la población crecerá.
El dinero se gasta. El suelo público, si se conserva, puede servir a generaciones.
Aguado sostiene que estos predios deben conservar su vocación social y formar parte del patrimonio municipal, en congruencia con el principio de inalienabilidad previsto en el Código Urbano.
Reformar el Reglamento de Bienes Patrimoniales
La regidora también solicitó modificar los artículos 11 y 16 del Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de Querétaro, con el fin de eliminar disposiciones que actualmente permiten la enajenación de bienes municipales destinados al servicio de la comunidad.
La propuesta busca cerrar puertas legales para que inmuebles con vocación pública puedan ser vendidos bajo criterios administrativos o financieros.
Una ciudad que se queda sin suelo público se queda sin margen para corregir desigualdades urbanas.
Ese es uno de los riesgos más profundos de vender predios municipales.
En una ciudad en expansión, el suelo se vuelve cada vez más caro y escaso. Si el municipio se desprende de terrenos con potencial comunitario, después tendrá que comprar tierra a precios más altos o resignarse a no construir equipamiento donde más se necesita.
Patrimonio municipal y función social
Paulina Aguado afirmó que estas propuestas buscan brindar mayor certeza jurídica para evitar que el patrimonio público continúe disminuyendo.
También señaló que el objetivo es garantizar que las futuras generaciones cuenten con espacios suficientes para parques, escuelas, centros comunitarios, instalaciones deportivas y demás infraestructura urbana.
El patrimonio municipal no debería medirse solo por su valor comercial, sino por su valor social.
Un predio puede parecer improductivo si se mira desde la lógica financiera inmediata. Pero puede ser estratégico si se mira desde la planeación urbana de largo plazo.
La diferencia entre una ciudad improvisada y una ciudad bien planeada está precisamente en conservar suelo para lo que todavía no existe, pero se va a necesitar.
Una ciudad que crece necesita más espacios públicos, no menos
Querétaro enfrenta un crecimiento urbano acelerado. Nuevos fraccionamientos, desarrollos verticales, centros comerciales, vialidades, parques industriales y expansión habitacional han transformado la ciudad en pocos años.
Ese crecimiento exige equipamiento urbano suficiente.
No basta con construir viviendas. Se necesitan parques, escuelas, clínicas, áreas deportivas, centros culturales, bibliotecas, espacios comunitarios, rutas peatonales, ciclovías, infraestructura hídrica, transporte público y zonas de convivencia.
Vender suelo público en una ciudad que crece es una decisión que debe explicarse con enorme rigor, porque sus consecuencias no se sienten solo en el presupuesto: se sienten en la calidad de vida.
Si una colonia se queda sin área verde, la infancia pierde espacio de juego.
Si una zona no cuenta con terreno para escuela, las familias deben desplazarse más.
Si no hay equipamiento comunitario, la ciudad se fragmenta.
Si no se reservan predios para infraestructura, el futuro se encarece.
La crítica al gasto corriente
Uno de los argumentos centrales de Aguado es que los bienes públicos no deben convertirse en una alternativa para obtener recursos destinados al gasto corriente del municipio.
La crítica apunta a un principio básico de administración pública: vender patrimonio para financiar necesidades inmediatas puede resolver un problema temporal, pero genera una pérdida permanente.
El gasto corriente se consume en el presente. El patrimonio público sostiene el futuro.
Por eso, la venta de predios debe evaluarse con cuidado. Si el municipio requiere recursos, debe explicar por qué no existen alternativas presupuestales, qué programas pueden ajustarse, qué gastos pueden reducirse y por qué la venta de suelo público sería la mejor opción.
En una ciudad con presión urbana y déficit de espacios públicos, vender tierra municipal debe ser la última opción, no la salida fácil.
Colectivos y ciudadanía en la discusión
La regidora reiteró su disposición para trabajar con organizaciones de la sociedad civil, especialistas, colegios de profesionistas y vecinos que han manifestado preocupación por el tema.
La intervención de colectivos ambientalistas y especialistas ha sido clave para colocar el debate en términos de planeación urbana, medio ambiente y derecho a la ciudad.
La defensa de un predio público casi nunca empieza en los escritorios. Empieza cuando una comunidad entiende que ese terreno puede ser el único espacio verde posible en su zona.
La participación ciudadana puede ayudar a revisar caso por caso: ubicación, vocación, historial, uso previsto, necesidades de la colonia y alternativas a la venta.
No todos los predios tienen el mismo valor social. Pero todos merecen evaluación pública antes de ser enajenados.
Transparencia como condición mínima
El caso también abre una discusión sobre transparencia.
Para que una venta de predios municipales sea legítima, la ciudadanía debe conocer la información completa: avalúos, justificación técnica, destino de los recursos, antecedentes jurídicos, uso de suelo, condiciones ambientales, impacto urbano y posibles alternativas.
Cuando se vende patrimonio público sin suficiente deliberación, la sospecha crece más rápido que la confianza.
Por eso la solicitud de Cabildo Abierto cobra importancia. No solo permitiría escuchar posturas ciudadanas, sino obligaría al municipio a explicar con claridad por qué considera necesaria la venta.
En una democracia local, las decisiones sobre bienes públicos deben resistir preguntas públicas.
Una disputa sobre el modelo de ciudad
La discusión de los 12 predios no es únicamente administrativa. Es una disputa sobre el modelo de ciudad.
Querétaro debe decidir si entiende el suelo público como mercancía disponible o como reserva estratégica para construir bienestar urbano.
Debe decidir si el crecimiento inmobiliario irá acompañado de áreas verdes y equipamiento suficiente, o si la ciudad seguirá acumulando colonias con poca infraestructura comunitaria.
Debe decidir si la planeación se orienta al corto plazo financiero o al largo plazo social.
Cada predio público cuenta una pregunta sobre el futuro: qué ciudad queremos dejar cuando ya no haya suelo disponible para corregir lo que hoy se vendió.
Ese es el punto de fondo detrás de la solicitud presentada por Paulina Aguado.
Lo que sigue
La Secretaría del Ayuntamiento deberá recibir y procesar la solicitud formal presentada por la regidora.
El Ayuntamiento tendrá que definir si atiende la petición de derogar el acuerdo, si convoca a Cabildo Abierto y si abre la discusión sobre reformas a la Ley de Ingresos y al Reglamento de Bienes Patrimoniales.
El proceso podría derivar en debate jurídico, político y ciudadano.
La decisión final no solo medirá la correlación de fuerzas dentro del Cabildo. Medirá también la disposición del municipio para escuchar a una ciudadanía que exige proteger el patrimonio común.
Paulina Aguado coloca sobre la mesa una ruta concreta: revertir la autorización de venta, abrir el diálogo público y modificar normas para evitar que áreas de equipamiento y áreas verdes terminen sustituidas por dinero.
La pregunta ahora queda en manos del Ayuntamiento.
Si los predios son de todos, ¿por qué no discutir su futuro con todos?