Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Querétaro, 13 de julio de 2026.— La exclusión escolar no siempre comienza con una puerta cerrada. A veces empieza cuando una niña es llamada distraída, cuando un niño es castigado por no permanecer quieto o cuando una familia escucha que el plantel “no tiene personal” para acompañar una forma distinta de aprender.
Esas barreras llegaron este lunes al Congreso de Querétaro durante el foro “Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Neurodivergentes”, encabezado por la diputada Perla Patricia Flores Suárez y la Comunidad Mentes Mandarina.
El encuentro reunió a familias, personas cuidadoras, especialistas, organizaciones civiles, academia y representantes de instituciones públicas con el propósito de discutir políticas para garantizar educación, salud, participación social y una vida libre de discriminación para las infancias neurodivergentes.
La legisladora sostuvo que la inclusión debe atravesar todas las políticas públicas y no limitarse al ámbito educativo.
“Ser diferente nunca debe significar tener menos derechos”, afirmó Flores Suárez, quien planteó la necesidad de contar con escuelas preparadas, personal médico capacitado, ciudades accesibles y leyes que respondan a las necesidades reales de las personas.
El mensaje es difícil de cuestionar. El verdadero examen comenzará cuando el foro deje de ser una conversación institucional y se convierta en presupuesto, protocolos, formación profesional y servicios accesibles.
Neurodivergencia no significa incapacidad
El término neurodiversidad reconoce que los cerebros humanos no procesan de una sola manera la información, el lenguaje, las emociones, la atención, el movimiento o los estímulos sensoriales.
Aunque suele utilizarse en conversaciones sobre autismo, TDAH, dislexia, discalculia y otras diferencias cognitivas o del neurodesarrollo, no constituye por sí mismo un diagnóstico médico. Es un concepto amplio que busca dejar atrás la idea de que toda diferencia neurológica debe ser considerada una falla que necesita corregirse.
Esto tampoco significa negar que algunas personas requieren apoyos intensivos, atención clínica, ajustes educativos o asistencia durante distintas etapas de su vida.
Las necesidades no son iguales para todas. Algunas niñas y niños pueden requerir instrucciones visuales, espacios con menos estímulos, más tiempo para completar actividades o modificaciones en la forma de evaluar. Otros necesitan acompañamiento terapéutico, comunicación aumentativa, atención especializada o apoyo permanente.
La inclusión comienza precisamente cuando las instituciones dejan de exigir que todas las personas funcionen de la misma forma.
El 7.7% no representa diagnósticos confirmados
Durante el foro se señaló que hasta 7.7% de la población infantil y adolescente del país presenta alguna condición relacionada con el neurodesarrollo, lo que equivaldría aproximadamente a 3.5 millones de personas.
El dato necesita una precisión editorial.
Un estudio publicado con información de la Ensanut Continua 2024 encontró que 7.7% de las personas de entre 2 y 17 años presentó dificultades funcionales sugestivas de trastornos del neurodesarrollo. La proporción fue de 3.7% entre los 2 y 4 años y aumentó a 8.6% entre los 5 y 17 años.
La palabra “sugestivas” es fundamental: el instrumento identifica señales o dificultades que requieren valoración posterior, pero no sustituye una evaluación clínica individual.
El hallazgo no disminuye la dimensión del problema. Por el contrario, revela que millones de niñas, niños y adolescentes podrían necesitar detección, acompañamiento o adaptaciones que el Estado todavía no dimensiona plenamente.
También muestra por qué no debería diagnosticarse a una persona a partir de un video en redes sociales, un cuestionario aislado o una sola conducta. En el caso del TDAH, no existe una prueba única; la valoración debe considerar antecedentes, distintos entornos, evaluaciones profesionales y otras situaciones que pueden producir síntomas semejantes.
Niñas que aprenden a ocultarse
El análisis nacional encontró un resultado que merece atención desde la perspectiva de género.
Entre las personas de 5 a 17 años, las dificultades sugestivas de trastornos del neurodesarrollo fueron más frecuentes entre mujeres que entre hombres: 9.3% frente a 8%.
Durante años, buena parte de la conversación sobre TDAH y autismo se construyó alrededor de conductas más visibles asociadas principalmente con niños: hiperactividad, impulsividad o dificultades disciplinarias.
Muchas niñas, en cambio, pueden desarrollar mecanismos para ocultar sus dificultades, imitar comportamientos sociales o esforzarse en silencio para cumplir las expectativas escolares. Eso puede retrasar la detección y provocar que reciban ayuda solamente después de experimentar ansiedad, agotamiento, aislamiento o bajo rendimiento.
La política pública necesita reconocer que las diferencias neurológicas también son interpretadas mediante estereotipos de género.
Una niña silenciosa puede pasar inadvertida durante años, no porque no necesite apoyo, sino porque aprendió que incomodar tiene un costo.
La escuela inclusiva no consiste únicamente en permitir la inscripción
La legislación mexicana reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes con discapacidad a la igualdad sustantiva, la inclusión comunitaria, la educación y la eliminación de barreras que impidan su participación plena. También obliga a las autoridades a promover apoyos, accesibilidad y formación para el personal educativo.
Pero admitir a un estudiante no convierte automáticamente a una escuela en inclusiva.
La inclusión real requiere:
- Docentes capacitados para identificar necesidades sin estigmatizar.
- Ajustes razonables en enseñanza, evaluación y disciplina.
- Protocolos contra el acoso escolar.
- Personal de apoyo suficiente.
- Espacios sensorialmente accesibles.
- Comunicación constante con las familias.
- Intervención de salud cuando sea necesaria.
- Participación de la niña, niño o adolescente en las decisiones que le afectan.
Los reportes internacionales de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF advierten que las infancias con discapacidades del desarrollo continúan enfrentando estigmatización, dificultades para acceder a servicios médicos y resultados desiguales en salud y educación. Ambos organismos sostienen que la formación docente y los sistemas de atención coordinada son indispensables para superar estas barreras.
Un aula donde un estudiante permanece físicamente presente, pero no puede participar, comunicarse o aprender, sigue siendo un espacio de exclusión.
Diagnosticar no debería depender del dinero de la familia
Perla Flores señaló que diariamente existen familias que intentan conseguir un diagnóstico, encontrar atención especializada y localizar una escuela dispuesta a incluir a sus hijas e hijos.
La frase describe una desigualdad profunda.
Quienes pueden pagar valoraciones privadas, terapias, consultas y escuelas especializadas avanzan con mayor rapidez. Quienes dependen exclusivamente de los sistemas públicos pueden enfrentar listas de espera, traslados, falta de especialistas o valoraciones fragmentadas.
El costo no es solamente económico.
En muchos hogares, una persona —frecuentemente la madre— reduce su jornada laboral, abandona el empleo o reorganiza toda su vida para acompañar consultas, acudir a reuniones escolares y defender ajustes que deberían garantizarse institucionalmente.
La OMS sostiene que las familias de niñas y niños con discapacidades del desarrollo suelen enfrentar estigma, aislamiento y presión económica, mientras gran parte de ellas no recibe los servicios y apoyos necesarios. El organismo recomienda modelos centrados en la familia y redes coordinadas entre salud, educación y asistencia social.
La inclusión no puede descansar en el agotamiento de las madres ni en la capacidad de cada familia para convertirse en especialista, gestora y litigante.
El foro reunió conocimiento; ahora necesita una ruta
Participaron en el encuentro especialistas en psiquiatría infantil, neuropsicología, derechos humanos, intervención en trastornos del neurodesarrollo y altas capacidades, así como representantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, instituciones públicas y organizaciones civiles.
La diversidad de voces puede ayudar a evitar una política reducida a una sola condición o a una única respuesta médica.
Sin embargo, el boletín legislativo no establece todavía:
- Qué iniciativas serán presentadas.
- Qué dependencias asumirán compromisos.
- Qué presupuesto se solicitará.
- Cuántas escuelas necesitan personal especializado.
- Cuánto tarda actualmente un diagnóstico público.
- Qué protocolos serán revisados.
- Cómo participarán las propias niñas, niños y adolescentes.
- Cuándo se realizará una evaluación de avances.
La ausencia de estas definiciones no invalida el foro. Sí impide presentarlo como una solución.
Escuchar es el primer paso. Gobernar exige convertir lo escuchado en obligaciones verificables.
Una agenda mínima para Querétaro
El foro puede ser útil si conduce a una estrategia estatal que conecte educación, salud, derechos de la infancia y apoyo familiar.
Esa ruta debería comenzar con un diagnóstico público sobre la situación en Querétaro: cuántos estudiantes requieren ajustes, en qué municipios viven, qué servicios reciben y cuáles son los tiempos de espera.
También sería necesario establecer mecanismos de detección y canalización que no conviertan a docentes en médicos ni permitan diagnósticos improvisados, pero sí les den herramientas para reconocer señales y orientar a las familias.
La agenda tendría que incluir capacitación obligatoria para personal educativo y sanitario; protocolos contra discriminación, expulsiones encubiertas y castigos; apoyo psicológico a familias; acceso a tratamientos basados en evidencia; y evaluación periódica de resultados.
Las políticas deben construirse con las personas neurodivergentes, no solamente sobre ellas.
Eso significa escuchar a niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, forma de comunicación y grado de autonomía, además de incluir a personas adultas neurodivergentes que puedan explicar qué barreras enfrentaron durante su infancia y qué habría cambiado sus trayectorias.
La inclusión no puede terminar en una fotografía
Los foros legislativos suelen producir diagnósticos valiosos, mesas llenas de especialistas y discursos con los que resulta difícil estar en desacuerdo.
El riesgo aparece después, cuando las familias regresan a escuelas que siguen sin ajustes, consultorios sin citas y oficinas donde deben volver a explicar por qué necesitan ayuda.
La diputada Perla Flores aseguró que este encuentro será el inicio de acuerdos, alianzas y oportunidades. Esa promesa debe convertirse en una ruta pública, con plazos y resultados.
La neurodivergencia no es una tendencia de redes ni una etiqueta para suavizar las desigualdades. Es una realidad cotidiana que obliga a repensar cómo enseñamos, diagnosticamos, diseñamos ciudades y distribuimos los cuidados.
Querétaro no necesita que todas sus niñas y niños aprendan de la misma manera. Necesita instituciones capaces de garantizar que cada forma de aprender tenga oportunidades reales.
Porque la verdadera inclusión no comienza cuando una familia aprende a pelear por los derechos de su hija o hijo. Comienza cuando el Estado deja de obligarla a pelear por ellos.