Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 15 de julio de 2026.— A las 11 de la mañana de hoy, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro vota un dictamen que, según su principal impulsor, no crea nada nuevo: solo reconoce algo que, sostiene, nunca dejó de existir. El diputado Ulises Gómez de la Rosa presentó esta mañana, en rueda de prensa, el resultado de dos años de investigación en archivos históricos: la tesis de que Santa Rosa Jáuregui, hoy delegación del municipio de Querétaro, nunca perdió legalmente su condición de municipio, a pesar de que así se ha tratado durante 95 años.
Lo que se vota hoy, y por qué no es lo que parece
El proceso que arranca hoy es distinto al que Gómez de la Rosa impulsó originalmente desde 2024. Aquella primera iniciativa buscaba una reforma constitucional clásica —modificar el artículo 11 de la Constitución del Estado—, un camino que exige el voto de dos terceras partes del Congreso, 17 de 25 diputados, y que históricamente ha fracasado una y otra vez. La ruta que se presenta hoy es distinta: una «acción reivindicatoria» que, según explicó el propio legislador, no requiere una reforma constitucional —porque, argumenta, no se puede reformar algo que legalmente nunca se reformó— y que por tanto solo necesitaría mayoría simple, 13 votos, para avanzar en el Pleno.
El expediente de 1931: un municipio creado con todas las de la ley
La investigación que Gómez de la Rosa presentó reconstruye, con documentos del archivo histórico del estado y de la Universidad Autónoma de Querétaro, una historia poco conocida. En mayo de 1931, tras un proceso legislativo completo —iniciativa del gobernador, discusión, aprobación por mayoría calificada del Congreso y ratificación de la mayoría de los ayuntamientos—, se publicó la Ley 51, que estableció la división territorial del estado en 11 municipios, entre ellos Santa Rosa Jáuregui.
La historia se complica meses después. En octubre de 1931 asume el gobernador Saturnino Osornio, en un contexto de fuerte conflicto agrario y político. Según relató Gómez de la Rosa, Osornio impulsó una reconfiguración territorial del estado con dos objetivos: crear el municipio de Amoles —hoy Pinal de Amoles— y, al mismo tiempo, eliminar tres municipios sobre los que no tenía control político: El Marqués, Corregidora y Tequisquiapan. Un diputado operador del gobernador, Severiano Montes, presentó primero una iniciativa para desaparecer esos tres municipios junto con la creación de Amoles, pero el propio Congreso se dio cuenta de que, si los eliminaba antes de completar la votación, se quedaría sin los ayuntamientos necesarios para alcanzar la mayoría calificada que la reforma constitucional exigía. La solución, según la investigación, fue archivar esa primera iniciativa para «mantener con vida» a esos municipios el tiempo suficiente para que emitieran su voto.
Un presidente del Congreso, desaforado y encarcelado
En medio de esa maniobra ocurre el episodio más dramático del expediente. El presidente del Congreso, diputado Carlos Alcocer, se negó a la sugerencia del gobernador de pedir licencia al cargo. Al día siguiente, el 29 de diciembre de 1931, el propio Congreso se erigió en gran jurado y lo sometió a un juicio político exprés, usando como pretexto que había asistido a una fiesta patronal. Fue destituido, se declaró vacante su distrito y, según relató Gómez de la Rosa, terminó en la cárcel.
Ese mismo día, una vez que llegaron los votos de los cuatro municipios que se habían mantenido con vida —Tequisquiapan, El Marqués, Corregidora y Santa Rosa Jáuregui— para completar la mayoría calificada que permitió crear el municipio de Amoles, el diputado Severiano Montes presentó, sobre la marcha, una nueva iniciativa para desaparecer esos mismos cuatro municipios, ahora firmada por cinco diputados. Según la investigación presentada, ese segundo procedimiento nunca completó los requisitos constitucionales: no hubo tres lecturas, no hubo debate documentado, y lo único que finalmente se publicó, el 7 de enero de 1932 en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, fue un «proyecto de ley» que, sostiene Gómez de la Rosa, jamás fue discutido, votado ni promulgado conforme al procedimiento que la propia Constitución de 1917 exigía.
«Llevamos casi 100 años viviendo una gran mentira de un proceso que nunca existió», afirmó el legislador, quien pidió como parte de las conclusiones del dictamen que los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado ofrezcan una disculpa pública a los habitantes de Santa Rosa Jáuregui.
Los intentos que sí siguieron las reglas, y los que no llegaron a nada
No es la primera vez que Santa Rosa Jáuregui intenta recuperar su municipalidad por la vía convencional, y esos intentos también dejaron su propia colección de anécdotas. En 1997, según contó Gómez de la Rosa, dos diputados del PAN abandonaron el salón de sesiones justo antes de una votación clave —»les entra la incontinencia urinaria», ironizó el legislador—, lo que impidió alcanzar la mayoría calificada requerida. En 2003 hubo un intento más serio: una reforma constitucional general que sí fue aprobada por los 25 diputados de aquella legislatura e incluía a Santa Rosa Jáuregui como nuevo municipio, pero que, al llegar a la etapa de ratificación por los ayuntamientos, fue bloqueada cuando el entonces gobernador panista Ignacio Loyola Vera —según la misma narrativa del diputado— amenazó con retirar presupuesto a los municipios que la aprobaran.
La cuenta que de verdad importa: 2 mil millones de pesos al año
Detrás del debate histórico y jurídico hay una disputa mucho más concreta: el dinero. Gómez de la Rosa calculó que el municipio de Querétaro dejaría de percibir aproximadamente 2 mil millones de pesos al año si Santa Rosa Jáuregui se independiza, considerando que el 80% de sus habitantes paga predial ahí, que alberga tres parques industriales y un comercio abundante. Contrastó esa cifra con lo que, según dijo, el propio alcalde de Querétaro había reportado como inversión en la delegación este año: cerca de 400 millones de pesos, de los cuales 150 millones se destinaron a un lienzo charro y 50 millones a festejos del bicentenario. El municipio de Querétaro es gobernado actualmente por el alcalde panista Felipe Fernando Macías Olvera, aunque el diputado no lo mencionó por nombre en su exposición.
Presiones, amagues y un round más con la oposición
El diputado también denunció presiones para frenar la votación de hoy. Según relató, integrantes del Congreso les advirtieron, a través de un chat interno de diputados locales, que enfrentarían un juicio político si el tema avanzaba en comisión. «Si nos van a hacer juicio político por respetar los derechos humanos de los santarrosenses, los derechos humanos de las comunidades indígenas que hay en Santa Rosa, pues que nos hagan juicio político», respondió Gómez de la Rosa, quien no precisó la identidad de quienes emitieron la amenaza, aunque dirigió buena parte de sus críticas al diputado Enrique Correa Sada, quien en meses anteriores ya había calificado de «ilegal» una sesión de la comisión realizada en Santa Rosa Jáuregui y cuestionado que la delimitación territorial propuesta incluyera zonas como El Salitre, sin vínculo histórico claro con la demarcación, según ha argumentado ese legislador en pronunciamientos previos. Gómez de la Rosa adelantó también que, de aprobarse hoy el dictamen, «el PAN se va a volver a oponer a un proceso de reconocimiento de Santa Rosa Jáuregui a unos meses del proceso electoral».
Un integrante de la bancada de Morena que también participó en la rueda de prensa enmarcó el proceso dentro de las políticas de «reivindicación histórica» impulsadas desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y recordó que dentro del territorio de Santa Rosa Jáuregui existe una comunidad indígena, Pie de Gallo, cuyos derechos, dijo, también forman parte de esta discusión.
Lo que sigue
Si el dictamen se aprueba hoy en comisión y después en el Pleno con los 13 votos que se requieren, el proceso contemplaría 30 días para nombrar un consejo municipal que conduzca la transición entre el municipio de Querétaro y el nuevo-viejo municipio de Santa Rosa Jáuregui. Gómez de la Rosa estimó que el proceso completo tomaría alrededor de tres años, con la primera elección constitucional prevista hasta 2030, ya que no alcanzaría a incorporarse al proceso electoral de 2027, cuyas reglas ya fueron aprobadas esta misma semana por el Congreso. Sea cual sea el resultado de hoy, el propio legislador dejó abierta la puerta a que la disputa termine, tarde o temprano, en los tribunales: «siempre quedan abiertos los mecanismos legales para quien no esté conforme», dijo, mencionando explícitamente el amparo y la controversia constitucional como las rutas que le quedarían a quien decida impugnar la decisión.