Por: Redacción de LYPmultimedios
El Paso, Texas, 28 de julio de 2026.— La infraestructura que sostiene a la inteligencia artificial no comienza con un algoritmo, sino con terrenos, concreto, trabajadores, crédito, electricidad y agua. En El Paso, esa dimensión material adquirió también una compleja estructura financiera: Meta dejará de ser la única propietaria del enorme centro de datos que construye en la frontera y se convertirá en arrendataria de una sociedad controlada mayoritariamente por BlackRock.
Las compañías anunciaron un vehículo conjunto para desarrollar y poseer el campus, cuyos costos totales estimados ascienden a 14,000 millones de dólares. Como referencia, esa cantidad equivale aproximadamente a 244,500 millones de pesos al tipo de cambio registrado este 28 de julio, aunque la conversión puede cambiar durante la vida del proyecto.
La operación ofrece a Meta una forma de ampliar su capacidad de cómputo sin financiar y poseer directamente todo el complejo. Para BlackRock, convierte la demanda de inteligencia artificial en un activo inmobiliario y energético de largo plazo.
Sin embargo, la sofisticación financiera no elimina los riesgos. Los redistribuye entre Meta, los fondos de inversión, los acreedores y una ciudad que deberá suministrar infraestructura para un proyecto de un gigavatio.
Un centro de datos convertido en vehículo financiero
Los fondos administrados por BlackRock tendrán 80% de la sociedad y Meta conservará el 20% restante. Ese porcentaje describe la propiedad del vehículo, no la proporción directa del costo que pagará cada empresa.
Al cierre, Meta aportará los terrenos y las construcciones en proceso, valuados en aproximadamente 2,300 millones de dólares. BlackRock realizará una contribución de efectivo cercana a 4,900 millones y Meta recibirá una distribución de unos 1,000 millones para ajustar las participaciones.
Parte de la inversión será financiada mediante 12,500 millones de dólares en deuda. Las cantidades no deben sumarse como si todas representaran costos independientes: incluyen aportaciones, financiamiento y movimientos utilizados para constituir la sociedad.
Meta arrendará todo el campus. El contrato tendrá un plazo inicial de cuatro años y cuatro opciones de extensión que podrían llevar la relación hasta 20 años. La empresa será inicialmente el único ocupante y continuará encargándose de la construcción, administración y operación del complejo.
Es una división clara de funciones: BlackRock y sus inversionistas poseerán la mayor parte del activo; Meta controlará su utilización tecnológica.
Meta comparte la propiedad, pero conserva obligaciones
El acuerdo también incluye garantías de valor residual con un umbral agregado inicial cercano a 13,000 millones de dólares, que disminuirá con el paso del tiempo.
Esto no representa un pago automático ni una garantía completa de toda la deuda. Si se cumplen determinadas condiciones durante los primeros 16 años, Meta podría tener que cubrir la diferencia entre el valor comercial del inmueble y el umbral acordado.
La garantía reduce parte del riesgo que asumirían los propietarios y financiadores si el campus pierde valor o resulta difícil encontrar otro ocupante para una infraestructura diseñada alrededor de las necesidades de Meta.
La empresa, por tanto, obtiene flexibilidad financiera y evita asumir la propiedad total, pero no queda libre de obligaciones de largo plazo.
La operación forma parte de una tendencia más amplia. La emisión de bonos vinculados con inteligencia artificial alcanzó 270,000 millones de dólares hasta comienzos de julio, casi el doble de todo lo colocado en 2025, según datos de Bank of America citados por Reuters. Los inversionistas comienzan a preguntar cuándo se traducirán estas inversiones en ingresos y utilidades sostenibles.
Los empleos prometidos frente a los incentivos concedidos
Meta sostiene que la construcción reunirá a más de 4,000 trabajadores en su momento de mayor actividad y que el centro tendrá alrededor de 300 puestos operativos cuando esté terminado. Según la compañía, más de 2,300 personas ya trabajan en el sitio.
Las cifras muestran una característica habitual de los centros de datos: producen miles de empleos temporales durante la construcción, pero necesitan plantillas considerablemente menores durante su funcionamiento.
También contrastan con las condiciones originales del acuerdo público. El proyecto fue presentado ante El Paso en 2023 mediante la empresa Wurldwide LLC como un desarrollo de 1,500 millones de dólares. La ciudad autorizó un reembolso de 80% del impuesto municipal a la propiedad, con incentivos estimados en unos 110 millones de dólares para la primera fase y hasta 550 millones para todas las etapas.
El beneficio quedó condicionado a una inversión mínima de 800 millones de dólares y a la creación de por lo menos 50 empleos permanentes. El proyecto anunciado ahora supera ampliamente la inversión original, pero también modifica su propiedad y financiamiento.
La ciudad deberá aclarar si la transferencia del terreno y las construcciones a la nueva sociedad altera al beneficiario, las obligaciones o los mecanismos de vigilancia del acuerdo.
Un gigavatio y una disputa sobre quién pagará la electricidad
El campus está diseñado para alcanzar un gigavatio de capacidad. Un gigavatio equivale a 1,000 megavatios y expresa potencia disponible en un momento determinado, no el consumo anual de energía.
Meta afirma que pagará la infraestructura necesaria y que incorporará suficiente energía limpia y renovable a la red para igualar el consumo del centro. Es un compromiso empresarial que deberá comprobarse mediante contratos, generación efectiva y datos horarios, no solamente mediante certificados anuales.
La discusión ya llegó a las autoridades. El Paso Electric propuso una planta de gas natural de 366 megavatios y 551.8 millones de dólares para atender el proyecto durante un periodo de transición.
En junio, la ciudad de El Paso pidió a la Comisión de Servicios Públicos de Texas rechazar la solicitud. Argumentó que no hubo una licitación competitiva ni un análisis suficiente de costos a largo plazo y advirtió sobre el riesgo de trasladar gastos a familias y negocios después del periodo inicial.
El anuncio financiero no resuelve esa controversia. Por el contrario, hace más importante identificar qué obligaciones corresponderán a Meta, cuáles a la sociedad de BlackRock y cuáles podrían terminar en la red eléctrica pública.
Agua: una promesa empresarial frente a un permiso mucho mayor
Meta asegura que empleará refrigeración líquida de circuito cerrado, que el campus no consumirá agua durante la mayor parte del año y que restaurará en la región el equivalente a 200% del volumen utilizado.
El permiso municipal, sin embargo, contempla cantidades considerablemente mayores. En su fase completa autoriza un promedio de 1.5 millones de galones diarios y un máximo de 2.5 millones. La cifra máxima equivale al consumo promedio de unos 12,375 hogares de El Paso.
El permiso representa un techo y no necesariamente el consumo que tendrá la instalación. La diferencia solo podrá evaluarse cuando el centro opere y publique mediciones verificables de extracción, evaporación, descarga y reutilización.
La restauración de agua tampoco equivale automáticamente a devolver el mismo volumen al acuífero, en el mismo sitio y en el momento en que fue consumido. Su impacto dependerá de los proyectos seleccionados y de una metodología transparente que permita comprobar resultados.
Querétaro ya aparece en el mapa de infraestructura de BlackRock
La operación tiene una conexión indirecta, pero relevante, con México. El 21 de julio, apenas una semana antes del anuncio de Meta, un consorcio integrado por la Asociación para la Infraestructura de Inteligencia Artificial, MGX y Global Infrastructure Partners de BlackRock completó la adquisición de Aligned Data Centers por alrededor de 40,000 millones de dólares.
Aligned posee o desarrolla instalaciones en Estados Unidos, Brasil, Chile y Querétaro. Esto no significa que el acuerdo de El Paso financie directamente proyectos mexicanos, pero confirma que BlackRock está construyendo una posición regional en la infraestructura física de la inteligencia artificial.
Para Querétaro, donde se concentran numerosos centros de datos, la experiencia de El Paso ofrece una advertencia útil: además de anunciar inversiones, las autoridades deben conocer la estructura financiera, las garantías, el consumo eléctrico, los derechos de agua, los incentivos y las obligaciones que permanecen cuando cambia la propiedad de un proyecto.
La pregunta no es solamente quién construye, sino quién asume el costo
El acuerdo permitirá a Meta acelerar la infraestructura necesaria para entrenar y operar sistemas de inteligencia artificial. También permitirá a BlackRock ofrecer a sus inversionistas acceso a un activo respaldado inicialmente por un único inquilino tecnológico.
Para El Paso, la construcción puede producir empleos, proveedores y recaudación. Al mismo tiempo, la ciudad deberá vigilar un proyecto cuyo tamaño creció mucho más allá del acuerdo original y cuyas necesidades de electricidad y agua todavía no pueden medirse en condiciones reales.
Lo que sigue no será solamente observar si los servidores comienzan a operar en 2028. También habrá que revisar el cierre definitivo de la sociedad, las condiciones de la deuda, el cumplimiento de los empleos, la asignación de incentivos y quién pagará si la infraestructura energética cuesta más o el activo vale menos de lo previsto.
En la nueva economía de la inteligencia artificial, incluso los edificios donde se ejecutan los algoritmos se han convertido en productos financieros. El cómputo puede quedar detrás de una pantalla; sus costos permanecen en el territorio.