El Proyecto Hídrico El Batán, concebido como una solución a la crisis hídrica de Querétaro, ha desatado una controversia que pone en entredicho las decisiones del gobierno de Mauricio Kuri. Este plan, que busca garantizar agua potable para la zona metropolitana durante las próximas tres décadas, enfrenta cuestionamientos por su falta de transparencia, viabilidad técnica y alto costo financiero. Liderando la oposición está el diputado federal Gilberto Herrera Ruiz, acompañado por un grupo de aliados que incluye legisladores y figuras locales, quienes han señalado inconsistencias y exigido alternativas sustentables. Este artículo analiza los orígenes del proyecto, las críticas de la oposición y el contexto político.
Orígenes del Sistema El Batán
El 4 de marzo de 2025, el gobernador Mauricio Kuri presentó el Sistema Hídrico El Batán, o «Batán, Agua para Todos», ante la Cámara de Diputados local. El proyecto propone tratar aguas residuales para convertirlas en agua potable, con una capacidad de 3,600 litros por segundo, superando al Acueducto II. Con un costo inicial de 9,500 millones de pesos (más IVA) y una Asociación Público-Privada (APP) que comprometería al estado a pagos de 41,000 millones de pesos durante 27 a 30 años, el gobierno lo plantea como una respuesta al estrés hídrico de Querétaro, sexto estado más afectado en México, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El proyecto, respaldado por Conagua, busca posicionar a Querétaro como líder en reúso de agua, pero la elección de Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), una empresa sin experiencia en potabilización, y la falta de estudios técnicos públicos han generado dudas sobre su ejecución.
La oposición liderada por Gilberto Herrera y sus aliados
Gilberto Herrera Ruiz, diputado federal por el Distrito 1 de Querétaro y exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro, ha encabezado la oposición al Sistema El Batán, cuestionando su viabilidad financiera, técnica y sanitaria. Acompañado por un grupo diverso de aliados, Herrera ha articulado una crítica que combina análisis técnico con demandas de transparencia. Entre sus principales aliados se encuentran:
Rufina Benítez Estrada, diputada federal de Morena, quien ha respaldado a Herrera en temas como la defensa de ejidatarios y la oposición a proyectos que beneficien a privados.
Rosalba Velázquez Ramírez, diputada local de Morena en la LXI Legislatura, conocida por su trabajo en la defensa de derechos sociales y su crítica a la opacidad del proyecto.
María Blanca Estela Sánchez, diputada local de Morena, que ha apoyado iniciativas para priorizar el acceso al agua en comunidades marginadas.
Erick Ricardo Ortega, diputado local de Morena, quien ha cuestionado la falta de inclusión de comunidades rurales en la planificación hídrica.
Fernando Avse Flores Pérez, regidor del municipio de Querétaro, un aliado activo que ha respaldado a Herrera en temas como la protección de tierras ejidales y la oposición al Sistema El Batán.
Astrid Ortega Vázquez, alcaldesa de Cadereyta de Montes, quien ha denunciado intereses políticos detrás del manejo del agua en su municipio y ha recibido el apoyo de Herrera en conflictos relacionados con el abasto hídrico.
El 12 de junio de 2025, Herrera presentó una propuesta alternativa en tres ejes: mesas técnicas con expertos, revisión de los procesos de potabilización y soluciones que eviten contratos a largo plazo con privados. Ha señalado discrepancias con un convenio de 2024 firmado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que destinaba 4,300 millones de pesos para extraer agua de la presa El Batán, no para tratar aguas residuales. Herrera estima que los costos del proyecto podrían alcanzar los 80,000 millones de pesos debido a ajustes inflacionarios, lo que considera una carga insostenible.
Los aliados de Herrera han organizado conversatorios con académicos, ambientalistas y expertos en salud pública, exigiendo un observatorio independiente para monitorear la calidad del agua y un diagnóstico hídrico integral, elementos ausentes en la propuesta estatal.
La postura del gobierno de Kuri
Mauricio Kuri ha defendido el Sistema El Batán como un proyecto técnico trabajado durante cuatro años, respaldado por Conagua y 13 presidentes municipales que firmaron el manifiesto «Unidos por el Agua» en Corregidora. También cuenta con el apoyo de la Coparmex, la Canaco y sectores de la Iglesia católica. Kuri asegura que el agua tratada cumplirá con la Norma Oficial Mexicana para consumo humano y ha acusado a la oposición de politizar un tema de interés público.
Sin embargo, la falta de estudios técnicos públicos y de un plan claro para mitigar riesgos sanitarios ha debilitado su postura. Las críticas de Herrera y sus aliados, como Rufina Benítez y Fernando Avse, han resaltado la opacidad en los términos de la APP y la exclusión de comunidades vulnerables, como las indígenas de Amealco, en la planificación del proyecto.
Cuestionamientos técnicos y financieros
Expertos convocados por la oposición han advertido que el tratamiento de aguas residuales para consumo humano requiere estándares rigurosos que no han sido detallados por el gobierno. La ausencia de un observatorio independiente y de un diagnóstico hídrico integral alimenta las dudas sobre la viabilidad técnica. La elección de Pinfra como operadora ha sido cuestionada debido a su falta de experiencia en potabilización, lo que podría comprometer la calidad del agua.
El modelo financiero del proyecto, basado en una APP, implica un endeudamiento de al menos 41,000 millones de pesos, con proyecciones de hasta 80,000 millones por ajustes inflacionarios. Este esquema ha sido comparado con el «Fobaproa» de los noventa, generando temores de una carga económica insostenible. Proyectos previos del gobierno estatal, como el reemplacamiento vehicular de 1,500 millones de pesos, han reforzado la desconfianza ciudadana hacia iniciativas de gran escala.
Contexto político y social
El debate sobre El Batán se desarrolla en un Querétaro polarizado, donde el PAN ha dominado históricamente, pero Morena ha ganado terreno. Herrera y sus aliados, incluyendo a la alcaldesa Astrid Ortega y los legisladores locales Rosalba Velázquez, María Blanca Estela Sánchez y Erick Ortega, representan una corriente que prioriza la transparencia y la inclusión. Por su parte, el PAN de Kuri enfatiza el desarrollo económico y las alianzas con el sector privado, lo que ha generado críticas por privilegiar intereses corporativos.
La sociedad queretana está dividida: mientras sectores empresariales y medios locales apoyan el proyecto, académicos, ambientalistas y comunidades afectadas por el desabasto exigen claridad. Las lluvias de junio de 2025, que inundaron zonas del estado mientras otras enfrentaban escasez, han resaltado la urgencia de soluciones hídricas bien planificadas.
Un futuro en disputa
El Sistema Hídrico El Batán sigue en análisis en las Comisiones Unidas de la LXI Legislatura, con un futuro incierto. Las críticas de Gilberto Herrera, respaldadas por Rufina Benítez, Fernando Avse, Astrid Ortega, Rosal Rulfo, María Blanca Estela Sánchez, Erick Ortega y otros, han expuesto las limitaciones del proyecto en términos de transparencia, viabilidad y equidad. El gobierno de Kuri insiste en su necesidad, pero no ha logrado responder a las demandas de participación ciudadana.
Esta controversia refleja tensiones más amplias sobre el modelo de desarrollo en Querétaro. El resultado del debate determinará no solo el acceso al agua, sino también la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de una sociedad diversa y en transformación. La gestión responsable del agua, un recurso cada vez más escaso, sigue siendo un desafío crítico para el estado.
