Por: Rodrigo Vissuet | LYPmultimedios

Una planta tratadora que fue presentada en 2023 como una solución sustentable para el manejo de aguas residuales en La Trinidad, Tequisquiapan, sigue sin entrar en operación tres años después. Mientras tanto, habitantes de la comunidad denuncian descargas de aguas negras a cielo abierto y afectaciones en parcelas agrícolas.

El problema llegó ahora al Congreso de Querétaro, pero también deja una pregunta que va más allá del exhorto presentado por la diputada Tere Calzada Rovirosa: ¿cómo una obra destinada a resolver un problema sanitario terminó convertida, tres años después, en otro problema que las autoridades todavía tienen que explicar?

La coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para exigir la intervención coordinada del Ayuntamiento de Tequisquiapan, la Secretaría de Salud, la autoridad ambiental estatal, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

De acuerdo con las denuncias retomadas en la iniciativa, las aguas residuales estarían corriendo a cielo abierto y afectando al menos 10 parcelas donde se cultivan maíz, frijol, trigo, tomate y chile.

El señalamiento sobre el riesgo sanitario todavía requiere una evaluación técnica oficial. Precisamente por eso, uno de los puntos del exhorto solicita a la Secretaría de Salud realizar una valoración de las condiciones existentes en las colindancias y entregar sus resultados a la Legislatura.

La planta que iba a ser ejemplo de sustentabilidad

El proyecto no nació como una obra convencional.

En 2023, el entonces gobierno municipal de Antonio Mejía Lira presentó en La Trinidad una planta de tratamiento tipo humedal, diseñada para utilizar procesos naturales como la gravedad, filtros y vegetación para reducir el consumo de energía.

El proyecto contemplaba una capacidad inicial de tratamiento de 3.6 litros por segundo y una capacidad máxima de 4.75 litros por segundo, con una proyección para atender a más de 3 mil 600 habitantes. También se planteó que el agua tratada pudiera reutilizarse para riego.

En aquel momento, la obra fue presentada como una alternativa innovadora y sustentable para resolver una demanda que, según las autoridades de entonces, los habitantes de La Trinidad habían planteado durante años.

Tres años después, la promesa sigue sin convertirse en servicio operativo.

No está simplemente detenida: también quedó incompleta

Aquí aparece uno de los puntos que el discurso político no puede esquivar.

En mayo de 2026, el actual presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Iván Magaña Rentería, reconoció que la planta permanecía bajo observaciones y que todavía faltaba aproximadamente 30% de la obra para ponerla en funcionamiento.

El alcalde estimó entonces que se requerían entre 4 y 5 millones de pesos para concluir los trabajos y explicó que el municipio había presentado el proyecto ante CONAGUA para buscar recursos.

Es decir, el problema no es únicamente que una planta construida en 2023 haya permanecido apagada.

El propio gobierno municipal ha señalado que la infraestructura ni siquiera está completamente terminada.

Y ahí aparece una pregunta elemental de rendición de cuentas: ¿cuánto dinero público se destinó originalmente a una obra que, tres años después, todavía necesita recursos adicionales para funcionar?

Una obra construida sin certeza jurídica

El expediente se vuelve todavía más delicado por otra explicación proporcionada por el propio alcalde.

Magaña Rentería señaló en mayo que el predio donde se construyó la infraestructura no contaba inicialmente con un título de propiedad a favor del municipio. Según su declaración, esa situación formaba parte de las observaciones relacionadas con la obra y se estaban realizando trámites para regularizar la situación jurídica del terreno.

También señaló que la obra estaba bajo observación de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado y de instancias federales, debido a que contó con recursos públicos de ambos ámbitos.

La precisión es importante: las observaciones y posibles irregularidades señaladas por el gobierno municipal no equivalen, por sí mismas, a una responsabilidad administrativa o penal ya determinada.

Pero sí plantean un problema de fondo.

Si la certeza jurídica del terreno era indispensable para invertir recursos públicos, ¿por qué se construyó infraestructura antes de resolverla?

Esa es una de las preguntas que las autoridades competentes deberían responder con documentos y no únicamente con declaraciones.

Diez parcelas en medio del conflicto

Mientras el expediente administrativo sigue su curso, el problema ocurre sobre el territorio.

Las denuncias de habitantes señalan afectaciones en al menos 10 parcelas agrícolas. La zona produce maíz, frijol, trigo, tomate y chile, por lo que cualquier eventual contaminación de suelo o agua utilizada para actividades agrícolas requiere una evaluación técnica que determine su alcance.

No basta con afirmar que existe contaminación.

Pero tampoco basta con decir que se trata de una obra observada.

La respuesta debería comenzar por saber qué está ocurriendo exactamente con las aguas residuales, hacia dónde están fluyendo, qué contienen y qué impacto están teniendo sobre el suelo, los cultivos y la población.

Por eso el exhorto pide inspecciones ambientales y una evaluación sanitaria.

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano tendría que verificar las condiciones del sitio y, si encuentra incumplimientos, determinar las medidas de control o sanciones que correspondan.

La CEA, por su parte, deberá informar sobre el estado jurídico y operativo de la infraestructura, mientras que CONAGUA deberá precisar qué proyectos ha presentado el municipio para conseguir su rehabilitación.

La solución no puede ser otro expediente

El artículo 4º constitucional reconoce el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento del agua en condiciones suficientes y salubres, además del derecho a un medio ambiente sano.

Y el artículo 115 establece que los municipios tienen a su cargo servicios como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

Por eso, en La Trinidad el debate no debería reducirse a qué administración dejó la obra inconclusa.

Una administración puede heredar una obra problemática; lo que no puede heredar indefinidamente es la falta de solución.

El actual gobierno municipal ya reconoció que la infraestructura requiere trabajos adicionales, recursos y resolver observaciones. La diputada ahora exige que distintas autoridades entren al expediente.

Lo que sigue debería ser mucho más concreto: diagnóstico técnico, responsables institucionales, costos, calendario, recursos disponibles y fecha verificable de puesta en operación.

Porque mientras las autoridades se turnan el expediente entre municipio, estado y Federación, las aguas residuales no esperan.

Tres años después de aquella promesa de una planta sustentable, La Trinidad sigue esperando algo mucho más básico: que funcione.

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Al concluir una gira nacional de 12 días que movilizó a cerca de 850 mil personas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo utilizó la plancha del Zócalo capitalino para proyectar el músculo político y territorial de su administración. Bajo la narrativa de la «rendición de cuentas», la mandataria presentó un corte de caja a dos años de gobierno que confirma un profundo cambio de régimen: la consolidación de la jornada laboral de 40 horas, la elección popular del Poder Judicial y la adopción de una postura inusualmente rígida contra la injerencia extranjera.

El evento, denominado «Honestidad y resultados», operó no solo como un informe administrativo, sino como una demostración de fuerza del Estado frente a presiones externas e internas. Acompañada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Sheinbaum delineó un país donde el desmantelamiento de las políticas de las últimas tres décadas ya es constitucional, apoyándose en la movilización de la plaza pública como el principal mecanismo de legitimación de su mandato.

El paquete de reformas y la barrera geopolítica La Jefa del Ejecutivo Federal enmarcó los logros de sus primeros dos años como una reversión directa del neoliberalismo. En el ámbito de derechos sociales y laborales, destacó la elevación a rango constitucional de los Programas para el Bienestar, el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, la igualdad sustantiva para las mujeres y la aprobación de la jornada laboral de 40 horas.

En el plano institucional, el gobierno ha reconfigurado el aparato de poder con la prohibición de la reelección para cualquier cargo a partir de 2030, el candado contra el nepotismo y la ya ejecutada elección por voto popular del Poder Judicial.

Sin embargo, el giro más duro se dio en materia de soberanía. La presidenta anunció el impulso de una reforma histórica que exigirá nacionalidad única (mexicana) para quienes aspiren a la Presidencia, Gubernaturas o Jefatura de Gobierno. A esto sumó una advertencia frontal en política exterior: el rechazo a la injerencia foránea y la aplicación de la pena máxima a cualquier agente extranjero que intente violar el territorio nacional.

La maquinaria social en la capital Para sostener esta base política, el gobierno federal inyecta recursos masivos. Bajo el esquema «por el bien de todos, primero los pobres», Sheinbaum detalló que tan solo en la Ciudad de México se invierten 70 mil 258 millones de pesos para cubrir a 3 millones de beneficiarios.

El desglose exhibe la magnitud del aparato de transferencias directas:

• 1,377,198 derechohabientes de la Pensión para Adultos Mayores.

• 935,462 beneficiarios de Leche para el Bienestar.

• 389,305 jóvenes con Beca de Educación Media Superior.

• 387,867 infantes de primaria en Mi Beca para Empezar.

• 321,684 inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar.

60 mil millones en concreto y vías férreas En materia de infraestructura, la capital y su zona metropolitana reciben una inyección de casi 60 mil millones de pesos. Los recursos abarcan desde la conclusión de la Línea 12 hasta Observatorio y la aportación para la Línea 4 del Cablebús, hasta la red ferroviaria que conecta la capital con Toluca (Tren Insurgente), el AIFA, Pachuca y Querétaro. En salud, la agenda se centró en la expansión hospitalaria del IMSS y el ISSSTE, destacando el Hospital Oncológico de la Gustavo A. Madero y la puesta en marcha de 804 consultorios del IMSS Bienestar.

VOCES Y DECLARACIONES

• “Rendir cuentas en plaza pública es obedecer al pueblo, porque es el pueblo el único dueño de la soberanía nacional”. — Claudia Sheinbaum Pardo.

• “Ninguna potencia extranjera, élite económica o política dicta el presente ni el futuro de la patria (…) Recuerden siempre que no hay divorcio entre pueblo y gobierno”. — Claudia Sheinbaum Pardo.

El mitin en el Zócalo evidencia que la administración de Sheinbaum ha trascendido la etapa de transición para entrar a la consolidación de un Estado centralizado, nacionalista y de fuerte inversión social. La mención explícita de castigos máximos a agentes extranjeros y la exigencia de «nacionalidad única» para gobernantes es un mensaje directo a Estados Unidos en un contexto de tensión por seguridad binacional. Paralelamente, la confirmación de la jornada de 40 horas asegura la lealtad del sector obrero y sindical, blindando su capital político ante posibles turbulencias económicas.

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Por: Rodrigo Vissuet | LYPmultimedios

La reforma judicial de Querétaro vuelve al Congreso apenas seis meses después de que la LXI Legislatura aprobó una primera versión. Ahora, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales aprobaron un pre-dictamen que busca ajustar nuevamente la Constitución estatal y llevar la elección de jueces y magistrados a 2028.

El documento todavía no es definitivo. Antes de regresar al Pleno, tendrá que pasar por los 18 ayuntamientos que integran el Constituyente Permanente local, cuyas observaciones podrán modificar el proyecto.

Y ahí está uno de los puntos centrales: la reforma que definirá las nuevas reglas del Poder Judicial queretano todavía está en construcción.

Otra vuelta a una reforma que ya había sido aprobada

El Congreso local aprobó en marzo una reforma constitucional en materia del Poder Judicial que contemplaba, entre otros aspectos, la elección popular de jueces y magistrados.

Pero el escenario federal cambió y obligó a modificar nuevamente las reglas. En julio, el propio presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Guillermo Vega Guerrero, explicó que Querétaro tendría que hacer una “reforma a la reforma” para trasladar la elección judicial de 2027 a 2028.

Ahora esa nueva modificación entra en una etapa decisiva.

Las comisiones acumularon tres iniciativas: una presentada por el Poder Ejecutivo y dos por legisladores, con el propósito de armonizar la Constitución queretana con las nuevas disposiciones federales, establecer reglas para las vacantes judiciales y adecuar el calendario electoral.

El cambio que mueve todo: 2028

El proyecto plantea una prórroga transitoria de los encargos judiciales derivada del cambio de la jornada electoral. Esa extensión estaría limitada hasta que tomen protesta las personas que resulten electas en 2028.

También contempla reglas provisionales para cubrir vacantes definitivas de magistraturas y ausencias temporales, así como disposiciones para evitar ventajas indebidas en las postulaciones y garantizar recursos para organizar la elección.

En otras palabras, el Congreso no solamente está moviendo una fecha en el calendario.

Está intentando construir el puente jurídico entre el Poder Judicial que actualmente existe y el modelo que deberá operar después de la elección de 2028.

Y ese puente todavía no está terminado.

Los 18 municipios entran al tablero

El pre-dictamen será enviado a los 18 ayuntamientos para que conozcan su contenido y formulen observaciones.

Guillermo Vega explicó que, a diferencia del procedimiento federal, en Querétaro los municipios pueden participar en la construcción del documento antes de que llegue la versión definitiva al Pleno. Arturo Maximiliano García Pérez señaló que las opiniones municipales podrían incorporarse al dictamen final.

No se trata de un trámite menor.

El artículo 39 de la Constitución de Querétaro establece que una reforma constitucional requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los ayuntamientos y de las dos terceras partes del número total de integrantes de la Legislatura. En un universo de 18 municipios, eso significa al menos 12 votos municipales favorables.

Por eso, el siguiente capítulo de la reforma ya no se jugará exclusivamente en las comisiones legislativas.

También se jugará en los cabildos.

La pregunta incómoda: ¿qué va a cambiar realmente?

El discurso legislativo habla de armonización, certeza y adecuación constitucional. El reto ahora será comprobar qué contiene exactamente el texto que llegará a votación.

El pre-dictamen plantea modificaciones sobre requisitos, procedimientos, plazos, duración de cargos y mecanismos para cubrir vacantes. Pero mientras el documento definitivo no sea aprobado, todavía no existe una fotografía final de cómo quedarán todas las reglas.

Y eso importa especialmente porque se trata de una reforma que modifica la arquitectura del Poder Judicial y las condiciones bajo las cuales se elegirá a quienes impartirán justicia.

No basta con mover la elección de 2027 a 2028. Hay que saber qué reglas regirán esa elección, quién podrá competir, cómo se cubrirán las vacantes, cómo funcionarán los mecanismos de evaluación y qué controles existirán durante el proceso.

Algunas de esas materias ya forman parte de las iniciativas acumuladas, pero el contenido final dependerá de la discusión que todavía está pendiente.

Una reforma que lleva meses de jaloneos

El nuevo paso tampoco ocurre en un proceso completamente lineal.

El análisis de las tres iniciativas comenzó formalmente en agosto, después de meses de diferencias legislativas alrededor de la reforma judicial. En febrero, una sesión de comisiones sobre el tema no pudo avanzar por falta de quórum y posteriormente se modificó la integración del esquema de trabajo.

Ahora las distintas propuestas fueron concentradas en un solo proyecto.

El argumento institucional es que esto permitirá evitar dictámenes aislados y construir una reforma integral. Pero también significa que las diferencias que antes estaban repartidas entre distintas iniciativas tendrán que resolverse dentro de un mismo texto constitucional.

Ahí estará una de las partes más delicadas del proceso.

El verdadero examen empieza ahora

El Congreso ya hizo su parte inicial: aprobó un pre-dictamen y lo envió al Constituyente Permanente.

Pero todavía faltan los ayuntamientos, la incorporación —o rechazo— de sus observaciones, el dictamen definitivo y la votación constitucional correspondiente.

Por eso, presentar este paso como una reforma ya consumada sería prematuro.

Lo que existe hoy es un proyecto de reforma de la reforma.

Y la discusión de fondo apenas entra en una etapa en la que los municipios tendrán que explicar qué respaldan, qué cuestionan y qué pretenden modificar.

La pregunta que deberá acompañar este proceso no es solamente si Querétaro llegará a una elección judicial en 2028.

Es mucho más concreta:

¿con qué reglas y bajo qué controles llegará?

Porque cambiar el año de la elección resuelve el calendario.

Construir reglas claras, transparentes y constitucionalmente sólidas es lo que definirá el verdadero alcance de la reforma.

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Por: Rodrigo Vissuet| LYPmultimedios

La Glosa del 5º Informe del Ejecutivo estatal dejó sobre la mesa una fotografía laboral con dos caras. Por un lado, el Gobierno de Querétaro presentó bajas tasas de desocupación, programas de capacitación, apoyos para mujeres y personas en situación vulnerable, así como cifras de formalidad y vinculación empresarial. Por otro, los propios indicadores laborales muestran que tener empleo no necesariamente significa tener un empleo en buenas condiciones.

Durante su comparecencia ante la LXI Legislatura, las titulares de las Secretarías de la Juventud y del Trabajo, Virginia Hernández Vázquez y Liliana San Martín Castillo, respectivamente, expusieron los resultados de sus dependencias.

La Secretaría de la Juventud puso énfasis en la cobertura de sus programas. Hernández Vázquez afirmó que durante el quinto año de administración llevaron servicios y actividades a los 18 municipios, con acciones relacionadas con salud mental, empleo, emprendimiento, ciencia, tecnología, deporte, cultura y participación.

Entre los resultados presentados aparecen más de mil jóvenes participantes en cursos de educación financiera, más de 800 registros en el padrón estatal de jóvenes emprendedores y 86 proyectos que participaron en una exposición dentro de la Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro 2025.

También se destacó la participación de más de 50 jóvenes en el International Air and Space Program, en Estados Unidos; más de 2 mil participantes en Universidad Jobs, con acceso a más de 500 vacantes, y 366 jóvenes atendidos mediante Mi Primer Empleo.

El problema es que participar en un programa, registrarse en un padrón o tener acceso a una vacante no equivale necesariamente a conseguir un empleo, incrementar ingresos o consolidar un negocio.

El propio balance presentado ante el Congreso deja preguntas que no aparecen respondidas: ¿cuántos de los jóvenes capacitados consiguieron empleo?, ¿cuántos emprendimientos continúan operando?, ¿cuántos de los 86 proyectos lograron ventas o contratos?, ¿cuántas de las vacantes de Universidad Jobs fueron efectivamente ocupadas y cuántos empleos permanecieron después de seis meses?

La diferencia no es menor. Una política pública puede demostrar actividad mediante el número de personas atendidas, pero su impacto se mide cuando esa atención produce resultados verificables.

El empleo: la cifra que luce y el dato que incomoda

La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, presentó un panorama favorable del mercado laboral queretano. Señaló una tasa de desocupación de 2.3%, frente al 2.7% nacional, y una formalidad laboral de 59.8%.

También destacó que la dependencia pasó de tener dos programas al inicio de la administración a contar actualmente con 10, entre ellos el Seguro de Desempleo, con una inversión acumulada de 59.2 millones de pesos.

El programa habría beneficiado a 6 mil 227 mujeres y 5 mil 788 hombres, es decir, poco más de 12 mil personas.

Sin embargo, la tasa de desempleo por sí sola no describe la calidad del mercado laboral.

Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestran que durante el segundo trimestre de 2026 Querétaro registró una tasa de desocupación de 2.3%, pero también una tasa de informalidad laboral de 39.2% y una tasa de condiciones críticas de ocupación de 36.9%. Esta última había sido de 28.6% un año antes.

Es decir, mientras el discurso institucional coloca el bajo desempleo y la formalidad en primer plano, otro indicador revela que más de una tercera parte de la población ocupada se encontraba en condiciones que el propio INEGI clasifica como críticas.

El dato tampoco apareció como uno de los ejes centrales del balance presentado ante el Congreso.

Ya desde el primer trimestre de 2026, INEGI había registrado una tasa de condiciones críticas de ocupación de 40.2%, frente a 26.5% un año antes. En ese mismo periodo, la informalidad laboral fue de 39%.

La fotografía, por tanto, es más compleja que un simple “hay poco desempleo”.

Capacitar no es lo mismo que colocar

Otro de los resultados destacados fue el programa de becas para formación de talento: mil 718 apoyos, 50 empresas vinculadas, 52 categorías, 277 capacitaciones y una inversión de 11.3 millones de pesos.

La dependencia reportó una contratación efectiva de 80.1%.

Es uno de los indicadores que más merecería ser desglosado: ¿80.1% de quiénes fueron contratados, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones?

Porque una contratación inmediata después de una capacitación puede ser un resultado positivo, pero no necesariamente demuestra permanencia, salario suficiente, seguridad social, posibilidades de crecimiento o estabilidad.

La misma pregunta aplica para el programa Sin Brecha, que reúne a 545 empresas y 83 mil 547 trabajadoras y trabajadores bajo modelos relacionados con protocolos contra el acoso, lactancia, cuidados y cultura organizacional.

La cifra de empresas adheridas es relevante, pero falta conocer cuántas han sido verificadas, cuántas cuentan efectivamente con protocolos funcionando, cuántas denuncias han sido atendidas y si esos mecanismos han producido cambios medibles en salarios, ascensos y permanencia laboral de las mujeres.

Mujeres: el avance es real, pero la brecha permanece

La secretaria del Trabajo informó que la participación económica de las mujeres pasó de 41.7% a 41.8%, mientras que la brecha de participación frente a los hombres se redujo de 31.6% a 25.6%.

También reportó una tasa de desocupación femenina de 1.9%.

Son datos que muestran avances, pero también permiten dimensionar el tamaño del pendiente: una variación de apenas 0.1 puntos en participación económica femenina no puede presentarse, por sí misma, como una transformación profunda del mercado laboral.

El propio IMCO ha señalado que el análisis del mercado laboral requiere observar variables como informalidad, ingresos, participación económica y brechas de género, no únicamente la cantidad de personas ocupadas. Su Índice de Competitividad Estatal 2026 utiliza 53 variables agrupadas en seis subíndices para evaluar las condiciones de las entidades.

Por eso también resulta necesario que el Gobierno estatal precise la fuente, fecha de corte y metodología de los distintos rankings que fueron mencionados durante la comparecencia.

Más programas, pero ¿más resultados?

La Secretaría del Trabajo también reportó 654 personas beneficiadas mediante Talento sin Barreras y 698 mujeres incorporadas al programa de Mujeres Operadoras de Transporte Público.

En ambos casos, el dato de cobertura es importante. Pero nuevamente falta la segunda parte de la historia: cuántas personas permanecen en esos empleos, qué salarios reciben, cuáles son sus condiciones laborales y qué porcentaje de los participantes logró una inserción laboral permanente.

En materia de justicia laboral, el Centro de Conciliación Laboral reportó más de 100 mil procesos iniciados durante la administración y una conciliación del 80% de los asuntos individuales.

Aquí también hay un resultado cuantitativo que merece contexto. El porcentaje de conciliación habla de la resolución de controversias, pero no explica por sí solo cuánto tiempo tomó cada proceso, qué tipo de acuerdos se alcanzaron, si fueron cumplidos o cuál fue la satisfacción de las partes.

La glosa que falta

Las comparecencias ante el Congreso tienen precisamente esa función: no solamente escuchar cifras, sino someterlas a escrutinio.

En el caso de Juventud y Trabajo, el balance presentado muestra una administración con una amplia cartera de programas y una importante cantidad de personas atendidas. Eso está documentado en las cifras expuestas.

Pero la siguiente pregunta es mucho más incómoda y también mucho más útil: qué cambió realmente en la vida de quienes fueron atendidos.

Porque 2.3% de desocupación puede hablar de un mercado laboral con poca gente buscando empleo sin encontrarlo. No dice, por sí solo, cuánto gana esa población, cuánto trabaja, si tiene seguridad social o si puede vivir dignamente de su salario.

Y 36.9% de trabajadores en condiciones críticas obliga a que la conversación vaya más allá del número de empleos generados.

El reto para el cierre de esta administración no es solamente seguir acumulando programas, beneficiarios, becas o vacantes.

Es demostrar que esos programas producen empleos estables, salarios suficientes, igualdad de oportunidades y mejores condiciones laborales.

La verdadera prueba del quinto informe no está únicamente en cuántas personas fueron atendidas.

Está en qué cambió después de ser atendidas.

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En el cuarto día de actividades de su Quinto Informe, el alcalde de San Juan del Río presentó la participación ciudadana como uno de los logros de su administración. Pero el propio balance deja un vacío central: ¿cuánto de lo que el gobierno presume como resultado fue realmente decidido por los ciudadanos?

Por: Rodrigo Vissuet | LYPmultimedios

La participación ciudadana se ha convertido en uno de los conceptos favoritos de la administración de Roberto Cabrera Valencia durante su Quinto Informe de Gobierno.

El discurso es atractivo: gobierno y ciudadanía trabajando juntos, decisiones compartidas, consejos ciudadanos, proyectos con respaldo social y una bolsa de recursos para que las comunidades participen.

Pero cuando se separa el discurso de los datos, aparece una pregunta incómoda:

¿participar significa ser escuchado o realmente tener capacidad para decidir qué hace el gobierno con el dinero público?

Durante una reunión con habitantes de Fundadores, el presidente municipal aseguró que su administración creó el Sistema Municipal de Participación Ciudadana, instaló órganos de participación y tomó protesta a 114 consejeras y consejeros ciudadanos. También anunció que se realizarán proyectos por cerca de 5 millones de pesos para promover lo que denominó una “Mejor Sociedad”.

El problema es que esos números, por sí solos, no permiten saber cuánto poder efectivo tiene hoy la ciudadanía sobre las decisiones municipales.

114 consejeros no equivalen a 114 decisiones

El Ayuntamiento presenta como uno de sus avances la instalación de órganos de participación y la toma de protesta de 114 personas.

Es un dato cuantificable.

Pero un sistema democrático no se mide únicamente por cuántas personas ocupan una silla en un consejo.

La pregunta importante es otra:

¿Qué decisiones tomaron?

El propio Sistema Municipal de Participación Ciudadana establece que su objetivo es permitir que los habitantes de San Juan del Río participen de manera directa, informada y efectiva en las decisiones públicas. Incluso señala como propósito que las personas puedan influir directamente en políticas, obras públicas y programas.

Por eso, el estándar para evaluar el sistema no debería quedarse en el número de consejeros instalados.

Habría que conocer, por ejemplo:

• cuántas propuestas presentaron;
• cuántas fueron aceptadas;
• cuántas fueron rechazadas y por qué;
• cuántas llegaron a convertirse en obras o programas;
• cuánto dinero público fue asignado a esas propuestas;
• qué dependencia tuvo que modificar su plan a partir de una decisión ciudadana;
• y cuántos acuerdos de los consejos terminaron efectivamente ejecutándose.

Sin esos datos, 114 consejeros son una estructura instalada; todavía no necesariamente son 114 espacios de poder ciudadano.

Los 5 millones tampoco son todavía un resultado

El segundo dato que destaca el alcalde es una bolsa cercana a 5 millones de pesos para proyectos de participación ciudadana.

Pero hay una diferencia fundamental entre anunciar recursos y demostrar cómo fueron ejercidos.

El informe no identifica los proyectos que serán financiados, las comunidades beneficiadas, las reglas de selección, los montos asignados a cada proyecto, el calendario de ejecución ni el porcentaje de recursos que, a la fecha del informe, ya haya sido ejercido.

La propia plataforma municipal ofrece un mecanismo de Presupuesto Participativo bajo una premisa mucho más exigente: que la ciudadanía pueda proponer, votar y decidir cómo invertir parte del presupuesto municipal.

Entonces la pregunta resulta inevitable:

¿Los cerca de 5 millones serán realmente decididos mediante un proceso ciudadano abierto, con reglas, votación y resultados verificables, o se tratará de proyectos definidos por el gobierno y posteriormente acompañados por los consejos?

La diferencia no es menor.

En el primer caso, estaríamos hablando de participación con capacidad de decisión.

En el segundo, de participación como acompañamiento de decisiones gubernamentales.

El informe no ofrece todavía la información suficiente para determinar cuál de los dos modelos está ocurriendo.

El gobierno presume mil acciones de obra, pero la participación no aparece en la cuenta

En el mismo balance, Cabrera informó que durante el periodo se invirtieron cerca de 120 millones de pesos en más de mil acciones de obra pública. También señaló que 71% de esa inversión se destinó a movilidad, calles, servicios e infraestructura.

La lista incluye:

1,440 acciones de alumbrado, 4,539 metros de nuevas tomas de agua, 900 metros de electrificación, 52 mil metros cuadrados de pavimento rehabilitado y 3,488 metros de drenaje.

Son cifras que permiten dimensionar actividad administrativa.

Pero aparece otra pregunta:

¿Cuántas de esas obras surgieron de mecanismos formales de participación ciudadana?

El informe no lo dice.

Y eso importa porque la participación ciudadana no debería confundirse con que el gobierno realice obras que la población necesita.

Que una colonia tenga una calle pavimentada no demuestra, por sí mismo, que los vecinos hayan participado en la decisión.

Que se instale alumbrado tampoco demuestra que haya existido deliberación ciudadana.

Que se construya drenaje no significa necesariamente que la obra haya surgido de un mecanismo participativo.

Una cosa es hacer obra pública.

Otra es hacer obra pública a partir de una decisión ciudadana documentada.

El propio municipio ya estableció indicadores más exigentes

Aquí existe un punto especialmente relevante.

El Cuarto Informe de Gobierno municipal había establecido indicadores específicos para evaluar el proyecto denominado “Sociedad Participativa: Una mejor sociedad se construye desde la familia”.

Entre las metas planteadas para 2026 se encontraban alcanzar al menos 30 instrumentos de participación ciudadana activados, capacitar a por lo menos 2,500 personas, instalar correctamente los órganos de participación y generar al menos 30 proyectos comunitarios impulsados con participación ciudadana directa. También se contempló medir la confianza ciudadana mediante encuestas.

Esto cambia la vara de medición.

Porque si la propia administración estableció indicadores para medir participación, entonces el Quinto Informe debería permitir saber qué porcentaje de esas metas se cumplió.

No basta con decir que existen consejos.

No basta con informar que 114 personas rindieron protesta.

No basta con anunciar 5 millones de pesos.

La verdadera rendición de cuentas sería presentar los resultados de esos indicadores.

¿Cuántos instrumentos se activaron?

¿Cuántos ciudadanos fueron capacitados?

¿Cuántos proyectos comunitarios se ejecutaron?

¿Cuál fue el nivel de confianza obtenido?

¿Y qué decisiones concretas cambiaron gracias a la participación?

El informe no presenta esas respuestas.

Participación ciudadana: ¿derecho o escenografía institucional?

San Juan del Río sí ha construido durante los últimos años un andamiaje institucional más amplio para la participación.

En 2025 se publicó el Reglamento de Participación Ciudadana municipal, que establece mecanismos como iniciativa ciudadana, cabildo abierto, observatorios ciudadanos, consejos de participación e intervenciones con gestión ciudadana. La convocatoria de 2026 para los consejos también señala que estos órganos tienen funciones de consulta para el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas, programas y acciones gubernamentales.

Además, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro firmó en junio de 2026 un convenio con el municipio para promover los mecanismos de participación previstos en la normatividad. El IEEQ señaló entonces que San Juan del Río era el primer municipio con el que celebraba un convenio de esa naturaleza.

Eso demuestra que existe una arquitectura institucional.

Pero una arquitectura institucional no garantiza por sí misma incidencia ciudadana.

Un consejo puede reunirse.

Una plataforma puede recibir propuestas.

Una consulta puede realizarse.

Un presupuesto puede etiquetarse.

La pregunta democrática es qué ocurre después.

¿Quién decide?

El problema de las cifras bonitas

El Quinto Informe está construyendo su narrativa alrededor de cifras que suenan contundentes: 114 consejeros, 5 millones de pesos, más de mil acciones de obra, 120 millones de pesos, 730 escrituras, miles de metros de infraestructura.

El problema no es que las cifras sean falsas.

El problema periodístico es que una cifra de actividad no necesariamente es una cifra de resultado.

Mil acciones pueden significar mucho trabajo administrativo, pero no indican por sí mismas cuánto mejoraron los servicios.

114 consejeros pueden representar una red ciudadana importante, pero no demuestran cuánta influencia tuvieron.

5 millones de pesos pueden representar una inversión relevante, pero mientras no se conozcan los proyectos, beneficiarios, criterios de selección y resultados, siguen siendo fundamentalmente una promesa presupuestaria.

Y 120 millones de pesos invertidos en obra pública dicen cuánto se gastó, pero no necesariamente cuánto se transformó la vida cotidiana de quienes recibieron esas obras.

El gasto es un dato. El impacto es otra cosa.

La participación se prueba cuando el gobierno acepta perder el control

La participación ciudadana auténtica tiene una característica incómoda para cualquier gobierno:

no siempre gana el gobierno.

Si una consulta ciudadana puede modificar una decisión previamente tomada, existe incidencia.

Si un presupuesto participativo puede llevar recursos hacia una colonia que no estaba contemplada originalmente, existe incidencia.

Si un consejo ciudadano puede cuestionar una política pública y la administración debe responder públicamente, existe incidencia.

Si un observatorio puede señalar fallas y obligar a corregirlas, existe incidencia.

Pero si la ciudadanía solamente es convocada para escuchar, acompañar, validar o inaugurar decisiones que ya fueron tomadas, el concepto de participación comienza a perder contenido.

Y precisamente por eso el Ayuntamiento debería publicar los resultados completos de sus mecanismos.

No solamente quiénes participan.

También qué lograron cambiar.

El reto para el último tramo de la administración

Roberto Cabrera está presentando su quinto informe y, por tanto, el tiempo para convertir promesas institucionales en resultados comprobables es cada vez más reducido.

El Sistema Municipal de Participación Ciudadana ya tiene reglamento, portal, consejos, mecanismos y una estructura administrativa.

Ahora corresponde demostrar que todo eso produce decisiones públicas diferentes a las que habría tomado el gobierno sin participación ciudadana.

Porque ahí está la prueba.

No en la fotografía de la toma de protesta.

No en el número de consejeros.

No en la cantidad de reuniones.

Ni siquiera en los millones anunciados.

La prueba está en los expedientes.

En las propuestas.

En las votaciones.

En los proyectos seleccionados.

En los recursos ejercidos.

En las respuestas de la autoridad.

Y, sobre todo, en aquello que la ciudadanía consiguió modificar.

Por ahora, el informe ofrece un relato de fortalecimiento institucional, pero deja abierta une pregunta central.

¿San Juan del Río está construyendo una ciudadanía que participa en las decisiones o simplemente un gobierno que puede presumir que la ciudadanía participa?

Esa diferencia puede parecer semántica.

No lo es.

Porque la primera transforma el ejercicio del poder.

La segunda solamente transforma la manera de comunicarlo.

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En medio de un ecosistema multilateral profundamente polarizado, el gobierno de México refrenda su política de no aislamiento hacia la Federación Rusa. Durante el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el canciller mexicano Roberto Velasco Álvarez sostuvo un encuentro estratégico con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. El objetivo: reforzar la cooperación económica, política y multilateral. Sin embargo, el peso del anuncio no recae solo en el encuentro, sino en quién controla el mensaje: ha sido la diplomacia rusa la encargada de hacer públicos los acuerdos alcanzados.

La semana de alto nivel en las Naciones Unidas es el escaparate geopolítico más importante del año. Que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dedique un espacio en la agenda para un encuentro bilateral con Serguéi Lavrov —uno de los funcionarios más sancionados por Occidente debido al conflicto en Ucrania— es un mensaje político de neutralidad activa y autonomía frente a las presiones de aislamiento promovidas por Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con la información difundida este sábado, no por la Cancillería mexicana, sino por la Embajada de Rusia en México, la reunión se centró en «asuntos internacionales y regionales de actualidad».

El núcleo del encuentro fue la colaboración en foros multilaterales. Ambos cancilleres acordaron alinear o mantener un canal abierto en plataformas clave como el Grupo de los 20 (G20), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el propio sistema de Naciones Unidas.

Según la sede diplomática rusa, el diálogo bilateral no se limitó a la diplomacia de pasillo. Rusia y México reafirmaron su compromiso con las normas del derecho internacional y acordaron prestar «especial atención» a tres ejes operativos:

1. Sostener el diálogo político bilateral.

2. Ampliar la cooperación comercial y económica.

3. Fortalecer los lazos culturales y humanitarios.

VOCES Y DECLARACIONES

• «La búsqueda colectiva de soluciones a los problemas globales actuales [ocupó un lugar central]». — Embajada de Rusia en México, sobre el acuerdo entre ambos cancilleres.

• «Se prestó especial atención a los esfuerzos para sostener el diálogo político bilateral [y] ampliar la cooperación comercial». — Comunicación de la representación diplomática rusa.

Para Moscú, la fotografía y el comunicado con México valen oro puro en el terreno de las relaciones públicas internacionales: es la evidencia de que Rusia no está aislada en América Latina y mantiene socios económicos y políticos en el bloque del G20 y APEC. Para México, el encuentro reafirma la Doctrina Estrada y la política de diversificación de relaciones, pero representa un desafío diplomático constante frente a sus principales socios comerciales en Norteamérica, quienes exigen una condena más dura y un aislamiento total hacia el Kremlin.

Mientras Rusia capitaliza mediáticamente este encuentro para proyectar normalidad internacional, la información proporcionada deja vacíos críticos sobre la postura mexicana. La información proviene exclusivamente de la embajada rusa. Se desconoce cuáles fueron las prioridades o condicionantes planteadas por el canciller Roberto Velasco desde la óptica del Estado mexicano. El comunicado omite cualquier mención a la invasión en Ucrania o a las sanciones internacionales. No queda claro si el tema fue evitado deliberadamente para mantener la armonía de la reunión o si simplemente fue censurado de la versión pública por la diplomacia rusa.

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La música urbana vuelve a posicionarse como una de las herramientas de protesta social e ideológica más influyentes en América Latina. El artista puertorriqueño Bad Bunny autorizó el uso y la adaptación de las frecuencias musicales de su exitoso tema “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” (perteneciente a su álbum Debí Tirar Más Fotos) para la campaña electoral del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La pieza, que originalmente denuncia la gentrificación y el desplazamiento territorial en Puerto Rico, fue adaptada al portugués para convertirse en un emblema en defensa de la soberanía de la Amazonía y los recursos naturales del país sudamericano.

“LO QUE LE PASÓ A HAWAii”: La analogía contra el neocolonialismo

La composición de Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny) plantea una dura crítica sociopolítica. El tema utiliza la historia de la anexión de Hawái por parte de Estados Unidos a finales del siglo XIX como un espejo de advertencia para Puerto Rico y el resto de Latinoamérica.

En la letra original, el artista denuncia cómo las exenciones fiscales para grandes inversionistas foráneos, el encarecimiento masivo de la vivienda y la privatización de bienes públicos desplazan a la población local en beneficio del turismo corporativo.

«Hawái es el ejemplo trágico de lo que ocurre cuando un territorio pierde el control de sus recursos y su cultura frente al capital extranjero», afirman analistas culturales sobre el concepto del álbum.

La adaptación al portugués y la defensa de la Amazonía

El equipo de comunicación de Lula da Silva gestionó la licencia de uso y adaptación de la obra intelectual de Bad Bunny. La versión brasileña —que ha contado con el respaldo de prominentes figuras de la cultura como el actor Wagner Moura— adaptó la lírica para abordar la problemática ambiental y patrimonial de Brasil.

El spot de propaganda electoral utiliza la melodía del boricua para enviar un mensaje contundente contra el extractivismo y la venta de reservas naturales a corporaciones transnacionales. La pieza cierra con el eslogan central: «Brasil tiene un solo dueño: el pueblo brasileño».

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Un colectivo de movilidad urbana y voluntarios rescataron 500 bicicletas, las rehabilitaron y las trasladaron hacia Baja California para ser entregadas a colectivos de madres buscadoras, albergues de migrantes y familias en situaciones de vulnerabilidad.

Un rescate transformado en movilidad social

Cada año, al término de Burning Man, miles de asistentes dejan abandonados vehículos y equipos en el desierto. Ante esta problemática medioambiental, activistas de movilidad de San Francisco y del Foro Mundial de la Bicicleta (#FMB12)implementaron una logística de recuperación para evitar que estos vehículos terminaran como chatarra.

Tras ser reparadas y puestas en condiciones óptimas para terrenos difíciles, las unidades fueron transportadas hacia la frontera e ingresadas a través de los cruces internacionales de San Ysidro hacia la zona de El Chaparral, en Tijuana.

Herramientas de apoyo para la búsqueda de personas

Entre las principales agrupaciones beneficiadas se encuentran colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Baja California, tales como Una Nación Buscando T, Buscando a Tolano y Ponte en Nuestras Botas.

Para las integrantes de estos grupos, la donación representa un recurso estratégico:

• Acceso a zonas complejas: Permite recorrer terrenos de difícil tránsito vehicular donde no hay rutas de transporte público ni caminos pavimentados.

• Reducción de costos: Facilita la movilidad diaria de los familiares sin depender del gasto en pasajes o combustible.

• Autonomía: Brinda independencia operativa en las jornadas de rastreo en campo.

Además de las madres buscadoras, parte de la remesa fue canalizada a albergues de personas migrantes y comunidades marginadas en la región.

«Una bicicleta puede parecer algo pequeño, pero para una familia en búsqueda o una persona migrante significa la capacidad de trasladarse, llegar a lugares inaccesibles y continuar con sus labores diarias.»

Alcance y distribución regional del apoyo

La distribución de este recurso se extendió estratégicamente a lo largo de los principales municipios del estado para atender necesidades prioritarias de movilidad:

En Tijuana, las unidades se destinaron principalmente a operativos de campo de colectivos de búsqueda y a facilitar los traslados de personas en albergues de migrantes. En Tecate, los vehículos refuerzan la movilidad cotidiana y el acceso a servicios esenciales en comunidades rurales y periféricas.

Por su parte, en Mexicali las bicicletas benefician a familias vulnerables en zonas donde el transporte público es escaso, mientras que en Ensenada fortalecen las misiones de rastreo de colectivos locales e impulsan diversos proyectos comunitarios.

Para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa, colectivos locales en Baja California han coordinado rodadas comunitarias y actividades de recaudación orientadas al mantenimiento constante de las unidades, asegurando que continúen activas al servicio de las causas sociales en la frontera.

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La iniciativa plantea modificar la Constitución estatal para recuperar la denominación que tuvo el máximo órgano judicial queretano desde 1826; el Poder Judicial sostiene que el cambio tiene un sentido federalista y no meramente ornamental.

Por: Rodrigo Vissuet | LYPmultimedios

A 200 años de la instalación del Poder Judicial de Querétaro, el Congreso del Estado comenzó el análisis de una iniciativa que busca devolverle a su máximo órgano de impartición de justicia la denominación con la que nació en 1826: Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Querétaro.

La propuesta fue presentada ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXI Legislatura, presidida por el diputado Guillermo Vega Guerrero, y plantea reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro para modificar la denominación del máximo órgano judicial de la entidad.

El trámite apenas comienza. La comisión determinó remitir la iniciativa a los 18 Ayuntamientos de Querétaro, con el propósito de que conozcan formalmente su contenido y designen, en su momento, al enlace institucional que dará seguimiento al procedimiento de reforma constitucional.

Es decir, no se trata todavía de un cambio consumado, sino del inicio del proceso legislativo correspondiente.

Una reforma con carga histórica

El argumento central de la iniciativa no está planteado como una simple actualización administrativa.

Durante la sesión, el presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola, sostuvo que recuperar el nombre original tiene un significado relacionado con la historia del federalismo mexicano y con la autonomía de las entidades federativas.

De acuerdo con la exposición presentada durante la reunión, el órgano judicial queretano fue instalado el 3 de junio de 1826 bajo la denominación de Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

La denominación habría cambiado posteriormente, durante el periodo de centralización política del siglo XIX, cuando los órganos judiciales de las entidades fueron denominados Tribunales Superiores de Justicia.

Guerra Urbiola vinculó ese episodio con las transformaciones políticas impulsadas durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna, cuando, según explicó, se desplazaron instituciones propias de los estados y se fortaleció el control político desde el centro.

Desde esa perspectiva, recuperar la palabra “Supremo” representa para el Poder Judicial queretano una forma de reivindicar el origen federalista de la institución y la condición de Querétaro como estado libre y soberano.

“Regresar a la denominación original” fue presentado por el presidente del Poder Judicial como una forma de recuperar el sentido con el que la institución fue concebida, particularmente en el marco del bicentenario.

¿Qué cambiaría y qué no?

Aquí se encuentra uno de los puntos que deberán observarse durante el proceso legislativo.

La propuesta presentada corresponde, según el boletín legislativo, a una modificación de denominación dentro de la Constitución local.

Por sí misma, la iniciativa no plantea en el documento difundido una modificación de las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial, ni anuncia cambios en la integración del Tribunal, sus competencias o sus procedimientos.

Por ello, el debate público sobre la reforma no debería reducirse a si el nuevo nombre “suena” más histórico o solemne.

La discusión de fondo será determinar qué significado constitucional quiere darle Querétaro a esa denominación y si la recuperación del término “Supremo” tendrá efectos jurídicos adicionales o será fundamentalmente una reivindicación institucional e histórica.

El propio presidente del Poder Judicial aseguró que no se trata de un cambio “de ornato” ni de un “maquillaje” institucional, sino de una modificación con un significado estructural relacionado con la teoría del Estado mexicano y el federalismo.

Esa afirmación coloca la discusión en un terreno que va más allá de la nomenclatura.

Los municipios tendrán que participar

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para remitir la iniciativa a los 18 Ayuntamientos.

La medida fue explicada por Guillermo Vega Guerrero como una actuación preparatoria dentro del procedimiento de reforma constitucional, que permitirá a los municipios conocer formalmente la propuesta y designar un enlace institucional para su seguimiento.

La participación de los Ayuntamientos será, por tanto, uno de los siguientes pasos que deberá seguir la iniciativa antes de conocer su desenlace legislativo.

El boletín cita como fundamento los artículos 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro y 51, fracciones I y III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal.

Bicentenario y memoria institucional

La discusión ocurre además en un momento simbólico para el Poder Judicial queretano.

La LXI Legislatura declaró 2026 como Año del Bicentenario del Poder Judicial, y la propuesta de recuperar la denominación histórica se presenta precisamente en ese contexto.

Para el diputado Homero Barrera McDonald, se trata de un “pequeño acto legislativo” pero de un acto de memoria histórica, al considerar que recuperar el nombre utilizado desde 1826 también significa recuperar parte de la identidad y del origen institucional de Querétaro.

La argumentación histórica expuesta durante la sesión coloca así al bicentenario como el marco político e institucional de la propuesta.

Pero el verdadero alcance de la reforma todavía tendrá que definirse en el proceso legislativo.

Porque una cosa es recuperar una denominación histórica y otra determinar qué consecuencias constitucionales, institucionales o jurídicas pretende producir esa recuperación.

Por ahora, lo que existe es una iniciativa en análisis, enviada a los 18 municipios y pendiente de continuar su recorrido legislativo.

El debate apenas comienza.

Y tendrá que responder una pregunta esencial: ¿el regreso del nombre “Supremo Tribunal de Justicia” será únicamente un acto de memoria por el origen federalista de Querétaro o también pretende reforzar, en términos jurídicos contemporáneos, la soberanía y autonomía del Poder Judicial estatal?

Esa será una de las cuestiones que deberán quedar claras antes de que la reforma llegue a su siguiente etapa.

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Finanzas estatales destacan calificaciones, baja deuda y recaudación; Planeación presume miles de ejercicios de participación. Pero los datos presentados ante el Congreso no permiten saber cuánto de ese desempeño se traduce en mejores servicios, ni cuánto de la participación ciudadana termina modificando las decisiones públicas.

Por: Redacción | LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 25 de septiembre de 2026.— La comparecencia de los secretarios de Finanzas y de Planeación y Participación Ciudadana ante la LXI Legislatura, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, dejó una fotografía favorable para la administración estatal: finanzas sólidas, baja deuda, alta recaudación, buenas calificaciones crediticias y una larga lista de mecanismos de participación ciudadana.

Pero detrás de esa fotografía hay preguntas que el discurso oficial no termina de responder.

El secretario de Finanzas, Gustavo Arturo Leal Maya, centró buena parte de su exposición en las fortalezas macrofinancieras de Querétaro: calificaciones AAA durante los últimos cinco años, bajo nivel de endeudamiento, liquidez, crecimiento de los ingresos y reconocimiento de organismos y calificadoras.

El secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Antonio Rangel Méndez, hizo lo propio con una extensa batería de cifras sobre consejos, encuestas, mesas de trabajo, consultas y propuestas ciudadanas.

El problema es que tener finanzas ordenadas no equivale automáticamente a tener un gobierno eficaz; del mismo modo, contabilizar participación no demuestra por sí mismo que la ciudadanía esté decidiendo.

Y esa diferencia es precisamente la que la glosa debería ayudar a esclarecer.

Finanzas fuertes, ¿pero medidas con qué resultados?

Leal Maya aseguró que Querétaro proyecta cerrar 2026 con alrededor de 61 mil millones de pesos de ingresos, frente a los 39 mil millones con los que recibió la administración, y reportó un avance de 61% en los ingresos totales al mes de julio.

También informó que los ingresos propios alcanzarían alrededor de 12 mil millones de pesos, con 7 mil 733 millones recaudados al mes de julio, equivalentes a un avance de 66%.

El discurso oficial utiliza estos datos como evidencia de fortaleza.

Sin embargo, una hacienda pública no se evalúa únicamente por cuánto recauda.

También debe preguntarse qué se hace con lo recaudado, quién se beneficia del gasto, qué servicios mejoran y qué resultados concretos obtiene la población.

Ahí la glosa ofrece menos respuestas.

El funcionario afirmó que 92% del gasto corresponde a gasto social y 8% a gasto administrativo. Incluso señaló montos de 245 mil millones y 22 mil millones de pesos, respectivamente.

Pero el documento no explica con claridad el periodo al que corresponden esas cantidades ni cómo se relacionan con el presupuesto estatal de alrededor de 60 mil millones de pesos que el propio secretario reporta en la misma comparecencia.

Esa diferencia no debería pasar inadvertida.

No necesariamente significa que exista un error: podría tratarse de acumulados, universos presupuestarios distintos o una referencia que la glosa no desarrolla. Pero precisamente por eso la información requiere una explicación más precisa antes de utilizarse como evidencia de desempeño financiero.

La deuda: un dato favorable que tampoco cuenta toda la historia

El secretario destacó que Querétaro registró en el segundo trimestre de 2026 el menor monto de deuda entre las entidades federativas y que el empréstito solicitado en 2023 llevaba, al corte de agosto, 75% de pago. La administración prevé concluir 2027 sin deuda.

Es, sin duda, un indicador relevante.

Pero nuevamente, la deuda es apenas una parte de la fotografía fiscal.

La ausencia de endeudamiento no garantiza por sí misma que el gasto público sea eficiente, que las obras tengan impacto suficiente o que los recursos estén siendo asignados a las necesidades prioritarias.

Una entidad puede tener poca deuda y, al mismo tiempo, enfrentar rezagos importantes.

Por eso, una glosa rigurosa tendría que complementar el dato financiero con indicadores de resultados: costo de programas, avance físico de obras, población beneficiada, metas cumplidas y evaluación de impacto.

El propio formato de la glosa  no permite ese nivel de detalle.

Empresas: la columna vertebral de los ingresos

Otro elemento particularmente revelador fue la afirmación de Leal Maya de que las empresas aportan más de 80% de los recursos locales y federales, razón por la cual llamó a cuidar la visión que se tiene de Querétaro como destino de inversión.

La afirmación muestra una de las características centrales del modelo económico estatal: la fortaleza fiscal está estrechamente vinculada al dinamismo empresarial e industrial.

Eso representa una fortaleza, pero también una dependencia que merece discusión.

Si una parte tan significativa de los recursos está relacionada con la actividad empresarial, la política económica del estado no solo debe preguntarse cuánto atrae de inversión, sino qué calidad tienen los empleos generados, cuánto valor permanece en la economía local, cómo se distribuye la riqueza y cuál es el costo social y ambiental del crecimiento.

Esas preguntas quedaron fuera de la comparecencia descrita en el boletín.

Mucha participación ciudadana, pero falta demostrar incidencia

La exposición de Luis Antonio Rangel Méndez estuvo acompañada de una cifra particularmente llamativa de mecanismos participativos.

El funcionario reportó 23 consejos ciudadanos, alrededor de 800 personas involucradas, 345 sesiones, 142 mesas de trabajo y propuestas recibidas a través de plataformas y directamente en los consejos.

Después amplió todavía más el inventario:

527 participaciones en el portal de Participación Ciudadana, 34 mil encuestas, alrededor de 11 mil propuestas, 94 mil encuestas de evaluación, 350 talleres, 497 mesas temáticas, 500 consultas sobre proyectos, 340 mil encuestas casa por casa, 300 encuestas a líderes y 310 mil participaciones en portales ciudadanos.

El volumen impresiona.

Pero contar participación no es lo mismo que demostrar incidencia.

La pregunta fundamental no es cuántas encuestas se realizaron.

Es:

¿Cuántas decisiones cambiaron como consecuencia de esas encuestas?

¿Cuántas propuestas ciudadanas fueron incorporadas al presupuesto?

¿Cuántas modificaron programas?

¿Cuántas cambiaron proyectos?

¿Cuántas fueron rechazadas y por qué?

¿Cuántas personas participaron de manera repetida y cuántas lo hicieron una sola vez?

¿Existe una metodología pública para medir el impacto de esa participación?

El propio secretario reconoció que lo realizado todavía no es suficiente y sostuvo que es necesario continuar fortaleciendo la conversación pública.

Esa admisión resulta relevante.

Porque significa que el propio gobierno reconoce que la existencia de mecanismos participativos no constituye el punto final.

El riesgo de convertir la participación en estadística

Hay otra cuestión de fondo.

Cuando una administración presenta cientos de miles de encuestas y participaciones como evidencia de democracia participativa, existe el riesgo de confundir cantidad con calidad democrática.

Una encuesta puede recoger una opinión.

Una mesa puede generar una propuesta.

Una consulta puede registrar una preferencia.

Pero la participación democrática adquiere verdadera relevancia cuando existe retroalimentación, deliberación, transparencia sobre las decisiones y capacidad efectiva de incidencia.

De lo contrario, la ciudadanía corre el riesgo de convertirse en una fuente de datos para el gobierno, más que en un actor con capacidad de modificarlo.

El propio discurso de Rangel Méndez ofrece una pista: habló de la necesidad de construir un repositorio que permita sistematizar la conversación ciudadana y convertirla en un “gran repositorio de futuro y de ideas” vinculado al Plan Estratégico de Largo Plazo Querétaro 2050.

La pregunta será entonces qué hará el gobierno con esa gigantesca base de información.

Porque almacenar la voz de la ciudadanía no es lo mismo que escucharla.

La glosa que todavía necesita otra capa

La comparecencia deja una conclusión incómoda.

El gobierno de Querétaro tiene argumentos para presumir indicadores financieros favorables: baja deuda, crecimiento de ingresos, liquidez y reconocimientos en materia de gestión financiera. También ha construido una infraestructura institucional para recopilar opiniones y propuestas ciudadanas.

Pero la glosa no debería terminar en la enumeración de reconocimientos, rankings y estadísticas.

Debe llegar al resultado.

¿En qué se tradujo cada peso adicional recaudado?

¿Qué servicios públicos mejoraron?

¿Cuáles programas cumplieron sus metas?

¿Qué proyectos tuvieron impacto medible?

¿Qué propuestas ciudadanas llegaron efectivamente a una decisión de gobierno?

¿Y cuáles fueron descartadas?

Porque si el gobierno quiere hablar de finanzas responsables, la responsabilidad también implica demostrar resultados.

Y si quiere hablar de participación ciudadana, la democracia también implica demostrar incidencia.

La fortaleza financiera de Querétaro puede ser un punto de partida.

No debería convertirse en el argumento final.

Y los cientos de miles de participaciones ciudadanas pueden representar una enorme fuente de información pública.

Pero mientras no se conozca con claridad qué decisiones cambiaron gracias a ellas, seguirán siendo principalmente cifras de participación.

La verdadera glosa comienza justamente lo que se observan son los resultados.

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