La ANAC, organización vinculada a los gobiernos de Acción Nacional, reconoció al municipio por su sistema de participación ciudadana. El premio no entrega recursos económicos: ofrece una presea, una constancia y difusión mediática. El gobierno municipal omitió informar cuotas, inscripción, viáticos y gastos de representación.

SAN JUAN DEL RÍO, Qro., 7 de Noviembre del 2026.— Roberto Cabrera Valencia convirtió en noticia oficial la recepción de un premio entregado por una asociación política cercana a su propio partido, pero dejó fuera el dato que realmente interesa a quienes pagan impuestos: cuánto costó participar, viajar y recoger el reconocimiento en León, Guanajuato.

El alcalde recibió el Premio Francisco Villarreal Torres 2026 por el Sistema Municipal para la Participación Ciudadana. Viajó acompañado por su esposa, Gina Sánchez Barrios, presidenta del Patronato del DIF municipal, aunque la información difundida por el Ayuntamiento no especificó quién cubrió el traslado, hospedaje, alimentación y demás gastos de ambos ni cuántos funcionarios integraron la comitiva.

Tampoco informó si San Juan del Río paga una cuota anual a la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes —razón social de la ANAC—, si existió una tarifa para registrar el proyecto o cuánto tiempo y recursos públicos fueron utilizados para preparar la postulación.

No es un premio independiente

El reconocimiento no proviene de una universidad, un organismo ciudadano autónomo, una institución académica ni una agencia especializada en evaluar gobiernos. Lo concede la ANAC, una organización creada para agrupar, capacitar y proyectar a los llamados “gobiernos humanistas”, denominación utilizada por Acción Nacional para identificar a sus administraciones.

La propia organización reconoce que busca brindar “representación y proyección política” a quienes encabezan gobiernos locales. Su presidente nacional es Mauricio Tabe, alcalde panista de Miguel Hidalgo y exdirigente del PAN en la Ciudad de México. La ceremonia fue encabezada también por el presidente nacional de ese partido, Jorge Romero Herrera, y por la gobernadora panista de Guanajuato, Libia Dennise García.

La naturaleza partidista no invalida automáticamente las experiencias evaluadas, pero sí impide vender el resultado como una certificación neutral o independiente. Es, en esencia, una organización de gobiernos panistas reconociendo programas desarrollados por gobiernos de su mismo entorno político. La propia Organización de los Estados Americanos ha descrito históricamente a la ANAC como un espacio político partidista vinculado a los ayuntamientos de Acción Nacional.

¿Cuánto vale realmente el galardón?

El premio no consiste en dinero, financiamiento adicional ni recursos para mejorar servicios públicos. De acuerdo con la página oficial de la ANAC, las administraciones ganadoras reciben una presea, una constancia con holograma y difusión de su experiencia en los medios de la propia asociación.

Su convocatoria pública no muestra de manera accesible el costo de inscripción y el Ayuntamiento tampoco reveló alguna cifra. Por ello, hasta ahora no es posible conocer el costo total que representó para el erario sanjuanense:

• La eventual afiliación o cuota anual a la ANAC.
• La inscripción y elaboración del expediente concursante.
• Los traslados a León, Guanajuato.
• Hospedaje, alimentos y gastos de representación.
• El número de integrantes de la comitiva.
• Los recursos utilizados para promover posteriormente la premiación.

En otras palabras, no se puede afirmar cuánto costó el reconocimiento porque la administración de Cabrera no proporcionó la información necesaria. Esa ausencia no es un detalle menor: cuando una autoridad utiliza un galardón para promocionar su gestión, también debe transparentar los recursos públicos invertidos para obtenerlo y difundirlo.

Un premio diseñado para generar posicionamiento

La ANAC es explícita sobre el componente propagandístico de sus servicios: asegura que produce contenido para posicionar mediáticamente a sus afiliados como referentes de “buenos gobiernos” y que sus premios buscan proyectar sus resultados nacional e internacionalmente.

Por ello, la participación de San Juan del Río tiene una evidente utilidad para la construcción de imagen de Cabrera Valencia. No se trata únicamente de compartir una política pública: el alcalde obtiene fotografías, discursos, publicaciones institucionales y la narrativa de que su administración fue reconocida nacionalmente.

La edición tampoco fue particularmente restrictiva. De más de 150 proyectos registrados, la ANAC reconoció 41 experiencias en 16 categorías. Esto significa que aproximadamente 27 de cada 100 proyectos participantes recibieron un galardón: más de uno por cada cuatro postulaciones.

El sistema debe probar resultados, no coleccionar preseas

San Juan del Río tiene un Sistema Municipal para la Participación Ciudadana integrado por 14 consejos y 114 consejeras y consejeros. También se anunció una bolsa cercana a seis millones de pesos para proyectos ciudadanos durante 2026.

Sin embargo, un premio entregado dentro del circuito político del PAN no sustituye una evaluación pública. Para acreditar que el sistema funciona, el gobierno municipal tendría que informar cuántas propuestas ciudadanas recibió, cuántas se aprobaron, cuánto presupuesto se ejerció, qué comunidades fueron beneficiadas y cuántas decisiones de los consejos resultaron vinculantes para la autoridad.

La plataforma municipal sostiene que la ciudadanía puede intervenir en la planeación, vigilar acciones y decidir el destino de una parte del presupuesto. Sistema de Participación Ciudadana Pero la información promocional del premio no presentó indicadores, auditorías externas, encuestas de satisfacción ni resultados verificables que permitan medir esa participación.

El reconocimiento puede servir como escaparate político, pero no acredita por sí mismo que San Juan del Río sea más democrático, transparente o eficiente. Mucho menos justifica que los posibles gastos asociados permanezcan fuera de la información pública.

Antes de celebrar una placa otorgada entre gobiernos del mismo partido, Cabrera debería publicar las facturas del viaje, las cuotas pagadas a la ANAC, el expediente inscrito, la metodología completa de evaluación y los resultados concretos del programa premiado. La participación ciudadana comienza precisamente ahí: permitiendo que la ciudadanía conozca cuánto se gastó para que su alcalde regresara con una fotografía y una presea.

The post Premio entre panistas: Cabrera presume galardón sin transparentar cuánto costó a San Juan del Río appeared first on LYPmultimedios.

La propuesta representa 2 mil 771.6 millones de pesos adicionales en términos nominales, pero todavía no es definitiva. El dictamen pasó la comisión de San Lázaro y deberá discutirse en el Pleno a partir del 9 de noviembre.

Querétaro, Qro., 7 de noviembre de 2026.— Querétaro recibiría 52 mil 43.5 millones de pesos de gasto federalizado durante 2027, de mantenerse sin cambios el dictamen que será discutido por el Pleno de la Cámara de Diputados.

La cifra supera en 2 mil 771.6 millones los 49 mil 271.9 millones aprobados para la entidad en 2026. El crecimiento nominal es de aproximadamente 5.6%; al descontar la inflación estimada, el avance real sería de 2.3%.

Diputados federales y locales de Morena presentaron estas cifras para responder a los señalamientos del PAN sobre una presunta insuficiencia de recursos federales para Querétaro.

Sin embargo, el dinero todavía no puede considerarse plenamente asegurado. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen y lo turnó al Pleno de San Lázaro, cuya discusión está prevista a partir del lunes 9 de noviembre. La Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos.

A diferencia de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y no requiere aprobación del Senado.

Más recursos, pero no 2 mil 771 millones de poder adquisitivo adicional

El incremento nominal de 2 mil 771.6 millones compara cantidades expresadas en pesos de años diferentes. Una parte compensará el encarecimiento de bienes, servicios, salarios y obras públicas.

Por esa razón, el dato que permite medir mejor la ganancia presupuestaria es el crecimiento real de 2.3%, que descuenta el efecto estimado de la inflación.

El monto corresponde a gasto federalizado, una categoría que puede integrar participaciones, aportaciones, convenios, subsidios y otros recursos transferidos desde la Federación al estado y sus municipios.

No se trata necesariamente de una sola bolsa de libre disposición ni de dinero obtenido exclusivamente mediante gestiones legislativas. Una parte importante de las transferencias se distribuye conforme a fórmulas establecidas en la legislación fiscal, mientras otros componentes tienen objetivos y reglas específicas.

Falta conocer el desglose para Querétaro

Los legisladores señalaron que educación, salud y bienestar figuran entre las prioridades nacionales del gasto federal. No obstante, durante la presentación no difundieron un desglose que permita conocer cuánto de los 52 mil 43.5 millones correspondería específicamente a cada sector en Querétaro.

Sin esa información todavía no es posible determinar:

• Cuánto recibirán el gobierno estatal y cada uno de los 18 municipios.
• Qué proporción será de libre disposición.
• Cuánto estará etiquetado para educación, salud, seguridad o infraestructura.
• Qué fondos aumentarán y cuáles podrían disminuir.
• Qué obras o programas tendrán recursos identificables para la entidad.

La propuesta presupuestaria completa puede cambiar mediante las reservas y reasignaciones que se discutan en el Pleno.

A nivel nacional, el dictamen contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. La Comisión de Presupuesto lo aprobó con 33 votos a favor y 12 en contra, de acuerdo con el Canal del Congreso.

¿Qué significa la cifra de 17 mil pesos por habitante?

Los representantes de Morena calcularon que Querétaro recibiría alrededor de 17 mil pesos federales por habitante.

Ese indicador puede servir para comparar entidades, pero no significa que cada persona recibirá directamente esa cantidad. Los recursos financian servicios, nóminas, infraestructura, programas y obligaciones gubernamentales.

La conferencia tampoco presentó la población utilizada para efectuar el cálculo ni una tabla homogénea que permita comparar a Querétaro con las demás entidades bajo los mismos conceptos presupuestarios.

Para que la comparación sea válida debe considerar, además de la población, factores como pobreza, matrícula escolar, infraestructura sanitaria, recaudación, extensión territorial y fórmulas de participaciones y aportaciones.

La diferencia entre proyectar, aprobar y gastar

Los legisladores pidieron distinguir entre presupuesto proyectado, aprobado y ejercido. Esa precisión también debe aplicarse a las cifras que presentaron.

Los 52 mil 43.5 millones corresponden actualmente a una previsión incluida en el dictamen, no al dinero que ya llegó a Querétaro. Después de la aprobación será necesario revisar el decreto definitivo y, durante 2027, vigilar los calendarios de transferencia y los recursos efectivamente ejercidos.

Morena también destacó una reducción real de 3.1% en el presupuesto de la Oficina de la Presidencia como ejemplo de austeridad. Ese ajuste forma parte del gasto nacional, pero no modifica por sí mismo la cantidad asignada a Querétaro.

La discusión política se ha concentrado en quién gestionó más recursos. Para la ciudadanía, la evaluación útil será otra: cuánto dinero quedó finalmente aprobado, en qué fondos, para cuáles municipios y programas, cuándo fue transferido y qué resultados produjo.

Hasta que concluya la votación del Pleno, los 52 mil millones deben presentarse como una asignación proyectada, no como un recurso definitivo.

The post Querétaro perfila 52 mil mdp federales para 2027; el aumento real sería de 2.3% y aún falta el Pleno appeared first on LYPmultimedios.

La iniciativa garantizaría al personal del sector público estatal un mínimo de seis días con sueldo y mantendría el descanso por maternidad cuando ocurra una muerte fetal, perinatal o neonatal. Para trabajadores de empresas privadas, el cambio dependerá del Congreso de la Unión.

Querétaro, Qro., 6 de noviembre de 2026.— Madres y padres que enfrenten la pérdida de un embarazo o la muerte de un hijo durante el periodo perinatal o neonatal podrían acceder a una licencia laboral pagada y recibir atención psicológica especializada mediante la iniciativa denominada “Ley Cunas Vacías”.

La propuesta es impulsada en Querétaro por la diputada local Teresita Calzada Rovirosa, de Movimiento Ciudadano, como complemento de una reforma federal presentada por la diputada Laura Ballesteros Mancilla.

El proyecto busca evitar que una familia deba reincorporarse inmediatamente al trabajo después de una pérdida o poner en riesgo su empleo para atravesar el duelo.

Sin embargo, las reformas federal y estatal tienen alcances diferentes. El Congreso de Querétaro solamente puede modificar las condiciones laborales del personal de los Poderes del estado, municipios, organismos autónomos y entidades públicas locales. Los derechos de quienes trabajan para empresas privadas dependen de la legislación federal.

¿Qué derechos propone para Querétaro?

La reforma local modificaría los artículos 33 y 51 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

El artículo 33 establece actualmente 90 días de descanso con goce de sueldo por maternidad. La propuesta pretende garantizar ese periodo aun cuando ocurra una muerte fetal, perinatal o neonatal, sin condicionar la prestación a que el bebé sobreviva.

El artículo 51 incorporaría una licencia autónoma de duelo de por lo menos seis días laborables, con salario íntegro, para madres y padres trabajadores.

El permiso no afectaría la antigüedad, estabilidad laboral ni demás derechos adquiridos. Para solicitarlo sería suficiente presentar un certificado médico o un documento expedido por la institución de salud que atendió el caso.

La información difundida no aclara si, en el caso de las madres, los seis días de duelo se sumarían a los 90 días del descanso por maternidad o si quedarían comprendidos dentro de ese periodo. Ese punto deberá precisarse durante el análisis legislativo para evitar interpretaciones distintas entre dependencias.

La ley vigente contempla permisos relacionados con el nacimiento, pero no reconoce expresamente una licencia específica para ambos progenitores ante una pérdida gestacional, fetal, perinatal o neonatal.

El sector privado depende de una reforma federal

La propuesta presentada en la Cámara de Diputados plantea modificar la Ley Federal del Trabajo para conceder seis semanas de licencia remunerada a madres y padres del sector privado, además de permitir esquemas temporales de trabajo parcial o remoto.

Para las personas servidoras públicas federales se plantea un mínimo de seis días con sueldo.

La diferencia es considerable: seis semanas para el sector privado frente a seis días para el servicio público federal y local. La discusión legislativa deberá explicar el criterio utilizado y determinar si existen razones suficientes para establecer periodos tan distintos ante una misma pérdida.

Laura Ballesteros sostuvo que Querétaro puede avanzar en la protección de sus trabajadores públicos sin esperar a que concluya el proceso federal. Esto significa que una eventual aprobación local no beneficiaría automáticamente a todas las personas trabajadoras del estado.

La cifra utilizada ya tiene una actualización

Las legisladoras señalaron que México registró 23 mil 541 muertes fetales durante 2023. El dato coincide con las estadísticas oficiales del INEGI.

No obstante, la información más reciente muestra que en 2024 se registraron 22 mil 32 defunciones fetales en el país. De ellas, 81.8% ocurrió antes del parto y 16.8% durante este.

En Querétaro se documentaron 424 muertes fetales durante 2023, de acuerdo con la base estatal del mismo instituto.

Las estadísticas de defunción fetal no incluyen necesariamente todos los casos de pérdida gestacional temprana. Por ello, el universo de familias que podrían requerir acompañamiento es más amplio que el reflejado en los registros administrativos.

Atención médica y psicológica

El planteamiento también propone atención psicológica y tanatológica, acompañamiento durante el parto y puerperio y capacitación del personal sanitario para evitar prácticas insensibles o revictimizantes.

La información presentada no especifica qué leyes sanitarias se reformarían en Querétaro, qué instituciones prestarían los servicios, durante cuánto tiempo ni con qué presupuesto.

Tampoco se precisan las definiciones clínicas de pérdida gestacional, muerte fetal, perinatal y neonatal. Incorporarlas será indispensable para establecer desde qué momento se generan los derechos, qué documentos serán válidos y quién podrá solicitarlos.

La iniciativa todavía no es ley

La propuesta local deberá ser ingresada formalmente, turnada a comisión, dictaminada y votada por el Pleno del Congreso. En caso de aprobación, todavía requerirá promulgación y publicación para entrar en vigor.

Su análisis también deberá calcular el impacto presupuestario para municipios y dependencias, establecer mecanismos de suplencia laboral y asegurar que la solicitud no obligue a las familias a exponer información médica innecesaria.

La relevancia de la iniciativa no radica únicamente en conceder días libres. Su alcance estará en reconocer que una pérdida gestacional o perinatal produce consecuencias físicas y emocionales que no desaparecen cuando termina la atención hospitalaria, y que el derecho laboral debe ofrecer tiempo, privacidad y estabilidad para atravesarlas.

The post Duelo gestacional sin castigo laboral: proponen licencia pagada para madres y padres en Querétaro appeared first on LYPmultimedios.

La iniciativa plantea crear una figura jurídica específica, transparentar el uso de agua y electricidad y exigir reportes anuales. Activistas también solicitaron suspender temporalmente nuevas autorizaciones, aunque esa petición no aparece claramente incorporada en la reforma presentada.

Querétaro, Qro., 6 de noviembre de 2026.— Los centros de datos que pretendan instalarse en Querétaro tendrían que someterse obligatoriamente a una evaluación de impacto ambiental, informar cuánta agua y electricidad consumirán y pasar por una consulta pública temprana, de aprobarse una iniciativa presentada en el Congreso local.

La propuesta fue promovida por los diputados de Morena Eric Silva Hernández y Claudia Díaz Gayou, quienes acompañaron a Teresa Roldán Soria y Lorenia Trueba Almada, integrantes del colectivo Voceras de la Madre Tierra.

El proyecto busca reformar el Código Ambiental de Querétaro para reconocer legalmente a los centros de datos como una actividad con requerimientos particulares de energía, agua, territorio, refrigeración y manejo de residuos.

Actualmente, según los promoventes, la legislación estatal no contiene una categoría específica para esta infraestructura tecnológica, lo que dificulta conocer sus impactos acumulados y establecer obligaciones uniformes.

¿Qué cambiaría con la iniciativa?

La propuesta plantea cuatro obligaciones principales:

• Evaluación de impacto ambiental específica y obligatoria antes de autorizar un centro de datos.
• Consulta pública temprana, previa a la aprobación definitiva de los proyectos.
• Creación de un inventario público con las instalaciones existentes y los recursos naturales que utilizan.
• Presentación obligatoria de un informe ambiental anual, en lugar de mantenerlo como un ejercicio voluntario.

Eric Silva sostuvo que parte de la información sobre consumo de agua y electricidad permanece reservada, por lo que la reforma buscaría convertirla en un insumo público para evaluar el costo ambiental del crecimiento tecnológico.

La consulta ciudadana ya aparece como una posibilidad dentro de la legislación ambiental, explicó el diputado, pero la iniciativa pretende regular sus etapas y volverla obligatoria para esta industria.

Querétaro concentra capacidad, no necesariamente 70% de las instalaciones

Claudia Díaz Gayou afirmó que Querétaro concentra más del 70% de los centros de datos instalados en México. Sin embargo, la medición documentada por la industria corresponde principalmente a capacidad energética instalada, no necesariamente al número de edificios o empresas.

La Asociación Mexicana de Centros de Datos reportó en mayo que Querétaro concentraba 72% de los 279 megawatts instalados entonces en el país. La diferencia es relevante: contar instalaciones y medir su capacidad eléctrica son indicadores distintos.

Datos más recientes atribuidos a la Secretaría de Desarrollo Sustentable señalan que existen 12 instalaciones operativas, con alrededor de 250 megawatts, además de 18 proyectos pendientes de construcción.

Estas cifras confirman el peso de Querétaro en la industria, pero también evidencian la necesidad de un registro único que distinga empresas, complejos, edificios, capacidad instalada y proyectos anunciados.

El gobierno estatal ya prepara mediciones para 2027

La iniciativa llega después de que la Secretaría de Desarrollo Sustentable anunciara que aplicará la Cédula de Operación Anual a los centros de datos para medir consumo de agua, emisiones y residuos.

El gobierno estatal ha señalado que comenzará a publicar esta información en 2027. La propuesta legislativa buscaría que la entrega de datos deje de depender de acuerdos administrativos y se convierta en una obligación establecida en la ley.

La reforma tendría que precisar qué información será pública, cuál podría reservarse por razones de seguridad industrial y qué autoridad verificaría que las cifras entregadas por las empresas sean correctas.

También deberá establecer sanciones por incumplimiento, metodología de medición y mecanismos de coordinación con instancias federales. La asignación de agua corresponde a la Comisión Nacional del Agua, mientras que el suministro eléctrico involucra a la CFE y al Centro Nacional de Control de Energía.

Agua, electricidad y empleos bajo discusión

Las promoventes cuestionaron que la atracción de centros de datos sea presentada únicamente como un logro económico, sin publicar previamente su demanda de recursos ni sus efectos territoriales.

Teresa Roldán advirtió que Querétaro enfrenta condiciones recurrentes de estrés hídrico y sostuvo que el desarrollo no debe evaluarse únicamente por el volumen de inversión, sino también por sus consecuencias sobre el agua, los ecosistemas y las comunidades.

Díaz Gayou, por su parte, cuestionó las promesas de generación de empleo asociadas con esta industria. Los grandes proyectos sí producen miles de puestos durante su construcción, pero requieren plantillas considerablemente menores cuando comienzan a operar.

El proyecto de CloudHQ anunciado para Querétaro, por ejemplo, contempla una inversión de 4 mil 800 millones de dólares y seis centros de datos. El Gobierno federal estimó 7 mil 200 empleos durante la construcción y 900 puestos permanentes. La empresa aseguró que empleará refrigeración sin agua.

Estas diferencias muestran por qué la evaluación debe realizarse proyecto por proyecto: no todos los centros tienen la misma capacidad, sistema de enfriamiento, consumo hídrico, demanda eléctrica ni generación de empleo.

Activistas piden detener nuevas autorizaciones

Lorenia Trueba solicitó una suspensión provisional de nuevas aprobaciones mientras se construye el marco regulatorio y se conoce la disponibilidad real de agua y energía.

La petición de moratoria debe distinguirse del contenido confirmado de la iniciativa. La información presentada no precisa si la suspensión forma parte del articulado, cuánto duraría, qué proyectos alcanzaría ni bajo qué facultad podría decretarse.

La propuesta apenas inicia su recorrido legislativo. Tendrá que ser turnada a comisión, analizada, eventualmente modificada y votada por el Pleno. Después requeriría su publicación para entrar en vigor.

Su alcance dependerá de aspectos que aún deben conocerse: las sanciones, los límites de consumo, los criterios para autorizar proyectos, la autoridad encargada de inspeccionarlos y el tratamiento de las inversiones que ya se encuentran en desarrollo.

El debate de fondo no consiste solamente en aceptar o rechazar centros de datos. La pregunta es bajo qué reglas pueden operar en una entidad que busca inversión tecnológica, pero necesita conocer con precisión cuánta agua, electricidad y territorio compromete para sostenerla.

The post Morena propone reglas ambientales para data centers: evaluación obligatoria, consulta y consumo público appeared first on LYPmultimedios.

Colón, Corregidora, Peñamiller y San Juan del Río propusieron conservar sus tablas de 2026, pero podrían enfrentar una actualización inflacionaria. La comisión legislativa terminó en receso sin aprobar un dictamen y la información difundida no detalló el caso de Querétaro capital.

Querétaro, Qro., 6 de noviembre de 2026.— La mayoría de los municipios expuestos ante la Comisión de Planeación y Presupuesto perfiló actualizaciones cercanas al 4% en los valores catastrales de suelo y construcción para 2027, mientras cuatro ayuntamientos plantearon conservar las cifras vigentes.

La revisión todavía no implica un aumento automático en el impuesto predial. Las tablas determinan el valor fiscal de los inmuebles, pero el pago final dependerá de las tasas, fórmulas, descuentos y topes que cada ayuntamiento incluya posteriormente en su Ley de Ingresos.

Tampoco existe una resolución definitiva: la comisión decretó un receso después de escuchar a autoridades municipales, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado y el Instituto Registral y Catastral. El análisis continuará mediante una nueva convocatoria.

Trece municipios aceptaron alguna actualización

De los 17 municipios cuyos datos fueron desarrollados en la sesión, 13 respaldaron total o sustancialmente las propuestas técnicas del Instituto Registral y Catastral:

• Amealco, Arroyo Seco, Cadereyta, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Pinal de Amoles, San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán.

Las actualizaciones planteadas generalmente rondan el 4% para suelo rústico y el 3.97% para construcciones. En suelo urbano existen variaciones según las condiciones inmobiliarias de cada territorio.

Entre los incrementos urbanos aceptados más elevados aparecen Landa de Matamoros, con 4.8%; Tolimán, con 4.75%; Pedro Escobedo, con 4.67%; Huimilpan, con 4.43%, y Cadereyta, con 4.3%.

El Marqués propuso 4.23% para suelo urbano, 4% en suelo rústico y 3.97% en construcciones. Su representación argumentó que el crecimiento habitacional, industrial y comercial obliga a evitar un rezago entre los valores catastrales y los precios del mercado.

Cuatro municipios buscaron congelar las tablas

Colón, Corregidora, Peñamiller y San Juan del Río enviaron propuestas que mantienen los valores aprobados para 2026, con el argumento de proteger la economía familiar.

Sin embargo, el presidente de la comisión, Luis Gerardo Ángeles Herrera, señaló que esos valores podrían actualizarse conforme a la inflación, aunque los ayuntamientos hayan remitido las mismas cantidades.

La Ley de Catastro para el Estado de Querétaro contempla mecanismos de actualización mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el indicador del costo de la construcción cuando no sean autorizadas nuevas tablas.

En Corregidora, el Instituto Registral propuso ajustes de 4% en suelo rústico, 3.97% en construcciones y 6.67% en suelo urbano. El municipio rechazó el incremento general, aunque planteó incorporar 15 nuevos códigos para clasificar con mayor precisión distintas zonas.

Para San Juan del Río, la propuesta técnica contemplaba aumentos de 6% en suelo rústico, 3.97% en construcciones y 4.31% en suelo urbano. El ayuntamiento decidió conservar sus valores, pero la ESFE detectó cinco claves nuevas y observaciones relacionadas con determinadas vialidades.

Colón también rechazó una propuesta de 6% para suelo rústico y 3.52% para suelo urbano. Peñamiller argumentó que cualquier actualización trasladaría una carga adicional a las familias.

Actualizar el catastro no equivale a subir el predial

puede aprobar valores catastrales más cercanos al mercado y, en una etapa posterior, establecer límites al crecimiento del predial mediante las leyes de ingresos.

Como ejemplo, señaló que un inmueble podría aumentar su valor fiscal sin que necesariamente crezca en la misma proporción la cantidad pagada por su propietario, siempre que se aprueben topes o mecanismos de protección.

Esta distinción será central en la discusión: actualizar el catastro modifica la base utilizada para calcular contribuciones y realizar operaciones patrimoniales, pero el recibo final depende también de las tarifas y disposiciones fiscales municipales.

San Joaquín, por ejemplo, aceptó actualizar sus valores, pero anunció que propondrá un tope en su Ley de Ingresos para evitar un incremento del predial durante 2027.

El discurso no coincidió completamente con las cifras

Durante la sesión, el diputado Ulises Gómez de la Rosa celebró que “la gran mayoría” de los municipios hubiera optado por no variar sus tablas. Sin embargo, los datos expuestos en la propia reunión muestran que al menos 13 de los 17 casos detallados sí aceptaron alguna actualización, mientras cuatro propusieron mantener los valores de 2026.

Gómez pidió que las tablas se sustenten en criterios técnicos y evaluaciones sobre sus efectos sociales, al considerar que el patrimonio familiar no debe utilizarse como una salida sencilla para aumentar la recaudación municipal.

Aunque la comisión informó que recibió las propuestas de los 18 municipios, la relatoría difundida no incluyó los porcentajes ni la posición del municipio de Querétaro. Esa ausencia impide conocer el panorama completo de la entidad y resulta especialmente relevante por el tamaño de su padrón inmobiliario.

El siguiente paso será reanudar la sesión, resolver las diferencias técnicas y votar los dictámenes. Después llegará la discusión de las leyes de ingresos, donde se conocerá si los ayuntamientos establecerán topes y cuánto podría cambiar realmente el predial que pagarán las familias en 2027.

The post Catastro 2027: trece municipios perfilan ajustes cercanos al 4%; el predial aún no está decidido appeared first on LYPmultimedios.

Corregidora, Querétaro, 6 de noviembre de 2026.— El gobierno municipal de Corregidora, encabezado por el panista Josué David Guerrero Trápala, enfrenta cuestionamientos por contratos que suman 8 millones 506 mil 712.65 pesos adjudicados a Gabinete 369, empresa constituida por personas con antecedentes políticos en Acción Nacional.

El caso adquirió una nueva dimensión después de que se difundieran fotografías de funcionarios municipales durante unas vacaciones en Playa Majahuitas, Jalisco, junto con Arturo Rodríguez Rivera, socio de la compañía beneficiada con las contrataciones.

La investigación fue publicada originalmente por Libertad de Palabra, que documentó tanto los contratos como la posterior clasificación de información relacionada con la empresa. Los hallazgos también fueron retomados por Proceso.

La controversia plantea una pregunta central: ¿por qué un gobierno que asegura promover la transparencia restringe el acceso a documentos relacionados con millones de pesos de recursos públicos?

Contratos millonarios y reportes de 200 mil pesos

Gabinete 369, S.A. de C.V., fue constituida el 5 de octubre de 2023 en Naucalpan, Estado de México, por Arturo Rodríguez Rivera y Gustavo Suárez Suárez, ambos con antecedentes de participación política en el PAN.

Las investigaciones periodísticas identificaron cuatro contratos con el gobierno de Corregidora:

• SAY/DJ/321/2025: 4 millones 500 mil pesos por análisis de riesgo e inteligencia en comunicación pública.
• SAY/DJ/116/2026: 3 millones de pesos por servicios de la misma naturaleza.
• SAY/DJ/003/2026: 782 mil pesos por consultoría administrativa.
• SAY/DJ/130/2026: 224 mil 712.65 pesos por servicios relacionados con consultoría.

Uno de los gastos documentados corresponde a una factura de un millón de pesos, emitida el 13 de marzo de 2026, por cinco reportes de análisis de riesgo e inteligencia en comunicación pública elaborados durante una semana.

El costo promedio fue de 200 mil pesos por reporte.

Sin acceso al contenido de esos estudios, resulta imposible evaluar de manera independiente su metodología, alcance, utilidad y correspondencia con los montos pagados.

La contratación de servicios especializados no constituye por sí misma una irregularidad. Sin embargo, cuando se utilizan recursos públicos, resulta necesario conocer qué se contrató, qué se entregó y cómo se justificó el gasto.

Vacaciones con el proveedor: funcionarios y un regidor en las fotografías

Las imágenes difundidas originalmente en Instagram por Sandra Ortiz Olalde, pareja del jefe de Gabinete municipal, muestran a Arturo Rodríguez Rivera durante un viaje a Playa Majahuitas, cerca de Puerto Vallarta.

Entre los participantes identificados por las investigaciones periodísticas aparecen Carlos Antonio Contreras López, jefe de Gabinete de Corregidora; Francisco Castro Alegría, director del DIF municipal, y Ricardo Domínguez Moreno, regidor del Ayuntamiento.

La presencia de Contreras López resulta particularmente relevante porque su oficina promovió una de las contrataciones de Gabinete 369.

Mediante el oficio JG/05/2026, fechado el 2 de enero de 2026, solicitó servicios de consultoría administrativa por 782 mil pesos antes de impuestos.

Hasta ahora no se ha establecido públicamente quién pagó las vacaciones, si los funcionarios cubrieron sus propios gastos o si existió algún beneficio económico proporcionado por el empresario.

La convivencia no demuestra por sí misma un delito ni una falta administrativa. No obstante, plantea la necesidad de esclarecer si existían relaciones personales o intereses que debieron declararse durante los procedimientos de contratación.

Ricardo Domínguez Moreno: de Querétaro Seguro al Ayuntamiento

Entre los participantes del viaje destaca Ricardo Domínguez Moreno, cuya trayectoria electoral permite identificar vínculos políticos más allá del PAN.

En las elecciones de 2024, Domínguez Moreno fue registrado como candidato a regidor de representación proporcional por el partido Querétaro Seguro, dentro de la planilla encabezada por María Gabriela Moreno Mayorga, conocida políticamente como Gaby Moreno (madre).

Moreno Mayorga había participado en el Partido del Trabajo, buscó incorporarse a MORENA y posteriormente se incorporó a Querétaro Seguro, organización política encabezada por Concepción «Connie» Herrera Martínez, para competir por la presidencia municipal de Corregidora.

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro documentó la participación de ambos en la misma fórmula electoral.

Este antecedente permite observar que la convivencia registrada en Jalisco no involucró únicamente a funcionarios vinculados al partido gobernante, sino también a un representante popular procedente de otra fuerza política.

Su presencia plantea preguntas sobre la relación del regidor con los funcionarios municipales y con el proveedor, así como sobre su conocimiento de las contrataciones y de la decisión de reservar los documentos.

Transparencia: ¿puede reservarse información sobre contratos públicos?

El gobierno de Corregidora justificó la reserva de contratos, facturas y reportes bajo el argumento de que existe una investigación relacionada con las contrataciones y de que su divulgación podría afectar el debido proceso.

Según la investigación de Libertad de Palabra, la clasificación fue aprobada por el Comité de Transparencia municipal en sesiones del 7 y 14 de octubre de 2026.

Sin embargo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la reserva debe ser excepcional y estar debidamente fundada y motivada.

Su artículo 106 exige justificar la clasificación, aplicar una prueba de daño y señalar el plazo durante el cual permanecerá reservada la información.

Además, el artículo 120 contempla la elaboración de versiones públicas cuando un documento contiene información que legalmente debe protegerse.

Esto significa que la existencia de una investigación no elimina automáticamente las obligaciones de transparencia. La autoridad debe explicar por qué divulgar información específica afectaría el procedimiento y por qué esa restricción resulta proporcional.

De acuerdo con los reportajes consultados, la respuesta municipal no precisó públicamente el periodo de reserva y tampoco estaban disponibles las actas de las sesiones en las que se aprobó la clasificación.

Para evaluar la legalidad de esa decisión es indispensable conocer las resoluciones completas del Comité de Transparencia y las pruebas de daño correspondientes.

Una jubilación y otras contrataciones bajo escrutinio

La investigación también identificó la intervención de Juan Antonio Escárcega Ramírez, exdirector de Comunicación Social de Corregidora.

El 4 de marzo de 2026 solicitó la elaboración de un contrato por tres millones de pesos a favor de Gabinete 369.

Veintidós días después, el 26 de marzo, el Ayuntamiento autorizó su pensión por vejez, por un monto mensual de 30 mil 201.50 pesos.

La proximidad temporal entre ambos acontecimientos requiere una explicación administrativa, pero no constituye evidencia de que la jubilación haya sido consecuencia de la contratación.

Por otra parte, Gabinete 369 también aparece registrada como proveedora del DIF municipal de Corregidora, cuyo patronato preside Gabriela Eloísa Trápala Martínez, madre del alcalde.

El registro como proveedor no acredita por sí mismo la existencia de compras adicionales.

El discurso de transparencia frente a la reserva documental

El caso contrasta con declaraciones públicas de Josué Guerrero sobre la importancia de transparentar el ejercicio de los recursos municipales.

El 26 de octubre, un día después de la publicación del reportaje sobre las vacaciones, el alcalde difundió una fotografía con integrantes de su administración, a quienes describió como un equipo unido.

En la imagen aparecía Carlos Antonio Contreras López, uno de los funcionarios señalados como participantes del viaje.

La publicación no respondió directamente a los cuestionamientos sobre Gabinete 369.

De acuerdo con las investigaciones consultadas, se solicitaron entrevistas al presidente municipal, al jefe de Gabinete y a la responsable de Comunicación Social, sin que se concretaran hasta el cierre de aquellos reportajes.

Las preguntas que Corregidora todavía debe responder

El asunto central no es únicamente la relación social entre funcionarios y empresarios, sino la posibilidad de comprobar que las contrataciones se realizaron conforme a la ley y que los servicios efectivamente fueron entregados.

Por ello, permanecen pendientes varias respuestas:

1. ¿Qué resultados concretos produjeron los estudios contratados por más de 8.5 millones de pesos?
2. ¿Qué procedimiento se utilizó para seleccionar a Gabinete 369 y qué otras empresas participaron?
3. ¿Cuál es el número de expediente, la autoridad investigadora y el alcance de la investigación anunciada?
4. ¿Qué prueba de daño y qué plazo justifican la reserva de contratos, facturas y entregables?
5. ¿Quién pagó el viaje a Majahuitas y existió algún beneficio proporcionado por el proveedor?
6. ¿Qué relación mantienen los funcionarios y el regidor Ricardo Domínguez Moreno con los socios de Gabinete 369?

Hasta el 6 de noviembre de 2026, la documentación periodística consultada no permite afirmar que exista una resolución administrativa o judicial que determine responsabilidades por estos hechos.

La transparencia no consiste únicamente en informar cuánto dinero se gastó, sino en permitir comprobar cómo, por qué y para qué se utilizó.

Mientras los documentos permanezcan restringidos, seguirá pendiente una explicación pública sobre el destino y los resultados de los recursos contratados por el gobierno de Corregidora.

Información elaborada por LYPmultimedios a partir de investigaciones originales de Libertad de Palabra, publicaciones de Proceso, registros electorales del IEEQ y legislación vigente en materia de transparencia.

The post Millones bajo reserva: Corregidora cierra el acceso a contratos y abre dudas sobre su transparencia appeared first on LYPmultimedios.

El diputado de Movimiento Ciudadano presentará sus resultados el 12 de noviembre. Las cifras difundidas equivalen a una aprobación del 41.4%, aunque falta conocer el contenido, autoría y alcance de cada propuesta.

Querétaro, Qro., 5 de noviembre de 2026.— El diputado local Paul Ospital Carrera anunció que el próximo jueves 12 de noviembre presentará su informe de actividades, con un balance que incluye 111 iniciativas promovidas ante el Congreso de Querétaro, de las cuales 46 han sido aprobadas.

Los datos reportados representan una proporción de aprobación del 41.4%. Las 65 propuestas restantes se encontrarían pendientes, rechazadas o en alguna otra etapa del procedimiento legislativo, condición que no fue detallada en la información difundida por su oficina.

El legislador de Movimiento Ciudadano comenzó esta semana la promoción del acto bajo el mensaje “Hacerlo mejor”, con el que plantea que Querétaro debe aprovechar sus condiciones de desarrollo y atender las brechas que todavía afectan la calidad de vida de su población.

Ospital sostuvo que mejorar las condiciones del estado no implica comenzar desde cero, sino reconocer los avances y corregir aquellos asuntos que permanecen sin solución.

Su informe se realizará en el Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos. Durante el encuentro se espera que exponga los resultados de su agenda, las causas que ha impulsado y sus compromisos para la etapa restante de la LXI Legislatura.

La cantidad de iniciativas constituye un primer indicador de productividad, pero no basta por sí sola para evaluar el desempeño parlamentario. Para elaborar un balance completo será necesario conocer cuántas propuestas fueron presentadas individualmente, cuáles se promovieron junto con otras bancadas, qué modificaciones generaron y cuál ha sido su impacto después de entrar en vigor.

También será relevante identificar el destino de las 65 iniciativas que no aparecen entre las aprobadas, así como la participación del diputado en comisiones, votaciones del Pleno, fiscalización y gestión presupuestaria.

El acto tendrá lugar en un contexto de creciente actividad partidista rumbo al proceso electoral de 2027. Por ello, el informe representa tanto un ejercicio de rendición de cuentas como una plataforma de posicionamiento público para el legislador y Movimiento Ciudadano.

La diferencia entre ambas dimensiones dependerá de la información que se presente: un informe verificable deberá ofrecer documentos, indicadores y resultados concretos que permitan a la ciudadanía contrastar el discurso político con el trabajo desarrollado en el Congreso.

The post Paul Ospital anuncia informe legislativo: reporta 111 iniciativas y 46 aprobadas appeared first on LYPmultimedios.

Los elementos fueron distinguidos por su colaboración con la cadena comercial en acciones de prevención, denuncia e intercambio de información. Las autoridades no presentaron cifras que permitan conocer cuántos delitos se evitaron o en qué proporción disminuyeron.

San Juan del Río, Qro., 5 de Noviembre del 2026.— Un grupo de 29 policías recibió reconocimientos por su participación en acciones de prevención del delito y por la coordinación establecida con establecimientos OXXO en San Juan del Río.

La distinción se concentró en el compromiso y desempeño de los elementos, así como en el uso de mecanismos de comunicación oportuna, denuncia e intercambio institucional de información entre la corporación municipal y la iniciativa privada.

El acto se realizó en la Estación de Bomberos número 3 “Gustavo Emilio Nieto Ruiz”, donde representantes de seguridad pública, organismos empresariales y la propia cadena comercial destacaron la necesidad de mantener canales de colaboración para responder ante incidentes y prevenir afectaciones en tiendas.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Iován Elías Pérez Hernández, afirmó que la corporación municipal ha trabajado para fortalecer su capacidad operativa y ofreció el respaldo estatal para mejorar la coordinación, preparación y respuesta policial.

“Una corporación, cuando trabaja con determinación, responsabilidad y sentido de equipo, merece encontrar en las demás instituciones aliados que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos”, expresó.

Piden ampliar la colaboración con comercios

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Saldívar Trejo, sostuvo que la seguridad depende de la preparación, vocación y desempeño de los integrantes de la corporación. También convocó a escuelas, comercios, industrias y empresas a construir mecanismos de colaboración con la Policía Municipal.

“El trabajo importa, el esfuerzo cuenta y su servicio merece ser reconocido”, señaló ante elementos y familiares.

Por parte de OXXO, el coordinador de Protección Patrimonial, Luis Miguel Mejía Monterrosas, indicó que la entrega busca reconocer el desempeño de los policías y su compromiso con la población de San Juan del Río.

Aunque se aseguró que esta coordinación ha contribuido a prevenir y reducir delitos en los establecimientos, durante el evento no se difundieron estadísticas sobre el número de incidentes atendidos, tipos de delito, detenciones, denuncias presentadas ni comparativos que permitan medir los resultados alcanzados.

La publicación de esos indicadores permitiría conocer el impacto real del modelo y determinar si la colaboración puede replicarse con otros comercios sin privilegiar la atención de una empresa sobre las necesidades generales de seguridad del municipio.

Al acto también acudieron representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, de la Asociación de Industriales de San Juan del Río y de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial.

En la parte final de la ceremonia, el presidente municipal Roberto Cabrera agradeció a OXXO el reconocimiento entregado a los agentes y al personal del C4 y de las áreas administrativas. La directora estatal de Proyectos Regionales, Tania Ruiz Castro, afirmó que la disciplina y el trabajo de los policías representan un motivo de orgullo para el municipio.

The post Reconocen a 29 policías de San Juan del Río por coordinación preventiva con OXXO appeared first on LYPmultimedios.

La presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Meza, encabezó un taller sobre las facultades, responsabilidades y funcionamiento del Poder Legislativo de Querétaro.

Querétaro, Qro., 5 de noviembre de 2026.— Estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) participaron en un taller dentro del Congreso de Querétaro para conocer el funcionamiento de la LXI Legislatura y las responsabilidades que asumen quienes ocupan una diputación local.

La actividad fue encabezada por Adriana Meza Argaluza, presidenta de la Mesa Directiva, y tuvo como propósito trasladar parte de la formación jurídica del aula al espacio donde se discuten, reforman y aprueban las normas estatales.

Durante el encuentro se explicaron las funciones y obligaciones de las diputadas y los diputados, así como la responsabilidad política e institucional que implica representar a la ciudadanía. También se abordó la participación del Poder Legislativo en la atención de asuntos públicos y en la construcción del marco jurídico de Querétaro.

El ejercicio permitió que el alumnado se aproximara a la operación cotidiana de una institución que, más allá de las sesiones del Pleno, desarrolla buena parte de su trabajo mediante comisiones, análisis de iniciativas, elaboración de dictámenes y construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

Meza Argaluza sostuvo que estos encuentros complementan la preparación académica de las nuevas generaciones al permitirles observar directamente el funcionamiento de las instituciones y comprender los alcances de la representación popular.

La legisladora también se pronunció por mantener abierto el Congreso a la participación de estudiantes y jóvenes, mediante espacios de diálogo que despierten su interés por los asuntos públicos y fortalezcan el conocimiento de sus derechos.

Para quienes estudian Derecho, el acercamiento tiene una dimensión práctica: permite identificar cómo una propuesta se convierte en iniciativa, qué proceso debe seguir antes de llegar al Pleno y qué consecuencias jurídicas y sociales puede tener una decisión legislativa.

La información institucional no precisó el número de estudiantes participantes, la duración del taller ni si esta actividad formará parte de un programa permanente de vinculación con universidades. Dar continuidad a estos ejercicios permitiría que la apertura legislativa trascienda una visita académica y se convierta en una herramienta constante de formación cívica.

The post Del aula al Congreso: estudiantes de Derecho de la EBC conocen cómo opera la Legislatura appeared first on LYPmultimedios.

La Secretaría Anticorrupción vinculó seis empresas con los hermanos Hernández Casillas y señaló una posible simulación de competencia. Claudia Sheinbaum ubicó el crecimiento del grupo durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE; el exconsejero rechazó cualquier responsabilidad. La ASF deberá determinar si existieron irregularidades y daño al erario.

Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.— El Gobierno federal abrió un nuevo frente en la disputa por las contrataciones electorales: una investigación elaborada con fuentes públicas identificó que empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas recibieron contratos por al menos 2 mil 740.3 millones de pesos de organismos electorales estatales entre 2015 y 2025.

La información fue presentada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, quien describió una estructura empresarial con décadas de presencia en el mercado electoral y un posible esquema para simular competencia en procedimientos de contratación.

El señalamiento todavía deberá ser corroborado mediante auditorías y, en su caso, investigaciones administrativas o penales. La revisión gubernamental se realizó con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, CompraNet y otras fuentes abiertas, por lo que sus conclusiones no equivalen todavía a una sentencia ni a una resolución firme de responsabilidad.

Contratos millonarios repartidos entre los OPLE

Según las cifras presentadas, entre 2015 y 2023 compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

La contratación continuó durante 2024 y 2025, cuando el mismo grupo empresarial recibió otros 646.3 millones de pesos provenientes de 15 organismos estatales. La suma acumulada durante ambos periodos alcanza los 2 mil 740.3 millones.

Entre las compañías identificadas aparecen Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández, además de otras sociedades que habrían participado en el suministro de urnas, mamparas y distintos materiales electorales.

La hipótesis de la Secretaría Anticorrupción sostiene que empresas relacionadas entre sí concurrían en un mismo procedimiento y aparentaban competir, aunque presuntamente coordinaban precios y condiciones para dejar como beneficiaria a alguna integrante del mismo grupo.

Las cantidades expuestas son preliminares y podrían modificarse conforme avance la fiscalización, debido a que no todos los contratos históricos se encuentran disponibles en las plataformas públicas.

Una ruta que comenzó en Gobernación

El rastreo gubernamental llevó los antecedentes del grupo hasta la década de 1980, cuando los hermanos Hernández Casillas trabajaron en el Registro Nacional de Población y, posteriormente, en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Ambos estuvieron vinculados laboralmente con Juan Carlos Padilla Aguilar, exfuncionario de Gobernación que años después ocupó posiciones en el Estado de México. En 1988 fue constituida Cartonera Plástica y en 1992 apareció Formas Finas Fernando Fernández.

Cartonera Plástica comenzó a participar como proveedora electoral en el Estado de México desde 1999. En 2005 obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del instituto electoral mexiquense, operación rodeada entonces por denuncias de irregularidades y presuntos sobornos que derivaron en la renuncia de siete consejeros estatales.

Posteriormente, el grupo diversificó sus empresas y extendió sus contratos hacia organismos electorales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas, Hidalgo y otras entidades.

Sheinbaum dirige los cuestionamientos hacia la gestión de Córdova

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la expansión de estas compañías ocurrió principalmente entre 2014 y 2023, periodo en el que Lorenzo Córdova presidió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

La mandataria también relacionó políticamente a antiguos funcionarios electorales con Somos México. La propia organización confirma que Córdova forma parte de su Consejo Consultivo, que Edmundo Jacobo Molina dirige su Centro de Formación y Profesionalización Política y que Marco Antonio Baños participa en su representación ante el INE. Sin embargo, su estructura oficial ubica la presidencia del partido en Guadalupe Acosta Naranjo y no en Córdova.

La reforma electoral de 2014 otorgó al Consejo General del INE la facultad de designar a las consejerías de los OPLE. No obstante, las contrataciones cuestionadas fueron realizadas por esos organismos estatales. El nombramiento de sus integrantes, por sí mismo, no acredita que la presidencia del INE ordenara o interviniera en cada adjudicación.

Esa conexión deberá sustentarse con expedientes, comunicaciones, decisiones administrativas o flujos financieros que permitan pasar de una coincidencia temporal y política a una responsabilidad comprobable.

Córdova rechaza responsabilidad

Lorenzo Córdova negó haber beneficiado a las empresas investigadas y aseguró que durante su administración únicamente recibieron tres contratos directamente del INE: uno por 40 mil pesos, otro por 87 mil y uno más por 400 mil pesos.

El exconsejero afirmó que su gestión fue fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación sin que se acreditaran irregularidades relacionadas con esas operaciones. También responsabilizó al Órgano Interno de Control de haber presionado para que determinados materiales fueran licitados en el mercado, en lugar de producirse mediante Talleres Gráficos de México.

Auditorías deberán convertir acusaciones en pruebas

Sheinbaum aclaró que la investigación histórica tampoco exime a Guadalupe Taddei ni a cualquier funcionario que hubiera participado en operaciones ilegales. Señaló que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación revisar los contratos y, si encuentra elementos, presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República o solicitar la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La Presidenta anunció además que propondrá un decreto para reforzar el Consejo de Administración de Talleres Gráficos de México, incorporar dependencias federales, instituciones académicas y a la ASF como observadora, con la intención de que una mayor proporción del material electoral sea fabricada por la empresa estatal.

El caso entra ahora en su etapa decisiva. El Gobierno ha colocado sobre la mesa nombres, empresas, fechas y 2 mil 740 millones de pesos en contrataciones; falta que los órganos fiscalizadores determinen si existió colusión, sobreprecio, conflicto de interés o daño al erario, quién tomó las decisiones y qué responsabilidades corresponden.

Sin ese paso, el expediente permanecerá como una acusación política respaldada por indicios documentales. Con auditorías, pruebas financieras y resoluciones firmes, podría convertirse en uno de los mayores casos de concentración empresarial dentro del mercado electoral mexicano.

The post Gobierno rastrea red de proveedores electorales con contratos por 2 mil 740 mdp; acusa concentración durante una década appeared first on LYPmultimedios.