El desplegado reivindica la autoridad moral del movimiento y acusa campañas de calumnia y desinformación, pero no identifica hechos, responsables ni pruebas; la versión difundida tampoco contiene nombres o firmas individuales.

Un desplegado atribuido a las y los coordinadores parlamentarios de Morena en los congresos locales llamó a la militancia y a quienes simpatizan con la Cuarta Transformación a cerrar filas en defensa del movimiento, la soberanía nacional y el gobierno emanado de ese partido.

Bajo el encabezado “Al pueblo de México”, el documento sostiene que Morena ha enfrentado desde su origen campañas de descalificación y calumnia promovidas por antiguos grupos de interés. Asegura que esas fuerzas perdieron el poder político, pero continúan utilizando “la mentira y el miedo” para desacreditar al oficialismo.

“Nosotras y nosotros seguimos siendo los mismos. Luchamos por las mismas causas y seguiremos enfrentando a quienes actúan contra los intereses del pueblo, estén donde estén”, señala el texto.

El pronunciamiento reivindica como principios del movimiento la cercanía con la población, el combate a la desigualdad, la honestidad, la justicia social y la defensa de la soberanía. También afirma que la transformación no pertenece a una persona ni a un grupo, sino que es resultado de décadas de organización y de la voluntad democrática expresada en las urnas.

Un cierre de filas sin acusaciones concretas

El desplegado acusa la existencia de “calumnias”, “mentiras”, campañas de desinformación e intentos de injerencia extranjera. Sin embargo, no identifica qué información considera falsa, quiénes serían sus autores, qué gobiernos o agrupaciones extranjeras estarían interviniendo ni cuáles actos específicos acreditarían esa injerencia.

Esta omisión convierte al documento en un posicionamiento político de unidad, no en una denuncia sustentada que pueda investigarse, verificarse o responderse de manera puntual.

La defensa de la soberanía tiene un fundamento constitucional. El artículo 89 establece como principios de la política exterior mexicana la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación internacional.

No obstante, invocar esos principios no acredita por sí mismo que exista una operación extranjera contra Morena o el Gobierno de México. Para sostener una acusación de esa gravedad se requiere identificar conductas, actores, recursos, canales de intervención y evidencia verificable.

El texto tampoco distingue entre cuestionamientos externos, críticas periodísticas, señalamientos de la oposición y denuncias presentadas ante autoridades. Colocarlos bajo una misma categoría de “ataques” puede diluir diferencias fundamentales entre desinformación, escrutinio público y posibles responsabilidades legales.

Sin lista de quienes respaldan el documento

Aunque el desplegado se presenta como suscrito por “las y los coordinadores de Morena en los congresos locales”, la versión difundida no incorpora sus nombres, entidades, firmas o cargos específicos. Tampoco contiene fecha, lugar de emisión o un listado que permita saber si participaron representantes de las 32 legislaturas.

La ausencia de esos elementos no invalida el mensaje político, pero impide determinar con precisión el alcance del respaldo. Tampoco permite conocer si el pronunciamiento fue aprobado mediante una reunión formal, circulado por la dirigencia nacional o suscrito individualmente por cada coordinación parlamentaria.

El documento no anuncia iniciativas legislativas, reformas, puntos de acuerdo o acciones concretas que las bancadas locales pretendan impulsar en materia de soberanía, combate a la desinformación o rendición de cuentas.

La “autoridad moral”, entre los resultados y el escrutinio

Las y los coordinadores afirman que Morena conserva la autoridad moral que le permitió llegar al poder y reiteran la consigna de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. El desplegado, sin embargo, no plantea mecanismos internos para investigar irregularidades, evaluar a sus gobiernos o sancionar a militantes y funcionarios que se aparten de esos principios.

La autoridad moral es una afirmación política; la integridad pública, en cambio, debe acreditarse con procedimientos de transparencia, auditorías, investigaciones independientes y sanciones cuando existan responsabilidades.

El texto asegura que la Cuarta Transformación ha reducido desigualdades y ampliado derechos. Los datos oficiales sí registran una disminución significativa de la pobreza multidimensional: entre 2022 y 2024, la población en esa condición pasó de 46.8 a 38.5 millones de personas, una reducción de 8.3 millones.

La misma medición indica que en 2024 todavía había 38.5 millones de personas en pobreza y siete millones en pobreza extrema. Además, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales aumentó 2.7 puntos y se ubicó en 32.2 por ciento.

Los resultados ofrecen sustento parcial a la narrativa de avance social, pero también muestran que permanecen rezagos que no pueden resolverse mediante una reivindicación genérica del gobierno. Evaluar la transformación exige revisar cada política, presupuesto y administración, no únicamente contrastar identidades partidistas.

El proceso electoral de 2027, como telón de fondo

El cierre de filas ocurre mientras Morena organiza la selección de quienes encabezarán su proyecto en las elecciones de 2027. El partido definió un calendario para elegir coordinaciones estatales en las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas, así como coordinaciones distritales, municipales y legislativas que suelen convertirse posteriormente en candidaturas.

Esas coordinaciones partidistas no deben confundirse con quienes encabezan actualmente las bancadas de Morena en los congresos locales y a quienes se atribuye el desplegado.

El proceso interno ha estado acompañado por cuestionamientos sobre algunos perfiles registrados. Una revisión de Expansión Política documentó que al menos 20 aspirantes habían sido relacionados con denuncias o controversias, aunque estar señalado públicamente no equivale a tener una responsabilidad acreditada.

En este contexto, la defensa de la “autoridad moral” también funciona como un mensaje hacia el interior del partido: pide cohesión frente a las críticas cuando Morena debe procesar candidaturas, alianzas y disputas locales.

Defender al movimiento no sustituye rendir cuentas

El desplegado concluye con un llamado a impedir que avancen los intentos de intervención extranjera y a continuar trabajando por la democracia, la justicia social y el bienestar.

Su mensaje central es inequívoco: las coordinaciones parlamentarias buscan defender la legitimidad política de la Cuarta Transformación y presentarla como un proyecto acosado por los mismos intereses que combatió desde la oposición.

Lo que el documento no resuelve es cómo diferenciar una campaña de desinformación de una crítica sustentada, ni cómo actuará Morena cuando los señalamientos involucren a integrantes de su propio movimiento.

La defensa legítima de un proyecto político puede coexistir con el escrutinio. Incluso debería fortalecerse mediante él. Reiterar principios cohesiona a la militancia; demostrar su cumplimiento exige transparencia, investigación y rendición de cuentas.

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El dictamen propone que la Secretaría de Cultura lleve actividades y materiales a espacios del transporte público; todavía debe pasar por el pleno y no incluye presupuesto, metas ni un modelo de ejecución.

Querétaro, Qro., 14 de agosto de 2026.— La Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito del Congreso de Querétaro aprobó un dictamen para exhortar al Poder Ejecutivo estatal a desarrollar políticas de promoción de la lectura en paraderos y otros espacios relacionados con el transporte público.

La propuesta fue presentada por la diputada Juliana Hernández Quintanar y recibió el respaldo de quienes participaron en la sesión encabezada por Enrique Correa Sada, presidente de la comisión. También estuvieron presentes Blanca Flor Benítez Estrada, integrante del órgano legislativo, y los diputados invitados Teresita Calzada Rovirosa y Eric Silva Hernández.

El acuerdo plantea que la Secretaría de Cultura estatal acerque la lectura a las personas durante sus tiempos de espera y sus trayectos cotidianos. No obstante, la aprobación en comisión no significa que la medida ya esté en vigor: el dictamen deberá ser votado por el pleno antes de remitirse al Poder Ejecutivo.

Además, por tratarse de un exhorto, su contenido no es jurídicamente vinculante. La Secretaría de Cultura puede atenderlo, modificar su alcance o no implementarlo. El documento tampoco crea por sí mismo una partida presupuestal.

Libros, actividades o contenidos digitales: el modelo sigue sin definirse

Enrique Correa sostuvo que la propuesta puede contribuir a mejorar los hábitos de lectura y aprovechar el tiempo que las personas destinan a trasladarse hacia escuelas, centros de trabajo y otras actividades.

Teresita Calzada propuso incorporar información sobre conciertos de la Orquesta Filarmónica, exposiciones, cursos gratuitos y lecturas colectivas. Blanca Benítez, por su parte, estimó que durante las horas de mayor demanda una persona puede permanecer entre 17 y 40 minutos en el transporte público.

El boletín legislativo no identifica la fuente de esa estimación ni distingue entre tiempo de espera, recorrido y transbordo. Tampoco define cómo se instrumentaría la promoción de la lectura: libreros comunitarios, préstamo de ejemplares, códigos QR, intervenciones artísticas, clubes de lectura o campañas temporales.

Cada formato requeriría condiciones distintas de operación. Los libros físicos, por ejemplo, necesitarían resguardo, reposición y protección frente a la lluvia o el vandalismo. Los contenidos digitales dependerían de conectividad, dispositivos y medidas de accesibilidad. Las actividades presenciales exigirían personal, horarios y coordinación con la Agencia de Movilidad.

Para evaluar el proyecto también sería necesario establecer cuántos paraderos serían intervenidos, bajo qué criterios se elegirían, qué presupuesto se destinaría y cómo se medirían sus resultados. El número de materiales colocados no demostraría, por sí solo, que aumentó la lectura entre las personas usuarias.

Los datos nacionales exigen una lectura más precisa

Correa calificó como “alarmantes” los indicadores de lectura en México, pero durante la sesión no presentó cifras específicas de Querétaro ni un diagnóstico sobre los hábitos de quienes utilizan el transporte público.

Los resultados más recientes del Módulo sobre Lectura del INEGI muestran un panorama más matizado. En 2025, ocho de cada diez personas alfabetas de 12 años o más declararon haber leído al menos un libro, revista, periódico, historieta, página de internet, foro o blog. Entre la población de 12 a 24 años, el porcentaje alcanzó 89.1 por ciento.

El 62.5 por ciento de la población encuestada dijo haber leído libros; 45.7 por ciento, páginas de internet, foros o blogs; 29.6 por ciento, revistas; 24.8 por ciento, periódicos, y 20.9 por ciento, historietas, cómics o mangas.

Estos datos tienen cobertura nacional y no permiten conocer por separado la situación de Querétaro. Además, el INEGI modificó en 2025 la metodología, amplió la medición a personas desde los 12 años y extendió su cobertura a ámbitos urbanos y rurales, por lo que los resultados abren una nueva serie estadística y no deben compararse directamente con años anteriores.

La ausencia de un diagnóstico local no invalida la promoción cultural en los paraderos, pero sí limita la posibilidad de establecer objetivos verificables y determinar qué tipo de materiales responderían mejor a las características de las personas usuarias.

Cuatro iniciativas sobre grúas siguen pendientes

En asuntos generales, Blanca Benítez pidió dar seguimiento a cuatro iniciativas relacionadas con la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado, particularmente en materia de grúas, arrastre, salvamento y depósitos vehiculares.

La legisladora propuso instalar mesas de trabajo para analizar conjuntamente los proyectos, tres de los cuales —señaló— fueron presentados por fuerzas políticas distintas. También afirmó haber recibido solicitudes de concesionarios de grúas y transportistas de carga interesados en que avance la discusión.

Enrique Correa respondió que la comisión remitió las iniciativas a los 18 ayuntamientos para conocer las problemáticas de cada municipio. Indicó que todavía espera las respuestas por escrito antes de elaborar un proyecto de dictamen y que también se solicitará la opinión de la Agencia de Movilidad.

La legislación vigente señala que los servicios de salvamento y arrastre corresponden originalmente al Estado y pueden prestarse directamente o mediante concesionarios. La Agencia de Movilidad tiene atribuciones sobre las concesiones, tarifas y reglas de asignación.

El boletín no detalla el contenido de las cuatro iniciativas, sus diferencias ni los puntos que han impedido dictaminarlas. Por ahora, el compromiso expresado consiste en continuar su análisis durante las próximas semanas.

Seguridad ciclista también llega a la comisión

Teresita Calzada planteó finalmente la necesidad de revisar la seguridad de quienes utilizan la bicicleta con fines laborales, deportivos o recreativos. Mencionó solicitudes ciudadanas para conectar ciclovías y reforzar la protección de ciclistas.

La intervención no estuvo acompañada por una iniciativa o acuerdo sometido a votación. La diputada anunció que enviará a la comisión diversas solicitudes de gestión para su revisión.

Así, el único asunto formalmente dictaminado en la sesión fue el exhorto sobre lectura en paraderos. Su eventual impacto dependerá de la aprobación del pleno y, posteriormente, de que la Secretaría de Cultura transforme una recomendación legislativa en un proyecto con presupuesto, responsables, cobertura y mecanismos de evaluación.

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La reforma al artículo 59 plantea reforzar la participación escolar, el seguimiento académico, el uso responsable de tecnologías y la prevención de riesgos; el dictamen todavía deberá ser votado por el pleno.

Querétaro, Qro., 14 de agosto de 2026.— La Comisión de Educación y Cultura de la LXI Legislatura de Querétaro aprobó un dictamen para reformar el artículo 59 de la Ley de Educación estatal y ampliar las obligaciones de madres, padres y tutores en el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes.

El proyecto fue avalado durante una sesión encabezada por Paul Ospital Carrera, presidente de la comisión, y en la que participaron los diputados Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz y Edgar Inzunza Ballesteros. La diputada Teresita Calzada Rovirosa asistió a los trabajos legislativos.

De acuerdo con la información divulgada por el Congreso, la modificación pretende ordenar la corresponsabilidad familiar alrededor de cuatro ejes: participación en la vida escolar, seguimiento del proceso educativo, acompañamiento en el entorno digital y atención del bienestar y la prevención de riesgos.

La aprobación en comisión, sin embargo, no significa que la reforma ya se encuentre vigente. El dictamen deberá someterse a la consideración del pleno de la Legislatura y, si obtiene los votos necesarios, enviarse al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.

La corresponsabilidad familiar ya está en la ley

La propuesta no parte de un vacío normativo. La redacción vigente del artículo 59 ya obliga a quienes ejercen la patria potestad o tutela a garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban educación obligatoria; colaborar con las autoridades educativas; atender dificultades escolares y participar en la prevención de problemas de conducta, aprendizaje y violencia.

También establece el deber de acompañar la adopción de estilos de vida saludables y procurar la participación de los estudiantes en actividades cívicas. Estas disposiciones pueden consultarse en la Ley de Educación del Estado de Querétaro difundida por el propio Poder Legislativo.

Por ello, el alcance real de la reforma dependerá de la redacción que finalmente sea aprobada. El boletín legislativo no reproduce el texto completo del dictamen ni especifica si las nuevas obligaciones tendrán mecanismos de cumplimiento, excepciones, programas de acompañamiento o consecuencias jurídicas.

Esta precisión resulta relevante porque transformar el involucramiento familiar en una obligación legal exige considerar realidades diversas: hogares monoparentales, extensas jornadas laborales, migración, discapacidad, carencia de conectividad y dificultades económicas que pueden limitar la presencia de madres, padres o tutores en las actividades escolares.

Durante la sesión, Piedragil Ortiz sostuvo que algunas familias utilizan las escuelas como si fueran “guarderías” y trasladan toda la responsabilidad educativa al personal docente. Aunque el señalamiento pretende subrayar la importancia del acompañamiento familiar, generalizar esa conducta podría reducir un problema complejo a una supuesta falta de voluntad de las familias, sin atender los factores laborales y sociales que también condicionan su participación.

Una iniciativa surgida de un proyecto universitario

Paul Ospital explicó que la propuesta se originó en la Universidad de Excelencia Educativa, institución privada ubicada en San Joaquín, donde estudiantes de una maestría en Educación desarrollaron el planteamiento como trabajo académico. Posteriormente, añadió, el proyecto recibió adecuaciones jurídicas y parlamentarias antes de ser presentado formalmente.

El legislador afirmó que existen investigaciones en psicología del desarrollo, sociología y educación que muestran una relación entre el acompañamiento familiar y el desempeño académico. No obstante, en la información pública de la sesión no se identificaron los estudios utilizados, su metodología ni la evaluación de impacto que sustenta las modificaciones concretas.

La participación de instituciones educativas y estudiantes en la elaboración de iniciativas puede enriquecer el trabajo legislativo. Corresponde ahora al Congreso transparentar el dictamen completo y demostrar que la reforma es aplicable, proporcional y compatible con el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Una legislación eficaz no debería limitarse a acumular responsabilidades para las familias. También tendría que definir qué apoyo ofrecerán las autoridades y las escuelas: horarios accesibles de atención, orientación sobre riesgos digitales, servicios psicológicos, protocolos contra la violencia y canales efectivos de comunicación entre docentes y tutores.

Legisladores alertan sobre planteles sin reconocimiento oficial

En asuntos generales, Teresita Calzada afirmó haber recibido solicitudes de familias afectadas por instituciones educativas que presuntamente operan sin los permisos o reconocimientos correspondientes. La diputada habló de entre 12 y 18 planteles, pero durante la sesión no presentó una relación de establecimientos, expedientes administrativos o resoluciones de las autoridades educativas que permitan verificar esa cifra.

Sinuhé Piedragil informó que trabaja en otra iniciativa para atender posibles fraudes cometidos por instituciones privadas de educación media superior y superior que desaparecen o dejan al alumnado sin posibilidad de certificar sus estudios.

Este asunto es distinto de la reforma al artículo 59 y exige precisión jurídica. En educación superior, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios se otorga para cada programa académico, no necesariamente para toda la institución. La SEP señala que un particular puede impartir un programa sin RVOE, pero debe informar de manera expresa que esos estudios carecen de validez oficial; presentarlos como reconocidos sin estarlo puede generar sanciones. La información puede verificarse en el Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

La Secretaría de Educación de Querétaro también dispone de un directorio de instituciones y programas con RVOE. La revisión debe hacerse por programa, domicilio, modalidad y autoridad que concedió el reconocimiento, pues una misma institución puede tener carreras incorporadas y otras sin validez oficial.

Antes de legislar sobre posibles fraudes educativos, el Congreso deberá distinguir entre la impartición legal de estudios sin reconocimiento —siempre que se informe claramente— y el engaño deliberado a estudiantes y familias. También tendrá que establecer mecanismos para proteger los pagos realizados y facilitar la continuidad académica de quienes resulten afectados.

El reto será convertir obligaciones en acompañamiento

La reforma aprobada en comisión plantea fortalecer la relación entre familias, escuelas y comunidad. Su utilidad dependerá de que no convierta la corresponsabilidad en una fórmula para trasladar a los hogares las deficiencias institucionales del sistema educativo.

El siguiente paso será conocer el texto íntegro del dictamen y su eventual discusión en el pleno. Hasta entonces podrá determinarse si la modificación introduce herramientas concretas para mejorar el acompañamiento escolar o si únicamente amplía obligaciones que, en buena medida, ya existen en la legislación queretana.

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El Cabildo avaló el programa “San Juan Mejor–Hogares Sustentables” y sus reglas de operación, pero el boletín municipal omitió la cantidad de beneficiarios, el costo por unidad, las especificaciones de los equipos y los mecanismos para comprobar sus resultados ambientales.

San Juan del Río, Qro., 14 de agosto de 2026.— El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó destinar más de cuatro millones de pesos al programa “San Juan Mejor–Hogares Sustentables”, mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Social entregará estufas denominadas “ecológicas” a familias del municipio.

La administración encabezada por Roberto Cabrera Valencia presentó el acuerdo como una estrategia para mejorar las condiciones de los hogares y fortalecer derechos sociales. Sin embargo, la información difundida después de la sesión de Cabildo dejó sin responder las preguntas elementales para evaluar cualquier programa financiado con recursos públicos: cuántas estufas serán adquiridas, cuánto costará cada una, qué población será prioritaria y bajo qué características técnicas pueden considerarse sustentables.

El dictamen y las reglas de operación fueron aprobados por las y los integrantes del Ayuntamiento, pero el comunicado se limitó a señalar que la Secretaría de Desarrollo Social dispone de un presupuesto “de más de cuatro millones de pesos”. Ni siquiera hizo pública la cantidad exacta autorizada.

Sin una meta de unidades, tampoco es posible calcular el costo por familia, compararlo con precios de mercado o conocer qué proporción del presupuesto será destinada a compra, transporte, instalación, capacitación y operación administrativa.

Un programa nuevo para una política que ya tiene antecedentes

La entrega de estufas ecológicas no constituye una política inédita en San Juan del Río. Durante la administración de Guillermo Vega Guerrero se realizaron distribuciones masivas de estos equipos.

En abril de 2016, el gobierno municipal reportó la entrega de 250 estufas en la comunidad de Arcila, con una inversión de 750 mil pesos, equivalente a tres mil pesos por unidad si se divide el gasto anunciado entre los equipos distribuidos. En aquel momento también se proyectó entregar cuatro mil estufas con 12 millones de pesos. El programa priorizaba comunidades identificadas mediante indicadores de marginación.

Al concluir aquella administración, el entonces alcalde sostuvo que se habían entregado 15 mil estufas ecológicas entre 2015 y 2021. La cifra procede de informes políticos del propio gobierno y no equivale por sí misma a una evaluación independiente, pero obliga a la actual administración a explicar qué ocurrió con esos equipos.

Antes de repartir una nueva generación de estufas, el municipio tendría que determinar cuántas de las anteriores continúan funcionando, cuántas fueron abandonadas, qué comunidades todavía cocinan con fogones abiertos y si existe el riesgo de entregar apoyos duplicados a los mismos hogares.

El boletín no menciona diagnóstico alguno. Tampoco explica si el nuevo programa reemplazará estufas deterioradas, llegará a familias que nunca recibieron el apoyo o simplemente reactivará una política de distribución de bienes con una denominación renovada.

Lo “ecológico” no se acredita con el nombre

La entrega de una estufa mejorada puede reducir el consumo de leña y evitar que el humo se concentre dentro de las viviendas. No obstante, el beneficio depende del diseño, el combustible utilizado, la ventilación, la instalación y el mantenimiento.

La Organización Mundial de la Salud advierte que no todas las estufas mejoradas de biomasa pueden considerarse limpias. Para alcanzar esa categoría deben cumplir objetivos medibles de emisiones de partículas PM2.5 y monóxido de carbono, acreditados mediante pruebas técnicas. La OMS clasifica como limpias únicamente a las estufas de biomasa que alcanzan niveles elevados de desempeño.

Además, una revisión de 50 estudios realizada en condiciones reales de cocina encontró que las intervenciones con combustibles limpios —como electricidad, gas LP o etanol— consiguieron mayores reducciones de contaminación que las estufas mejoradas de biomasa. La evidencia fue resumida por la OMS en su guía sobre energía doméstica limpia.

El gobierno municipal no informó qué combustible utilizarán los equipos, si tendrán chimenea, cuál será su eficiencia térmica, qué vida útil se garantiza o si fueron sometidos a pruebas independientes de emisiones, seguridad y durabilidad.

Hasta que esas especificaciones sean públicas, “ecológica” funciona como una etiqueta administrativa, no como una cualidad técnicamente demostrada.

Cobertura municipal no significa focalización social

El dictamen establece que el programa tendrá cobertura en todo San Juan del Río, pero esa definición geográfica no sustituye los criterios para identificar a las familias que realmente necesitan el apoyo.

El boletín no precisa si podrán registrarse todas las personas interesadas o si las entregas se concentrarán en comunidades rurales, zonas de atención prioritaria, hogares sin acceso asequible a gas o familias que actualmente utilizan fogones abiertos.

Tampoco informa qué documentos deberán presentarse, cómo se evaluará la vulnerabilidad económica, quién validará las solicitudes, cómo se resolverán empates o qué procedimiento permitirá inconformarse ante una negativa.

La ausencia de esa información adquiere mayor relevancia ante la cercanía del proceso político de 2027. Esto no demuestra que las estufas vayan a utilizarse con fines electorales, pero obliga al Ayuntamiento a extremar la transparencia: padrón auditable, convocatoria pública, prohibición expresa de condicionamiento, criterios verificables y publicación de resultados por comunidad.

El gobierno también deberá informar qué empresa suministrará los equipos, mediante qué procedimiento será contratada y cuáles serán las garantías en caso de fallas. Aprobar un presupuesto no equivale a justificar su ejercicio.

Mujeres y salud, dimensiones ausentes del comunicado

La contaminación doméstica producida por fogones ineficientes afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y niños, quienes suelen permanecer más tiempo cerca del área de cocina. La OMS estima que alrededor de 2.1 mil millones de personas continúan cocinando con fuegos abiertos o tecnologías contaminantes.

Pese a ello, el municipio presentó el programa como una entrega de “insumos” para mejorar la calidad de vida, sin definir indicadores de salud o reducción de emisiones.

Una política seria tendría que medir, antes y después de la instalación, el consumo de combustible, la concentración de humo, la aceptación del equipo, su uso cotidiano y la disminución de molestias respiratorias. También debería incluir capacitación, visitas de seguimiento y mecanismos de reparación.

Contar cajas entregadas será insuficiente. El resultado no debe medirse por el número de fotografías oficiales, sino por la cantidad de estufas que permanezcan instaladas, funcionando y utilizadas correctamente después de varios meses.

Cabildo prepara el informe de gobierno

En la misma sesión, el Ayuntamiento aprobó convocar el próximo 30 de septiembre a una sesión solemne para presentar el informe sobre la situación general de la administración municipal.

El Foro San Juan del Portal del Diezmo será habilitado como recinto oficial. El comunicado no informó cuánto costará la ceremonia, cuál será su capacidad, si habrá transmisión pública ni de qué manera podrán consultarse los indicadores y documentos que respalden los resultados expuestos por Roberto Cabrera.

La rendición de cuentas no debería agotarse en un acto protocolario. El informe deberá permitir contrastar presupuesto aprobado, gasto ejercido, metas alcanzadas, contratos, padrones y resultados, incluido el nuevo programa de estufas.

“Hogares Sustentables” puede representar una intervención útil para familias que todavía cocinan entre humo y combustibles costosos. Pero mientras el gobierno municipal no publique metas, precios, criterios de selección y pruebas técnicas, el programa seguirá siendo una bolsa de más de cuatro millones de pesos envuelta en lenguaje social y ambiental.

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El aspirante a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro recogió denuncias sobre inseguridad y escrituración; prometió asesoría jurídica, pero no precisó plazos, recursos ni mecanismos de atención.

Querétaro, Qro., 12 de agosto de 2026.— Santiago Nieto Castillo trasladó su ofensiva política contra los gobiernos panistas a la colonia Desarrollo San Pablo, donde encabezó una jornada de brigadeo y una asamblea informativa en la que llamó a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, defender la soberanía nacional y organizarse para impulsar la llegada de Morena al gobierno de Querétaro.

Nieto Castillo participa como aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, posición interna que podría colocarlo en la ruta hacia la candidatura de Morena a la gubernatura en 2027. El morenista formalizó su registro en junio y desde entonces ha intensificado sus recorridos por colonias y municipios de la entidad.

Durante el encuentro, habitantes de Desarrollo San Pablo denunciaron robos a viviendas, insuficiente presencia policial y problemas para obtener las escrituras de sus propiedades. El comunicado atribuyó a los vecinos la existencia de una “severa crisis de inseguridad” y una “total inacción” de los cuerpos municipales, aunque no aportó estadísticas de la colonia, números de denuncias, periodos de comparación ni testimonios identificables que permitan dimensionar esos señalamientos.

Nieto ofreció gestionar apoyo y asesoría jurídica para las familias con dificultades patrimoniales. Sin embargo, no detalló qué institución prestaría el servicio, cuántos hogares podrían recibirlo, cuándo comenzaría la atención ni si existe algún convenio con las autoridades competentes.

La escrituración sí es un problema reconocido oficialmente

La demanda patrimonial expuesta durante la asamblea tiene un antecedente verificable. El Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro incluye expresamente a Desarrollo San Pablo entre las colonias contempladas en su programa de regularización y escrituración para inmuebles adquiridos mediante organismos como INDECO, COMEVI, IVEQRO o IVEQ.

El programa oficial del IVEQ ofrece asesoría jurídica, gestión de trámites y posibles estímulos fiscales para otorgar certeza sobre la propiedad. Esto confirma que en la colonia persisten casos pendientes de regularización, pero también que ya existe una ruta institucional para atenderlos.

La propuesta de Nieto necesitaría explicar si pretende acompañar a las familias dentro de ese programa, intervenir en expedientes que no cumplen sus requisitos o crear un mecanismo distinto. Sin esa precisión, el compromiso permanece en el terreno de la gestión política.

Denuncia vecinal y estadística municipal

En materia de seguridad existe una diferencia entre la percepción expresada por los habitantes y los datos agregados para todo el municipio.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que, de enero a junio de 2026, el robo a casa habitación disminuyó 32 por ciento frente al mismo periodo de 2025. La dependencia también reportó una reducción de 12 por ciento en los delitos patrimoniales y de 2 por ciento en la incidencia total, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte difundido por la policía municipal no invalida la posibilidad de que Desarrollo San Pablo enfrente una concentración particular de robos. Las cifras municipales abarcan toda la capital y pueden coexistir con focos localizados de inseguridad. Tampoco miden la cifra negra, es decir, los delitos que no son denunciados.

Sin datos desagregados por colonia, no es posible confirmar la “crisis” descrita en el boletín, pero tampoco desechar las preocupaciones vecinales únicamente con promedios municipales. Una respuesta verificable requeriría conocer denuncias, llamadas de emergencia, horarios de mayor incidencia, patrullajes y resultados operativos específicos de la zona.

Acusaciones contra el PAN sin pruebas documentales

Nieto acusó a los gobiernos panistas de actuar con soberbia, desviar recursos hacia personas allegadas y condicionar los apoyos sociales. El comunicado no adjuntó contratos, expedientes administrativos, padrones de beneficiarios, auditorías ni denuncias formales que acrediten esas conductas.

“No hay PAN que dure 30 años ni pueblo que los aguante; ya se van”, sentenció el aspirante morenista.

La frase forma parte del enfrentamiento electoral, pero no describe literalmente una permanencia ininterrumpida de tres décadas. El PAN gobernó Querétaro entre 1997 y 2009; el PRI recuperó el Poder Ejecutivo con José Calzada Rovirosa de 2009 a 2015, y Acción Nacional volvió al gobierno con Francisco Domínguez y posteriormente con Mauricio Kuri. La cronología de gobernadores de la entidad confirma esa alternancia.

Por tanto, afirmar que “el PAN ya se va” constituye una previsión política de Nieto, no un hecho consumado. La continuidad o salida del partido se resolverá en las urnas durante la elección estatal de 2027. El boletín tampoco incorporó una respuesta de Acción Nacional a las acusaciones formuladas.

De la soberanía nacional a la disputa por Querétaro

Nieto vinculó la defensa de la soberanía nacional con asuntos locales como seguridad, agua y certeza patrimonial. Sostuvo que estos derechos deben dejar de ser un “negocio particular” y convertirse en una realidad para la población.

El mensaje busca enlazar la popularidad y el proyecto político de Claudia Sheinbaum con la disputa por el gobierno queretano. No obstante, durante la asamblea no se identificó una amenaza concreta contra la soberanía nacional ni se presentó un programa específico para resolver los problemas denunciados en Desarrollo San Pablo.

La jornada permitió a Nieto reforzar su presencia territorial y recoger demandas ciudadanas, pero dejó pendientes los elementos que convertirían el discurso en una propuesta evaluable: diagnósticos, metas, presupuesto, autoridades responsables y fechas de cumplimiento.

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La presidenta cuestionó la cancelación de visas estadounidenses a figuras políticamente expuestas de México y sostuvo que, si existen señalamientos por posibles delitos, deben presentarse pruebas. Afirmó que defender la soberanía no implica romper la relación bilateral con Estados Unidos.

Ciudad de México, 14 de agosto de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la cancelación de visas estadounidenses a figuras políticas mexicanas tiene un componente político y puede convertirse en una forma de injerencia en los asuntos internos del país, luego de conocerse que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, perdió su visa para ingresar a Estados Unidos.

López Beltrán confirmó públicamente la revocación y cuestionó las razones de la decisión. La Embajada de Estados Unidos en México declinó comentar sobre el caso, debido a las reglas de confidencialidad que rigen los registros de visas.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum sostuvo que Washington no ha presentado públicamente pruebas contra López Beltrán y diferenció una decisión migratoria estadounidense de la existencia de elementos suficientes para iniciar una investigación penal en México.

“No hay nada contra el hijo del expresidente López Obrador y si la hubiera, no vamos a encubrir a nadie si cometió un delito. Pero no vamos a abrir una investigación porque se quite una visa a alguien”, señaló.

Sheinbaum: si existen pruebas, deben presentarse

La mandataria sostuvo que su posición no implica otorgar protección política a integrantes de Morena o personas vinculadas con el movimiento que encabeza.

Aseguró que, si las autoridades mexicanas recibieran información que sustentara la posible participación de algún político en un delito, correspondería actuar conforme a la ley.

Sheinbaum afirmó tener confianza en las investigaciones encabezadas por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y reiteró que su gobierno no encubrirá a ninguna persona que haya cometido un delito.

El punto central de su cuestionamiento se dirigió hacia el uso de las cancelaciones de visas cuando éstas alcanzan a figuras políticamente expuestas sin que, paralelamente, se conozcan públicamente acusaciones o pruebas en su contra.

“Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho a lo que le llaman personas políticamente expuestas tiene un sentido político, más que de seguridad porque no es parejo a todos los países”, afirmó.

Reuters y AP confirmaron este viernes la revocación de la visa de López Beltrán y señalaron que el episodio ocurre en un contexto de medidas estadounidenses que han alcanzado a distintas figuras políticas mexicanas.

Soberanía sin romper la relación con Estados Unidos

Sheinbaum buscó separar sus críticas de un posible deterioro general de la relación bilateral.

La presidenta afirmó que México debe mantener la mejor relación posible con Estados Unidos, pero bajo un principio de coordinación entre países soberanos.

“Busco siempre la mejor relación posible con Estados Unidos, por mi pueblo, por mi patria y porque así debe ser, pero no voy a agachar la cabeza tampoco”, sostuvo.

Para la mandataria, cuestionar una decisión del gobierno estadounidense no equivale a buscar una confrontación diplomática.

“No se va a censurar a nadie, pero se le pide respeto al gobierno de Estados Unidos. Nosotros no opinamos de su elección. Es una decisión del pueblo de Estados Unidos, pero también en la política mexicana, quien decide es el pueblo de México”, afirmó.

El episodio abre así una discusión que rebasa la situación migratoria individual de López Beltrán: hasta dónde puede llegar Estados Unidos en sus decisiones sobre figuras políticas mexicanas sin que éstas sean interpretadas como instrumentos de presión política.

Al mismo tiempo, Estados Unidos conserva la facultad soberana de determinar quién puede ingresar a su territorio y mantiene bajo confidencialidad las razones de determinadas decisiones consulares.

Sheinbaum cuestiona las gestiones de políticos mexicanos en Washington

La presidenta amplió sus críticas hacia integrantes de la oposición que han acudido a Estados Unidos para denunciar al gobierno mexicano o solicitar acciones de autoridades estadounidenses.

Mencionó específicamente al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha realizado distintas visitas a Washington y recientemente presentó una denuncia ante el Departamento de Estado contra tres integrantes del Instituto Nacional Electoral, en medio de su confrontación política con Morena.

Sheinbaum calificó estas acciones como contrarias a la defensa de la soberanía y cuestionó que las disputas políticas internas busquen resolverse mediante la intervención de autoridades extranjeras.

La mandataria recurrió además a referencias históricas para comparar esas conductas con sectores conservadores del siglo XIX que buscaron respaldo extranjero para intervenir en la vida política mexicana.

Una nueva tensión en la relación México-EU

La controversia ocurre en un momento en que México y Estados Unidos mantienen una relación intensa en asuntos como seguridad, migración, comercio y combate al tráfico de drogas.

Para Sheinbaum, cooperación no significa subordinación.

Su gobierno sostiene que cualquier señalamiento contra funcionarios o políticos mexicanos debe acompañarse de información que permita actuar a las instituciones nacionales.

La posición presidencial plantea dos principios que deberán coexistir en una relación bilateral particularmente compleja: Estados Unidos tiene facultades para decidir sobre el ingreso de extranjeros a su territorio, mientras México tiene derecho a exigir que cualquier acusación penal contra sus ciudadanos o autoridades esté sustentada en pruebas y se procese mediante los canales institucionales correspondientes.

En el caso específico de Andrés Manuel López Beltrán, hasta este viernes no se ha hecho pública evidencia estadounidense que lo vincule con la comisión de algún delito. La revocación de su visa, por sí misma, tampoco constituye una sentencia ni acredita responsabilidad penal.

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Legisladores morenistas cuestionaron las reglas para cubrir vacantes, evaluar aspirantes e integrar el órgano encargado de administrar el Poder Judicial; varios de los mecanismos impugnados, sin embargo, proceden del modelo federal aprobado en junio.

Querétaro, Qro., 13 de agosto de 2026.— Las diputadas Claudia Díaz Gayou y Rosalba Vázquez Munguía, junto con el legislador Eric Silva Hernández, anunciaron que Morena presentará una propuesta alterna para modificar la reforma judicial de Querétaro, luego de que el Poder Ejecutivo estatal promoviera una nueva iniciativa para trasladar a 2028 la elección de jueces y magistrados locales.

El matiz procesal resulta relevante: aunque el encabezado del comunicado legislativo afirma que los diputados “presentan” una propuesta, el propio documento señala que se trata de una iniciativa que “van a presentar” y no proporciona número de expediente ni el texto íntegro del proyecto. Por ahora, lo difundido corresponde a un posicionamiento político y a una enumeración de cambios, no todavía a una reforma formalmente dictaminada.

La nueva discusión se produce apenas cuatro meses después de que Querétaro publicara, el 30 de abril, su primera reforma constitucional en la materia. Ese ordenamiento estableció que la totalidad de las magistraturas y juzgados locales serían sometidos a elección en 2027. Sin embargo, la reforma federal de junio trasladó la jornada judicial al primer domingo de junio de 2028 y obligó a las entidades federativas a volver a armonizar sus constituciones. La Constitución queretana todavía conserva referencias a la elección de 2027, mientras que el decreto federal dispone que la renovación local deberá concluir en 2028.

No se trata, por tanto, de una reforma enteramente nueva, sino de una modificación de la modificación aprobada en abril. Esa segunda oportunidad abrió la puerta para revisar asuntos que exceden el cambio de calendario y reactivó las diferencias entre Morena, el Ejecutivo estatal y la mayoría panista del Congreso.

La disputa por las vacantes judiciales

Uno de los principales desacuerdos se concentra en el artículo 27 de la Constitución local. El texto vigente establece que, ante la ausencia definitiva de una persona juzgadora, la vacante será ocupada por la siguiente candidatura del mismo género con mayor votación.

De acuerdo con Claudia Díaz, la iniciativa enviada por el Ejecutivo pretendería trasladar esa decisión al Órgano de Administración Judicial. La legisladora calificó el mecanismo como un “dedazo” y sostuvo que permitiría conservar en los cargos a perfiles vinculados con la estructura judicial vigente.

La acusación requiere una precisión: el comunicado no reproduce la redacción completa del artículo propuesto ni aclara si el nombramiento del Órgano de Administración sería provisional, interino o por la totalidad del periodo restante. Esa diferencia es indispensable para evaluar su alcance.

El modelo federal tampoco adopta una sola fórmula. El artículo 98 constitucional dispone que las vacantes definitivas en la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina sean cubiertas por la candidatura del mismo género que quedó en segundo lugar. Para jueces de Distrito y magistrados de Circuito, en cambio, ordena que el Órgano de Administración declare la vacante y que el cargo se renueve en la elección siguiente.

Por ello, el debate local deberá precisar qué puestos serían sustituidos mediante prelación electoral, cuáles quedarían temporalmente bajo administración institucional y cómo se evitaría que una suplencia transitoria se convierta en un nombramiento discrecional.

La comisión coordinadora sí aparece en la reforma federal

Morena también cuestionó la creación de una comisión integrada por las personas coordinadoras de los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Según Díaz Gayou, este mecanismo concentraría la definición de los criterios para seleccionar aspirantes y permitiría cerrar el proceso en favor de determinados perfiles.

En este punto, sin embargo, la afirmación de que la medida contradice el espíritu de la reforma federal no encuentra respaldo en el decreto de junio. El artículo 96 de la Constitución federal establece expresamente que las coordinaciones de los tres comités formen una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios, metodologías, evaluaciones y exámenes de conocimientos.

Además, el artículo 116 ordena que los procesos judiciales locales observen, en lo aplicable, las mismas bases, etapas y procedimientos federales, incluidos criterios y metodologías homologadas.

La existencia de una comisión coordinadora no garantiza por sí misma imparcialidad ni transparencia, pero tampoco constituye una desviación automática del modelo federal. El punto sustantivo será conocer quiénes la integrarán, si sus acuerdos serán públicos, cómo se resolverán los conflictos de interés y qué mecanismos permitirán impugnar una evaluación arbitraria.

El papel de la Escuela de Formación Judicial

La propuesta morenista plantea impedir la intervención de la Escuela de Formación Judicial “en ninguna etapa” del proceso electoral. Los legisladores consideran que su participación podría favorecer a integrantes del actual Poder Judicial.

La Constitución queretana vigente otorga a esa escuela atribuciones amplias para diseñar procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización tanto de aspirantes como de integrantes del Poder Judicial.

El modelo federal, en cambio, ubica a la Escuela Nacional de Formación Judicial principalmente en la capacitación y evaluación posterior de las personas juzgadoras electas, en coordinación con el Tribunal de Disciplina. No le entrega expresamente el control de los comités que seleccionan candidaturas.

Existe, por tanto, una discusión válida sobre la conveniencia de separar la capacitación judicial de la selección electoral. No obstante, una prohibición absoluta también tendría que distinguir entre la evaluación de candidaturas y la formación profesional posterior. Sin esa precisión, la propuesta podría excluir a la escuela incluso de tareas técnicas que no implican decidir quién aparece en la boleta.

Una integración que ya había propuesto el Ejecutivo

Otro de los cambios discutidos corresponde al Órgano de Administración Judicial. La Constitución local vigente establece cinco integrantes: uno designado por el Ejecutivo, dos por el Congreso y dos por el Tribunal Superior de Justicia.

La nueva propuesta del Ejecutivo, según Morena, modificaría la distribución a una designación del Ejecutivo, una del Legislativo y tres del Poder Judicial. Díaz Gayou sostuvo que esa integración coincide con una reserva que su bancada presentó previamente y que fue rechazada.

No obstante, el esquema tampoco era exclusivo de Morena. La primera iniciativa judicial enviada por el gobernador Mauricio Kuri en febrero de 2026 ya proponía tres integrantes designados por el Tribunal Superior de Justicia, uno por el Congreso y otro por el Ejecutivo. Durante el proceso legislativo, esa fórmula fue modificada hasta llegar al reparto de uno, dos y dos publicado en abril.

Más que una reivindicación partidista, el cambio exhibe las rectificaciones de una reforma que fue aprobada sin resolver de manera definitiva la distribución del poder administrativo dentro del nuevo sistema judicial.

Una mayoría de integrantes provenientes del Poder Judicial puede proteger la autonomía frente al Ejecutivo y el Legislativo, pero también puede favorecer la reproducción de las jerarquías internas. En sentido contrario, ampliar la participación del Congreso incrementa los contrapesos externos, aunque abre un espacio mayor para el reparto entre fuerzas partidistas. Ninguna integración elimina por sí sola el riesgo de captura.

Plazo de seis meses, una promesa todavía incompleta

Morena propone, además, que los asuntos judiciales sean resueltos en un plazo máximo de seis meses, salvo que exista una justificación válida.

La medida coloca sobre la mesa el rezago y la lentitud judicial, pero el comunicado no define a qué materias se aplicaría, cuándo comenzaría a correr el plazo, qué circunstancias permitirían suspenderlo ni cuáles serían las consecuencias de incumplirlo. Tampoco presenta un diagnóstico sobre cargas de trabajo, personal, presupuesto o infraestructura.

Sin esas reglas, el plazo podría quedarse en una declaración constitucional difícil de ejecutar. La justicia expedita no depende únicamente de imponer una fecha límite, sino de contar con tribunales, personal especializado, sistemas de gestión y recursos suficientes.

Una reforma que aún necesita votos y ayuntamientos

La propuesta morenista también busca incorporar directamente en la Constitución las facultades del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración, además de conservar la prelación electoral para cubrir ausencias definitivas.

Antes de convertirse en norma, el proyecto deberá presentarse formalmente, acumularse con la iniciativa del Ejecutivo, discutirse en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Administración y Procuración de Justicia y someterse al pleno.

El artículo 39 de la Constitución queretana exige el respaldo de dos terceras partes de los 25 integrantes de la Legislatura —al menos 17 votos— y la aprobación de dos terceras partes de los 18 ayuntamientos, es decir, cuando menos 12 municipios.

Hasta que se conozcan los textos completos, la discusión permanece atrapada entre acusaciones de control político y argumentos de armonización federal. El desafío legislativo será abandonar las descalificaciones y demostrar, artículo por artículo, qué modelo reduce la discrecionalidad, protege la independencia judicial y permite que el voto ciudadano tenga consecuencias reales.

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El partido gobernante sostiene que la libertad de expresión no obliga al Estado a proporcionar su tribuna; la controversia surge por una propuesta para someter las conferencias presidenciales al derecho de réplica

Ciudad de México, 13 de agosto de 2026.— Morena rechazó la propuesta del Partido Acción Nacional para que las conferencias presidenciales queden sujetas a mecanismos de réplica y sostuvo que la libertad de expresión no obliga al Gobierno federal a entregar a la oposición “el micrófono, el espacio, los recursos públicos y la audiencia” de las mañaneras.

En un comunicado difundido el 12 de agosto, el partido gobernante respondió al presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y aseguró que Acción Nacional ya dispone de prerrogativas, legisladores, tribunas parlamentarias, acceso a medios de comunicación y conferencias propias para expresar sus posiciones.

“Pueden expresarse. Pueden criticar. Pueden hacer todas las conferencias que quieran”, señaló Morena, antes de afirmar que la demanda panista no busca garantizar libertades, sino recuperar privilegios políticos.

El pronunciamiento forma parte de una controversia más amplia sobre los derechos de las audiencias, la regulación de los contenidos informativos y la responsabilidad de las autoridades cuando realizan señalamientos desde plataformas financiadas con recursos públicos.

El PAN pide derecho de réplica, no una tribuna permanente

La respuesta de Morena presenta la pretensión panista como una solicitud para que el Gobierno entregue su espacio de comunicación a la oposición. Sin embargo, la propuesta discutida por Acción Nacional tiene un alcance más específico: incorporar las mañaneras entre los ejercicios sujetos al derecho de réplica cuando en ellas se difunda información falsa o inexacta que cause un agravio.

El derecho de réplica no equivale a entregar de manera permanente una conferencia presidencial a otro partido. Consiste en permitir que una persona o institución directamente aludida responda o solicite la rectificación de información concreta bajo condiciones establecidas por la ley.

La legislación federal vigente regula procedimientos de réplica frente a información falsa o inexacta difundida por medios de comunicación, agencias de noticias y productores independientes. El debate consiste en determinar si un ejercicio gubernamental de comunicación directa, como la mañanera, debe quedar expresamente sujeto a reglas semejantes.

La propuesta del PAN todavía debe transitar por el Congreso y no implica que exista actualmente una obligación de reservar lugares, entregar micrófonos o permitir la participación cotidiana de dirigentes opositores en Palacio Nacional.

Morena contrapone legitimidad electoral y autoridad moral

Morena argumentó que no existe equivalencia política entre los partidos opositores, rechazados —afirmó— en las elecciones de 2018 y 2024, y un movimiento que ha refrendado su respaldo en las urnas.

El comunicado destacó que Claudia Sheinbaum obtuvo casi 36 millones de votos en la elección presidencial. El dato coincide con los resultados del Instituto Nacional Electoral: la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia recibió 35 millones 924 mil 519 sufragios, equivalentes a 59.75 por ciento de la votación, según los cómputos oficiales del INE.

Esa votación acredita una amplia legitimidad de origen para ejercer la Presidencia. No obstante, una mayoría electoral no vuelve verdaderas por definición las afirmaciones del Gobierno ni reduce los derechos de quienes votaron por otras opciones.

En una democracia, el mandato mayoritario permite gobernar, pero coexiste con el pluralismo, el derecho de las minorías a disentir y la obligación de las autoridades de sustentar la información que difunden. La veracidad de un señalamiento no se determina por el número de votos de quien lo formula.

Morena también atribuyó “autoridad moral” a su presidenta nacional, Ariadna Montiel. Esa valoración pertenece al terreno partidista y no constituye un criterio jurídico para resolver controversias sobre libertad de expresión o derecho de réplica.

El comunicado responde con nuevas descalificaciones

El partido oficial acusó a Romero de pertenecer al denominado “cártel inmobiliario” y llamó “corrupto” al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Ambas expresiones deben entenderse como acusaciones políticas formuladas por Morena. El comunicado no incorpora sentencias firmes que permitan presentar a los dos dirigentes como responsables judicialmente acreditados de esos señalamientos.

Esta circunstancia introduce una contradicción discursiva: el partido exige que la oposición no lance acusaciones sin pruebas, pero en el mismo documento emplea calificativos incriminatorios sin exponer los elementos o resoluciones que los sostienen.

La crítica severa, incluso ofensiva, disfruta de una protección amplia dentro del debate político. Sin embargo, la imputación concreta de delitos falsos puede rebasar ese margen y convertirse en calumnia. La diferencia no la establece unilateralmente el partido señalado ni quien emite la acusación: corresponde a las autoridades competentes analizar el contenido, el contexto y las pruebas.

La frontera entre crítica y calumnia

La frase central del comunicado —“no confundan libertad de expresión con derecho a mentir”— contiene un principio atendible, pero jurídicamente incompleto.

La libertad de expresión no protege de manera absoluta la imputación deliberada de hechos o delitos falsos. Al mismo tiempo, tampoco permite que el Gobierno o un partido definan por sí solos qué opinión constituye una mentira y ordenen silenciarla.

La Suprema Corte ha sostenido que los partidos, funcionarios y figuras públicas deben soportar un nivel mayor de escrutinio y crítica. Incluso las expresiones incómodas, vehementes o desagradables pueden quedar protegidas cuando forman parte de la deliberación sobre asuntos públicos.

La calumnia político-electoral requiere un análisis más estricto. El Tribunal Electoral ha señalado que debe existir la imputación de hechos o delitos falsos y, conforme al estándar de malicia efectiva, conocimiento de la falsedad o actuación temeraria frente a ella.

Dos resoluciones recientes muestran que el criterio depende del contenido concreto. En junio de 2026, la Sala Superior confirmó la improcedencia de retirar promocionales del PAN al considerar preliminarmente que contenían opiniones políticas y no imputaciones directas de delitos falsos. La sentencia SUP-REP-26/2026 protegió esas expresiones dentro del debate público.

Días después, el tribunal confirmó medidas cautelares contra otras publicaciones atribuidas al PAN y a Jorge Romero relacionadas con expresiones como “narcopartido” y supuestos vínculos entre Morena y el crimen organizado. En ese caso, la sentencia SUP-REP-27/2026 mantuvo la decisión del INE mientras continuaba el procedimiento.

Los precedentes no autorizan una censura general de la oposición ni establecen que cualquier crítica a Morena sea calumniosa. Confirman que cada expresión debe examinarse individualmente.

¿Debe el Gobierno prestar su micrófono?

Morena tiene razón en un punto limitado: la libertad de expresión no garantiza a ningún partido el uso irrestricto de una plataforma gubernamental. Acción Nacional puede emitir comunicados, organizar conferencias, utilizar sus tiempos oficiales y ocupar las tribunas legislativas.

Pero la discusión planteada por el PAN no se agota en el acceso a un micrófono. La mañanera es una plataforma financiada con recursos públicos, encabezada por la titular del Poder Ejecutivo y reproducida ampliamente por medios y canales institucionales. Desde ese espacio pueden difundirse datos oficiales, opiniones políticas y señalamientos contra personas, empresas, periodistas u organizaciones.

Precisamente por su alcance y naturaleza pública, la conferencia tiene una capacidad de amplificación que no es equivalente a la de una rueda de prensa partidista. Someter determinadas afirmaciones a mecanismos de corrección no necesariamente supondría entregar el control editorial de la mañanera a la oposición.

El problema consiste en diseñar un procedimiento que permita corregir datos demostrablemente falsos sin convertir la réplica en una herramienta para colonizar la conferencia presidencial, bloquear la crítica gubernamental o producir confrontaciones partidistas cotidianas.

Entre los puntos que tendría que resolver una eventual reforma se encuentran:

• Quién puede solicitar la réplica.
• Qué constituye información falsa o inexacta.
• Qué autoridad decide su procedencia.
• En qué formato y plazo debe difundirse.
• Si la respuesta debe aparecer dentro de la conferencia o en una plataforma institucional equivalente.
• Cómo evitar que el Gobierno sea juez de sus propias afirmaciones.
• Qué mecanismo de revisión tendría una negativa.
• Cómo distinguir hechos verificables de opiniones políticas.

El alcance electoral no define la libertad

Morena afirmó que el alcance del PAN es “raquítico” porque perdió la confianza ciudadana. El comunicado no ofrece mediciones de audiencia que respalden esa afirmación.

Aun si la capacidad de convocatoria de un partido fuera reducida, ese dato no definiría la extensión de sus derechos. La libertad de expresión protege tanto a las fuerzas mayoritarias como a las minoritarias; de otro modo, dejaría de ser un derecho y se convertiría en una prerrogativa determinada por la popularidad.

Del mismo modo, los recursos públicos asignados a los partidos y el acceso a tiempos oficiales no resuelven automáticamente el derecho de una persona aludida desde una plataforma gubernamental a responder una afirmación específica.

La controversia exige abandonar dos simplificaciones. La oposición no posee un derecho automático a ocupar la mañanera, pero el Gobierno tampoco puede asumir que su legitimidad electoral lo exime de corregir información falsa.

Morena concluyó que el PAN está confundiendo libertad con privilegios. El debate legislativo deberá determinar si se trata realmente de una demanda de acceso partidista o de una propuesta viable para exigir responsabilidad informativa a la tribuna más poderosa del país.

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La iniciativa mantendría el efectivo y obligaría a instalar terminales en todos los puntos de cobro; todavía deben definirse plazos, sanciones y mecanismos para evitar cargos adicionales

Santiago de Querétaro, Qro., 13 de agosto de 2026.— El diputado local Enrique Correa Sada presentó una iniciativa para obligar a los estacionamientos públicos de paga en Querétaro a aceptar tarjetas de débito y crédito, como una alternativa adicional al efectivo.

La propuesta busca modificar la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para establecer que todos los puntos de cobro cuenten con una terminal habilitada.

El legislador argumentó que la medida permitiría agilizar la salida de los establecimientos, reducir la circulación de efectivo y ofrecer más alternativas a personas adultas mayores, personas con discapacidad, turistas y usuarios que emplean habitualmente medios electrónicos.

“En pleno 2026, tenemos que seguir buscando que los servicios que utilizamos todos los días sean más accesibles, modernos y eficientes. Si podemos pagar con tarjeta o desde nuestro celular prácticamente en cualquier lugar, también deberíamos tener esa opción al salir de un estacionamiento”, declaró.

La iniciativa todavía deberá pasar por el proceso legislativo: turno a comisión, elaboración de un dictamen y votación del Pleno. Por tanto, los estacionamientos no están obligados actualmente, por esta propuesta, a instalar terminales.

El efectivo permanecería como opción

El proyecto no plantea sustituir los billetes y monedas. Los prestadores del servicio tendrían que conservar el cobro en efectivo y añadir la alternativa bancaria.

La precisión es relevante porque una obligación exclusivamente digital podría excluir a quienes no poseen una cuenta, tarjeta o dispositivo móvil. La propuesta busca ampliar las formas de pago, no reducirlas.

La legislación vigente sobre estacionamientos ya obliga a los prestadores a contar con suficiente efectivo para realizar sus operaciones cotidianas, además de exhibir tarifas, entregar boletos y disponer de un seguro contra daños y robo parcial o total.

El texto presentado por Correa añadiría a esas responsabilidades la disponibilidad de terminales para procesar tarjetas en cada punto donde se recaude el importe del servicio.

Pagar con tarjeta no siempre elimina las filas

La incorporación de terminales puede evitar que una persona busque monedas o espere cambio, pero su efecto sobre los tiempos de salida dependerá del diseño operativo.

Si el establecimiento dispone de una sola terminal para varias cajas, presenta problemas de conectividad o carece de procedimientos para resolver pagos rechazados, la medida podría trasladar el cuello de botella sin eliminarlo.

La expresión “todos los puntos de cobro” sugiere que cada caja, módulo o espacio habilitado para recibir pagos debería contar con el equipo correspondiente. El dictamen tendrá que determinar si la obligación incluirá cajeros automáticos, casetas de salida, módulos atendidos por personal y servicios de recepción o valet parking.

También deberá establecer qué ocurrirá durante una interrupción de internet, falla eléctrica, mantenimiento bancario o avería del equipo. Una persona no debería quedar imposibilitada para retirar su vehículo por una deficiencia tecnológica atribuible al prestador.

Las comisiones corresponden al establecimiento

El uso de terminales genera costos para los comercios. Las instituciones financieras suelen cobrar una tasa de descuento, generalmente calculada como porcentaje de cada operación.

El Banco de México explica que la institución adquirente cobra al establecimiento por procesar los pagos. Dentro del sistema también existen cuotas de intercambio entre los bancos participantes.

Ese costo no debería añadirse al precio anunciado al usuario. La Procuraduría Federal del Consumidor considera que trasladar al cliente una comisión por pagar con tarjeta constituye una práctica abusiva que puede derivar en sanciones. La Profeco ha reiterado que los establecimientos deben respetar el importe exhibido y abstenerse de agregar recargos por el medio de pago.

Por ello, la reforma debería incorporar expresamente la prohibición de cobrar una tarifa superior a quienes utilicen tarjetas. De otra manera, la nueva opción podría existir formalmente, pero quedar castigada mediante un cargo adicional.

Tampoco debería permitirse un consumo mínimo. En un estacionamiento, las tarifas suelen ser de montos reducidos, particularmente durante estancias cortas, precisamente el tipo de operación en el que algunos comercios intentan imponer restricciones para compensar sus costos bancarios.

La propuesta menciona pagos móviles, pero regula tarjetas

Correa afirmó que actualmente es posible pagar “con tarjeta o desde nuestro celular” en numerosos establecimientos. Sin embargo, la reforma descrita en el boletín solamente menciona terminales bancarias y tarjetas de débito y crédito.

Esto no necesariamente obliga a aceptar transferencias, códigos QR, billeteras digitales u otros sistemas operados desde teléfonos móviles. Algunas terminales admiten pagos sin contacto mediante dispositivos, pero esa capacidad depende de su tecnología y de las plataformas contratadas.

Si el propósito es mantener una legislación tecnológicamente vigente, el Congreso podría analizar una redacción más amplia que reconozca medios de pago electrónicos autorizados, sin restringir la obligación a un tipo específico de aparato o proveedor financiero.

También deberá valorar si la expresión “terminal bancaria” excluye inadvertidamente a los agregadores de pago y empresas tecnológicas no bancarias que ofrecen lectores de tarjetas, particularmente a establecimientos pequeños.

Un posible problema de técnica legislativa

El boletín informa que la propuesta pretende adicionar una fracción XI al artículo 4 de la ley estatal. No obstante, la versión pública del ordenamiento consultada en la biblioteca del Congreso muestra que ese artículo contiene actualmente nueve fracciones.

Si esa versión continúa vigente, la nueva obligación tendría que incorporarse como fracción X, salvo que exista otra modificación en trámite o que la iniciativa contemple una disposición adicional no explicada en el comunicado.

La numeración no altera el fondo de la propuesta, pero deberá corregirse durante la dictaminación para evitar un vacío o una inconsistencia en la estructura del artículo.

¿A qué estacionamientos se aplicaría?

La ley estatal regula los estacionamientos públicos de paga, así como los servicios de recepción, acomodamiento y guarda de vehículos. No debe confundirse “estacionamiento público” con propiedad gubernamental: la expresión incluye establecimientos privados que ofrecen el servicio al público a cambio de una tarifa.

Los ayuntamientos son responsables de expedir los reglamentos, otorgar licencias, fijar tarifas y gratuidades, supervisar el cumplimiento e imponer las sanciones correspondientes.

Si la reforma es aprobada, los municipios tendrían que adecuar sus reglamentos y procedimientos de inspección. El proyecto deberá definir el periodo que tendrán los operadores para adquirir equipos, contratar servicios y capacitar al personal.

También será necesario determinar si existirán reglas diferenciadas para pequeños estacionamientos, pensiones, establecimientos con acomodadores y grandes complejos comerciales. Una obligación uniforme puede resultar sencilla para las cadenas o plazas consolidadas, pero representar un costo proporcionalmente mayor para prestadores con pocas operaciones.

Esa diferencia no justifica privar a sus clientes de medios de pago, pero sí vuelve conveniente establecer un plazo razonable de adaptación y especificaciones técnicamente neutrales.

Una solución cotidiana que requiere reglas completas

La iniciativa atiende una situación frecuente: usuarios que llegan a la salida de un estacionamiento sin efectivo suficiente o que deben buscar un cajero antes de recuperar su vehículo.

La disponibilidad de tarjetas puede ofrecer comodidad, reducir el manejo de efectivo y facilitar el registro de las operaciones. Sin embargo, la eficacia de la medida dependerá de aspectos que el comunicado todavía no detalla:

• El plazo para instalar los equipos.
• Las consecuencias por incumplimiento.
• Los protocolos ante fallas de conectividad.
• La prohibición de cobrar comisiones o montos mínimos.
• La aceptación de tecnologías distintas a la tarjeta física.
• La autoridad municipal responsable de verificar las terminales.
• La protección de datos y entrega de comprobantes.
• Las posibles reglas de adaptación para establecimientos pequeños.

La propuesta de Correa abre una discusión concreta sobre la modernización de un servicio cotidiano. Su utilidad final no dependerá solamente de ordenar la presencia de una terminal, sino de garantizar que funcione, que esté disponible en cada caja y que utilizarla no resulte más caro para el consumidor.

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La propuesta contempla una comisión intersecretarial, un padrón y centros estatales de diagnóstico; su viabilidad dependerá del presupuesto, la coordinación institucional y la protección de datos personales

Santiago de Querétaro, Qro., 13 de agosto de 2026.— Las diputadas locales Perla Patricia Flores Suárez y María Georgina “Ginna” Guzmán Álvarez presentaron una iniciativa para expedir la Ley de los Derechos de las Personas que Viven con el Espectro Autista y/o Neurodivergencias del Estado de Querétaro.

El proyecto busca establecer obligaciones estatales en materia de diagnóstico temprano, atención especializada, educación inclusiva, capacitación, empleo, movilidad, desarrollo social y acceso a actividades culturales, recreativas y deportivas.

También plantea crear una Comisión Intersecretarial encargada de coordinar las políticas públicas, un Padrón Estatal y Centros Estatales de Atención y Diagnóstico integrados por equipos multidisciplinarios.

La iniciativa fue presentada ante la LXI Legislatura, pero todavía deberá ser turnada a comisión, analizada, dictaminada y sometida a votación. Sus disposiciones, por tanto, no se encuentran vigentes.

Salud, educación y empleo, los ejes de la propuesta

De acuerdo con el comunicado legislativo, la propuesta surgió de reuniones con familias, organizaciones, especialistas, gobiernos municipales y autoridades de Salud, Educación, Trabajo y Juventud.

“Esta iniciativa nace de escuchar a las familias y conocer directamente las barreras que enfrentan las personas con autismo. Buscamos que tengan herramientas reales para ejercer plenamente sus derechos y desarrollarse con igualdad de oportunidades”, sostuvo Perla Flores.

En salud, el proyecto plantea ampliar el acceso al diagnóstico temprano y a servicios especializados. En el ámbito educativo propone medidas de inclusión, mientras que en materia laboral contempla capacitación para la vida productiva y mecanismos de incorporación al empleo.

El documento también incluye accesibilidad en el transporte y participación en actividades culturales, recreativas y deportivas. El comunicado, sin embargo, no detalla qué ajustes concretos se impondrían a escuelas, centros laborales, unidades de transporte o dependencias públicas.

Tampoco precisa los procedimientos mediante los cuales las personas podrían exigir el cumplimiento de esos derechos, presentar quejas o acceder a medidas de reparación frente a una negativa institucional.

Una comisión para coordinar a las dependencias

La Comisión Intersecretarial propuesta tendría la tarea de articular las acciones de las distintas áreas del Gobierno del Estado.

El modelo no es completamente nuevo. Desde 2015 existe una Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, aplicable en todo el país, que reconoce derechos en salud, educación, capacitación, empleo, transporte, cultura y recreación. Esa legislación también contempla una comisión intersecretarial en el ámbito federal.

El valor de una ley estatal dependerá, en consecuencia, de que no se limite a reproducir derechos ya reconocidos y establezca obligaciones aplicables a las instituciones queretanas: autoridades responsables, plazos de atención, mecanismos de coordinación, indicadores y recursos presupuestarios.

La multiplicación de comisiones administrativas no garantiza resultados si las dependencias carecen de personal, protocolos, capacidad diagnóstica o partidas para ejecutar los programas. La discusión legislativa deberá precisar cómo se integraría la instancia, qué facultades tendría, con qué periodicidad sesionaría y cómo rendiría cuentas.

Centros estatales: la propuesta de mayor alcance presupuestario

La creación de Centros Estatales de Atención y Diagnóstico aparece como uno de los componentes más relevantes del proyecto, pero también como el que demandaría mayores recursos.

Su puesta en marcha requeriría instalaciones, personal especializado, instrumentos de evaluación, protocolos clínicos, cobertura territorial y coordinación con los sistemas públicos de salud y educación. El boletín no especifica cuántos centros se crearían, dónde estarían ubicados ni cuál sería el costo previsto.

Ese aspecto será determinante para evitar que la ley se convierta en una declaración de derechos sin capacidad material para cumplirlos. También deberá analizarse si se construirán nuevas instalaciones o se aprovechará infraestructura existente, así como la manera en que se atenderá a quienes viven fuera de la zona metropolitana.

Actualmente existen organizaciones de asistencia privada que ofrecen servicios relacionados con autismo, educación y capacitación en Querétaro, como muestra el directorio de la Junta de Asistencia Privada del estado. No obstante, la existencia de instituciones civiles no sustituye la responsabilidad pública de garantizar atención accesible y territorialmente equitativa.

El padrón deberá proteger información sensible

La iniciativa contempla establecer un Padrón Estatal, presumiblemente para dimensionar la población, conocer sus necesidades y orientar las políticas públicas.

Un registro puede contribuir a corregir la ausencia de estadísticas suficientes, pero también implica el tratamiento de información relacionada con la salud y la discapacidad. Por ello, el dictamen deberá definir con precisión qué datos se recopilarán, quién podrá consultarlos, para qué serán utilizados, cuánto tiempo se conservarán y bajo qué medidas de seguridad.

También será necesario establecer si la inscripción será voluntaria y cómo se obtendrá el consentimiento informado, particularmente cuando se trate de niñas, niños, adolescentes o personas que requieran apoyos para tomar decisiones.

El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha recomendado que los datos de este sector sean tratados con consentimiento libre e informado o con otra base legal legítima, para finalidades específicas y bajo mecanismos efectivos contra su uso indebido. Un padrón destinado a planear servicios no debe convertirse en una herramienta de etiquetamiento, exclusión laboral o condicionamiento de derechos.

¿Qué abarcará el término “neurodivergencias”?

Otro punto que requerirá precisión es el alcance jurídico de la palabra “neurodivergencias”. A diferencia del espectro autista, el término puede utilizarse para referirse a condiciones distintas, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dislexia y otras variaciones neurológicas o cognitivas.

La amplitud del concepto puede favorecer una política incluyente, pero una definición imprecisa generaría dificultades para determinar quiénes serían titulares de los derechos, qué servicios corresponderían a cada persona y cuáles dependencias tendrían competencia.

Autismo y neurodivergencia tampoco son categorías necesariamente intercambiables. Durante el análisis legislativo será importante escuchar directamente a personas autistas y neurodivergentes, además de familias, especialistas y organizaciones. La consulta debe incorporar la perspectiva de quienes serán afectadas por la legislación y no limitarse a hablar en su nombre.

El antecedente de una propuesta retirada

Los registros de la propia Legislatura muestran que Ginna Guzmán presentó anteriormente una iniciativa para crear la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con la Condición del Espectro Autista y Otras Condiciones de la Neurodiversidad.

Aquella propuesta, registrada en enero de 2025, fue retirada por su autora y recibió una baja administrativa por desistimiento, según el reporte de asuntos sometidos a proceso legislativo.

La nueva iniciativa, presentada junto con Perla Flores, abre una segunda oportunidad para conocer qué modificaciones se realizaron, qué observaciones motivaron el retiro anterior y cómo se subsanaron. El comunicado no explica esas diferencias.

Una ley deberá evitar barreras adicionales

El Congreso también tendrá que considerar los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En 2016, la Corte invalidó disposiciones de la legislación federal que exigían un “certificado de habilitación” para acreditar que una persona autista era apta para desempeñar una actividad laboral. El tribunal determinó que ese requisito vulneraba los derechos al trabajo, la igualdad, la salud y la libertad profesional. El precedente puede consultarse en la Acción de Inconstitucionalidad 33/2015.

La legislación estatal deberá garantizar que diagnósticos, credenciales o inscripciones en padrones faciliten el acceso a apoyos, pero nunca se conviertan en condiciones para estudiar, trabajar, desplazarse o ejercer otros derechos.

La iniciativa coloca sobre la mesa una demanda relevante para las familias y las personas autistas y neurodivergentes. Su alcance real, sin embargo, no se medirá por el número de derechos enumerados, sino por la existencia de presupuesto, servicios accesibles, personal capacitado, protección de datos y mecanismos para exigir su cumplimiento.

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