Adriana Meza acompaña una nueva entrega de computadoras del programa «Uniendo Voces» en San Juan del Río

Por: Redacción de LYPmultimedios

San Juan del Río, Qro., 2 de agosto de 2026.— Para una familia que hasta ahora resolvía las tareas escolares en el celular de mamá o pagando renta de equipo en un ciber, recibir una computadora en casa cambia una rutina cotidiana muy concreta. Con esa lógica opera el programa municipal «Uniendo Voces», que este viernes realizó una nueva entrega de equipos de cómputo en el Portal del Diezmo, con la participación de la diputada local Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la fracción del PRI en la LXI Legislatura.

Lo que se entregó y para qué

De acuerdo con la información difundida, la entrega reunió a familias beneficiarias de distintas comunidades y colonias de San Juan del Río. La legisladora planteó el objetivo en dos dimensiones: reducir la brecha digital entre estudiantes del municipio y aligerar el gasto de los hogares.

«Cada computadora entregada representa una puerta abierta al futuro para nuestras niñas y niños, y un alivio para la economía de sus hogares. Cuando sumamos la gestión legislativa con el trabajo del Gobierno Municipal, logramos que las cosas sucedan», expresó Meza Argaluza, quien reconoció el respaldo del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.

Un programa que ya lleva varios meses de operación

Esta no es una entrega aislada, sino parte de un esquema que arrancó el 20 de abril de este año con un primer lote de 108 equipos, encabezado entonces por el diputado local Guillermo «Memo» Vega Guerrero junto con el alcalde Cabrera Valencia. Desde entonces, el programa ha operado con entregas escalonadas de entre 108 y 130 computadoras cada una, financiadas con recursos estatales gestionados desde el Congreso local, con una meta global de 2 mil familias beneficiarias.

La operación corre a cargo de la Secretaría municipal de Desarrollo Social, encabezada por Ana Eugenia Patiño Correa. En entregas anteriores se ha seguido un mismo formato: un acto simbólico con algunas de las beneficiarias y la distribución del resto del lote por bloques entre los registrados.

El dato que falta

Hay un elemento que el programa no ha hecho público hasta ahora y que resultaría útil para dimensionar su alcance real: el reporte consolidado de cuántos equipos se han entregado en total y cómo se distribuyen territorialmente entre las comunidades y colonias del municipio. Con una meta de 2 mil familias y lotes de poco más de cien equipos por entrega, ese corte permitiría saber en qué punto va el programa y qué zonas de San Juan del Río han quedado mejor o peor atendidas.

Es la clase de información que suele resolver la mayoría de las preguntas ciudadanas sobre este tipo de apoyos: quién califica, cómo se registra uno, y cuántos lugares quedan.

Lo que sigue

Meza Argaluza señaló que continuará impulsando desde el Congreso local gestiones y proyectos orientados a fortalecer la educación en el municipio. Con la meta de 2 mil familias todavía en curso, el programa tiene entregas pendientes en los próximos meses, y con ellas la oportunidad de que la administración municipal publique el corte acumulado que hasta ahora no se ha difundido.

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Santiago de Querétaro, Querétaro, 19 de julio de 2026.— Una comunidad puede recibir visitantes, cocinar para ellos, conservar el paisaje y compartir sus tradiciones, pero terminar observando cómo la mayor parte del dinero se queda en agencias, plataformas e intermediarios externos.

Modificar esa distribución es el propósito declarado de una iniciativa presentada por la diputada priista Adriana Meza, en coordinación con la Secretaría de Turismo del estado y la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura.

La propuesta busca incorporar el turismo comunitario a la Ley de Turismo del Estado de Querétaro y reconocer a las personas habitantes como participantes centrales en el diseño, administración y comercialización de las experiencias ofrecidas en sus territorios.

De acuerdo con el comunicado legislativo, el modelo no se limitaría a comunidades rurales. También podría incluir zonas semiurbanas, barrios tradicionales, agrupaciones artesanales y otras comunidades locales con vocación turística.

La idea abre una oportunidad relevante: que el turismo deje de mirar a las comunidades únicamente como escenario y las reconozca como propietarias, gestoras y beneficiarias de la actividad.

Pero la reforma apenas comienza su trayecto legislativo.

La iniciativa todavía no es ley

El calificativo de “reforma histórica” utilizado en el boletín se adelanta al procedimiento.

Hasta ahora se presentó una iniciativa. Para convertirse en norma deberá ser estudiada, dictaminada, discutida y aprobada por el Congreso; después tendría que promulgarse y publicarse oficialmente.

El comunicado no informa a qué artículos modificaría, qué obligaciones asumirían la Secretaría de Turismo y los municipios, cómo se acreditaría a una comunidad turística ni qué recursos económicos respaldarían la política.

La precisión importa porque una declaración legal puede reconocer derechos y objetivos, pero no garantiza por sí sola financiamiento, capacitación, infraestructura, promoción o acceso a mercados.

La versión vigente de la Ley de Turismo de Querétaro ya contempla rutas artesanales, participación de pueblos y comunidades indígenas y promoción de actividades culturales; sin embargo, no contiene expresamente el concepto de “turismo comunitario”.

Por ello, incorporar una definición específica podría ayudar a establecer responsabilidades, mecanismos de coordinación y criterios de apoyo. La utilidad dependerá del contenido final, no únicamente del nombre asignado a la reforma.

El decreto federal abrió la puerta

La iniciativa busca armonizar la legislación estatal con el Decreto publicado el 23 de marzo de 2026, mediante el cual el Gobierno federal declaró al turismo comunitario como actividad de interés público y prioridad nacional.

El documento federal concibe este modelo como una actividad desarrollada por personas de las propias comunidades, de manera individual o colectiva, que participan en la generación, gestión y promoción de productos y servicios turísticos.

También lo relaciona con la conservación del patrimonio natural y biocultural, el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y una distribución más equitativa de los beneficios.

La Federación instaló posteriormente una coordinación nacional para impulsar este modelo y comenzó a desarrollar Destinos de Turismo Comunitario, distintivos, capacitación y herramientas de promoción.

La reforma queretana intenta trasladar ese enfoque al ámbito local y ampliar su alcance hacia espacios que no siempre encajan en la definición tradicional de turismo rural.

¿Es Querétaro realmente pionero?

El boletín presenta la inclusión de comunidades semiurbanas y barrios tradicionales como una innovación nacional.

La afirmación debe tratarse como una postura de la promovente, no como un hecho comprobado.

Oaxaca ya define en su Ley de Turismo el turismo rural y comunitario como actividades de convivencia e interacción con comunidades, destinadas a generar ingresos y contribuir a la conservación de sus recursos. Chiapas cuenta además con una Ley de Centros Ecoturísticos de Autogestión Comunitaria.

En 2026, otras entidades también han reformado o discutido sus marcos turísticos para reconocer modelos comunitarios, sostenibles y de participación local.

Eso no resta valor a la propuesta queretana. Sí obliga a abandonar la competencia por proclamarse “el primero” y concentrarse en una pregunta más útil: ¿qué protección adicional ofrecerá esta ley a las comunidades?

Querétaro podría construir un modelo relevante si logra integrar lo rural, lo indígena, lo artesanal y lo barrial sin convertirlos en una simple categoría de promoción turística.

Que la comunidad decida, no solamente atienda

La diputada Adriana Meza sostuvo que la reforma colocaría a las personas habitantes en el centro de la administración de la oferta turística y permitiría que la derrama económica llegara directamente a las familias.

Ese principio necesita mecanismos concretos.

Una reforma sólida debería definir quién representa legítimamente a la comunidad, cómo se toman las decisiones, quién administra los ingresos, cómo se reparten los beneficios y qué ocurre cuando existen desacuerdos internos.

También tendría que proteger a las comunidades frente a empresas que utilicen su imagen, gastronomía, patrimonio o conocimientos tradicionales sin autorización ni compensación.

La autogestión no puede reducirse a contratar habitantes como cocineros, guías o vendedores mientras una empresa externa conserva el control de las reservaciones, los precios, la publicidad y las ganancias.

El turismo será comunitario cuando la comunidad tenga capacidad real de decidir qué ofrece, cuánto cobra, cuántos visitantes recibe y qué actividades rechaza.

El dinero necesita reglas transparentes

El primer eje planteado por la iniciativa es económico: fortalecer micro y pequeñas empresas, cooperativas y redes de prestadores locales.

Para conseguirlo, la ley tendría que acompañarse de acciones como capacitación administrativa, acceso a créditos, asesoría jurídica, promoción digital, infraestructura básica y mecanismos de comercialización directa.

También debería establecer indicadores verificables:

• Cuánto dinero gastan los visitantes.
• Qué proporción permanece en la comunidad.
• Cuántos empleos se crean.
• Cuántos son permanentes y con seguridad social.
• Cuántas empresas o cooperativas locales participan.
• Qué porcentaje de las compras se realiza a proveedores del territorio.
• Qué intermediarios reciben comisiones.

Sin estos datos, la “derrama económica” puede convertirse en una expresión repetida por gobiernos y empresas sin demostrar quién recibió realmente el beneficio.

El turismo también puede presionar el territorio

La dimensión ambiental no puede descansar únicamente en presentar a las comunidades como “guardianas” de la naturaleza.

Un aumento de visitantes puede elevar el consumo de agua, la generación de basura, el tráfico, el ruido y la presión sobre senderos, zonas forestales, centros históricos o sitios sagrados.

La ley debería permitir que cada comunidad determine límites de carga, temporadas, actividades permitidas y condiciones ambientales.

También tendría que evitar que el reconocimiento turístico acelere la compra de terrenos, el encarecimiento de viviendas o el desplazamiento de habitantes por negocios de hospedaje.

El desarrollo sostenible no consiste en llevar más personas a todos los lugares. En algunos casos, significa establecer límites para proteger el territorio y la vida comunitaria.

Mujeres y jóvenes: oportunidad sin romantizar el trabajo

Adriana Meza afirmó que el turismo comunitario puede generar arraigo y oportunidades para mujeres y jóvenes.

La posibilidad existe, especialmente en comunidades donde las opciones laborales son limitadas. Sin embargo, la reforma debe evitar que esa promesa descanse en trabajo precario o no remunerado.

Las mujeres suelen sostener actividades relacionadas con cocina, cuidado, limpieza, organización comunitaria y producción artesanal. Si ese trabajo se incorpora a una experiencia turística, debe reconocerse, pagarse y participar en la toma de decisiones.

Los jóvenes, por su parte, pueden aportar herramientas digitales, producción audiovisual, idiomas, comercialización y diseño de experiencias. Pero el arraigo no se construye pidiéndoles permanecer por obligación, sino creando empleos dignos y posibilidades reales de crecimiento.

Una política con perspectiva de género tendría que medir quién controla los ingresos, quién posee los negocios y quién ocupa los cargos dentro de las organizaciones comunitarias.

Preservar no significa congelar una cultura

El tercer eje de la propuesta busca proteger gastronomía, tradiciones, lenguas y patrimonio.

El objetivo es relevante, pero debe evitar una mirada folclórica.

Las comunidades no son museos ni escenarios obligados a repetir una versión estática de sí mismas para satisfacer expectativas de visitantes. Sus culturas cambian, debaten, mezclan influencias y deciden qué elementos desean compartir.

Una legislación progresista debería reconocer el derecho de las comunidades a controlar el uso comercial de sus expresiones culturales y a negar la explotación de conocimientos, ceremonias o espacios considerados sensibles.

El patrimonio no debe convertirse en mercancía sin consentimiento.

La coordinación institucional puede ser una fortaleza

La iniciativa fue presentada por una diputada del PRI y trabajada, de acuerdo con el boletín, con una dependencia del gobierno estatal encabezado por el PAN.

Esa colaboración puede resultar positiva si permite construir una política que trascienda la disputa partidista y llegue al presupuesto, los municipios y las comunidades.

También evita que la propuesta sea vista únicamente como una bandera legislativa individual.

Sin embargo, la participación de la Secretaría de Turismo no sustituye la consulta con quienes serán regulados. Las comunidades, cooperativas, artesanas, cocineras tradicionales, guías y prestadores locales deben intervenir en la elaboración del dictamen.

Legislar sobre autogestión sin escuchar a quienes tendrán que autogestionarse sería una contradicción.

Lo histórico dependerá de lo que ocurra después

Querétaro tiene condiciones para desarrollar experiencias turísticas vinculadas con gastronomía, artesanías, naturaleza, barrios tradicionales, memoria comunitaria y patrimonio biocultural.

La reforma puede ampliar oportunidades y corregir un modelo en el que los territorios reciben visitantes, pero no siempre controlan los beneficios.

Para lograrlo deberá responder preguntas que el boletín todavía deja abiertas:

• ¿Habrá presupuesto específico?
• ¿Cómo se reconocerá a las comunidades participantes?
• ¿Existirá un padrón público?
• ¿Quién vigilará la distribución de ingresos?
• ¿Cómo se protegerá el patrimonio colectivo?
• ¿Qué obligaciones tendrán las empresas intermediarias?
• ¿Cómo se evitará el desplazamiento?
• ¿Qué papel asumirán los municipios?
• ¿Qué indicadores medirán el impacto?

La propuesta acierta al plantear que el turismo puede ser una herramienta de justicia social. Pero una ley no será histórica por la forma en que se anuncia.

Lo será cuando las comunidades dejen de servir como paisaje para la prosperidad de otros y obtengan poder real para decidir, administrar y beneficiarse de aquello que comparten con quienes las visitan.

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Santiago de Querétaro, Qro., 9 de julio de 2026.— La reforma electoral local avanzó en el Congreso de Querétaro, pero no sin tensión política. La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales aprobó el dictamen conjunto de diversas iniciativas en materia electoral, un paquete que busca modernizar la legislación, fortalecer la paridad, actualizar lenguaje incluyente y dar mayor certeza jurídica a los próximos procesos.

El dictamen fue aprobado con dos votos a favor y uno en contra, este último emitido por la diputada Adriana Meza Argaluza.

La sesión fue encabezada por el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, presidente de la comisión, acompañado por las legisladoras Adriana Meza Argaluza y Leonor Mejía Barraza, secretaria e integrante, respectivamente. También estuvieron presentes las diputadas Teresita Calzada y Claudia Díaz Gayou, cuyas propuestas forman parte del debate electoral local.

La reforma avanza, pero deja una pregunta incómoda: ¿Querétaro está dispuesto a llevar la paridad hasta los espacios donde realmente se disputa el poder?

Un dictamen amplio para actualizar las reglas electorales

El dictamen aprobado integra distintas iniciativas turnadas a la comisión, entre ellas propuestas relacionadas con requisitos para ocupar cargos de elección popular, asociaciones políticas estatales, doble postulación, candidaturas comunes, participación de partidos políticos, integración proporcional de ayuntamientos, prevención de sobrerrepresentación municipal, modernización institucional y reformas impulsadas por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

También incluye reformas vinculadas al artículo 166 de la Ley Electoral, uno de los puntos más sensibles de la discusión, por su relación directa con la paridad sustantiva y la postulación de mujeres en presidencias municipales.

Sinuhé Piedragil sostuvo que el dictamen parte de una visión técnica e institucional, tomando como base la iniciativa presentada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, lo que permitió realizar un análisis legislativo “serio, responsable y cuidadoso”.

El diputado afirmó que la reforma no debe concentrarse en intereses particulares, coyunturales o partidistas, sino en fortalecer las instituciones democráticas.

Una reforma electoral no solo cambia reglas: define quién puede competir, en qué condiciones y con qué garantías frente al poder.

Sinuhé Piedragil: una legislación “más moderna, incluyente y sólida”

Durante su intervención, Piedragil aseguró que el dictamen busca contribuir a una legislación “más moderna, más incluyente y más sólida” para Querétaro.

El presidente de la comisión destacó que uno de los ejes centrales es el fortalecimiento del principio de paridad, al señalar que no debe entenderse únicamente como una obligación numérica o formal.

A partir de la reforma constitucional conocida como paridad en todo, dijo, el mandato es avanzar hacia una igualdad sustantiva: que las mujeres no solo sean postuladas, sino que accedan efectivamente a espacios de decisión pública.

La paridad real no se mide únicamente por cuántas mujeres aparecen en la boleta. Se mide por cuántas llegan a los cargos donde se toman decisiones.

Piedragil también defendió el valor de la gradualidad, al considerar que las medidas afirmativas deben implementarse de forma proporcional, revisarse con resultados y avanzar hacia una igualdad real en el tiempo.

Lenguaje incluyente y violencia política

Otro punto destacado por el diputado fue la actualización del lenguaje de la Ley Electoral.

Piedragil señaló que el lenguaje incluyente no es un asunto menor, porque las leyes nombran derechos, sujetos, instituciones y obligaciones. Por ello, afirmó, deben reflejar una visión de igualdad, respeto e inclusión.

“Modernizar el lenguaje normativo también es parte de modernizar nuestra democracia”, sostuvo.

El dictamen también contempla vínculos con la prevención de la violencia política y la violencia contra las mujeres en razón de género, además de la modernización de procedimientos, uso de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de la certeza jurídica en la actuación de autoridades electorales.

Una democracia moderna no solo necesita urnas. Necesita reglas claras, lenguaje incluyente, instituciones confiables y condiciones para que competir no implique violencia ni exclusión.

El punto que encendió el debate: el artículo 166

La discusión más sensible se concentró en el artículo 166 del dictamen, relacionado con la postulación de mujeres en ayuntamientos.

La diputada Claudia Díaz Gayou recordó que su iniciativa planteaba que los partidos políticos postularan mujeres en al menos tres de los cinco municipios más poblados del estado.

Sin embargo, señaló que el dictamen aprobado propone una fórmula distinta: que los partidos garanticen la postulación de mujeres para encabezar planillas de ayuntamientos en al menos dos municipios donde históricamente nunca han sido gobernados por mujeres.

Díaz Gayou cuestionó que la redacción final no corresponda plenamente ni a su propuesta ni a otras iniciativas presentadas.

“Me parece que no es ni una iniciativa ni la otra”, señaló.

También advirtió que, bajo esa lógica, las mujeres podrían seguir encabezando espacios en municipios más pequeños, sin necesariamente acceder a territorios de mayor peso político, poblacional y presupuestal.

Ahí está el centro del debate: no basta con postular mujeres; importa dónde se les postula.

Municipios grandes o municipios sin antecedente femenino

La diferencia entre ambas fórmulas no es menor.

La propuesta de Díaz Gayou buscaba empujar candidaturas de mujeres en municipios de mayor población, es decir, territorios con mayor presupuesto, visibilidad, estructura política e impacto electoral.

La fórmula del dictamen, en cambio, se centra en municipios donde históricamente no ha habido mujeres electas como presidentas municipales.

Ambas rutas buscan corregir rezagos, pero no producen el mismo efecto político.

Postular mujeres en municipios históricamente cerrados puede abrir puertas. Pero postularlas en municipios de alta concentración poblacional puede disputar el poder donde más pesa.

Esa es la tensión de fondo.

Querétaro puede avanzar en paridad sin tocar los espacios más competitivos, o puede usar la reforma para obligar a los partidos a abrir candidaturas femeninas en territorios de mayor relevancia.

Adriana Meza intentó ampliar la exigencia

La diputada Adriana Meza Argaluza presentó una reserva al artículo 166.

Su propuesta buscaba que los partidos políticos garantizaran la postulación de mujeres para encabezar planillas de ayuntamientos en al menos tres municipios donde históricamente no han sido electas por voto popular como presidentas municipales.

Meza argumentó que el principio de igualdad sustantiva obliga a transitar de la paridad numérica a la paridad en el ejercicio real del poder.

Aunque reconoció que la redacción del dictamen representaba una acción afirmativa valiosa al considerar dos municipios con rezago histórico, sostuvo que elevar la exigencia a tres ayudaría a acelerar el desmantelamiento de los techos de cristal en el ámbito local.

La reserva no procedió. Al someterse a votación, registró un voto a favor y dos abstenciones.

La reserva fallida dejó expuesta la tensión entre avanzar con cautela o empujar con más fuerza la presencia de mujeres en espacios ejecutivos municipales.

Claudia Díaz: “Es un tema de lo que le debemos a las mujeres”

En asuntos generales, Sinuhé Piedragil aclaró que la discusión del dictamen no está cerrada, ya que será sometido a consideración del Pleno para su análisis, discusión y votación.

Claudia Díaz Gayou coincidió en que el proceso legislativo aún no concluye y llamó a buscar otras instancias para empujar mayor progresividad.

“Ya no es un tema de partidos políticos, es un tema de lo que le debemos a las mujeres”, afirmó.

La diputada recordó que el Congreso cuenta con mayoría simple de mujeres y llamó a sus compañeras legisladoras a trabajar en conjunto para fortalecer la progresividad de la reforma.

El mensaje fue directo: si hay una mayoría de mujeres en el Congreso, la pregunta es hasta dónde están dispuestas a usar esa mayoría para abrir más poder a otras mujeres.

Teresita Calzada reabre el debate por gubernatura

La diputada Teresita Calzada, coordinadora de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano, recordó que el 16 de enero de 2026 su partido presentó una iniciativa para derogar el transitorio tercero de la Constitución local relativo a la paridad de género para la gubernatura de Querétaro.

Calzada señaló que México vive un momento histórico en materia de representación femenina, con una presidenta de la República y 13 gobernadoras.

En ese contexto, afirmó que Querétaro cuenta con mujeres competitivas en cada uno de los partidos políticos y consideró que una mujer podría ser elegida constitucionalmente para la gubernatura del estado en 2027.

La discusión electoral local ya no se limita a regidurías o ayuntamientos. También toca la pregunta que Querétaro ha postergado: cuándo una mujer gobernará el estado.

La paridad como disputa de poder, no como trámite

La aprobación del dictamen muestra que Querétaro avanza en una reforma electoral amplia, pero también revela que la paridad sigue siendo uno de los campos más complejos de la democracia local.

Todos los partidos suelen declararse a favor de la igualdad. El problema aparece cuando esa igualdad exige mover candidaturas competitivas, municipios relevantes o espacios con poder real.

La paridad se vuelve incómoda cuando deja de ser discurso y empieza a tocar candidaturas.

Ese es el punto que atraviesa la discusión del artículo 166.

Las diputadas que empujan una versión más fuerte de la paridad sostienen que las mujeres no deben quedar confinadas a espacios secundarios. La redacción aprobada, aunque reconoce rezagos históricos, fue vista por ellas como insuficiente para acelerar la igualdad sustantiva.

¿Modernización o avance a medias?

El dictamen contiene elementos importantes: lenguaje incluyente, fortalecimiento institucional, actualización normativa, prevención de violencia política, herramientas tecnológicas y mayor certeza jurídica.

Pero el debate sobre paridad puede convertirse en el corazón político de la reforma cuando llegue al Pleno.

Una reforma puede ser moderna en el papel y quedarse corta en el reparto real del poder.

Ahí estará la prueba para las y los diputados.

Si el Congreso mantiene la redacción actual, defenderá una vía gradual. Si modifica el artículo 166, podría enviar una señal más fuerte sobre representación femenina en municipios donde históricamente las mujeres han sido excluidas o relegadas.

Lo que sigue

El dictamen aprobado en comisión deberá pasar al Pleno de la Legislatura para su discusión y votación.

Ahí las reservas podrían volver a plantearse y el debate sobre paridad tendrá una nueva oportunidad.

El resultado será clave para definir las reglas electorales rumbo a los próximos procesos en Querétaro.

La reforma electoral ya avanzó. Ahora falta saber si también avanzará la igualdad real.

Porque una democracia no se fortalece únicamente con reglas más ordenadas.

Se fortalece cuando esas reglas abren puertas donde antes había techos de cristal.

Y en Querétaro, la discusión apenas comienza.

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Santiago de Querétaro, Qro., 1 de julio de 2026.— La integración de los ayuntamientos de Querétaro está a punto de cambiar. La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso local aprobó por unanimidad una reforma constitucional para establecer que los municipios cuenten con una sola sindicatura.

La modificación busca armonizar la Constitución Política del Estado de Querétaro con la reforma federal al artículo 115, que fija una nueva regla para la integración de los gobiernos municipales.

En palabras simples: los cabildos queretanos deberán ajustarse al nuevo modelo nacional, donde cada ayuntamiento tendrá una presidencia municipal, una sindicatura y regidurías conforme a la ley.

La sesión fue encabezada por el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, presidente de la comisión, con la participación de las legisladoras Adriana Meza Argaluza y Leonor Mejía Barraza, secretaria e integrante, respectivamente.

Como parte del procedimiento del Constituyente Permanente local, el Congreso notificó a los 18 ayuntamientos del estado para que pudieran enviar sus observaciones sobre el dictamen.

De acuerdo con lo informado, respondieron formalmente los municipios de Colón, Amealco, Tequisquiapan, Tolimán y Pinal de Amoles. El resto no presentó comentarios dentro del plazo establecido, por lo que se entiende que no formularon observaciones.

La reforma todavía no está completamente cerrada. Tras su aprobación en comisión, el dictamen deberá pasar al Pleno del Congreso. Si ahí se aprueba, será enviado nuevamente a los ayuntamientos para que los cabildos lo voten como parte del Constituyente local.

Para que la reforma avance, deberá contar con mayoría del Pleno de la Legislatura y mayoría de los cabildos municipales. Después tendría que publicarse oficialmente para entrar en vigor.

Sinuhé Piedragil explicó que el cambio responde a un mandato federal y que actualmente la Constitución local y la Ley Electoral de Querétaro todavía contemplan la integración de ayuntamientos con dos sindicaturas.

“Tenemos que establecer que solamente habrá un síndico, sobre esto versa la modificación”, detalló el legislador.

Aunque pueda parecer una reforma técnica, el cambio toca la forma en que se integran los gobiernos municipales.Las sindicaturas no son cargos menores: tienen funciones de representación jurídica, vigilancia del patrimonio municipal, revisión de actos administrativos y participación en el cabildo.

Para la ciudadanía, el tema puede sonar lejano. Pero los ayuntamientos son el primer nivel de gobierno con el que la gente suele tratar: servicios públicos, permisos, obra local, seguridad municipal, movilidad, mercados, parques, agua en algunos casos y atención comunitaria.

Por eso, cualquier cambio en la integración de los cabildos importa: define quién toma decisiones, quién vigila y cómo se reparte la representación dentro del gobierno municipal.

El argumento central de la reforma es uniformar criterios con el modelo federal y reducir la duplicidad de sindicaturas. Sin embargo, el verdadero reto será que la reducción no debilite la vigilancia interna ni la capacidad jurídica de los municipios.

Tener menos cargos puede sonar a eficiencia, pero la eficiencia no debe confundirse con menos contrapesos. Si habrá una sola sindicatura, deberá contar con capacidad técnica, respaldo institucional y condiciones suficientes para cumplir su función.

La pregunta no es solo cuántos síndicos habrá, sino cómo se garantizará que esa sindicatura pueda vigilar bien al gobierno municipal.

La reforma forma parte de una discusión nacional más amplia sobre el tamaño de los cabildos, la representación política y el costo de los gobiernos municipales. En estados como Querétaro, donde hay municipios con dinámicas muy distintas —desde zonas metropolitanas hasta demarcaciones serranas—, la aplicación deberá cuidar que el ajuste sea funcional y no solo formal.

La Comisión de Gobernación ya dio el primer paso. Ahora tocará al Pleno y a los ayuntamientos decidir si Querétaro concreta esta modificación constitucional.

El cambio puede parecer pequeño en número, pero es relevante en estructura: modifica la manera en que se integran los gobiernos más cercanos a la vida diaria de la gente.

Porque en los municipios se resuelven —o se complican— muchas de las cosas que más importan: la calle, el servicio, el permiso, la obra, la comunidad y la respuesta inmediata del gobierno.

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Santiago de Querétaro, Qro., 30 de junio de 2026.— La diputada priista Adriana Meza Argaluza votó en contra de la minuta de reforma constitucional que incorpora la intervención o injerencia extranjera como nueva causal de nulidad electoral, al advertir que la propuesta carece de precisión jurídica y puede abrir la puerta a interpretaciones discrecionales.

La legisladora aclaró que su postura no significa estar en contra de defender la soberanía nacional. Por el contrario, sostuvo que México debe protegerse de cualquier intento externo por influir en las decisiones del pueblo. Sin embargo, señaló que una regla electoral de ese tamaño debe redactarse con absoluta claridad.

“La defensa de la soberanía nacional es un principio que compartimos plenamente. Nadie puede estar a favor de cualquier intento de intervención extranjera en las decisiones del pueblo de México. Sin embargo, proteger nuestra democracia también exige legislar con claridad, certeza y responsabilidad”, expresó desde tribuna.

El punto central del PRI es que la reforma no define con suficiente precisión qué debe entenderse por “intervención o injerencia extranjera” ni establece criterios objetivos para acreditar esa conducta ante las autoridades electorales.

En palabras simples: el PRI no cuestiona el objetivo, cuestiona la herramienta. Para Meza, si una causal de nulidad queda demasiado abierta, puede convertirse en un instrumento político para impugnar resultados incómodos o generar incertidumbre después de una elección.

La diputada sostuvo que una causal de nulidad electoral debe ser excepcional, objetiva y plenamente comprobable. Es decir, no basta con denunciar una posible intervención extranjera; tendría que demostrarse con elementos claros que esa intervención fue grave, dolosa y determinante para modificar el resultado de una elección.

El riesgo, advirtió, es que una redacción ambigua permita que tribunales interpreten la norma de manera amplia o discrecional, afectando la confianza ciudadana en el voto.

La preocupación no es menor. En una democracia, anular una elección es una decisión extrema. Significa dejar sin efecto la voluntad expresada en las urnas. Por eso, las reglas para hacerlo deben ser muy claras, medibles y difíciles de manipular.

La reforma federal busca responder a un contexto internacional donde las elecciones pueden ser vulneradas mediante financiamiento externo, campañas digitales de desinformación, ciberataques, presión diplomática o apoyos indebidos desde otros países.

Pero para la oposición, ese diagnóstico no basta si la Constitución no establece límites precisos.

La discusión de fondo es cómo blindar las elecciones sin convertir la soberanía en una palabra que pueda usarse políticamente.

Meza Argaluza reiteró que el PRI mantendrá como prioridad la defensa de la soberanía nacional, pero en equilibrio con la legalidad, la institucionalidad y la confianza de la ciudadanía en los procesos democráticos.

Ese equilibrio será clave rumbo a los próximos ciclos electorales. México necesita reglas para impedir que intereses externos influyan en sus elecciones, pero también necesita garantizar que ninguna fuerza política use una causal ambigua para cuestionar resultados legítimos.

Defender la soberanía también implica defender la certeza del voto.

La postura del PRI en Querétaro se suma a las críticas nacionales que han señalado la necesidad de mayor precisión en esta reforma. Para sus defensores, la medida cierra una laguna legal frente a posibles injerencias extranjeras. Para sus críticos, el problema está en que una redacción demasiado general puede generar más incertidumbre que protección.

El debate apenas comienza. La reforma ya está en el marco constitucional federal, pero su aplicación dependerá de cómo se interprete, cómo se pruebe y qué criterios adopten las autoridades electorales.

Porque en materia electoral, las palabras importan. Una frase mal definida puede terminar pesando sobre millones de votos.

Adriana Meza dejó claro el sentido político de su voto: soberanía sí, pero no a costa de debilitar la certeza jurídica.

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Por Redacción LYPmultimedios | Educación y Sociedad

SAN JUAN DEL RÍO, QRO. (20 de junio de 2026). – En un mundo donde la conectividad y el acceso a la información dictan el ritmo del éxito académico y profesional, carecer de una computadora es sinónimo de rezago. Para hacer frente a esta desigualdad, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Meza Argaluza, concretó una nueva jornada de apoyo tecnológico en beneficio de la juventud sanjuanense.

Teniendo como sede el histórico Portal del Diezmo, la legisladora encabezó la tercera entrega masiva de equipos de cómputo correspondientes al programa “Uniendo las Voces”. En esta ocasión, 148 estudiantes y familias del municipio recibieron una herramienta que transformará su manera de estudiar, investigar y conectarse con el mundo.

Sinergia que da resultados

Durante su intervención, la diputada Meza Argaluza dejó claro que estos apoyos no son producto de la casualidad, sino de una intensa labor de gestión desde su curul en el Congreso del Estado, respaldada por una estrategia de «puertas abiertas» con la administración municipal.

La legisladora reconoció que el trabajo en equipo con el gobierno local, encabezado por el alcalde panista Roberto Cabrera Valencia, ha sido clave para que los recursos y las políticas públicas se traduzcan en beneficios palpables, dejando de lado los colores partidistas para priorizar a la ciudadanía.

“El acceso a la tecnología representa un elemento fundamental para potenciar la formación académica de las y los jóvenes y garantizar igualdad de oportunidades”, puntualizó Adriana Meza, recordando que una computadora en casa cambia radicalmente las perspectivas de desarrollo de una familia entera.

Apuesta por la inclusión

El programa «Uniendo las Voces» se ha consolidado como uno de los esfuerzos más constantes de la representante popular en su distrito. Al tratarse de la tercera entrega oficial de estos dispositivos, la iniciativa demuestra un compromiso sostenido para abatir la llamada «brecha digital», esa línea invisible que separa a quienes tienen las herramientas para competir en el mercado actual de quienes no las tienen.

Al concluir el evento, la legisladora ratificó su compromiso de mantener el ritmo de trabajo y continuar impulsando sinergias institucionales. Su objetivo, señaló, es seguir ampliando estos programas de gestión social para apostar por un desarrollo verdaderamente incluyente, donde ninguna niña, niño o joven de San Juan del Río se quede atrás por falta de tecnología.

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Por Redacción LYPmultimedios | Cultura y Tradición

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (17 de junio de 2026). – A escasas 24 horas de que arranque oficialmente la Feria Nacional Ganadera de San Juan del Río 2026, la máxima fiesta de la región está a punto de recibir un blindaje histórico para sus tradiciones. La diputada Adriana Meza Argaluza, presidenta de la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura, presentó formalmente una iniciativa de exhorto dirigida al gobernador del estado.

El objetivo de este documento es claro y directo: que el Poder Ejecutivo emita un decreto oficial para declarar a la tradicional «Cabalgata de la Amistad» como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Querétaro.

49 años de historia y orgullo

Para los sanjuanenses, la Cabalgata no es solo un desfile ecuestre; es el «pregón» que anuncia el inicio de sus festividades en honor a San Juan Bautista. Durante su exposición de motivos, la legisladora destacó que este evento constituye una de las expresiones sociales más arraigadas del municipio, reuniendo año con año a miles de jinetes, familias y visitantes a la usanza de la vieja escuela charra y campesina.

“Fortalece el sentido de identidad, pertenencia y orgullo por las tradiciones queretanas”, argumentó Meza Argaluza, recordando que mientras la Feria Nacional conmemora este año el 495 aniversario de la fundación de la ciudad, la Cabalgata de la Amistad celebrará su edición número 49, habiendo sido instaurada en 1977.

Protegerla para el futuro

La importancia de elevar este evento a la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial radica en su conservación. Al adquirir este estatus, el gobierno estatal y municipal tendrían la obligación institucional de promover acciones para su difusión, protección y fortalecimiento, garantizando que el evento sobreviva a los cambios políticos o presupuestales de las futuras administraciones.

Esta iniciativa llega en un momento inmejorable, justo cuando el municipio de San Juan del Río se prepara para vivir su feria en un formato más compacto (del 18 al 30 de junio) y ante la expectativa de recibir a más de 300 mil visitantes. Con este exhorto, el Poder Legislativo busca asegurar que, sin importar cuánto se modernice la fiesta con artistas y juegos mecánicos, el corazón de la feria siga cabalgando sobre sus raíces y tradiciones más profundas.

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Por Redacción LYPmultimedios | Seguridad y Sociedad

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (12 de junio de 2026). – Las horas de entrada y salida en los planteles educativos se han convertido en puntos críticos de vulnerabilidad para las y los adolescentes en el estado. Ante la recurrencia de peleas callejeras y situaciones de riesgo en las inmediaciones escolares, desde el Congreso local se ha lanzado un llamado de urgencia a las corporaciones de seguridad municipales.

La diputada local Adriana Meza Argaluza (PRI), integrante de la LXI Legislatura, presentó formalmente un exhorto dirigido a las Secretarías de Seguridad Pública de los 18 municipios de Querétaro. La exigencia es clara: reforzar de manera inmediata los rondines y patrullajes preventivos exactamente en los horarios de cambio de turno.

El foco rojo: Secundarias y Educación Media Superior

La legisladora fue específica en el objetivo de esta medida. El exhorto no va dirigido a todos los niveles, sino que focaliza los recursos policiales en las escuelas Secundarias y planteles de Nivel Medio Superior (preparatorias y bachilleratos), ya que es en estas edades donde estadísticamente se concentra la mayor incidencia de riñas grupales, acoso y exposición a conductas de riesgo en la vía pública.

“La presencia preventiva de las corporaciones municipales en las inmediaciones de los planteles educativos puede contribuir a inhibir conductas violentas, fortalecer la convivencia pacífica y brindar mayor tranquilidad a las familias queretanas”, argumentó Meza Argaluza.

Prevención sin criminalización

En su análisis jurídico, la diputada blindó su propuesta recordando que la seguridad a las afueras de los recintos recae directamente en las facultades del Artículo 115 constitucional (responsabilidad de los Ayuntamientos). Sin embargo, subrayó que el enfoque de estos patrullajes debe estar basado estrictamente en el Artículo 4°: el interés superior de la niñez.

Esto significa que el objetivo de la presencia policial no es criminalizar a los jóvenes, sino actuar como una herramienta de contención y disuasión que garantice espacios seguros para su desarrollo académico y social.

Finalmente, Adriana Meza hizo un llamado a los alcaldes y secretarios de seguridad para que este exhorto no quede en un papel y se traduzca en una coordinación de esfuerzos real. El reto ahora es que las corporaciones municipales ajusten su logística operativa para tener unidades disponibles justo en las «horas pico» de las escuelas queretanas.

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SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (28 de mayo de 2026). – El andamiaje institucional para la protección de los derechos humanos en Querétaro dio un paso fundamental hacia la justicia ciudadana. En una sesión marcada por la presencia de colectivos de búsqueda, familiares de personas desaparecidas y defensores de los derechos humanos, la LXI Legislatura del Estado oficializó la toma de protesta de quienes encabezarán los trabajos de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

Este acto, definido por los legisladores como un «imperativo ético y humano ineludible», busca consolidar la estructura institucional exigida por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Más allá del trámite administrativo, el evento se convirtió en una muestra de reconocimiento a la lucha incansable de quienes, desde el dolor, han impulsado la creación de estos mecanismos de búsqueda.

Las familias: El motor de la justicia

Durante su posicionamiento en tribuna, la diputada Adriana Meza Argaluza reconoció que la construcción de este organismo no hubiera sido posible sin la perseverancia de las madres, padres y familiares buscadores. «Hablar de la búsqueda de personas, es hablar de una de las heridas más profundas que puede sufrir una sociedad. Entendemos que detrás de los decretos y las leyes que hoy nos convocan, hay rostros, hay nombres y hay familias que viven en una dolorosa incertidumbre», señaló la legisladora.

La diputada enfatizó que los perfiles que hoy asumen la responsabilidad —seleccionados a través de un proceso de consulta pública, abierta y transparente— tienen la titánica tarea de funcionar como un puente crítico entre la ciudadanía y las autoridades.

Una tarea de Estado, sin colores

La Comisión tendrá facultades estratégicas para garantizar una coordinación efectiva entre todos los órdenes de gobierno, articular acciones directas con la Comisión Nacional de Búsqueda y asegurar que los protocolos forenses y de campo tengan el enfoque humanitario que exigen los estándares internacionales.

«La búsqueda de personas no admite colores ni diferencias partidistas; es estrictamente una tarea de Estado», declaró Meza Argaluza.

Asimismo, la legisladora garantizó que el Poder Legislativo mantendrá las puertas abiertas para recibir las recomendaciones de este consejo ciudadano, con el firme compromiso de perfeccionar el marco jurídico estatal cuantas veces sea necesario para no dejar a ninguna familia sola en el proceso de búsqueda.

El acto contó con la presencia de la Mesa Directiva, encabezada por el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, y el presidente de la JUCOPO, Guillermo Vega Guerrero, quienes refrendaron el compromiso del Poder Legislativo para dotar a esta comisión de las condiciones necesarias para ser eficaz, sensible e inmediata en cada operativo y acción de localización.

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SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (25 de mayo de 2026). – Una de las tradiciones más luminosas y arraigadas de San Juan del Río está a un paso de quedar blindada para la posteridad. Durante la reciente Sesión de Pleno, la LXI Legislatura del Estado de Querétaro aprobó por unanimidad (24 votos a favor) un exhorto histórico dirigido al Poder Ejecutivo estatal para elevar la “Peregrinación de los Farolitos en Honor a la Virgen de Guadalupe” al rango de Patrimonio Cultural Inmaterial de la entidad.

La iniciativa, impulsada por la diputada Adriana Meza, presidenta de la Comisión de Turismo, busca reconocer oficialmente el valor de esta manifestación de fe y folclore que ha iluminado las calles sanjuanenses de manera ininterrumpida desde el 19 de enero de 1949.

Un legado de identidad comunitaria

Para las familias de San Juan del Río, la elaboración y el desfile con estos faroles de papel representa mucho más que un acto religioso; es un lazo generacional. Al hacer uso de la tribuna, la legisladora autora del dictamen destacó la urgencia de dotar a esta tradición de un marco de protección institucional.

“La Peregrinación de los Farolitos no sólo es una manifestación de fe; es también un símbolo de identidad cultural, continuidad histórica y unión comunitaria para las familias de San Juan del Río. Reconocerla como patrimonio es un compromiso para preservar las expresiones que forman el legado social de Querétaro”, expresó Meza.

Se espera que, una vez emitida la declaratoria por parte del Ejecutivo, esta tradición reciba un mayor impulso para detonar el turismo cultural en la región, garantizando que las nuevas generaciones mantengan viva la costumbre que distingue al municipio.

Cerco a la informalidad turística

En la misma sesión, el Pleno aprobó un segundo dictamen, también promovido por Adriana Meza, enfocado en poner orden a la creciente industria turística del estado. Se trata de una reforma a la normatividad vigente que obligará a todos los prestadores de servicios turísticos a contar con una licencia de funcionamiento formal.

Esta medida surge como respuesta a la necesidad de brindar certeza jurídica y seguridad a los miles de visitantes que llegan a la entidad, cerrando la puerta a la competencia desleal, los fraudes y la informalidad.

La legisladora aclaró que esta nueva disposición no tiene fines restrictivos ni recaudatorios, sino que es una herramienta de «orden público e interés social». Al formalizar al sector, Querétaro busca consolidarse como un destino confiable, donde las agencias, guías y operadores turísticos ofrezcan servicios bajo los más altos estándares de calidad, protegiendo tanto el prestigio del estado como la economía de los empresarios formales.

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