Por: Rodrigo Vissuet | LYPmultimedios

La reforma judicial de Querétaro vuelve al Congreso apenas seis meses después de que la LXI Legislatura aprobó una primera versión. Ahora, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales aprobaron un pre-dictamen que busca ajustar nuevamente la Constitución estatal y llevar la elección de jueces y magistrados a 2028.

El documento todavía no es definitivo. Antes de regresar al Pleno, tendrá que pasar por los 18 ayuntamientos que integran el Constituyente Permanente local, cuyas observaciones podrán modificar el proyecto.

Y ahí está uno de los puntos centrales: la reforma que definirá las nuevas reglas del Poder Judicial queretano todavía está en construcción.

Otra vuelta a una reforma que ya había sido aprobada

El Congreso local aprobó en marzo una reforma constitucional en materia del Poder Judicial que contemplaba, entre otros aspectos, la elección popular de jueces y magistrados.

Pero el escenario federal cambió y obligó a modificar nuevamente las reglas. En julio, el propio presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Guillermo Vega Guerrero, explicó que Querétaro tendría que hacer una “reforma a la reforma” para trasladar la elección judicial de 2027 a 2028.

Ahora esa nueva modificación entra en una etapa decisiva.

Las comisiones acumularon tres iniciativas: una presentada por el Poder Ejecutivo y dos por legisladores, con el propósito de armonizar la Constitución queretana con las nuevas disposiciones federales, establecer reglas para las vacantes judiciales y adecuar el calendario electoral.

El cambio que mueve todo: 2028

El proyecto plantea una prórroga transitoria de los encargos judiciales derivada del cambio de la jornada electoral. Esa extensión estaría limitada hasta que tomen protesta las personas que resulten electas en 2028.

También contempla reglas provisionales para cubrir vacantes definitivas de magistraturas y ausencias temporales, así como disposiciones para evitar ventajas indebidas en las postulaciones y garantizar recursos para organizar la elección.

En otras palabras, el Congreso no solamente está moviendo una fecha en el calendario.

Está intentando construir el puente jurídico entre el Poder Judicial que actualmente existe y el modelo que deberá operar después de la elección de 2028.

Y ese puente todavía no está terminado.

Los 18 municipios entran al tablero

El pre-dictamen será enviado a los 18 ayuntamientos para que conozcan su contenido y formulen observaciones.

Guillermo Vega explicó que, a diferencia del procedimiento federal, en Querétaro los municipios pueden participar en la construcción del documento antes de que llegue la versión definitiva al Pleno. Arturo Maximiliano García Pérez señaló que las opiniones municipales podrían incorporarse al dictamen final.

No se trata de un trámite menor.

El artículo 39 de la Constitución de Querétaro establece que una reforma constitucional requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los ayuntamientos y de las dos terceras partes del número total de integrantes de la Legislatura. En un universo de 18 municipios, eso significa al menos 12 votos municipales favorables.

Por eso, el siguiente capítulo de la reforma ya no se jugará exclusivamente en las comisiones legislativas.

También se jugará en los cabildos.

La pregunta incómoda: ¿qué va a cambiar realmente?

El discurso legislativo habla de armonización, certeza y adecuación constitucional. El reto ahora será comprobar qué contiene exactamente el texto que llegará a votación.

El pre-dictamen plantea modificaciones sobre requisitos, procedimientos, plazos, duración de cargos y mecanismos para cubrir vacantes. Pero mientras el documento definitivo no sea aprobado, todavía no existe una fotografía final de cómo quedarán todas las reglas.

Y eso importa especialmente porque se trata de una reforma que modifica la arquitectura del Poder Judicial y las condiciones bajo las cuales se elegirá a quienes impartirán justicia.

No basta con mover la elección de 2027 a 2028. Hay que saber qué reglas regirán esa elección, quién podrá competir, cómo se cubrirán las vacantes, cómo funcionarán los mecanismos de evaluación y qué controles existirán durante el proceso.

Algunas de esas materias ya forman parte de las iniciativas acumuladas, pero el contenido final dependerá de la discusión que todavía está pendiente.

Una reforma que lleva meses de jaloneos

El nuevo paso tampoco ocurre en un proceso completamente lineal.

El análisis de las tres iniciativas comenzó formalmente en agosto, después de meses de diferencias legislativas alrededor de la reforma judicial. En febrero, una sesión de comisiones sobre el tema no pudo avanzar por falta de quórum y posteriormente se modificó la integración del esquema de trabajo.

Ahora las distintas propuestas fueron concentradas en un solo proyecto.

El argumento institucional es que esto permitirá evitar dictámenes aislados y construir una reforma integral. Pero también significa que las diferencias que antes estaban repartidas entre distintas iniciativas tendrán que resolverse dentro de un mismo texto constitucional.

Ahí estará una de las partes más delicadas del proceso.

El verdadero examen empieza ahora

El Congreso ya hizo su parte inicial: aprobó un pre-dictamen y lo envió al Constituyente Permanente.

Pero todavía faltan los ayuntamientos, la incorporación —o rechazo— de sus observaciones, el dictamen definitivo y la votación constitucional correspondiente.

Por eso, presentar este paso como una reforma ya consumada sería prematuro.

Lo que existe hoy es un proyecto de reforma de la reforma.

Y la discusión de fondo apenas entra en una etapa en la que los municipios tendrán que explicar qué respaldan, qué cuestionan y qué pretenden modificar.

La pregunta que deberá acompañar este proceso no es solamente si Querétaro llegará a una elección judicial en 2028.

Es mucho más concreta:

¿con qué reglas y bajo qué controles llegará?

Porque cambiar el año de la elección resuelve el calendario.

Construir reglas claras, transparentes y constitucionalmente sólidas es lo que definirá el verdadero alcance de la reforma.

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