Por: Redacción de LYPmultimedios
Querétaro, Querétaro, 13 de julio de 2026.— Un accidente puede dañar un automóvil. Pero, según una denuncia realizada públicamente, en Tequisquiapan también podría desencadenar otro problema: que una grúa traslade el vehículo a un municipio distinto, que la cuenta aumente mientras se recorren kilómetros y que ninguna autoridad explique con claridad quién autorizó el servicio.

Una persona que se identificó como representante de Grúas Valle Franco acusó que empresas procedentes de Colón y Cadereyta estarían atendiendo hechos de tránsito, infracciones y aseguramientos ocurridos en Tequisquiapan, aunque —según su testimonio— no contarían con las concesiones necesarias para operar en el municipio.

La denuncia no solo apunta a las empresas. Coloca directamente bajo presión política al presidente municipal, Héctor Magaña Rentería, porque el expositor aseguró haber entregado escritos al gobierno municipal y recibir respuestas evasivas.

“Él nos contesta con evasivas, que no está enterado, que no sabe”, afirmó el denunciante al referirse al alcalde.

Hasta el momento, esas afirmaciones no han sido acreditadas mediante documentos anexos. Pero la gravedad del señalamiento exige una respuesta institucional que vaya más allá de decir que el presidente no estaba informado.

La acusación: vehículos que salen de Tequisquiapan

El representante de Grúas Valle Franco señaló directamente a Grúas San Fernando, empresa que —de acuerdo con su versión— estaría retirando automóviles de Tequisquiapan y llevándolos a depósitos ubicados en Colón o Ezequiel Montes.

También mencionó a Grúas Nancy y J.V. Barrón, de Cadereyta, y afirmó que vehículos retirados dentro de Tequisquiapan serían trasladados hasta corralones de ese municipio.

El denunciante sostuvo que estos servicios se realizarían con el conocimiento o tolerancia de autoridades municipales y estatales. Afirmó además que ya se presentaron inconformidades ante la AMEQ y la Fiscalía Anticorrupción, pero el material entregado a este medio no incluye números de expediente, fechas de recepción o respuestas oficiales.

La precisión es indispensable: que una empresa provenga de otro municipio no vuelve ilegal automáticamente un servicio. Lo que debe acreditarse es si cuenta con concesión o permiso vigente, si la autoridad competente la solicitó, si respetó su zona de operación y si llevó el vehículo al depósito autorizado más cercano.

El gobierno municipal no puede limitarse a decir “no sé”

La vigilancia general de las concesiones corresponde a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro. Sin embargo, los municipios participan directamente cuando el servicio de grúa deriva de infracciones municipales, hechos de tránsito o aseguramientos ejecutados por sus policías.

Un documento presentado en el Congreso de Querétaro en febrero de 2026 reconoce que los gobiernos municipales intervienen en la operación cotidiana del servicio y que la falta de coordinación y revisión de concesiones puede propiciar abusos contra la ciudadanía.

Por ello, existe una pregunta que Héctor Magaña y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal deben responder:

Cuando un policía municipal necesita retirar un vehículo, ¿quién decide qué grúa recibe la llamada?

El presidente municipal no necesita ser la autoridad que expide una concesión estatal para saber qué empresas son convocadas por su propia Policía Municipal.

Si el Ayuntamiento no realiza esas solicitudes, debe aclarar qué autoridad las efectúa. Si sí las realiza, debe contar con registros, bitácoras, turnos, permisos y datos sobre el destino de cada unidad.

No saber quién se lleva los vehículos de la ciudadanía no sería una defensa política. Sería una admisión de falta de control.

La ley ordena llevar el vehículo al depósito autorizado más cercano

La Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de Querétaro establece que el depósito y guarda de vehículos debe realizarse en el establecimiento autorizado más cercano al lugar donde se encuentra la unidad.

La legislación también prohíbe expresamente enviar vehículos a lugares que no cuenten con una concesión otorgada por la autoridad estatal.

Esto no significa que un vehículo jamás pueda salir del municipio donde ocurrió el incidente. Si no existe un espacio autorizado disponible, puede resultar necesario utilizar otro depósito.

Pero cualquier traslado debe poder justificarse.

La autoridad tendría que explicar por qué un automóvil fue llevado a Colón, Cadereyta o Ezequiel Montes; cuál era el depósito autorizado más próximo; qué empresa realizó el arrastre; cuánto recorrió; qué maniobras efectuó y bajo qué tabulador calculó el cobro.

Sin esa trazabilidad, la persona propietaria queda atrapada en una cadena donde la misma autoridad que ordena retirar el vehículo no siempre puede explicar cuánto terminará pagando para recuperarlo.

El padrón público está desactualizado

La revisión de LYPmultimedios encontró otro problema: la AMEQ mantiene en su apartado público de grúas y corralones un padrón de concesiones para depósito y guarda fechado en 2021.

Ese documento registra una concesión en Tequisquiapan, identificada como DGT-6001, a nombre de Rosa María Franco de Anda y con ubicación en Hacienda Grande. También incluye depósitos en Colón, Cadereyta y Ezequiel Montes.

El nombre comercial Grúas San Fernando no aparece en ese padrón. Sin embargo, esto no permite concluir que carezca actualmente de cualquier autorización, porque:

• El documento tiene cinco años de antigüedad.
• Solo corresponde a depósito y guarda.
• Una razón social puede operar con un nombre comercial diferente.
• No muestra necesariamente permisos temporales, refrendos o modificaciones posteriores.

La falta de un padrón actualizado, fácilmente consultable y con nombre comercial, razón social, número de concesión, unidades autorizadas, municipio, vigencia y ubicación de depósitos alimenta precisamente la opacidad que ahora se denuncia.

La nueva iniciativa presentada en el Congreso local propone crear un sistema digital de seguimiento y un padrón público de concesionarios para que cualquier usuario pueda verificar si la grúa que llegó al lugar está autorizada.

Cobros de hasta 150 mil pesos: una acusación que necesita facturas

El denunciante habló de montos que, de comprobarse, resultarían alarmantes:

• Entre 7 mil y 10 mil pesos por motocicletas.
• Entre 10 mil y 50 mil pesos por automóviles.
• Entre 100 mil y 150 mil pesos en maniobras relacionadas con tractocamiones o salidas de camino.

Los montos provienen exclusivamente de su testimonio. La transcripción no contiene facturas, memorias descriptivas de las maniobras, distancias, días de depósito o comparaciones con el tabulador autorizado.

Por tanto, LYPmultimedios no puede afirmar que esas cantidades hayan sido cobradas en casos concretos ni que constituyan automáticamente un abuso.

Pero tampoco se trata de un problema inventado en el vacío.

Transportistas y legisladores han denunciado reiteradamente cobros excesivos, opacidad tarifaria y operación de grúas sin permiso en Querétaro. En septiembre de 2025, el director de la AMEQ reconoció públicamente un déficit de grúas concesionadas y señaló que los municipios solo deben recurrir a unidades con concesión estatal. También informó que diez grúas habían sido sancionadas por operar fuera de la ley durante ese año.

El Congreso estatal ha recibido además propuestas para revisar concesiones, fortalecer inspecciones, transparentar tarifas y sancionar irregularidades en los 18 municipios.

El denunciante también tiene un interés comercial

La acusación proviene de una empresa que participa en el mismo mercado y que, según el padrón público de 2021, está relacionada con el único depósito concesionado que entonces aparecía registrado para Tequisquiapan.

Ese dato no invalida su testimonio, pero obliga a examinarlo con mayor rigor.

El conflicto puede tener una dimensión de interés público y, simultáneamente, una disputa económica entre prestadores que compiten por recibir servicios de arrastre.

Por eso se necesitan pruebas que trasciendan la palabra de una empresa:

• Folios de las denuncias presentadas.
• Fotografías de las grúas y sus números de concesión.
• Bitácoras de los servicios ordenados por la Policía Municipal.
• Facturas entregadas a usuarios.
• Registros de ingreso a los depósitos.
• Comunicaciones entre AMEQ y el Ayuntamiento.
• Convenios, contratos o listas de turnos.

La transparencia es la única forma de distinguir entre una denuncia legítima, una disputa comercial y una posible red de favoritismos.

Ocho preguntas que Héctor Magaña debe responder

La acusación puede desmontarse con documentos. El silencio, en cambio, la fortalece.

El gobierno municipal debe explicar públicamente:

1. ¿Qué empresas de grúas reciben llamadas de la Policía Municipal de Tequisquiapan?
2. ¿Existe un sistema de turnos, convenio, contrato o procedimiento de asignación?
3. ¿Grúas San Fernando ha prestado servicios solicitados por autoridades municipales?
4. ¿Qué concesión, permiso o autorización respalda esos servicios?
5. ¿Cuántos vehículos fueron retirados durante 2025 y 2026 y a qué depósitos fueron enviados?
6. ¿Por qué algunos vehículos habrían sido trasladados fuera de Tequisquiapan?
7. ¿La AMEQ remitió al municipio un listado de prestadores autorizados y qué hizo el Ayuntamiento con esa información?
8. ¿El Órgano Interno de Control ha recibido denuncias relacionadas con grúas o corralones?

No se requiere revelar datos personales de conductores o carpetas de investigación. Basta con publicar versiones estadísticas, convenios, concesiones y bitácoras testadas.

La responsabilidad política no puede ser remolcada

No existe responsabilidad política no puede ser remolcada

No existe, hasta ahora, evidencia pública suficiente para afirmar que Héctor Magaña introdujo deliberadamente a una empresa irregular, que recibió un beneficio o que participó en un acto de corrupción.

Afirmarlo como un hecho sería irresponsable.

Lo que sí existe es una acusación pública que describe presuntas irregularidades dentro de un servicio en el que intervienen autoridades municipales. Y frente a eso, el presidente no puede responder únicamente que no sabía.

La lectura política es inevitable.

Magaña gobierna Tequisquiapan bajo una narrativa de transformación, cercanía y ruptura con prácticas anteriores. Una administración que promete cambiar el ejercicio del poder debe mostrar quién recibe los servicios concesionados, por qué los recibe y bajo qué reglas.

Si la denuncia es falsa, el Ayuntamiento puede desmentirla en una tarde: basta con publicar las concesiones, las bitácoras, los destinos y los registros de llamadas.

Si es verdadera, el problema sería mucho mayor que una disputa entre empresas. Estaríamos ante posibles omisiones administrativas, tolerancia institucional o utilización discrecional de un servicio que afecta directamente el patrimonio de las familias.

Corresponderá a la AMEQ, al Órgano Interno de Control y, en su caso, a las fiscalías determinar si existen responsabilidades legales.

A la prensa le corresponde preguntar.

Y la pregunta en Tequisquiapan ya no puede ser esquivada: ¿quién está decidiendo qué grúa se lleva los vehículos de la ciudadanía y por qué el gobierno municipal no lo explica?

Porque en Tequisquiapan un automóvil puede terminar en otro municipio. La responsabilidad política no debería desaparecer por la misma carretera.

Redacción LYPmultimedios

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Por Redacción LYPmultimedios | Política y Denuncia Social

TEQUISQUIAPAN, QRO. (13 de junio de 2026). – El «Pueblo Mágico» está perdiendo su encanto para convertirse en un escenario de desgobierno, opacidad y pleitos perdidos. La administración de Héctor Magaña Rentería ha demostrado que su peor enemigo no es la oposición, sino la soberbia y la ineptitud de su propio equipo de trabajo, llevando al municipio a una crisis multifactorial que ya es insostenible.

De acuerdo con un explosivo análisis revelado en el videopodcast del portal Voz y Testimonio, el Ayuntamiento acaba de sufrir un humillante revés judicial. El Ejido de Tequisquiapan asestó un golpe letal al promover un juicio de amparo que destapó no solo las arbitrariedades del gobierno local, sino las turbias decisiones que se toman en los juzgados federales.

El «papelón» jurídico y el desacato federal

El caso, que recayó en el Juzgado Segundo de Distrito, exhibió graves irregularidades. Especialistas denunciaron que la secretaria en funciones de juez, Arlen Segura Madueño, violó el Artículo 126 de la Ley de Amparo al negarse a dictar una suspensión de plano (automática) a favor de la población ejidal.

La queja ya escaló al Tribunal Colegiado, pero lo que resalta de este conflicto es el pésimo manejo del alcalde. Magaña Rentería ha decidido atrincherarse y dejarse guiar por «pésimos asesores jurídicos» que, en su afán de darle la razón al edil, lo están llevando a confrontarse ciegamente contra el Poder Judicial de la Federación, olvidando la regla básica del poder: un juez federal siempre será superior a un alcalde.

El precio del silencio: 200 mil pesos contra la transparencia

Si la ineptitud legal es grave, la opacidad de este gobierno es escandalosa. Durante el podcast de Voz y Testimonio se denunció un acto que raya en la censura dictatorial.

Una auditoría ciudadana, encabezada por un grupo de periodistas, solicitó información oficial al municipio. La respuesta del gobierno de Héctor Magaña fue una auténtica burla al Estado de Derecho: en un intento descarado por intimidar y bloquear la investigación, el Ayuntamiento pretendió cobrar cifras exorbitantes de hasta 200 mil pesos por la expedición de copias certificadas.

Esta táctica gansteril es una violación flagrante al derecho a la información y a la Ley de Transparencia. ¿Qué esconde la administración de Magaña en esos documentos que prefiere cobrar tarifas absurdas antes que rendirle cuentas a la prensa y a los ciudadanos?

Escuelas a merced del hampa

Mientras el alcalde pelea en tribunales y le pone «mordazas de oro» a los periodistas, las calles de Tequisquiapan están secuestradas por la delincuencia. La crisis de seguridad ha tocado el fondo más doloroso: las escuelas.

El análisis expuso el dramático caso de la Secundaria en la comunidad de La Fuente, la cual ha sido desvalijada con total impunidad. Los criminales se han robado mallas ciclónicas, botes de basura y hasta los tanques de gas, dejando a los estudiantes a la deriva. Los padres de familia, desesperados, han acudido a tocar la puerta de Magaña para rogar por vigilancia, encontrando oídos sordos y nulas respuestas.

Frente a la parálisis y la falta de voluntad política, la indignación ciudadana ha propuesto llevar a cabo una consulta a mano alzada para decidir si Tequisquiapan merece o no tener seguridad. Es el retrato de un gobierno rebasado: cuando el pueblo tiene que organizarse para hacer el trabajo que le toca al alcalde, queda claro que en el Palacio Municipal no hay nadie al timón.

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Por Redacción / Periodismo de Denuncia

TEQUISQUIAPAN, QRO. – El cinismo y la imposición tienen un nuevo monumento en Tequisquiapan y el pueblo ya le puso nombre: «Gandallilandia». Así han bautizado los indignados ciudadanos y ejidatarios a la nueva colonia que el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Héctor Magaña Rentería, pretende construir a la fuerza, arrebatándole a la comunidad un predio destinado a la educación y el esparcimiento.

Lo que el edil morenista intenta vender como un logro gubernamental —la construcción de 250 «Viviendas para el Bienestar» con una inversión federal de 174 millones de pesos— ha estallado en la cara de su administración, revelando un turbio madruguete que tiene a los vecinos de la colonia Estación Bernal al borde del estallido social.

El gran robo: De Universidad a «Gandallilandia»

La indignación no es gratuita. El terreno de casi siete hectáreas, que hoy está en el ojo del huracán, fue donado originalmente por los ejidatarios con un propósito noble y claro: la construcción de un campus del Tecnológico Nacional de México (TecNM), instalaciones de la Universidad Tecnológica de Querétaro o, en su defecto, áreas verdes y de recreación comunitaria.

Sin embargo, en un acto de flagrante autoritarismo y de espaldas al pueblo, la administración de Magaña Rentería maniobró para cambiar el uso de suelo y ceder el predio al gobierno federal. ¿El resultado? Un proyecto habitacional impuesto, sin estudios ambientales, sin planeación vial, sin estrategia de seguridad y, sobre todo, sin el permiso de los verdaderos dueños de la tierra: los ciudadanos.

Puertas cerradas y maquinaria pesada: El estilo de Héctor Magaña

La soberbia del gobierno municipal ha cruzado todos los límites. Mientras en sus discursos oficiales hablan de un supuesto «diálogo franco», en la realidad le cerraron las puertas de la sesión de Cabildo a los ejidatarios, impidiéndoles conocer los detalles del oscuro proyecto.

Para colmo de males, en una auténtica provocación, el Ayuntamiento envió maquinaria pesada para iniciar los trabajos físicos de forma arbitraria, intentando consumar el despojo por la fuerza. Ante esta agresión, el Ejido de Tequisquiapan tomó medidas drásticas, bloqueando el relleno sanitario en un acto que han calificado como «legítima autodefensa frente a la ilegalidad».

“La verdadera provocación es enviar maquinaria pesada (…) Un gobierno que pregona escuchar no debería imponer proyectos mediante el uso de la fuerza y el sigilo”, sentenció el Ejido en un duro comunicado donde le exigen a Magaña detener su maquinaria.

El Estado observa de lejos; el pueblo resiste

Mientras el municipio arde en protestas, el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres, se lavó las manos argumentando que el conflicto debe resolverse en el ámbito municipal por respeto a la autonomía, aunque no descartó la intervención de Asuntos Agrarios si la bomba de tiempo estalla.

Los habitantes de Tequisquiapan han dejado un mensaje claro: «La dignidad no se negocia ante la opacidad». Advierten que no permitirán que sus sueños de educación y desarrollo sean aplastados por el capricho político del alcalde. La resistencia civil ha comenzado, y si Héctor Magaña no da marcha atrás a su opaca «Gandallilandia», el conflicto vecinal promete paralizar a todo el municipio.

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Por Redacción LYPmultimedios

TEQUISQUIAPAN, QRO. – El dinero de los tequisquiapenses se está manejando en las sombras y el gobierno municipal ha sido atrapado con las manos en el presupuesto. Una reciente investigación ha destapado lo que huele a un escandaloso desvío legalizado: la administración municipal apartó un jugoso botín de 4.5 millones de pesos para «difusión y publicidad» durante 2026, pero se niega a revelar en qué bolsillos terminará ese dinero.

Lo más alarmante y sospechoso no es la cantidad, sino quién tiene el control del dinero. Según documentos oficiales obtenidos vía transparencia por el portal Voz y Testimonio, la mayor parte de este millonario recurso no fue asignado a una Dirección de Comunicación Social técnica e institucional. ¡No! El botín fue entregado directamente a la Secretaría Particular, el búnker político más cerrado y opaco de la actual administración.

La Secretaría Particular: ¿Un operador de propaganda oscura?

De los más de 4.55 millones de pesos detectados para pautas publicitarias, la Secretaría Particular concentra $3,600,000.00. Es decir, ocho de cada diez pesos están en las manos de una oficina diseñada para la operación política y los caprichos del círculo cercano al alcalde Héctor Magaña Rentería, y no para la rendición de cuentas. (El resto se divide entre Presidencia con $700,000 y Turismo con $250,000).

¿Por qué el área que le carga el portafolios y le organiza la agenda al presidente municipal maneja los millones destinados a los medios? La respuesta huele a rancio: para operar sin controles.

Al alojar la publicidad en esta oficina, el gobierno municipal transforma un presupuesto institucional en una herramienta de control político. Es el caldo de cultivo perfecto para la asignación discrecional a medios «aplaudidores», el castigo a la prensa crítica, los sobreprecios y la simulación de campañas fantasma que nadie ve, pero que todos los tequisquiapenses pagan.

Transparencia de papel: Hay dinero, pero no hay contratos

La burla a la ciudadanía se consuma en los archivos entregados por la Unidad de Transparencia. El Ayuntamiento cínicamente presumió las cifras globales, pero ocultó por completo el rastro del dinero.

El gobierno de Tequisquiapan omitió entregar una sola factura, un solo contrato, un solo convenio o el padrón de los medios beneficiados. Nadie sabe a quién se le paga, cuánto cobran por cada «spot» o bajo qué criterio se están regalando más de 4.5 millones de pesos del erario.

El municipio dejó ver la puerta de la caja fuerte, pero cerró con candado el cuarto donde se reparten los fajos de billetes. Mientras la Secretaría Particular no explique a quién le está pagando, este derroche seguirá siendo el secreto más caro, oscuro y sucio del gobierno de Tequisquiapan. ¿Acaso están financiando una red de aplausos a costa del pueblo? La bomba mediática apenas comienza a estallar.

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TEQUISQUIAPAN, QRO. – ¿Qué esconde el gobierno de Tequisquiapan? La pregunta ya no es un simple reclamo ciudadano, sino una sospecha formal que ha llegado hasta los tribunales. En un golpe devastador a su credibilidad, la administración del alcalde Héctor Magaña Rentería ha sido acorralada por un juez federal, quien ordenó de manera fulminante que se resguarden documentos físicos y electrónicos ante el riesgo inminente de que sean alterados, manipulados o destruidos.

El escándalo estalló tras la concesión de una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 653/2026. Esta resolución judicial no es un mero trámite administrativo; es una alerta roja de la justicia federal frente a una administración que, presuntamente, acumula cientos de solicitudes ciudadanas y amparos sin contestar.

Gobernar desde las sombras: El colapso del discurso de la 4T

Para un alcalde que llegó al poder ondeando la bandera de la «Cuarta Transformación» y presumiendo honestidad, el impacto político es letal. La transparencia no es un favor que el gobernante le hace al pueblo, es una obligación constitucional. El hecho de que el Poder Judicial tenga que intervenir para ordenarle a Héctor Magaña que «no mueva ni destruya» los papeles oficiales exhibe una crisis institucional sin precedentes en el municipio.

¿Se trata de un gobierno rebasado por su propia desorganización, o de una maquinaria diseñada sistemáticamente para atrincherarse en la opacidad? Patear plazos, esconder expedientes y apostar al desgaste del ciudadano ha dejado de parecer ineficiencia para perfilarse como un método oscuro de gobierno.

La sanción económica inicial por desacato —115 UMAs (13 mil 490.65 pesos)— resulta una burla frente a la gravedad de los hechos. El verdadero costo para Magaña es la pérdida absoluta de legitimidad. No se puede predicar la «regeneración de la vida pública» en los mítines, y al mismo tiempo mantener la información gubernamental bajo custodia judicial por la sospecha de ocultamiento.

Hoy, el alcalde de Tequisquiapan está contra las cuerdas. Si no tiene nada que esconder, debe mostrar los folios, fechas y documentos. Pero cuando un juez tiene que emitir una orden para que no desaparezcan los papeles, lo primero que ya desapareció fue la confianza pública.

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Tequisquiapan, Qro.— Con el objetivo de dignificar la actividad comercial y fortalecer la economía local, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) entregó equipamiento a comerciantes del tianguis Jade de Tequisquiapan, como parte de una estrategia para mejorar sus condiciones de trabajo y seguridad.

El titular de la dependencia, Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la entrega de kits que incluyen lonas y extensiones eléctricas a 100 tianguistas, apoyos que permitirán ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, así como operar de manera más ordenada y segura durante sus jornadas laborales.

El funcionario explicó que esta acción responde a una solicitud realizada por la Federación de Uniones de Comerciantes Queretanos en Pequeño del Estado A.C. (FUCQ), y se canalizó a través del Subprograma de Apoyo a Sectores Económicos (PASE), enfocado en impulsar a los sectores productivos locales.

Del Prete subrayó que los tianguis representan una base fundamental de la economía popular y regional, por lo que respaldarlos es una prioridad para el gobierno estatal. “Nuestro trabajo es generar desarrollo económico para que las y los comerciantes vendan más y tengan mayores ingresos. Estos apoyos provienen de sus impuestos y se traducen en beneficios directos para su actividad”, señaló.

Asimismo, destacó que este acompañamiento no será aislado, sino parte de una política permanente orientada a fortalecer la economía de quienes dependen del comercio para el sustento de sus familias.

Durante el evento, el presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña Rentería, reconoció el esfuerzo diario de las y los tianguistas, a quienes calificó como un ejemplo de trabajo y constancia. Añadió que el impulso a la economía local es resultado de la coordinación entre el gobierno estatal y municipal, con el objetivo de generar prosperidad y bienestar para las comunidades.

Con estas acciones, SEDESU reafirma su compromiso con el fortalecimiento del comercio popular y el desarrollo económico con enfoque social en los municipios de Querétaro.

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Madrid, España, 21 de enero de 2026. — En un hecho sin precedentes para su historia turística, el municipio de Tequisquiapan fue galardonado como la Mejor Villa Navideña de México 2025, reconocimiento otorgado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, consolidando su liderazgo como uno de los destinos más emblemáticos y creativos del país.

La distinción fue entregada durante una jornada especial celebrada en el Pabellón de México, donde Tequisquiapan realizó además una presentación oficial de destino ante asistentes nacionales e internacionales, en un evento que reunió a representantes del clúster vitivinícola de Querétaro, presidentes de asociaciones turísticas, secretarias y secretarios de turismo, líderes empresariales, medios especializados y figuras clave del sector.

El acto estuvo encabezado por el Presidente Municipal, Héctor Iván Magaña Rentería, y el Secretario de Turismo, José Iván Reséndiz Guerrero, quienes subrayaron que este logro es resultado de una visión estratégica clara y del trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada y comunidad, para proyectar a Tequisquiapan como un referente turístico con identidad propia.

Durante la presentación, se destacó el impacto social, cultural y económico de la Villa Navideña 2025, reconocida por su organización ejemplar, su calidad artística y su capacidad para atraer visitantes nacionales e internacionales. Asimismo, se subrayó su enfoque en un turismo sostenible y responsable, que impulsa el comercio local, da espacio a emprendedores regionales y enaltece el trabajo artesanal que da vida a experiencias auténticas.

La Villa Navideña fue concebida como una celebración integral de la esencia de Tequisquiapan: artesanía, gastronomía, vino, queso y espectáculos culturales gratuitos de alto nivel, elementos que convirtieron al municipio en un epicentro festivo sin perder su vocación cultural ni su compromiso social.

Con este reconocimiento internacional y su destacada participación en FITUR, Tequisquiapan refrenda su posición como municipio turístico de clase mundial, distinguido por su capacidad de innovar, generar experiencias memorables y proyectarse con solidez en los mercados globales.

El destino continúa avanzando con una agenda clara de posicionamiento, inversión y promoción, fortaleciendo su papel como embajador de México ante el mundo y consolidándose como un punto de encuentro entre tradición, creatividad y hospitalidad.

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Madrid, España.– El municipio de Tequisquiapan reafirmó su proyección internacional al participar, por segundo año consecutivo, en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, con un papel protagónico en la inauguración del Domo Inmersivo de Querétaro, un espacio innovador diseñado para compartir la historia, identidad y esencia de los pueblos que conforman la entidad.

La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezó la apertura de este recinto experiencial que busca posicionar a Querétaro como un destino integral ante operadores turísticos, inversionistas y visitantes de todo el mundo. La ceremonia contó con la presencia de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora; el gobernador del estado, Mauricio Kuri González; y el presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña Rentería.

Durante su intervención, el alcalde Héctor Magaña reiteró el compromiso de su administración con un turismo de sentido social, orientado no solo a la promoción del destino, sino al desarrollo de las comunidades y al bienestar de la población local. Subrayó que la participación de Tequisquiapan en FITUR es resultado de una estrategia sostenida de posicionamiento turístico basada en identidad, calidad y colaboración institucional.

“Tequisquiapan se ha ganado un lugar en FITUR 2026 gracias al esfuerzo conjunto de nuestro equipo, al liderazgo de nuestro secretario de Turismo, Iván Reséndiz, y a la confianza de nuestra gente”, expresó el edil, al tiempo que destacó que el municipio continúa consolidándose como uno de los principales referentes turísticos del Bajío.

El Domo Inmersivo de Querétaro ofrece una experiencia sensorial que integra imágenes, sonido y narrativa para transportar a los asistentes a los distintos rincones del estado, resaltando su patrimonio cultural, gastronómico y natural. En este contexto, Tequisquiapan sobresale por su historia, su vocación turística y su identidad como Pueblo Mágico, atributos que han fortalecido su presencia en el escenario internacional.

Con esta participación, Tequisquiapan no solo refrenda su posicionamiento global, sino que consolida una visión de turismo incluyente y sostenible, alineada con los objetivos de desarrollo regional y con una narrativa que coloca a las personas y a sus comunidades en el centro de la promoción turística.

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