Por la Redacción Santiago de Querétaro, Qro., 9 de febrero de 2026.

La Legislatura del Estado de Querétaro podría iniciar un juicio político en contra de la presidenta municipal de Peñamiller, Ana Karen Jiménez Guillén, debido a su ausencia prolongada y la omisión ante graves reclamos ciudadanos. Así lo advirtió el diputado local del Distrito XIV, Eric Silva Hernández, quien señaló que estas acciones podrían derivar en la destitución de la funcionaria.

El legislador informó que la alcaldesa se ha ausentado de sus funciones desde hace cinco días, ignorando las demandas de los pobladores que, ante la falta de respuesta, mantienen tomadas las instalaciones de la presidencia municipal desde el pasado miércoles 4 de febrero.

Crisis social y ambiental

Silva Hernández lamentó que la edil se niegue a entablar diálogo para resolver problemáticas urgentes. Entre las principales exigencias de la comunidad destacan:

• Daño ambiental: Solución a la contaminación generada por el relleno sanitario en la comunidad de Enramadas y el pago de indemnizaciones pendientes a ejidatarios.

• Seguridad: Atención a los crecientes índices de inseguridad y denuncias por violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por la policía local.

• Gobernabilidad: La reincorporación de la delegada Nayeli Díaz a sus funciones y la exigencia de reactivar la investigación sobre la desaparición del exalcalde Manuel García Leal.

Fundamento legal

El diputado explicó que la Constitución Política del Estado de Querétaro, en sus artículos 17 y 38 (Fracción I), establece claramente las causales para proceder legalmente contra servidores públicos cuyos actos u omisiones perjudiquen los intereses de la población.

“La presidenta municipal está ausente y ni siquiera ha querido presentarse a dialogar… Esconderse y rehusarse a dialogar está extendiendo el malestar social y los motivos para mantener por tiempo indefinido el plantón ciudadano”, sentenció el diputado.

Ante este escenario de ingobernabilidad, la Legislatura se mantiene atenta para ejercer sus facultades constitucionales si la autoridad municipal continúa evadiendo sus responsabilidades administrativas y políticas.

Redacción LYPmultimedios

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