El nuevo presidente de la Mesa Directiva aseguró que garantizará la voz de los 128 senadores. Su imparcialidad será puesta a prueba en la conducción de los debates, la aplicación de las reglas y las votaciones de un periodo marcado por la confrontación política.

Ciudad de México. 1 de Septiembre del 2026— Higinio Martínez Miranda declaró legalmente instalada la Cámara de Senadores para el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de la LXVI Legislatura y abrió su presidencia con una promesa que tendrá que demostrar en cada debate: conducir el órgano legislativo sin preferencias partidistas.

El senador de Morena afirmó que actuará con imparcialidad, objetividad y respeto a la voz de los 128 integrantes de la Cámara alta, en un momento en el que la pluralidad parlamentaria y la estrecha aritmética de las mayorías pueden convertir cada decisión de la Mesa Directiva en un episodio de disputa política.

Martínez Miranda sostuvo que la conducción institucional no debe utilizarse para censurar opiniones, reconvenir legisladores por sus expresiones o calificar políticamente los posicionamientos presentados desde la tribuna.

Aseguró que serán las y los ciudadanos quienes evalúen lo dicho por cada representante, mientras la obligación de la Presidencia consistirá en garantizar el derecho de todos los grupos parlamentarios a participar en los debates.

La neutralidad tendrá que demostrarse en los procedimientos

La declaratoria de instalación es un acto protocolario, pero el mensaje de Higinio Martínez establece el criterio con el que pretende conducir el Senado durante el próximo año legislativo.

La imparcialidad de una Mesa Directiva no se mide únicamente por permitir discursos críticos. También se refleja en la distribución de turnos, el respeto de los tiempos, la admisión de reservas, la interpretación del reglamento, la verificación de los resultados y el trato dispensado a las bancadas mayoritarias, minoritarias y a los legisladores sin grupo parlamentario.

Martínez Miranda dijo creer en el diálogo entre posiciones contrarias y en la posibilidad de construir acuerdos desde las diferencias. Su afirmación anticipa una presidencia que buscará presentarse como árbitro de la deliberación, aunque su desempeño tendrá que conciliar dos condiciones: su pertenencia a Morena y la obligación institucional de representar a toda la Cámara.

El reto será evitar que la apertura anunciada se reduzca a una declaración ceremonial. En un Senado polarizado, los conflictos no suelen surgir únicamente por el contenido de los discursos, sino por las decisiones procedimentales que determinan cuándo, cómo y bajo qué condiciones se discuten y votan las reformas.

Libertad de expresión, pero dentro del orden parlamentario

El presidente de la Mesa Directiva afirmó que no corresponde a ese órgano juzgar las opiniones de senadoras y senadores. Sostuvo que la libertad de expresión debe ser garantizada de manera absoluta.

La promesa fortalece el derecho de las minorías a cuestionar al bloque mayoritario y del oficialismo a defender su agenda. Sin embargo, esa libertad tendrá que coexistir con las reglas de orden, respeto y conducción previstas para las sesiones.

Garantizar la expresión parlamentaria no significa renunciar a dirigir los debates, sino aplicar los mismos criterios frente a interrupciones, descalificaciones, protestas, tomas de tribuna o confrontaciones entre legisladores, sin importar la procedencia partidista.

El propio Martínez sostuvo que su responsabilidad será dirigir las sesiones para que todas las voces puedan manifestarse sin restricciones indebidas.

Una Mesa Directiva de integración plural

La nueva conducción del Senado incorpora representantes de diferentes fuerzas políticas. El PAN informó que Mauricio Vila Dosal fue electo vicepresidente y Gina Campuzano González ocupará una secretaría de la Mesa Directiva. Ambos nombramientos fueron aprobados por unanimidad durante la Junta Previa, de acuerdo con el grupo parlamentario panista.

La composición plural obliga a sus integrantes a actuar como representantes institucionales de la Cámara y no exclusivamente como operadores de sus bancadas.

El tercer año legislativo comienza con una amplia agenda pendiente y con una correlación de fuerzas en la que cada ausencia, voto independiente o desacuerdo interno puede modificar el resultado de decisiones relevantes.

En ese escenario, el poder de la Presidencia no estará solamente en conducir ceremonias. También administrará tiempos, reconocerá oradores, verificará votaciones, interpretará disposiciones y tratará de preservar el orden durante los momentos de mayor tensión.

Higinio Martínez comienza su gestión ofreciendo respeto, diálogo y libertad. El cumplimiento de esa promesa no dependerá del discurso inaugural, sino de la primera ocasión en que deba aplicar la misma regla a sus aliados y a sus adversarios.

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El partido gobernante sostiene que la libertad de expresión no obliga al Estado a proporcionar su tribuna; la controversia surge por una propuesta para someter las conferencias presidenciales al derecho de réplica

Ciudad de México, 13 de agosto de 2026.— Morena rechazó la propuesta del Partido Acción Nacional para que las conferencias presidenciales queden sujetas a mecanismos de réplica y sostuvo que la libertad de expresión no obliga al Gobierno federal a entregar a la oposición “el micrófono, el espacio, los recursos públicos y la audiencia” de las mañaneras.

En un comunicado difundido el 12 de agosto, el partido gobernante respondió al presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y aseguró que Acción Nacional ya dispone de prerrogativas, legisladores, tribunas parlamentarias, acceso a medios de comunicación y conferencias propias para expresar sus posiciones.

“Pueden expresarse. Pueden criticar. Pueden hacer todas las conferencias que quieran”, señaló Morena, antes de afirmar que la demanda panista no busca garantizar libertades, sino recuperar privilegios políticos.

El pronunciamiento forma parte de una controversia más amplia sobre los derechos de las audiencias, la regulación de los contenidos informativos y la responsabilidad de las autoridades cuando realizan señalamientos desde plataformas financiadas con recursos públicos.

El PAN pide derecho de réplica, no una tribuna permanente

La respuesta de Morena presenta la pretensión panista como una solicitud para que el Gobierno entregue su espacio de comunicación a la oposición. Sin embargo, la propuesta discutida por Acción Nacional tiene un alcance más específico: incorporar las mañaneras entre los ejercicios sujetos al derecho de réplica cuando en ellas se difunda información falsa o inexacta que cause un agravio.

El derecho de réplica no equivale a entregar de manera permanente una conferencia presidencial a otro partido. Consiste en permitir que una persona o institución directamente aludida responda o solicite la rectificación de información concreta bajo condiciones establecidas por la ley.

La legislación federal vigente regula procedimientos de réplica frente a información falsa o inexacta difundida por medios de comunicación, agencias de noticias y productores independientes. El debate consiste en determinar si un ejercicio gubernamental de comunicación directa, como la mañanera, debe quedar expresamente sujeto a reglas semejantes.

La propuesta del PAN todavía debe transitar por el Congreso y no implica que exista actualmente una obligación de reservar lugares, entregar micrófonos o permitir la participación cotidiana de dirigentes opositores en Palacio Nacional.

Morena contrapone legitimidad electoral y autoridad moral

Morena argumentó que no existe equivalencia política entre los partidos opositores, rechazados —afirmó— en las elecciones de 2018 y 2024, y un movimiento que ha refrendado su respaldo en las urnas.

El comunicado destacó que Claudia Sheinbaum obtuvo casi 36 millones de votos en la elección presidencial. El dato coincide con los resultados del Instituto Nacional Electoral: la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia recibió 35 millones 924 mil 519 sufragios, equivalentes a 59.75 por ciento de la votación, según los cómputos oficiales del INE.

Esa votación acredita una amplia legitimidad de origen para ejercer la Presidencia. No obstante, una mayoría electoral no vuelve verdaderas por definición las afirmaciones del Gobierno ni reduce los derechos de quienes votaron por otras opciones.

En una democracia, el mandato mayoritario permite gobernar, pero coexiste con el pluralismo, el derecho de las minorías a disentir y la obligación de las autoridades de sustentar la información que difunden. La veracidad de un señalamiento no se determina por el número de votos de quien lo formula.

Morena también atribuyó “autoridad moral” a su presidenta nacional, Ariadna Montiel. Esa valoración pertenece al terreno partidista y no constituye un criterio jurídico para resolver controversias sobre libertad de expresión o derecho de réplica.

El comunicado responde con nuevas descalificaciones

El partido oficial acusó a Romero de pertenecer al denominado “cártel inmobiliario” y llamó “corrupto” al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Ambas expresiones deben entenderse como acusaciones políticas formuladas por Morena. El comunicado no incorpora sentencias firmes que permitan presentar a los dos dirigentes como responsables judicialmente acreditados de esos señalamientos.

Esta circunstancia introduce una contradicción discursiva: el partido exige que la oposición no lance acusaciones sin pruebas, pero en el mismo documento emplea calificativos incriminatorios sin exponer los elementos o resoluciones que los sostienen.

La crítica severa, incluso ofensiva, disfruta de una protección amplia dentro del debate político. Sin embargo, la imputación concreta de delitos falsos puede rebasar ese margen y convertirse en calumnia. La diferencia no la establece unilateralmente el partido señalado ni quien emite la acusación: corresponde a las autoridades competentes analizar el contenido, el contexto y las pruebas.

La frontera entre crítica y calumnia

La frase central del comunicado —“no confundan libertad de expresión con derecho a mentir”— contiene un principio atendible, pero jurídicamente incompleto.

La libertad de expresión no protege de manera absoluta la imputación deliberada de hechos o delitos falsos. Al mismo tiempo, tampoco permite que el Gobierno o un partido definan por sí solos qué opinión constituye una mentira y ordenen silenciarla.

La Suprema Corte ha sostenido que los partidos, funcionarios y figuras públicas deben soportar un nivel mayor de escrutinio y crítica. Incluso las expresiones incómodas, vehementes o desagradables pueden quedar protegidas cuando forman parte de la deliberación sobre asuntos públicos.

La calumnia político-electoral requiere un análisis más estricto. El Tribunal Electoral ha señalado que debe existir la imputación de hechos o delitos falsos y, conforme al estándar de malicia efectiva, conocimiento de la falsedad o actuación temeraria frente a ella.

Dos resoluciones recientes muestran que el criterio depende del contenido concreto. En junio de 2026, la Sala Superior confirmó la improcedencia de retirar promocionales del PAN al considerar preliminarmente que contenían opiniones políticas y no imputaciones directas de delitos falsos. La sentencia SUP-REP-26/2026 protegió esas expresiones dentro del debate público.

Días después, el tribunal confirmó medidas cautelares contra otras publicaciones atribuidas al PAN y a Jorge Romero relacionadas con expresiones como “narcopartido” y supuestos vínculos entre Morena y el crimen organizado. En ese caso, la sentencia SUP-REP-27/2026 mantuvo la decisión del INE mientras continuaba el procedimiento.

Los precedentes no autorizan una censura general de la oposición ni establecen que cualquier crítica a Morena sea calumniosa. Confirman que cada expresión debe examinarse individualmente.

¿Debe el Gobierno prestar su micrófono?

Morena tiene razón en un punto limitado: la libertad de expresión no garantiza a ningún partido el uso irrestricto de una plataforma gubernamental. Acción Nacional puede emitir comunicados, organizar conferencias, utilizar sus tiempos oficiales y ocupar las tribunas legislativas.

Pero la discusión planteada por el PAN no se agota en el acceso a un micrófono. La mañanera es una plataforma financiada con recursos públicos, encabezada por la titular del Poder Ejecutivo y reproducida ampliamente por medios y canales institucionales. Desde ese espacio pueden difundirse datos oficiales, opiniones políticas y señalamientos contra personas, empresas, periodistas u organizaciones.

Precisamente por su alcance y naturaleza pública, la conferencia tiene una capacidad de amplificación que no es equivalente a la de una rueda de prensa partidista. Someter determinadas afirmaciones a mecanismos de corrección no necesariamente supondría entregar el control editorial de la mañanera a la oposición.

El problema consiste en diseñar un procedimiento que permita corregir datos demostrablemente falsos sin convertir la réplica en una herramienta para colonizar la conferencia presidencial, bloquear la crítica gubernamental o producir confrontaciones partidistas cotidianas.

Entre los puntos que tendría que resolver una eventual reforma se encuentran:

• Quién puede solicitar la réplica.
• Qué constituye información falsa o inexacta.
• Qué autoridad decide su procedencia.
• En qué formato y plazo debe difundirse.
• Si la respuesta debe aparecer dentro de la conferencia o en una plataforma institucional equivalente.
• Cómo evitar que el Gobierno sea juez de sus propias afirmaciones.
• Qué mecanismo de revisión tendría una negativa.
• Cómo distinguir hechos verificables de opiniones políticas.

El alcance electoral no define la libertad

Morena afirmó que el alcance del PAN es “raquítico” porque perdió la confianza ciudadana. El comunicado no ofrece mediciones de audiencia que respalden esa afirmación.

Aun si la capacidad de convocatoria de un partido fuera reducida, ese dato no definiría la extensión de sus derechos. La libertad de expresión protege tanto a las fuerzas mayoritarias como a las minoritarias; de otro modo, dejaría de ser un derecho y se convertiría en una prerrogativa determinada por la popularidad.

Del mismo modo, los recursos públicos asignados a los partidos y el acceso a tiempos oficiales no resuelven automáticamente el derecho de una persona aludida desde una plataforma gubernamental a responder una afirmación específica.

La controversia exige abandonar dos simplificaciones. La oposición no posee un derecho automático a ocupar la mañanera, pero el Gobierno tampoco puede asumir que su legitimidad electoral lo exime de corregir información falsa.

Morena concluyó que el PAN está confundiendo libertad con privilegios. El debate legislativo deberá determinar si se trata realmente de una demanda de acceso partidista o de una propuesta viable para exigir responsabilidad informativa a la tribuna más poderosa del país.

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Ariadna Montiel sostuvo que los viajes del dirigente del PRI buscan presentar como persecución política las investigaciones abiertas en México. Moreno acudió por quinta ocasión a Washington durante el actual sexenio para denunciar a tres integrantes del INE. La controversia mezcla expedientes penales sin sentencia, libertad de expresión y una creciente internacionalización de la disputa partidista.

Por LYPmultimedios

Ciudad de México, 12 de agosto de 2026.— La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó al dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, de acudir reiteradamente a Estados Unidos para obtener protección política frente a las investigaciones que enfrenta en México por su gestión como gobernador de Campeche.

La declaración ocurrió después de que Moreno regresara a Washington para presentar ante el Departamento de Estado un documento contra tres integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), a quienes responsabiliza de limitar su libertad de expresión al ordenar el retiro de publicaciones en las que vinculó a Morena con expresiones como “narcopartido”, “narcogobierno” y “cártel”.

“Cada vez que una investigación alcanza a Alejandro Moreno o a su entorno intenta presentarse como perseguido político”, afirmó Montiel. Según la dirigente morenista, el priista pretende sustituir la defensa jurídica ante las instituciones mexicanas por una campaña internacional orientada a construir una narrativa de persecución.

La acusación de Morena, sin embargo, constituye una posición partidista y no una determinación judicial. Acudir ante autoridades, legisladores u organizaciones extranjeras no concede inmunidad frente a un proceso penal en México, pero tampoco representa por sí mismo una actividad ilegal.

Cinco viajes a Washington durante el actual sexenio

La visita no es un episodio aislado. Alejandro Moreno ha viajado cinco veces a Washington desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum: en febrero y agosto de 2025, así como en febrero, mayo y agosto de 2026.

En esos encuentros ha buscado colocar en la agenda estadounidense sus acusaciones sobre un supuesto deterioro democrático en México y presuntos vínculos entre figuras de Morena y grupos criminales. En mayo de 2026, incluso solicitó al gobierno estadounidense considerar al partido gobernante como una organización vinculada con el narcotráfico.

En su viaje más reciente, el dirigente priista denunció a los consejeros electorales Arturo Castillo, Rita Bell López y Frida Gómez, luego de que aprobaran medidas cautelares relacionadas con publicaciones difundidas en sus redes sociales y en las cuentas institucionales del PRI. Moreno calificó la determinación como censura y anunció su impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano que deberá resolver el fondo de la controversia.

La actuación del INE tampoco puede interpretarse todavía como una sentencia definitiva sobre la veracidad de las expresiones empleadas por Moreno. Las medidas cautelares son resoluciones preventivas, sujetas a revisión jurisdiccional, y no sustituyen el pronunciamiento final del Tribunal Electoral.

Una ofensiva internacional bajo presión judicial

La ofensiva de Moreno en Estados Unidos coincide con los procedimientos promovidos en México para retirarle el fuero constitucional.

La Fiscalía de Campeche lo ha señalado por un presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su administración estatal, entre 2015 y 2019. El expediente deriva de cuatro carpetas de investigación por supuestos actos de corrupción y se suma a una solicitud anterior, presentada en 2022, por posible enriquecimiento ilícito.

El procedimiento no ha concluido. Alejandro Moreno conserva el fuero como senador y no existe una sentencia que lo declare culpable de enriquecimiento ilícito, peculado o desvío de recursos. Incluso una solicitud inicial tuvo que ser retirada por errores relacionados con el cargo legislativo que ocupaba el priista al momento de su presentación.

También es falso que el Congreso ya hubiera aprobado su desafuero en abril de 2026, como circularon publicaciones en redes sociales.

Por ello, presentar a Moreno como responsable consumado de los delitos señalados excedería lo acreditado hasta ahora. Existen investigaciones, señalamientos fiscales y un procedimiento político-jurídico pendiente, pero no una condena.

Morena convierte la defensa jurídica en acusación de “traición”

Montiel fue más allá de cuestionar la estrategia internacional del dirigente priista. Afirmó que quienes solicitan respaldo extranjero para confrontar al gobierno mexicano incurren en una conducta de “traición a la patria” y buscan propiciar la intervención de otro país en asuntos internos.

La expresión tiene una carga política considerable, pero no debe confundirse con la configuración del delito de traición a la patria previsto en la legislación penal. Morena no informó que exista una resolución judicial que atribuya a Moreno esa conducta.

Tampoco toda denuncia formulada en el extranjero constituye injerencia. Partidos, organizaciones civiles, víctimas y opositores de distintos países recurren habitualmente a instancias internacionales cuando consideran agotadas o insuficientes las vías internas. El punto controvertido, en este caso, es que Moreno no acudió únicamente a un organismo multilateral de derechos humanos, sino al gobierno de Estados Unidos, en un contexto de tensión bilateral y de llamados para que Washington adopte medidas contra políticos mexicanos.

El dirigente del PRI tomó como referencia el caso del juez brasileño Alexandre de Moraes, sancionado por Estados Unidos después de imponer restricciones al expresidente Jair Bolsonaro. La comparación sugiere que Moreno no busca solamente denunciar una supuesta censura, sino convencer a Washington de ejercer presión sobre autoridades electorales mexicanas.

La detención mencionada por Morena requiere aclaraciones

Durante su conferencia, Ariadna Montiel aseguró que había sido detenido el contador de una empresa perteneciente al hermano de Alejandro Moreno, presuntamente por desvío de recursos.

El comunicado partidista no proporcionó el nombre completo del detenido, la fiscalía responsable, la causa penal, la empresa involucrada ni el monto presuntamente desviado. Tampoco fue localizado un comunicado público de la Fiscalía General de la República que permitiera corroborar de manera independiente esos datos.

En consecuencia, esa afirmación no debe presentarse como un hecho plenamente confirmado hasta que exista información oficial verificable. La relación laboral o profesional con un familiar de Moreno tampoco probaría, por sí misma, responsabilidad del dirigente priista.

Esta omisión resulta relevante porque Morena exige rigor a las acusaciones de su adversario mientras formula señalamientos que también requieren sustento documental.

Entre la rendición de cuentas y la victimización política

La disputa plantea dos problemas democráticos que pueden coexistir.

Por una parte, Alejandro Moreno tiene derecho a impugnar las decisiones del INE, denunciar lo que considere censura y buscar interlocución internacional. Ninguna investigación penal debería utilizarse para silenciar a un opositor ni anticipar una culpabilidad que únicamente puede determinar un tribunal.

Por otra, la denuncia de persecución política no elimina los expedientes abiertos ni sustituye la obligación de explicar el origen de su patrimonio y el destino de los recursos observados durante su administración. La condición de opositor tampoco otorga inmunidad automática frente a una investigación.

Ariadna Montiel acierta al señalar que una carta entregada en Washington no convierte una acusación en verdad. Ese mismo principio debe aplicarse a Morena: un comunicado partidista tampoco acredita delitos, encubrimiento o traición a la patria.

La discusión de fondo no debería resolverse mediante descalificaciones recíprocas ni con gestiones diplomáticas utilizadas como prolongación de la contienda electoral. Debe hacerlo la evidencia: carpetas de investigación sólidas, decisiones judiciales independientes y resoluciones electorales capaces de proteger simultáneamente el debate público y el derecho a no ser acusado falsamente de delitos.

Mientras eso no ocurra, Alejandro Moreno seguirá presentándose como perseguido y Morena continuará describiéndolo como un político que busca impunidad. Entre ambas narrativas permanece pendiente lo esencial: que las instituciones mexicanas determinen, con pruebas y sin cálculo partidista, si existe una responsabilidad penal.

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El partido oficialista sostuvo que las conferencias presidenciales fortalecen el derecho a la información y permiten al gobierno responder públicamente a sus críticos. Sin embargo, su comunicado no identifica una propuesta concreta del PAN para cancelar el ejercicio; el antecedente inmediato es la discusión sobre si los derechos de las audiencias también deben aplicarse a las mañaneras y a los medios públicos.

Ciudad de México.— Morena defendió las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum como un mecanismo de comunicación directa, transparencia y rendición de cuentas, al tiempo que acusó al Partido Acción Nacional y al PRI de pretender limitar la capacidad del gobierno para responder públicamente a cuestionamientos y acusaciones.

En un comunicado difundido este 10 de agosto, el partido sostuvo que la información pública “no es una mercancía ni un privilegio” y aseguró que la mañanera transformó la relación entre el poder y la ciudadanía al establecer un espacio cotidiano en el que el Ejecutivo informa sobre sus decisiones y responde preguntas de medios nacionales, locales, independientes y comunitarios.

“La Mañanera le devuelve la palabra al pueblo. Por eso la derecha quiere silenciarla”, afirmó Morena al cierre de su posicionamiento.

La declaración forma parte de una confrontación política más amplia sobre los límites de la comunicación gubernamental, la libertad editorial y los derechos de las audiencias. Morena presenta el debate como un intento de la oposición por clausurar o neutralizar la conferencia presidencial; no obstante, el documento no cita una iniciativa, denuncia o petición formal del PAN que proponga eliminarla.

El antecedente: los derechos de las audiencias

La controversia inmediata surgió durante la discusión de los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias de radio y televisión.

El 29 de julio, legisladores de oposición cuestionaron que las reglas pudieran generar intervenciones indebidas en los contenidos periodísticos o decisiones editoriales. La panista Kenia López Rabadán planteó que la consulta debía precisar si estos lineamientos también serían aplicables a las conferencias matutinas y a los medios públicos que retransmiten una parte considerable de su contenido.

De acuerdo con la posición recogida entonces, el PAN no planteó cerrar la mañanera, sino analizar su naturaleza y determinar si debía sujetarse a las mismas reglas previstas para contenidos difundidos mediante radio y televisión.

La diferencia no es menor. Solicitar que un ejercicio de comunicación oficial esté sujeto a reglas o mecanismos de protección de audiencias no equivale, por sí mismo, a pedir su cancelación.

Morena, sin embargo, interpretó el planteamiento como un intento de impedir que el gobierno pueda responder a las acusaciones de sus adversarios.

Morena reivindica el formato creado por López Obrador

En su comunicado, el partido atribuyó a la Cuarta Transformación la apertura de un diálogo público “sin intermediarios” y sostuvo que, durante los gobiernos del PRI y el PAN, las decisiones se tomaban desde la opacidad y mediante acuerdos con las élites.

También aseguró que las conferencias matutinas rompieron un supuesto monopolio de la información y constituyen una práctica democrática prácticamente única en el mundo.

Estas afirmaciones forman parte de la narrativa política de Morena, pero el documento no aporta datos comparativos sobre acceso a la información, número y diversidad de periodistas acreditados, preguntas respondidas, solicitudes de transparencia atendidas o mecanismos independientes de verificación.

La asistencia de periodistas y la transmisión en vivo permiten observar directamente las respuestas del gobierno. Sin embargo, la conferencia continúa siendo un espacio organizado, financiado y administrado por el Poder Ejecutivo, que determina la agenda, la duración, las personas funcionarias que participan y el orden de las intervenciones.

Por ello, la comunicación directa no puede considerarse automáticamente equivalente a transparencia o rendición de cuentas. Estas últimas también requieren documentos públicos, datos verificables, archivos accesibles, respuestas formales, auditorías y consecuencias administrativas o políticas cuando se detectan irregularidades.

Responder a la prensa también tiene límites

Morena afirmó que el PAN y el PRI pretenden acusar y descalificar sin aceptar una respuesta del gobierno. Según el partido, la democracia debe permitir que todas las versiones sean contrastadas públicamente.

El derecho de las autoridades a responder existe, pero no es ilimitado. El poder institucional, el uso de recursos públicos y la capacidad de difusión de la Presidencia obligan a distinguir entre una aclaración documentada, una opinión política y la descalificación de periodistas o medios.

Un criterio judicial publicado en 2025 abordó precisamente esa frontera. Un Tribunal Colegiado determinó que la creación verbal de la sección “Quién es quién en las mentiras”, utilizada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vulneró derechos al carecer de reglas objetivas y límites previamente establecidos.

La tesis disponible en el Semanario Judicial de la Federación se refiere a aquella sección específica y no declara ilegal el formato completo de las mañaneras. Sin embargo, establece que los mecanismos de comunicación presidencial deben operar con parámetros claros, respeto a la libertad de prensa, derecho de réplica y criterios de objetividad.

La Suprema Corte también ha sostenido que la libertad de expresión y el derecho a la información son elementos indispensables para formar una opinión pública democrática. Esta protección comprende tanto la comunicación gubernamental como la posibilidad de cuestionar al poder sin sufrir represalias.

El gobierno habla; la prensa conserva su función

El comunicado de Morena sostiene que los gobiernos de la Cuarta Transformación informan y responden “frente a millones de mexicanas y mexicanos”. También señala que en las conferencias participan medios con distintas posiciones editoriales y que ahí se confrontan datos y versiones.

El ejercicio puede ampliar el acceso ciudadano a la postura oficial y ofrecer información de interés público en tiempo real. Pero no elimina la necesidad de intermediación periodística.

Los medios no cumplen únicamente la función de repetir declaraciones. También verifican cifras, contrastan versiones, consultan documentos, investigan hechos omitidos y confrontan las afirmaciones oficiales con sus resultados.

La ciudadanía tiene derecho a escuchar directamente al gobierno, pero también a recibir información producida fuera del control gubernamental. Ambos espacios pueden coexistir. El problema aparece cuando una conferencia financiada con recursos públicos se presenta como la única fuente legítima de verdad o cuando cualquier cuestionamiento se reduce a una disputa entre “el pueblo” y sus supuestos adversarios.

La mañanera puede ser un instrumento de comunicación pública y rendición de cuentas siempre que mantenga apertura, pluralidad, documentación verificable y respeto a la crítica. Someterla a reglas no implica necesariamente censurarla; también puede significar reconocer que incluso la comunicación directa del poder debe estar sujeta a responsabilidades democráticas.

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Por: Redacción de LYPmultimedios

Querétaro, Qro., 5 de agosto de 2026.

La regulación de los derechos de las audiencias debe evitar que la protección de radioescuchas y televidentes derive en restricciones al trabajo periodístico, advirtió el diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, al pronunciarse sobre los nuevos lineamientos federales en la materia.

El legislador señaló que las disposiciones para diferenciar información y opinión podrían provocar autocensura entre periodistas, conductores y comentaristas, particularmente ante la posibilidad de recibir quejas o sanciones.

“Si la regla para defender a las audiencias termina silenciando la crítica, no ganamos ningún derecho, ganamos una nueva ley mordaza”, declaró.

Una propuesta todavía en consulta

El documento al que se refirió Ospital es el anteproyecto de los “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, publicado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Aunque el legislador lo mencionó como una iniciativa, se trata de una propuesta regulatoria derivada de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, expedida en julio de 2025.

La consulta pública comenzó el 27 de julio y concluirá el 21 de agosto de 2026. Durante ese periodo, concesionarios, organizaciones, especialistas y personas interesadas pueden presentar observaciones. Las aportaciones no son vinculantes, pero deberán ser valoradas por la Comisión antes de emitir el texto definitivo.

Información y opinión

El anteproyecto de lineamientos establece que los concesionarios de radio, televisión abierta y servicios de paga deberán ofrecer elementos para distinguir la información noticiosa de las opiniones expresadas por conductores, comentaristas o participantes.

En televisión podrán utilizarse plecas, cortinillas o mensajes en pantalla. En radio se contemplan identificaciones sonoras. Estos avisos deberán aparecer, como mínimo, al principio y al final del contenido cuando se mezclen información y opiniones, o cuando el programa sea predominantemente opinativo.

La disposición no ordena identificar cada frase por separado. Sin embargo, el debate señalado por Ospital se concentra en el efecto que estas obligaciones podrían tener sobre formatos periodísticos donde narración, contexto, interpretación y opinión conviven dentro de un mismo espacio.

El artículo 12 también plantea que los concesionarios adopten medidas para evitar la difusión de información falsa, descontextualizada o histórica presentada como actual. Estos criterios deberán relacionarse con los códigos de ética y las políticas editoriales de cada medio.

Quejas, recomendaciones y posibles sanciones

La propuesta contempla que las audiencias puedan presentar quejas sobre programas, contenidos o publicidad. Las defensorías de cada medio tendrán la responsabilidad inicial de recibirlas, analizarlas y, cuando consideren que existe una vulneración, emitir recomendaciones.

Si una persona se inconforma con la determinación o si el medio no atiende la recomendación, la CRT podrá intervenir para confirmar, modificar o revocar la resolución.

El documento prevé que los incumplimientos puedan derivar en procedimientos sancionadores. Las multas propuestas van de 0.01 a uno por ciento de los ingresos acumulables del concesionario o programador.

Los lineamientos señalan expresamente que no podrán interpretarse para limitar la libertad de expresión, la libertad editorial o la libertad programática, ni para ejercer censura previa. La manera en que estas garantías convivan con la supervisión y las sanciones será uno de los aspectos centrales del debate.

La regulación se dirige a concesionarios y programadores de radio, televisión abierta, televisión y audio restringidos. No constituye una disposición general aplicable a todas las personas periodistas ni a cualquier medio digital.

El antecedente jurídico

Ospital recordó que los derechos de las audiencias quedaron reconocidos constitucionalmente en 2013. Posteriormente, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 estableció un primer catálogo de derechos, mientras que el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió lineamientos generales en 2016.

En 2017, el Congreso federal aprobó una reforma que modificó ese régimen y redujo algunas facultades del IFT. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto en 2022, al concluir que durante su aprobación se cometieron violaciones graves al procedimiento legislativo y no se garantizaron condiciones adecuadas para la deliberación parlamentaria.

La sentencia no determinó que toda regulación de los derechos de las audiencias debiera recaer exclusivamente en un organismo autónomo. Sí restituyó temporalmente las disposiciones anteriores a la reforma de 2017.

La independencia del regulador

Otro de los cuestionamientos de Ospital se refiere a la naturaleza de la CRT. A diferencia del desaparecido IFT, que era un organismo constitucional autónomo, la nueva Comisión es un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La ley le concede independencia técnica, operativa y de gestión, pero permanece dentro de la estructura del Ejecutivo federal. Para el diputado, esta relación institucional puede afectar la confianza en la imparcialidad de las decisiones.

El anteproyecto no faculta expresamente a la Comisión para determinar si una crítica política es válida. Sus atribuciones se relacionan con el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y la revisión de inconformidades. No obstante, debido a que algunas controversias pueden involucrar contenidos periodísticos, la precisión de los criterios, el debido proceso y la independencia de las resoluciones serán determinantes.

El debate no se reduce a elegir entre las audiencias y la prensa. La regulación deberá demostrar que puede proteger el pluralismo, la accesibilidad, la no discriminación y la distinción entre publicidad e información, sin intervenir indebidamente en las decisiones editoriales. El resultado dependerá del texto definitivo y de la forma en que la CRT ejerza sus facultades.

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Romero advierte un giro autoritario en México; la industria de radio y TV dice que no ve intención de censurar

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Morena defiende los lineamientos de audiencias; la CIRT dice que no ve censura, pero pide corregir ambigüedades

Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 3 de agosto de 2026.— Morena salió a defender los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y rechazó que impliquen censura, en un debate que lleva una semana abierto y en el que —a diferencia de lo que sugiere el intercambio político— las posiciones no están tan polarizadas como parecen.

El argumento de Morena

En su comunicado, el partido sostuvo que diversos actores políticos y mediáticos construyeron una narrativa falsa al presentar una ampliación de derechos como un intento de censura. Su planteamiento central es una distinción conceptual: «la libertad de expresión protege a quienes comunican; los derechos de las audiencias protegen al pueblo de México».

Morena argumentó que los lineamientos no crean mecanismos de censura, sino que desarrollan derechos ya reconocidos en la Constitución: distinguir información de opinión, separar publicidad de contenido editorial, ejercer el derecho de réplica, contar con defensorías de audiencias y garantizar accesibilidad para personas con discapacidad. Subrayó además un punto procesal relevante: la autoridad no revisará previamente las transmisiones, y cualquier procedimiento solo puede iniciarse después de la difusión de un contenido y a partir de una queja concreta.

El partido también recordó un antecedente legislativo: en 2017 una contrarreforma impulsada por el PAN debilitó los derechos de las audiencias, y en 2022 la Suprema Corte invalidó aquel decreto.

Qué dice el anteproyecto, en concreto

Más allá del intercambio político, conviene precisar el contenido. El documento, emitido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, plantea obligaciones específicas para concesionarios de radio y televisión: publicar un código de ética, designar un defensor de las audiencias, diferenciar información, opinión y publicidad, atender quejas en un plazo máximo de 20 días, garantizar el derecho de réplica, establecer medidas de accesibilidad y prever sanciones económicas por incumplimiento.

Un dato que ordena el debate: los lineamientos no alcanzan a los medios digitales. Aplican al espectro concesionado.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el esquema con un argumento que también matiza la discusión sobre las multas: «No es estar multando. El objetivo, si se fijan, es un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias».

La comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, sostuvo que los lineamientos tutelan derechos que ya están en la Constitución y establecen los mecanismos para garantizarlos con plazos claros. La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, agregó que el objetivo es definir con precisión los conceptos de la ley para evitar laxitud, subjetividad o discrecionalidad en su interpretación.

Lo que realmente dijo la industria

Aquí aparece el matiz que el comunicado de Morena no recoge y que vale la pena registrar con exactitud, porque el debate público lo ha simplificado en ambos sentidos.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) —el actor más directamente afectado— reconoció expresamente que la intención de la CRT no es censurar a los medios y respaldó tanto la protección de las audiencias como la existencia de mecanismos de queja. Su objeción es más acotada: sostiene que algunas disposiciones son ambiguas y podrían derivar en discrecionalidad, sanciones desproporcionadas o injerencia gubernamental en decisiones editoriales, por lo que pidió corregirlas antes de la emisión definitiva.

Es decir: la principal cámara del sector no está denunciando censura. Está pidiendo precisión en la redacción.

Hubo, sin embargo, una objeción de mayor calado. La Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores de Distrito (JUFED) reconoció que la protección de audiencias busca combatir la desinformación, pero advirtió que «el establecimiento de controles estatales estrictos sobre las líneas editoriales representa un riesgo desmedido para el Estado Constitucional de Derecho». Esa es la crítica de fondo que el debate todavía no resuelve.

El punto donde ambas partes coinciden

Hay un elemento que no está en disputa: la consulta pública existe, está abierta y cualquiera puede participar. Concesionarios, radios comunitarias, academia, organizaciones civiles y ciudadanía tienen hasta el 21 de agosto para enviar observaciones a través de portal de consultas públicas.

Morena lo planteó como prueba de que no hay imposición: «Quien pretende censurar no consulta al pueblo». La CIRT, por su parte, respaldó el proceso de consulta aunque cuestione partes del contenido. Que ambos coincidan en la legitimidad del mecanismo sugiere que la discusión real ocurrirá en la letra final del documento, no en la consigna.

Lo que sigue

El texto definitivo se emitirá después del 21 de agosto, sin fecha estipulada de entrada en vigor. De ese documento dependerá si la preocupación de la CIRT —discrecionalidad en la interpretación— queda resuelta o si persiste. La pregunta que la consulta debe responder no es si las audiencias merecen protección, algo en lo que casi nadie discrepa, sino cómo se redacta esa protección para que un procedimiento por queja no termine convirtiéndose en un mecanismo de presión sobre líneas editoriales. Esa distinción es técnica, aburrida y decisiva: se juega en la redacción de los artículos, no en los comunicados.

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Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 28 de julio de 2026.— Una persona enciende el televisor y escucha a un conductor asegurar que algo ocurrió. Minutos después, descubre que no era una noticia confirmada, sino una opinión.

En otro programa, una marca aparece recomendada con entusiasmo, aunque nadie advierte que pagó por estar ahí. Una información de años atrás vuelve a circular como si hubiera sucedido esa mañana. Una persona sorda intenta seguir una transmisión de interés público, pero no encuentra subtítulos ni interpretación.

Los derechos de las audiencias comienzan en escenas así: en la posibilidad de saber qué estamos viendo, quién intenta convencernos y con qué elementos se presenta una afirmación como cierta.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta pública para establecer nuevas obligaciones a la radio y la televisión. La propuesta busca diferenciar noticias, opiniones y publicidad; fortalecer el derecho de réplica; atender a personas con discapacidad y crear canales para reclamar cuando un medio vulnere los derechos de quienes lo escuchan o miran. 

El objetivo es necesario.

La forma de alcanzarlo exige una discusión menos cómoda que la presentada desde Palacio Nacional.

Porque proteger a las audiencias no debe significar abandonar a la ciudadanía frente a los abusos de los medios. Pero tampoco puede significar entregar al Gobierno la facultad de decidir qué versión de la realidad merece ser transmitida.

Las audiencias no son consumidoras pasivas

Durante décadas, la regulación mexicana trató a la televisión y la radio principalmente como industrias que operaban concesiones del Estado. Las personas aparecían al final de la cadena: escuchaban, miraban y, si algo las inconformaba, cambiaban de estación.

El reconocimiento de los derechos de las audiencias modificó esa relación.

Quien recibe un contenido tiene derecho a identificar cuándo escucha una opinión, cuándo observa publicidad encubierta y cómo puede exigir una aclaración. También tiene derecho a una programación accesible, plural y respetuosa de la dignidad humana.

La propuesta de la CRT obliga a los medios a mostrar plecas, cortinillas o avisos cuando un conductor combine información con opiniones. En radio deberán utilizarse señales sonoras. También deberán distinguir los espacios comercializados del contenido editorial. 

No son exigencias extravagantes.

En un ecosistema donde algunos programas mezclan hechos, propaganda, entretenimiento y negocios sin marcar fronteras, ofrecer claridad constituye una obligación mínima hacia el público.

Un periodista puede opinar.

Un medio puede tener una línea editorial.

Lo que no debería hacer es disfrazar esa posición como un hecho indiscutible.

La palabra “veraz” necesita algo más que buenas intenciones

El punto más delicado se encuentra en el deber de evitar información “falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual”.

A primera vista, pocas personas defenderían el derecho de una televisora a engañar deliberadamente. El periodismo no puede justificar una mentira apelando a la libertad de expresión.

Pero la realidad rara vez se divide con facilidad entre una verdad luminosa y una falsedad evidente.

Una investigación puede contener datos correctos y conclusiones discutibles. Una fuente oficial puede mentir. Una cifra gubernamental puede estar incompleta. Una noticia puede cambiar mientras se transmite. Dos testimonios pueden contradecirse sin que uno haya sido fabricado.

El proyecto intenta limitar el riesgo al señalar que los medios deberán contar, al momento de publicar, con elementos para considerar veraz la información y apegarse a sus propios criterios editoriales. No establece expresamente que la CRT pueda imponer una versión oficial de los acontecimientos.

Aun así, queda una pregunta decisiva:

¿Quién resolverá cuándo una información crítica estaba insuficientemente sustentada y cuándo simplemente incomodó al poder?

La diferencia no debe quedar en manos de interpretaciones políticas.

No es únicamente autorregulación

Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo no es censurar ni dedicarse a multar, sino promover que cada medio se regule mediante su código de ética y su propia defensoría.

La explicación cuenta solo una parte de la historia.

Los códigos serán elaborados por las concesionarias y las personas defensoras serán designadas por ellas. Pero las reglas serán obligatorias, la CRT podrá monitorear transmisiones, requerir información, revisar la actuación de las defensorías e iniciar procedimientos sancionadores. Las multas podrán alcanzar hasta 1% de los ingresos acumulables del medio.

Eso no convierte automáticamente la propuesta en censura.

Sí demuestra que no se trata solamente de autorregulación.

Existe una diferencia entre un medio que adopta voluntariamente principios profesionales y una autoridad con capacidad económica para castigar su incumplimiento.

Las palabras importan. Presentar el proyecto como un mecanismo exclusivamente interno reduce artificialmente el poder que conservará el Estado.

Un regulador dentro del Ejecutivo

La preocupación no se limita al contenido de las reglas, sino a la institución que las aplicará.

La CRT sustituyó parte de las funciones del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aunque la ley le reconoce independencia técnica y operativa, la Comisión forma parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y, por tanto, permanece dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. 

Esto coloca al Gobierno en una posición incómoda: puede convertirse simultáneamente en protagonista de la noticia, objeto de la crítica y autoridad vinculada con la vigilancia del medio que la publicó.

La solución no consiste en suponer que toda persona funcionaria actuará de mala fe.

Las instituciones democráticas no se diseñan sobre la confianza personal. Se construyen para resistir incluso cuando llega al poder alguien dispuesto a abusar de ellas.

Por eso, los lineamientos necesitan criterios claros, resoluciones públicas, posibilidad efectiva de defensa, proporcionalidad en las sanciones y mecanismos judiciales capaces de frenar una intervención arbitraria.

No basta con que una norma declare que no habrá censura.

Debe impedir que pueda utilizarse para censurar.

La defensoría puede abrir una puerta que hoy permanece cerrada

La figura más valiosa del proyecto puede ser la persona defensora de las audiencias.

Su tarea será recibir quejas, pedir explicaciones al medio, documentar los casos y emitir recomendaciones. Las concesionarias deberán ofrecerle recursos, pero no podrán interferir en sus decisiones. Además, tendrá que publicar informes semestrales sobre las inconformidades recibidas y la manera en que fueron atendidas. 

Para una persona común, esto puede representar algo concreto: no tener que contratar a un abogado ni comenzar una batalla pública para pedir que una televisora reconozca una equivocación.

Sin embargo, su independencia dependerá de cómo sea nombrada y removida.

Una defensoría financiada por el mismo medio que debe cuestionar corre el riesgo de convertirse en oficina de relaciones públicas. Una defensoría controlada por la autoridad podría transformarse en vigilante gubernamental.

La propuesta necesita protegerla de ambos poderes.

La radio y la televisión quedan bajo reglas que internet no tendrá

Los lineamientos se aplicarán a radio, televisión abierta, servicios de paga y programadoras. La prensa escrita, los portales informativos, las redes sociales y la mayoría de las plataformas digitales quedan fuera de este marco. 

La diferencia genera una paradoja.

Una estación local deberá colocar avisos, contar con una defensoría y responder quejas. Mientras tanto, una cuenta anónima podrá difundir el mismo contenido falso en redes sin cumplir obligaciones equivalentes y alcanzar millones de reproducciones.

No se trata de extender automáticamente el control estatal hacia internet.

Se trata de reconocer que la regulación concentra sus exigencias en medios tradicionales mientras buena parte de la desinformación, la publicidad encubierta y la manipulación política se desplaza hacia espacios digitales.

El resultado puede ser un sistema desigual: reglas estrictas para quienes transmiten mediante una concesión y escasa responsabilidad para actores digitales con mayor alcance que muchas radiodifusoras.

El contexto mexicano obliga a desconfiar del poder

La discusión no ocurre en un país donde la prensa trabaje sin miedo.

ARTICLE 19 documentó 451 agresiones contra periodistas y medios durante 2025. El ambiente hostil y el abuso del poder público estuvieron entre los patrones principales; la organización advirtió que amenazas, campañas de desprestigio, procesos judiciales y discursos oficiales producen un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión. 

Ese contexto no invalida los derechos de las audiencias.

Los vuelve más complejos.

México debe proteger simultáneamente a la persona engañada por un medio, al periodista que investiga al Gobierno y a la sociedad que necesita información para tomar decisiones.

Defender una de esas libertades destruyendo las otras sería una derrota democrática.

Una consulta abierta, pero no vinculante

Cualquier persona, concesionaria, organización o institución académica puede participar hasta el 21 de agosto. Para enviar comentarios es necesario registrarse en la plataforma de la CRT. Después, la Comisión deberá elaborar un informe sobre las aportaciones recibidas. 

La consulta, sin embargo, es no vinculante.

Esto significa que la participación ciudadana puede influir, pero no obliga a la autoridad a modificar el proyecto.

La legitimidad del proceso dependerá de que la CRT publique las opiniones, responda los cuestionamientos de fondo y explique por qué acepta o rechaza cada propuesta relevante.

Consultar no consiste solamente en abrir un formulario durante veinte días.

Consiste en permitir que la deliberación transforme la norma.

Ni medios intocables ni Gobierno editor

Durante años, grandes concesionarios defendieron la libertad editorial como si también incluyera el derecho a confundir noticias con intereses comerciales, ignorar reclamaciones o cerrar la puerta a quienes fueron afectados por una transmisión.

Esa impunidad no debe continuar.

Pero el remedio tampoco puede ser una autoridad administrativa capaz de vigilar contenidos bajo conceptos amplios y sancionar desde una estructura vinculada con el Ejecutivo.

Las audiencias necesitan poder frente a los medios.

Los periodistas necesitan libertad frente al Gobierno.

La democracia necesita ambas cosas.

El desafío de los nuevos lineamientos no será escribir que la información debe ser veraz. Será garantizar que esa exigencia fortalezca el periodismo responsable sin castigar el periodismo incómodo.

Porque la verdad no pertenece a una televisora.

Pero tampoco pertenece al Gobierno.

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