El alcalde anunció que una parte del dinero relacionado con contratos municipales será destinada al DIF, pero no hizo público el documento, el porcentaje de la aportación, quién deberá cubrirla ni cómo será fiscalizada. Un convenio similar en Colón retiene cinco pesos por cada mil: tres para la Cámara y dos para el organismo asistencial.

San Juan del Río, Qro. 3 de Octubre del 2026.— Roberto Cabrera Valencia firmó con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción un convenio que incidirá en los recursos vinculados con la obra pública municipal, pero presentó el acuerdo sin transparentar sus cláusulas fundamentales.

En el décimo día de actividades promocionales por su Quinto Informe de Gobierno, el alcalde aseguró que el instrumento servirá para capacitar al personal municipal y a los afiliados de la CMIC. También anunció que “una parte” de los recursos de obra será destinada al Sistema Municipal DIF, presidido por su esposa, Gina Sánchez Barrios.

La formulación es demasiado ambigua para un acuerdo que involucra dinero derivado de contrataciones públicas.

El gobierno municipal no informó:

• Qué porcentaje será retenido.
• Sobre qué monto se realizará el cálculo.
• Si la aportación será obligatoria o voluntaria.
• Si se aplicará a todos los contratistas o únicamente a integrantes de la CMIC.
• Cuánto dinero espera recaudar el DIF.
• Qué parte será entregada a la Cámara.
• Cómo serán administrados, comprobados y auditados los recursos.
• Qué programas asistenciales recibirán el dinero.
• Qué ocurrirá con las aportaciones cuando la obra utilice recursos federales o estatales.

Sin el convenio completo, tampoco puede determinarse si el municipio transferirá directamente presupuesto destinado a infraestructura o si descontará una cantidad de las estimaciones pagadas a las empresas contratistas.

La diferencia es sustancial. En el primer supuesto, se modificaría el destino de recursos públicos originalmente presupuestados para obras. En el segundo, se trataría de una retención aplicada a los pagos de los constructores. Son mecanismos distintos y requieren explicaciones distintas.

El antecedente de Colón revela lo que Cabrera omitió

Los convenios entre gobiernos y la CMIC suelen establecer aportaciones calculadas al millar sobre los contratos de obra. Los recursos pueden utilizarse para capacitación y, en algunos municipios, para respaldar actividades de los sistemas DIF.

Un contrato público del municipio de Colón, Querétaro, permite conocer cómo funciona un acuerdo celebrado en 2025 con la misma delegación estatal de la CMIC.

El documento establece una retención de cinco al millar sobre el importe de cada contrato antes del IVA. De esa cantidad, tres al millar se destinan a la Cámara y dos al millar al Sistema Municipal DIF. El descuento se aplica en cada estimación pagada al contratista, según el contrato publicado por el municipio.

Ese antecedente no demuestra que San Juan del Río haya adoptado exactamente los mismos porcentajes. Sí confirma, en cambio, que Cabrera pudo informar con precisión cómo operará el acuerdo y decidió no hacerlo durante su presentación pública.

Si se aplicara como referencia una retención de cinco al millar sobre los 120 millones de pesos que el alcalde reportó como inversión anual, el monto ascendería a 600 mil pesos: 360 mil para la Cámara y 240 mil para el DIF. El cálculo es únicamente ilustrativo, porque el municipio no reveló la tasa, la base ni los contratos comprendidos.

Precisamente por eso resulta indispensable publicar el convenio. Sin el documento, la ciudadanía no puede conocer cuánto dinero estará en juego ni verificar que los descuentos coincidan con las cantidades finalmente entregadas.

Capacitación sin costo informado

Cabrera presentó la profesionalización como uno de los principales beneficios del acuerdo. La capacitación técnica puede mejorar la planeación, supervisión y ejecución de las obras, pero el municipio tampoco explicó cómo será impartida.

No se informó cuántos servidores públicos recibirán formación, qué cursos se ofrecerán, cuánto durarán, quién evaluará sus resultados ni qué valor económico tendrá el servicio.

La CMIC mantiene instituciones dedicadas a la capacitación y ha celebrado convenios semejantes con distintas dependencias. Un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, formalizó la retención de dos al millar en contratos para financiar la capacitación de trabajadores y personal institucional, según la información de la propia Cámara.

En San Juan del Río sigue sin conocerse si la capacitación será cubierta mediante una retención semejante, si tendrá algún costo adicional o si formará parte de la aportación entregada a la organización empresarial.

También debe aclararse si podrán participar constructoras no afiliadas. La CMIC representa a empresas que potencialmente compiten por contratos municipales; por ello, el convenio necesita preservar la igualdad entre participantes y mantenerse completamente separado de los procedimientos de licitación, adjudicación, supervisión y pago.

La profesionalización no puede convertirse en una vía de acceso privilegiado a información, funcionarios o decisiones relacionadas con la contratación pública.

Solidaridad social no sustituye rendición de cuentas

Destinar recursos al DIF puede perseguir una finalidad social legítima. Eso no elimina la obligación de explicar su origen, destino y vigilancia.

El organismo municipal deberá informar cuánto recibe, en qué cuenta se deposita, qué programa ejercerá el dinero, quién autoriza el gasto y mediante qué informes podrá conocerse su aplicación.

La transparencia adquiere mayor relevancia porque el DIF es presidido por Gina Sánchez Barrios, esposa del alcalde. Este parentesco no implica por sí mismo una irregularidad, pero hace indispensable evitar cualquier margen de discrecionalidad y publicar la trazabilidad completa de los recursos.

El dinero deberá quedar sujeto a controles contables, fiscalización, comprobación y publicidad. La expresión genérica “para beneficiar a los sectores más vulnerables” no sustituye un programa, una meta ni un padrón verificable.

Cabrera vuelve a presentar actividades como resultados

Ante los constructores, el alcalde repitió que durante el último año se invirtieron cerca de 120 millones de pesos en más de mil acciones de obra pública. Afirmó que 71 por ciento se dirigió a movilidad, calles, servicios e infraestructura.

Ese porcentaje equivaldría a aproximadamente 85.2 millones de pesos, pero la administración no presentó un desglose que permita conocer qué contratos integran la cifra, cuáles fueron licitados, cuáles se adjudicaron directamente, qué empresas resultaron beneficiadas o cuánto avance físico registra cada proyecto.

La categoría “más de mil acciones” vuelve a funcionar como una bolsa donde caben intervenciones de dimensiones muy distintas. No es posible saber cuántas correspondieron a obras nuevas, rehabilitaciones, reparaciones menores o tareas de mantenimiento.

Cabrera también enlistó:

• Mil 440 acciones de alumbrado.
• Cuatro mil 539 metros de infraestructura de agua.
• 900 metros de electrificación.
• 52 mil metros cuadrados de pavimento rehabilitado.
• Tres mil 488 metros de drenaje.
• 129 hectáreas intervenidas mediante Raíces del Agua.
• Más de 730 escrituras entregadas.

Las cifras describen actividad, pero no permiten evaluar por sí mismas la calidad, duración o distribución territorial de las intervenciones. Tampoco explican cuántas necesidades permanecen pendientes ni qué porcentaje del rezago municipal fue atendido.

Un convenio público debe ser público

La firma con la CMIC pudo ser una oportunidad para transparentar la relación entre el municipio y las empresas constructoras: criterios de contratación, padrón de proveedores, calidad de las obras, participación de compañías locales, mecanismos anticorrupción y seguimiento de contratos.

En lugar de eso, la administración difundió fotografías, declaraciones y cifras generales, pero reservó el contenido sustantivo del acuerdo.

San Juan del Río debe publicar el convenio íntegro, sus anexos técnicos, la fórmula de las retenciones, las obligaciones de cada parte, la vigencia, los mecanismos de supervisión y las causas de terminación.

También deberá precisar si el Cabildo autorizó el instrumento, qué fundamento jurídico permite aplicar descuentos a las estimaciones de obra y cómo se garantizará que la aportación no sea trasladada artificialmente al precio presentado por los contratistas.

Cabrera aseguró que el convenio beneficiará a las familias. Antes de aceptar esa conclusión, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto dinero será retenido, quién lo recibirá y cómo podrá comprobarse que llegó a su destino.

Un acuerdo que toca recursos relacionados con la obra pública no puede explicarse con la frase “una parte”. La solidaridad sin cantidades puede convertirse en propaganda; la capacitación sin indicadores, en ceremonia; y la colaboración con los constructores sin reglas visibles, en un espacio innecesario de opacidad.

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