Por Redacción LYPmultimedios
TEQUISQUIAPAN, QRO. – ¿Qué esconde el gobierno de Tequisquiapan? La pregunta ya no es un simple reclamo ciudadano, sino una sospecha formal que ha llegado hasta los tribunales. En un golpe devastador a su credibilidad, la administración del alcalde Héctor Magaña Rentería ha sido acorralada por un juez federal, quien ordenó de manera fulminante que se resguarden documentos físicos y electrónicos ante el riesgo inminente de que sean alterados, manipulados o destruidos.
El escándalo estalló tras la concesión de una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 653/2026. Esta resolución judicial no es un mero trámite administrativo; es una alerta roja de la justicia federal frente a una administración que, presuntamente, acumula cientos de solicitudes ciudadanas y amparos sin contestar.
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Para un alcalde que llegó al poder ondeando la bandera de la «Cuarta Transformación» y presumiendo honestidad, el impacto político es letal. La transparencia no es un favor que el gobernante le hace al pueblo, es una obligación constitucional. El hecho de que el Poder Judicial tenga que intervenir para ordenarle a Héctor Magaña que «no mueva ni destruya» los papeles oficiales exhibe una crisis institucional sin precedentes en el municipio.
¿Se trata de un gobierno rebasado por su propia desorganización, o de una maquinaria diseñada sistemáticamente para atrincherarse en la opacidad? Patear plazos, esconder expedientes y apostar al desgaste del ciudadano ha dejado de parecer ineficiencia para perfilarse como un método oscuro de gobierno.
La sanción económica inicial por desacato —115 UMAs (13 mil 490.65 pesos)— resulta una burla frente a la gravedad de los hechos. El verdadero costo para Magaña es la pérdida absoluta de legitimidad. No se puede predicar la «regeneración de la vida pública» en los mítines, y al mismo tiempo mantener la información gubernamental bajo custodia judicial por la sospecha de ocultamiento.
Hoy, el alcalde de Tequisquiapan está contra las cuerdas. Si no tiene nada que esconder, debe mostrar los folios, fechas y documentos. Pero cuando un juez tiene que emitir una orden para que no desaparezcan los papeles, lo primero que ya desapareció fue la confianza pública.
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