Por Redacción LYPmultimedios
CIUDAD DE MÉXICO. – En lo que representa el golpe legislativo más contundente contra la violencia estructural y la omisión institucional en la historia reciente del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de la iniciativa para crear la primera Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio.
Con esta reforma, el Estado mexicano busca cerrar de tajo los resquicios legales que durante décadas han permitido a los agresores evadir la justicia y a las autoridades locales maquillar las cifras de violencia de género.
“El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta”, sentenció la mandataria durante su conferencia matutina, delineando el espíritu de la iniciativa.
El fin de la discrecionalidad estatal
El núcleo duro de esta reforma radica en la modificación del inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución. Este candado constitucional obligará a las 32 entidades federativas a homologar el delito de feminicidio. Se acabaron los estados donde asesinar a una mujer tiene penalidades menores; la nueva Ley General establece castigos implacables que irán de los 40 a los 70 años de prisión, contemplando nueve razones de género y 21 agravantes específicas.
Además de las penas punitivas, la iniciativa impone un cambio radical en los protocolos de procuración de justicia. Por mandato de ley, los Ministerios Públicos estarán obligados a investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio.
Para evitar que las primeras horas cruciales de la investigación se pierdan en la burocracia, la ley exigirá la implementación de “turnos continuados” en las fiscalías, garantizando que el aparato de justicia no se detenga y que el cerco legal contra los feminicidas y la impunidad sea absoluto.
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