La discusión sobre la reforma judicial en Querétaro entró en una nueva fase de confrontación política y técnica. La diputada y coordinadora del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura, Claudia Díaz Gayou, presentó un análisis crítico de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo estatal y advirtió que, a su juicio, llega tarde, es incompleta y se aparta de los lineamientos establecidos en la reforma constitucional federal.
Durante un posicionamiento ante medios, la legisladora sostuvo que la propuesta local omite aspectos clave del rediseño judicial nacional y podría abrir espacios para favorecer a grupos de poder. Señaló que el PT vigilará que cualquier modificación se apegue estrictamente a la Constitución y reiteró que su bancada mantiene como base la iniciativa presentada por legisladores de la Cuarta Transformación en enero de 2025, incorporando coincidencias si las hubiera.
Entre los puntos que consideró problemáticos, mencionó la posibilidad de imponer mayores requisitos a quienes aspiren a cargos judiciales, lo que limitaría la participación; la apertura para que actores políticos o funcionarios electorales accedan a magistraturas; y la propuesta de elegir suplentes, en contraste con el criterio federal de asignar vacantes a segundos lugares de votación.
También advirtió vacíos en el diseño del proceso electoral judicial: falta de claridad en convocatorias, definición de cargos, mecanismos de postulación, integración de comités de evaluación y reglas sobre financiamiento de campañas. A ello sumó la ausencia de plazos máximos para resolver asuntos, lineamientos del Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano administrativo, así como la posibilidad de ampliar el número de magistraturas.
Uno de los señalamientos más delicados, dijo, es la inclusión de esquemas de retiro y compensaciones económicas para jueces y magistrados. Según su lectura, la propuesta contempla pagos prolongados tras la conclusión de funciones o incluso en casos de no resultar electos, lo que implicaría el uso de recursos públicos para indemnizaciones amplias.
Díaz Gayou cuestionó además la técnica legislativa del documento, al considerar que atribuye facultades de forma incorrecta al Congreso estatal, cuando la denominación constitucional corresponde al Poder Legislativo o la Legislatura local.
Pese a las críticas, la diputada reconoció elementos que su grupo parlamentario respaldaría, como el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias, la justicia cívica, la justicia restaurativa y la reparación del daño en materia penal.
El posicionamiento se da en un contexto de tensiones políticas internas, luego de que el Ejecutivo estatal presentara su iniciativa cuando ya existía un dictamen aprobado en comisiones legislativas. Para la legisladora, esta superposición evidencia falta de coordinación entre el gobierno estatal y el grupo parlamentario mayoritario, además de una disputa sobre el rumbo de la armonización local de la reforma judicial federal.
Comenta