Mientras siete acuíferos del estado operan con déficit, la Comisión Estatal de Aguas ha reconocido pérdidas cercanas al 40% del agua potable por fugas, clandestinaje o mala medición. El problema no es solo de sequía: es de infraestructura, transparencia y responsabilidad pública.
Por Redacción LYPmultimedios
Querétaro, Qro.
Querétaro discute el agua casi siempre mirando hacia el cielo. Espera lluvias, mide presas, teme sequías, anuncia obras, promete soluciones. Pero una parte decisiva de la crisis no está en las nubes ni en los embalses: está debajo del pavimento.
Está en tuberías que no se ven.
En fugas que no se vuelven virales.
En conexiones irregulares.
En mediciones deficientes.
En redes presurizadas sin suficiente inteligencia operativa.
En litros que ya fueron extraídos, bombeados, tratados, conducidos y pagados… pero nunca llegaron completos a su destino.
En 2025, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy, reconoció que en Querétaro se pierde cerca del 40% del agua potable por fugas, clandestinaje o mala medición. El dato no debería tratarse como una falla técnica menor. En un estado que habla de estrés hídrico, crecimiento acelerado y nuevas fuentes de abastecimiento, perder cuatro de cada diez litros es una emergencia pública.
La frase es incómoda, pero necesaria: Querétaro pierde agua antes de buscarla.
Y lo hace en un territorio donde el subsuelo ya está en números rojos. De acuerdo con la información oficial de CONAGUA sobre disponibilidad media anual de agua subterránea, siete de los once acuíferos de Querétaro tienen disponibilidad negativa. El Valle de Querétaro registra un déficit de -65.56 hm³ anuales; el Valle de San Juan del Río, -56.89 hm³; Amazcala, -22.16 hm³; Buenavista, -13.87 hm³; Tequisquiapan, -5.14 hm³; Tolimán, -4.93 hm³, y Huimilpan, -4.53 hm³.
Dicho de otro modo: varios de los acuíferos que sostienen la vida cotidiana, la vivienda, la industria, el campo y el crecimiento metropolitano del estado están entregando más agua de la que pueden reponer.
Ahí está la contradicción central.
Querétaro busca nuevas soluciones, pero todavía no ha convertido la reducción de pérdidas en la primera gran política hídrica del estado. Busca agua nueva mientras una parte de la que ya tiene se escapa. Pide ahorro doméstico mientras el sistema arrastra pérdidas estructurales. Discute megaproyectos mientras la red existente exige una auditoría profunda, pública y territorializada.
La primera fuente de agua para Querétaro no tendría que venir necesariamente de más lejos. Podría estar enterrada en sus propias fugas.
No es una metáfora bonita. Es una tesis de política pública.
Reducir pérdidas en una red de agua no solo ahorra líquido. Ahorra energía, disminuye presión sobre pozos, retrasa nuevas extracciones, mejora continuidad del servicio, reduce costos operativos y recupera confianza ciudadana. Cada litro que no se pierde es un litro que no tiene que extraerse otra vez del subsuelo.
Por eso el dato del 40% debería abrir una discusión mucho más seria que la indignación momentánea. La pregunta no es únicamente cuánta agua se pierde. La pregunta es dónde, por qué, desde cuándo, por responsabilidad de quién y con qué plan verificable se va a reducir.
La ciudadanía ya percibe que la cobertura formal no equivale a seguridad hídrica. La ENCIG 2025 del INEGI reporta que, en las zonas urbanas de Querétaro mayores a 100 mil habitantes, 92.2% de la población recibe agua potable de la red pública, pero solo 65.7% reporta suministro constante y apenas 28.7% considera que el agua es bebible sin temor a enfermarse.
Tener toma no significa tener tranquilidad. Tener red no significa tener confianza. Tener recibo no significa tener justicia hídrica.
El problema de las fugas tiene una característica política muy conveniente para los gobiernos: muchas veces no se ve. Una presa seca puede fotografiarse. Una lluvia extrema puede convertirse en video. Una colonia sin agua puede organizarse. Pero una fuga subterránea no siempre tiene imagen, rostro ni hora exacta. Puede durar días, semanas o meses sin producir escándalo. Puede filtrar el futuro de una ciudad gota por gota, sin que nadie la nombre como crisis.
Y, sin embargo, se paga.
Se paga en más bombeo.
Se paga en más extracción.
Se paga en recibos.
Se paga en cortes.
Se paga en baja presión.
Se paga en colonias que aprenden a vivir con tinacos, pipas y horarios inciertos.
Se paga en desconfianza.
Por eso la conversación pública debe dejar de cargar todo el peso moral sobre la ciudadanía. Sí: hay que cerrar la llave, evitar desperdicios, cambiar hábitos y entender que el agua no es infinita. Pero ninguna campaña de “cultura del agua” será plenamente legítima si antes no existe una cultura institucional de medición, reparación, transparencia y rendición de cuentas.
El mensaje no puede ser: “ciudadano, ahorra”, mientras el sistema pierde demasiado.
El mensaje debe ser otro: todos ahorran, pero el sistema rinde cuentas primero.
La CEA ha señalado avances operativos. En julio de 2025, Vega Ricoy afirmó que se trabajaba en disminuir el 40% de pérdida de agua en el estado, particularmente en la zona metropolitana, y destacó que a junio de ese año el 93.5% de las fugas reportadas se atendía y resolvía en menos de 24 horas. Ese dato importa, pero también abre una segunda pregunta: ¿qué ocurre con las fugas que no se reportan, las pérdidas subterráneas, las zonas con infraestructura más vieja, las conexiones irregulares y la medición deficiente?
Atender fugas reportadas es necesario. Pero una estrategia moderna no puede limitarse a esperar el reporte ciudadano. Una ciudad que enfrenta estrés hídrico necesita anticipar la pérdida, no solo reaccionar cuando el agua ya rompió el pavimento.
La tecnología existe: sectorización hidráulica, macromedición, micromedición, sensores de presión, detección acústica, telemetría, modelación de redes, control de presiones, renovación programada de tuberías, auditorías de agua no contabilizada y tableros públicos por zona.
La pregunta es si Querétaro tiene la voluntad de convertir esa información en conversación pública.
Porque una cosa es decir “se pierde cerca del 40%”. Otra muy distinta es publicar, mes a mes, colonia por colonia, cuánta agua entra a cada distrito hidráulico, cuánta se factura, cuánta se pierde, cuántas fugas se reportan, cuántas se reparan, cuánto tiempo tardan, cuántas reinciden y cuánto dinero cuesta esa ineficiencia.
Eso sería cambiar el debate.
Eso sería ponerle mapa a la crisis.
Eso sería pasar de la retórica del ahorro a la administración verificable del agua.
El Sistema Batán aparece en este contexto como una de las apuestas oficiales más importantes. El proyecto plantea regenerar y reutilizar 1,800 litros por segundo de agua previamente tratada, con procesos como MBR, carbón activado y ozonificación, para suministrar agua potable a la Zona Metropolitana de Querétaro.
El reúso será indispensable. La regeneración de agua será parte del futuro. Pero ninguna solución de gran escala debería usarse para evadir la pregunta más básica: ¿qué pasa si el agua nueva entra a una red que sigue perdiendo demasiado?
No hay megaproyecto que sustituya a una red eficiente.
No hay obra que alcance si el sistema no mide.
No hay discurso de sustentabilidad que sobreviva a una fuga permanente.
El problema se vuelve todavía más urgente porque Querétaro no está detenido. Crece su población, se expande la mancha urbana, aumentan los parques industriales, se multiplican desarrollos inmobiliarios y se fortalece el corredor tecnológico. Cada nuevo fraccionamiento, nave, plaza, escuela, hospital, parque industrial o centro de datos se monta sobre la misma pregunta estructural: ¿hay agua suficiente, bien medida y bien administrada para sostener ese modelo?
La respuesta no puede depender solo de traer más agua. Debe incluir una política agresiva de reducción de pérdidas.
Querétaro necesita un programa público con metas claras: bajar las pérdidas de cerca del 40% a 30%, luego a 25%, luego a estándares más ambiciosos. Necesita publicar avances, costos y zonas intervenidas. Necesita distinguir entre fuga física, clandestinaje y error de medición. Necesita explicar qué parte se debe a infraestructura vieja, qué parte a crecimiento desordenado y qué parte a falta de supervisión. Necesita tratar el agua no como un servicio opaco, sino como el dato central del futuro del estado.
Porque la crisis hídrica no es solo una crisis natural. También es una crisis de información.
Lo que no se mide no se corrige.
Lo que no se transparenta no se exige.
Lo que no se audita se normaliza.
Y Querétaro ya no puede normalizar que una parte tan alta de su agua potable se pierda mientras sus acuíferos cargan déficit, su ciudadanía reporta suministro irregular y sus autoridades anuncian nuevas soluciones para un problema que también está enterrado bajo sus calles.
La pregunta pública debe ser directa:
¿Dónde está el mapa de fugas?
¿Dónde está el tablero de pérdidas?
¿Dónde está la meta anual de reducción?
¿Dónde está la auditoría independiente?
¿Dónde está el costo real de no reparar a tiempo?
¿Dónde está la explicación de cuánto paga la ciudadanía por la ineficiencia del sistema?
Querétaro no necesita una conversación más sobre culpa. Necesita una conversación sobre responsabilidad.
Responsabilidad ciudadana, sí.
Pero también responsabilidad institucional.
Responsabilidad industrial.
Responsabilidad inmobiliaria.
Responsabilidad política.
Responsabilidad técnica.
Porque el agua que se pierde no desaparece del debate: regresa como desabasto, como presión sobre acuíferos, como tarifa, como conflicto social, como incertidumbre y como límite al crecimiento.
Antes de buscar más agua afuera, Querétaro debe mirar debajo de sus calles.
Ahí podría estar una de sus mayores reservas.
No en una presa nueva.
No en una promesa.
No en una campaña.
En las fugas que todavía no se reparan, en las pérdidas que todavía no se explican y en los datos que todavía no se publican.
La primera presa de Querétaro está enterrada en su propia red.
