Por Román André Martínez Bravo
Una anestesia colectiva
No hay ninguna ley de la naturaleza que diga que el mundo tenía que volverse, otra vez, un lugar de aranceles punitivos, presupuestos militares récord y minerales usados como rehenes geopolíticos. Fue una serie de decisiones políticas, tomadas por gobiernos concretos y defendidas por intereses concretos, la que nos trajo hasta aquí.
Y, sin embargo, la conversación pública trata este giro como si fuera clima: algo que simplemente sucede, se comenta y se soporta.
Ese es el verdadero problema. No solo la existencia de la guerra comercial, armamentista y económica, sino la velocidad con la que dejamos de indignarnos ante ella. Detrás de cada cifra récord hay ganadores muy identificables y perdedores mucho más numerosos. La normalización cumple exactamente la función de ocultar esa distancia.
Aranceles: proteccionismo vendido como emergencia permanente
Vale la pena recordar cómo empezó todo esto: no como una política comercial deliberada y debatida, sino como una sucesión de “emergencias nacionales” —fentanilo, migración, seguridad— usadas para justificar medidas que, en realidad, respondían a una agenda proteccionista de fondo.
Ese truco retórico funcionó. En cuestión de meses, aranceles que habrían sido impensables se volvieron rutina: China respondió a un arancel estadounidense del 104% con uno propio del 84%, y ambos países siguieron escalando hasta cifras que superaron el 200%, sin que ese nivel de ruptura comercial provocara una movilización política proporcional a su gravedad.
Lo más grave no es solo el monto de los gravámenes, sino quién termina pagándolos. Los aranceles no los pagan los gobiernos que los decretan como gesto de fuerza: los pagan, casi siempre, los consumidores, en forma de precios más altos, y las industrias exportadoras del lado más débil de la disputa.
Cuando Brasil fue golpeado con un arancel del 25% sobre buena parte de sus exportaciones a Estados Unidos, la medida afectó cerca de 11,200 millones de dólares en exportaciones brasileñas, equivalentes a casi 30% de todo lo que el país le vendía a su socio comercial. Todo ocurrió en un conflicto que además coincidió, no por casualidad, con el proceso judicial contra un expresidente aliado del gobierno estadounidense.
La política comercial se convirtió, sin ningún disimulo, en instrumento de presión política bilateral. Y aun así se sigue discutiendo en los medios de comunicación con agenda propia como si fuera únicamente un asunto de “estrategia económica”.
Mientras tanto, gobiernos que dicen defender a sus trabajadores replican la misma lógica: México aprobó incrementos arancelarios de hasta 50%, presentados como protección al empleo nacional, sin que se discuta con la misma intensidad el costo que esa represalia tendrá en la inflación y en las cadenas productivas que dependen de insumos importados.
El patrón se repite en ambos extremos del espectro político: el proteccionismo se anuncia como defensa de la soberanía, pero rara vez se explica quién absorbe la factura.
El rearme: el negocio más rentable de la desconfianza
Si hay un sector que no tiene motivos para lamentar este clima, es la industria armamentista.
El gasto militar mundial alcanzó en 2025 la cifra récord de 2.887 billones de dólares, un 2.9% más que el año anterior, y ya suma once años consecutivos de crecimiento ininterrumpido, con un aumento acumulado de 41% desde 2015. Se trata, según coinciden los propios analistas del sector, del gasto militar más alto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Detrás de estas cifras hay un desplazamiento de prioridades que rara vez se nombra con claridad: cada punto porcentual del PIB destinado a defensa es, por definición, un punto que no se destina a salud, educación o infraestructura.
España disparó su gasto militar un 50% en un solo año, una de las subidas más pronunciadas entre las potencias emergentes en la materia, mientras el debate público se concentró casi exclusivamente en si ese porcentaje era suficiente para cumplir compromisos con la OTAN, no en si era una prioridad social defendible.
Europa entera vivió el mayor incremento militar anual desde el fin de la Guerra Fría, presentado casi siempre como una respuesta defensiva inevitable y casi nunca como lo que también es: una transferencia masiva de recursos públicos hacia una industria que se beneficia directamente de la inestabilidad que dice contener.
La contradicción es evidente cuando se lee entre líneas en los propios informes especializados: incluso quienes documentan este rearme reconocen que nada obliga a que la tendencia continúe, salvo la decisión política de sostenerla. El llamado “dividendo de paz”, que siguió al fin de la Guerra Fría, no se perdió por accidente, sino porque se dejó de invertir en la diplomacia y el desarme que antes lo sostenían.
Guerra económica: el arma que no necesita declararse
La tercera parte de este tablero es quizá la más cínica, porque ni siquiera requiere el ritual formal de una declaración.
China ha demostrado que puede paralizar industrias enteras del otro lado del mundo restringiendo la exportación de minerales críticos. En 2025, esa presión interrumpió durante semanas la producción de misiles y radares de contratistas de defensa estadounidenses como Raytheon y Lockheed Martin.
Es decir: el mismo sistema que alimenta el rearme depende de insumos que pueden convertirse en arma de represalia en cualquier momento. Es un círculo que garantiza más gasto militar futuro “para reducir la dependencia”, en una espiral que se retroalimenta indefinidamente y que beneficia, otra vez, a quienes venden armamento y tecnología de sustitución.
No es el fin de la globalización: es su versión más desigual
Llamar a todo esto “el fin de la globalización” puede incluso ser una forma cómoda de describir el fenómeno, porque sugiere un proceso neutro, casi natural, sin responsables.
Sería más honesto decir que estamos viendo el fin de una globalización específica: la que, al menos, prometía beneficios compartidos a través del comercio. En su lugar, avanza una economía internacional organizada abiertamente alrededor de la fuerza: aranceles como arma de presión política, minerales como rehenes, ejércitos como garantía última de cualquier negociación.
Esto no es el repliegue del mundo hacia adentro. Es la reorganización del mundo alrededor de quien tiene más capacidad de imponer costos a los demás.
Lo que la normalización nos está costando
El daño más profundo de acostumbrarnos a esto no es económico: es democrático.
Cada vez que una escalada deja de generar indignación, se debilita el único mecanismo real de contención que ha funcionado en la historia reciente: la presión ciudadana y diplomática sobre los gobiernos antes de que las decisiones se vuelvan irreversibles.
Cuando un arancel del 25%, un bloqueo de minerales estratégicos o un aumento de dos dígitos en gasto militar se procesan como una nota más entre las noticias del día, se está renunciando por adelantado a exigir que alguien rinda cuentas por decisiones que sí tienen alternativa.
No hace falta resignarse a que esto sea irreversible. Los propios organismos que documentan el rearme insisten en que se trata de decisiones políticas, no de un destino inevitable.
La pregunta que debería ocupar el debate público no es cuánto va a seguir creciendo esta escalada, sino por qué hemos dejado de exigir que se detenga.
