Por Redacción LYP / Negocios

México acaba de tener el mejor mes exportador de su historia. El INEGI reportó ayer que en junio las ventas al exterior alcanzaron 72,551 millones de dólares, el mayor valor mensual jamás registrado, y que el superávit comercial prácticamente se duplicó respecto a mayo. En el acumulado del semestre, el saldo positivo se multiplicó casi por siete. Son cifras que, en cualquier otro contexto, se leerían como una victoria sin matices.

El contexto, sin embargo, es este: cuatro días después del cierre de ese mes, Estados Unidos cambió las reglas bajo las que México tendrá que sostener esos números. Y la composición del récord —no su tamaño— dice bastante sobre qué tan expuesto está.

Las cifras del mes

El superávit comercial de junio se ubicó en 4,090 millones de dólares, frente a los 2,259 millones de mayo. Las exportaciones totales crecieron 34.4% anual hasta 72,551 millones de dólares; las importaciones avanzaron 28.0% hasta 68,461 millones. La balanza no petrolera aportó un superávit de 7,486 millones, mientras que la petrolera registró un déficit de 3,396 millones, ampliándose desde los 2,642 millones de mayo. Con cifras desestacionalizadas —la lectura que elimina efectos de calendario— el superávit fue de 3,843 millones, contra 1,034 millones del mes previo.

El semestre completo confirma la magnitud: entre enero y junio, las exportaciones sumaron 389,723 millones de dólares, un récord, con un alza de 24.6% anual. Las importaciones llegaron a 379,866 millones, 22% más. El superávit acumulado de 9,857 millones de dólares se compara con apenas 1,433 millones en el mismo periodo de 2025.

La divergencia que importa: automotriz contra todo lo demás

Aquí empieza la letra chica. Las exportaciones manufactureras de junio sumaron 67,219 millones de dólares, con un crecimiento anual de 35.3%. Pero ese promedio esconde dos realidades opuestas: las ventas automotrices crecieron 7.6% anual, mientras que las manufacturas no automotrices avanzaron 48.8%. Los mayores incrementos se registraron en minerometalurgia (40.9%), equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (19.7%) y alimentos, bebidas y tabaco (14.5%).

La lectura es difícil de evitar: el sector que ya carga con aranceles sectoriales —el automotriz, sujeto a los gravámenes de la Sección 232 sobre acero y aluminio y bajo escrutinio permanente en las negociaciones de reglas de origen— creció a una sexta parte del ritmo del resto de la manufactura. No es una anomalía estadística de un mes: es la evidencia de lo que le ocurre a una cadena exportadora cuando el arancel deja de ser hipótesis y se vuelve costo.

Las exportaciones agropecuarias y pesqueras, por su parte, retrocedieron 2.8% anual, con caídas en melón, sandía y papaya, café, aguacate y cítricos, aunque pimiento y legumbres frescas mostraron incrementos relevantes.

La dependencia, en un solo número

Estados Unidos concentró 84.16% de las exportaciones no petroleras mexicanas en junio. Esa cifra, que en tiempos de estabilidad se leía como eficiencia logística y ventaja geográfica, hoy se lee distinto: significa que más de ocho de cada diez dólares que México vende al exterior dependen de las decisiones de una sola oficina en Washington. La USTR cambió el fundamento legal de los aranceles el 23 de julio; el 84.16% no se movió.

El dato que conecta el récord con el nuevo riesgo

Y aquí está el punto que ninguna cobertura del dato ha desarrollado. Durante el primer semestre, los bienes de uso intermedio concentraron casi ocho de cada diez dólares importados por México. Es decir: el récord exportador no se construyó sobre producción enteramente nacional, sino sobre una operación de transformación que compra componentes, partes e insumos afuera, los procesa y los reexporta.

Ese modelo funcionó impecablemente durante décadas. El problema es que desde el viernes 24 de julio, bajo el nuevo esquema de la Sección 301 por trabajo forzoso, esos insumos intermedios son precisamente los que las empresas mexicanas deben poder documentar. No basta con acreditar que el producto final califica como T-MEC: hay que poder demostrar que los componentes que lo integran no provienen de cadenas vinculadas a trabajo forzoso. El récord de junio, en otras palabras, se construyó sobre exactamente el tipo de flujo que ahora está bajo exigencia probatoria.

El paréntesis petrolero

El déficit petrolero se amplió a 3,396 millones de dólares. Las exportaciones de crudo y derivados sumaron 2,091 millones —1,600 millones de petróleo crudo y 491 millones de otros productos—, con un alza anual de 43.4%. El volumen exportado subió a 648 mil barriles diarios, contra 616 mil en mayo y 520 mil en junio de 2025. El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación se ubicó en 82.30 dólares por barril: 19.02 dólares menos que en mayo, pero 19.27 dólares más que un año antes. Es decir, México vendió más volumen a mejor precio anual y aun así el saldo petrolero se deterioró, señal de que el peso de las importaciones de refinados sigue siendo el factor determinante de esa balanza.

Por qué importa para las empresas

El récord de junio no es una ilusión estadística: las exportaciones efectivamente crecieron y el superávit efectivamente se amplió. Pero para cualquier dirección de operaciones o comercio exterior, la lectura útil está en la composición, no en el total.

Primero, la divergencia automotriz-no automotriz (7.6% contra 48.8%) es la mejor estimación disponible de lo que le hace un régimen arancelario a una cadena exportadora una vez que se aplica. Cualquier empresa que quiera anticipar el efecto del nuevo esquema sobre su sector tiene ahí un caso de referencia con datos reales, no con proyecciones.

Segundo, la concentración de 84.16% en Estados Unidos y el hecho de que ocho de cada diez dólares importados sean bienes intermedios definen el perfil de riesgo del modelo exportador mexicano: alta dependencia de un solo mercado y alta dependencia de insumos externos que ahora requieren trazabilidad documental. Los sectores que más crecieron en junio —electrónicos, minerometalurgia— son también los que más dependen de proveeduría asiática, es decir, los de mayor exposición al nuevo requisito probatorio.

Tercero, y en sentido inverso: este dato es la mejor foto de línea base que van a tener las empresas. Junio es el último mes completo bajo el régimen anterior. Cualquier medición seria del impacto del nuevo esquema arancelario debería tomar estas cifras como punto de partida, sector por sector.

La pregunta para el consejo directivo

Si el sector automotriz creció 7.6% mientras el resto de la manufactura creció 48.8% bajo el peso de sus aranceles sectoriales, ¿qué tasa de crecimiento está proyectando su empresa para el segundo semestre, y ese supuesto ya incorpora el costo de documentar el origen de su proveeduría?

México cerró junio exportando como nunca en su historia. Cuatro días después, cambiaron las reglas bajo las que tendrá que repetirlo. El récord es real y merece reconocerse; la pregunta es si la estructura que lo produjo —ocho de cada diez dólares importados en insumos, ocho de cada diez dólares exportados a un solo país— sigue siendo una ventaja o empezó a ser una exposición. Los próximos datos, ya bajo el nuevo régimen, van a responderlo sin necesidad de interpretación.

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Por Redacción LYP / Negocios

El jueves 23 de julio, minutos después de que Claudia Sheinbaum recibiera en Palacio Nacional al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, Washington anunció un arancel de 10% a las importaciones mexicanas. La lectura política se escribió sola y dominó las redes durante 48 horas: la reunión no había servido de nada. Es una lectura entendible, oportuna y equivocada en lo esencial. Porque lo que ocurrió esa tarde no fue un aumento de aranceles. Fue algo más incómodo y más difícil de resolver: un cambio en las reglas de la prueba.

Lo que efectivamente se anunció

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) impuso aranceles de entre 10% y 12.5% a 60 economías que, en conjunto, representan cerca del 99% de las importaciones estadounidenses. El fundamento es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, invocada tras una investigación iniciada el 12 de marzo de 2026 que concluyó que esos socios comerciales no imponen ni aplican de manera efectiva la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso.

México quedó en el escalón más bajo: 10%, la tasa reservada a las economías que ya cuentan con prohibiciones formales contra el trabajo forzoso —categoría en la que el país entra, precisamente, por los compromisos que asumió en el T-MEC—. En ese mismo grupo están Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Argentina, India, Malasia y Guatemala. Varias decenas de países quedaron en el escalón de 12.5%. La medida entró en vigor el viernes 24 de julio, en el momento exacto en que expiraban los aranceles vigentes bajo la Sección 122. Greer defendió la decisión señalando que Estados Unidos mantiene esa prohibición desde hace casi un siglo y la aplica con rigor.

Por qué el gobierno mexicano dice que no cambia nada

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salió a acotar el alcance el mismo jueves, y su argumento es técnicamente correcto: la tasa efectiva que paga México no se movió. Ese 10% ya existía para las mercancías que no cumplen con las reglas de origen del tratado; lo único que cambió es el fundamento legal que lo sostiene. La Secretaría de Economía, tras consultas directas con la USTR, precisó que las mercancías que cumplen con las reglas de origen del T-MEC quedan exentas del arancel adicional, lo que ampara alrededor de 85% del volumen de las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense —Ebrard habló de «más del 80%»—.

Hasta ahí, la versión oficial se sostiene. El problema es que se detiene justo antes de la parte que importa.

Lo que sí cambió, y casi nadie explicó

El cambio de fundamento no es un tecnicismo de abogados de comercio exterior. José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), lo señaló con claridad: el principal cambio no está en el porcentaje, sino en que las empresas deberán demostrar que los materiales, insumos y componentes que utilizan en sus productos no provienen de cadenas relacionadas con trabajo forzoso.

Ahí está la nota. Bajo la Sección 122, el arancel era una tarifa: se pagaba o no se pagaba según el origen. Bajo la Sección 301 por trabajo forzoso, el arancel viene acompañado de una exigencia documental sobre la trazabilidad de la cadena de suministro completa. Y el señalamiento estadounidense no acusa a las empresas mexicanas de recurrir a esas prácticas: cuestiona la capacidad de México para impedir que mercancías elaboradas en esas condiciones —en terceros países— entren al territorio nacional y después se exporten a Estados Unidos. Es decir, expone a empresas que cumplen la ley mexicana al escrutinio sobre proveedores que quizá ni siquiera conocen a fondo.

Hay un segundo elemento, más estructural: este tipo de aranceles, fundados en criterios laborales o ambientales, son considerablemente más difíciles de impugnar que los aranceles convencionales, tanto por los países afectados como por los importadores. México pierde, con este cambio, una parte de su margen de defensa jurídica. Bloomberg apuntó, además, que la acción representa el mayor esfuerzo hasta ahora de la administración Trump por reconstruir un muro arancelario que la Suprema Corte había debilitado.

El costo que sí es cuantificable

El sector privado mexicano vio venir esto y lo peleó. En una carta fechada el 6 de julio y dirigida a Greer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) pidieron a la USTR excluir a México de cualquier arancel derivado de la Sección 301, con independencia de su situación de cumplimiento del T-MEC. Su argumento central fue la ausencia total de evidencia.

Los números que presentaron dimensionan lo que está en juego. Las exportaciones mexicanas de bienes a Estados Unidos sumaron aproximadamente 534,900 millones de dólares en 2025. De ese total, los bienes que no cumplen con el T-MEC se estiman en 75,000 millones de dólares. Aplicar 10% sobre esa base significa alrededor de 7,500 millones de dólares anuales en aranceles sobre mercancías sin ninguna conexión documentada con el trabajo forzoso. Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de la Secretaría de Economía, sostuvo durante las audiencias de julio que la medida es injustificada porque no existe evidencia de importaciones con trabajo forzoso que entren a Estados Unidos vía México. Los organismos empresariales propusieron una alternativa concreta: cooperación reforzada en la aplicación de la ley, intercambio de información e investigaciones focalizadas, en lugar de una medida arancelaria amplia. La USTR resolvió sin incorporar esos argumentos.

Lo que viene

La tercera ronda bilateral de revisión del T-MEC concluyó el 23 de julio en la Ciudad de México, con acuerdo de una cuarta etapa en septiembre en Washington. La Concamin ya fijó su prioridad para esa mesa: fortalecer el valor agregado de las exportaciones mexicanas, un planteamiento que gana peso con este cambio, porque a mayor contenido regional, menor exposición al arancel. Queda pendiente, además, otra investigación bajo la misma Sección 301 sobre capacidad manufacturera excedente de los socios comerciales de Estados Unidos; no está claro cuándo se publicarán sus resultados ni si los aranceles que deriven de ella se acumularían a los ya impuestos.

Por qué importa para las empresas

Para el 15% de las exportaciones mexicanas que no califican como T-MEC, el golpe es directo y ya está cuantificado: 7,500 millones de dólares anuales. Pero el efecto más profundo alcanza también al 85% que sí califica, porque instala una exigencia nueva de trazabilidad documental sobre toda la cadena de proveeduría. Una empresa puede tener su certificación de origen T-MEC perfectamente en regla y, aun así, no saber con precisión de dónde provienen los insumos de tercer o cuarto nivel de sus propios proveedores. Esa brecha, que hasta el jueves era irrelevante desde el punto de vista arancelario, ahora es un riesgo de cumplimiento.

Los sectores con mayor exposición son los que dependen de insumos asiáticos: electrónica, textiles, autopartes y manufactura ligera. Para ellos, el cálculo estratégico cambia de manera concreta: aumentar el contenido regional deja de ser solo una vía para calificar al trato preferencial del T-MEC y se convierte también en una forma de blindarse frente a un régimen que exige demostrar el origen limpio de cada componente. Es, paradójicamente, el mismo objetivo que Washington persigue en la mesa de reglas de origen, ahora perseguido por otra vía.

La pregunta para el consejo directivo

¿Su empresa puede documentar hoy, con evidencia auditable, el origen de los insumos de sus proveedores de segundo y tercer nivel, o está asumiendo que la certificación de origen T-MEC es suficiente para el escenario que entró en vigor el viernes?

México pasó la semana discutiendo si el arancel del 10% era un desaire diplomático o un trámite sin consecuencias. Era ninguna de las dos cosas. El arancel no subió: lo que subió es lo que México y sus empresas tienen que demostrar, y en qué terreno legal tienen que demostrarlo. Los aranceles se negocian. Las cargas de la prueba se documentan, empresa por empresa, proveedor por proveedor. Y esa segunda tarea no la resuelve ninguna ronda bilateral en septiembre.

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