Por Redacción LYP / Negocios

México acaba de tener el mejor mes exportador de su historia. El INEGI reportó ayer que en junio las ventas al exterior alcanzaron 72,551 millones de dólares, el mayor valor mensual jamás registrado, y que el superávit comercial prácticamente se duplicó respecto a mayo. En el acumulado del semestre, el saldo positivo se multiplicó casi por siete. Son cifras que, en cualquier otro contexto, se leerían como una victoria sin matices.

El contexto, sin embargo, es este: cuatro días después del cierre de ese mes, Estados Unidos cambió las reglas bajo las que México tendrá que sostener esos números. Y la composición del récord —no su tamaño— dice bastante sobre qué tan expuesto está.

Las cifras del mes

El superávit comercial de junio se ubicó en 4,090 millones de dólares, frente a los 2,259 millones de mayo. Las exportaciones totales crecieron 34.4% anual hasta 72,551 millones de dólares; las importaciones avanzaron 28.0% hasta 68,461 millones. La balanza no petrolera aportó un superávit de 7,486 millones, mientras que la petrolera registró un déficit de 3,396 millones, ampliándose desde los 2,642 millones de mayo. Con cifras desestacionalizadas —la lectura que elimina efectos de calendario— el superávit fue de 3,843 millones, contra 1,034 millones del mes previo.

El semestre completo confirma la magnitud: entre enero y junio, las exportaciones sumaron 389,723 millones de dólares, un récord, con un alza de 24.6% anual. Las importaciones llegaron a 379,866 millones, 22% más. El superávit acumulado de 9,857 millones de dólares se compara con apenas 1,433 millones en el mismo periodo de 2025.

La divergencia que importa: automotriz contra todo lo demás

Aquí empieza la letra chica. Las exportaciones manufactureras de junio sumaron 67,219 millones de dólares, con un crecimiento anual de 35.3%. Pero ese promedio esconde dos realidades opuestas: las ventas automotrices crecieron 7.6% anual, mientras que las manufacturas no automotrices avanzaron 48.8%. Los mayores incrementos se registraron en minerometalurgia (40.9%), equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (19.7%) y alimentos, bebidas y tabaco (14.5%).

La lectura es difícil de evitar: el sector que ya carga con aranceles sectoriales —el automotriz, sujeto a los gravámenes de la Sección 232 sobre acero y aluminio y bajo escrutinio permanente en las negociaciones de reglas de origen— creció a una sexta parte del ritmo del resto de la manufactura. No es una anomalía estadística de un mes: es la evidencia de lo que le ocurre a una cadena exportadora cuando el arancel deja de ser hipótesis y se vuelve costo.

Las exportaciones agropecuarias y pesqueras, por su parte, retrocedieron 2.8% anual, con caídas en melón, sandía y papaya, café, aguacate y cítricos, aunque pimiento y legumbres frescas mostraron incrementos relevantes.

La dependencia, en un solo número

Estados Unidos concentró 84.16% de las exportaciones no petroleras mexicanas en junio. Esa cifra, que en tiempos de estabilidad se leía como eficiencia logística y ventaja geográfica, hoy se lee distinto: significa que más de ocho de cada diez dólares que México vende al exterior dependen de las decisiones de una sola oficina en Washington. La USTR cambió el fundamento legal de los aranceles el 23 de julio; el 84.16% no se movió.

El dato que conecta el récord con el nuevo riesgo

Y aquí está el punto que ninguna cobertura del dato ha desarrollado. Durante el primer semestre, los bienes de uso intermedio concentraron casi ocho de cada diez dólares importados por México. Es decir: el récord exportador no se construyó sobre producción enteramente nacional, sino sobre una operación de transformación que compra componentes, partes e insumos afuera, los procesa y los reexporta.

Ese modelo funcionó impecablemente durante décadas. El problema es que desde el viernes 24 de julio, bajo el nuevo esquema de la Sección 301 por trabajo forzoso, esos insumos intermedios son precisamente los que las empresas mexicanas deben poder documentar. No basta con acreditar que el producto final califica como T-MEC: hay que poder demostrar que los componentes que lo integran no provienen de cadenas vinculadas a trabajo forzoso. El récord de junio, en otras palabras, se construyó sobre exactamente el tipo de flujo que ahora está bajo exigencia probatoria.

El paréntesis petrolero

El déficit petrolero se amplió a 3,396 millones de dólares. Las exportaciones de crudo y derivados sumaron 2,091 millones —1,600 millones de petróleo crudo y 491 millones de otros productos—, con un alza anual de 43.4%. El volumen exportado subió a 648 mil barriles diarios, contra 616 mil en mayo y 520 mil en junio de 2025. El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación se ubicó en 82.30 dólares por barril: 19.02 dólares menos que en mayo, pero 19.27 dólares más que un año antes. Es decir, México vendió más volumen a mejor precio anual y aun así el saldo petrolero se deterioró, señal de que el peso de las importaciones de refinados sigue siendo el factor determinante de esa balanza.

Por qué importa para las empresas

El récord de junio no es una ilusión estadística: las exportaciones efectivamente crecieron y el superávit efectivamente se amplió. Pero para cualquier dirección de operaciones o comercio exterior, la lectura útil está en la composición, no en el total.

Primero, la divergencia automotriz-no automotriz (7.6% contra 48.8%) es la mejor estimación disponible de lo que le hace un régimen arancelario a una cadena exportadora una vez que se aplica. Cualquier empresa que quiera anticipar el efecto del nuevo esquema sobre su sector tiene ahí un caso de referencia con datos reales, no con proyecciones.

Segundo, la concentración de 84.16% en Estados Unidos y el hecho de que ocho de cada diez dólares importados sean bienes intermedios definen el perfil de riesgo del modelo exportador mexicano: alta dependencia de un solo mercado y alta dependencia de insumos externos que ahora requieren trazabilidad documental. Los sectores que más crecieron en junio —electrónicos, minerometalurgia— son también los que más dependen de proveeduría asiática, es decir, los de mayor exposición al nuevo requisito probatorio.

Tercero, y en sentido inverso: este dato es la mejor foto de línea base que van a tener las empresas. Junio es el último mes completo bajo el régimen anterior. Cualquier medición seria del impacto del nuevo esquema arancelario debería tomar estas cifras como punto de partida, sector por sector.

La pregunta para el consejo directivo

Si el sector automotriz creció 7.6% mientras el resto de la manufactura creció 48.8% bajo el peso de sus aranceles sectoriales, ¿qué tasa de crecimiento está proyectando su empresa para el segundo semestre, y ese supuesto ya incorpora el costo de documentar el origen de su proveeduría?

México cerró junio exportando como nunca en su historia. Cuatro días después, cambiaron las reglas bajo las que tendrá que repetirlo. El récord es real y merece reconocerse; la pregunta es si la estructura que lo produjo —ocho de cada diez dólares importados en insumos, ocho de cada diez dólares exportados a un solo país— sigue siendo una ventaja o empezó a ser una exposición. Los próximos datos, ya bajo el nuevo régimen, van a responderlo sin necesidad de interpretación.

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Por Redacción LYP / Negocios

El jueves 23 de julio, minutos después de que Claudia Sheinbaum recibiera en Palacio Nacional al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, Washington anunció un arancel de 10% a las importaciones mexicanas. La lectura política se escribió sola y dominó las redes durante 48 horas: la reunión no había servido de nada. Es una lectura entendible, oportuna y equivocada en lo esencial. Porque lo que ocurrió esa tarde no fue un aumento de aranceles. Fue algo más incómodo y más difícil de resolver: un cambio en las reglas de la prueba.

Lo que efectivamente se anunció

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) impuso aranceles de entre 10% y 12.5% a 60 economías que, en conjunto, representan cerca del 99% de las importaciones estadounidenses. El fundamento es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, invocada tras una investigación iniciada el 12 de marzo de 2026 que concluyó que esos socios comerciales no imponen ni aplican de manera efectiva la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso.

México quedó en el escalón más bajo: 10%, la tasa reservada a las economías que ya cuentan con prohibiciones formales contra el trabajo forzoso —categoría en la que el país entra, precisamente, por los compromisos que asumió en el T-MEC—. En ese mismo grupo están Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Argentina, India, Malasia y Guatemala. Varias decenas de países quedaron en el escalón de 12.5%. La medida entró en vigor el viernes 24 de julio, en el momento exacto en que expiraban los aranceles vigentes bajo la Sección 122. Greer defendió la decisión señalando que Estados Unidos mantiene esa prohibición desde hace casi un siglo y la aplica con rigor.

Por qué el gobierno mexicano dice que no cambia nada

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salió a acotar el alcance el mismo jueves, y su argumento es técnicamente correcto: la tasa efectiva que paga México no se movió. Ese 10% ya existía para las mercancías que no cumplen con las reglas de origen del tratado; lo único que cambió es el fundamento legal que lo sostiene. La Secretaría de Economía, tras consultas directas con la USTR, precisó que las mercancías que cumplen con las reglas de origen del T-MEC quedan exentas del arancel adicional, lo que ampara alrededor de 85% del volumen de las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense —Ebrard habló de «más del 80%»—.

Hasta ahí, la versión oficial se sostiene. El problema es que se detiene justo antes de la parte que importa.

Lo que sí cambió, y casi nadie explicó

El cambio de fundamento no es un tecnicismo de abogados de comercio exterior. José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), lo señaló con claridad: el principal cambio no está en el porcentaje, sino en que las empresas deberán demostrar que los materiales, insumos y componentes que utilizan en sus productos no provienen de cadenas relacionadas con trabajo forzoso.

Ahí está la nota. Bajo la Sección 122, el arancel era una tarifa: se pagaba o no se pagaba según el origen. Bajo la Sección 301 por trabajo forzoso, el arancel viene acompañado de una exigencia documental sobre la trazabilidad de la cadena de suministro completa. Y el señalamiento estadounidense no acusa a las empresas mexicanas de recurrir a esas prácticas: cuestiona la capacidad de México para impedir que mercancías elaboradas en esas condiciones —en terceros países— entren al territorio nacional y después se exporten a Estados Unidos. Es decir, expone a empresas que cumplen la ley mexicana al escrutinio sobre proveedores que quizá ni siquiera conocen a fondo.

Hay un segundo elemento, más estructural: este tipo de aranceles, fundados en criterios laborales o ambientales, son considerablemente más difíciles de impugnar que los aranceles convencionales, tanto por los países afectados como por los importadores. México pierde, con este cambio, una parte de su margen de defensa jurídica. Bloomberg apuntó, además, que la acción representa el mayor esfuerzo hasta ahora de la administración Trump por reconstruir un muro arancelario que la Suprema Corte había debilitado.

El costo que sí es cuantificable

El sector privado mexicano vio venir esto y lo peleó. En una carta fechada el 6 de julio y dirigida a Greer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) pidieron a la USTR excluir a México de cualquier arancel derivado de la Sección 301, con independencia de su situación de cumplimiento del T-MEC. Su argumento central fue la ausencia total de evidencia.

Los números que presentaron dimensionan lo que está en juego. Las exportaciones mexicanas de bienes a Estados Unidos sumaron aproximadamente 534,900 millones de dólares en 2025. De ese total, los bienes que no cumplen con el T-MEC se estiman en 75,000 millones de dólares. Aplicar 10% sobre esa base significa alrededor de 7,500 millones de dólares anuales en aranceles sobre mercancías sin ninguna conexión documentada con el trabajo forzoso. Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de la Secretaría de Economía, sostuvo durante las audiencias de julio que la medida es injustificada porque no existe evidencia de importaciones con trabajo forzoso que entren a Estados Unidos vía México. Los organismos empresariales propusieron una alternativa concreta: cooperación reforzada en la aplicación de la ley, intercambio de información e investigaciones focalizadas, en lugar de una medida arancelaria amplia. La USTR resolvió sin incorporar esos argumentos.

Lo que viene

La tercera ronda bilateral de revisión del T-MEC concluyó el 23 de julio en la Ciudad de México, con acuerdo de una cuarta etapa en septiembre en Washington. La Concamin ya fijó su prioridad para esa mesa: fortalecer el valor agregado de las exportaciones mexicanas, un planteamiento que gana peso con este cambio, porque a mayor contenido regional, menor exposición al arancel. Queda pendiente, además, otra investigación bajo la misma Sección 301 sobre capacidad manufacturera excedente de los socios comerciales de Estados Unidos; no está claro cuándo se publicarán sus resultados ni si los aranceles que deriven de ella se acumularían a los ya impuestos.

Por qué importa para las empresas

Para el 15% de las exportaciones mexicanas que no califican como T-MEC, el golpe es directo y ya está cuantificado: 7,500 millones de dólares anuales. Pero el efecto más profundo alcanza también al 85% que sí califica, porque instala una exigencia nueva de trazabilidad documental sobre toda la cadena de proveeduría. Una empresa puede tener su certificación de origen T-MEC perfectamente en regla y, aun así, no saber con precisión de dónde provienen los insumos de tercer o cuarto nivel de sus propios proveedores. Esa brecha, que hasta el jueves era irrelevante desde el punto de vista arancelario, ahora es un riesgo de cumplimiento.

Los sectores con mayor exposición son los que dependen de insumos asiáticos: electrónica, textiles, autopartes y manufactura ligera. Para ellos, el cálculo estratégico cambia de manera concreta: aumentar el contenido regional deja de ser solo una vía para calificar al trato preferencial del T-MEC y se convierte también en una forma de blindarse frente a un régimen que exige demostrar el origen limpio de cada componente. Es, paradójicamente, el mismo objetivo que Washington persigue en la mesa de reglas de origen, ahora perseguido por otra vía.

La pregunta para el consejo directivo

¿Su empresa puede documentar hoy, con evidencia auditable, el origen de los insumos de sus proveedores de segundo y tercer nivel, o está asumiendo que la certificación de origen T-MEC es suficiente para el escenario que entró en vigor el viernes?

México pasó la semana discutiendo si el arancel del 10% era un desaire diplomático o un trámite sin consecuencias. Era ninguna de las dos cosas. El arancel no subió: lo que subió es lo que México y sus empresas tienen que demostrar, y en qué terreno legal tienen que demostrarlo. Los aranceles se negocian. Las cargas de la prueba se documentan, empresa por empresa, proveedor por proveedor. Y esa segunda tarea no la resuelve ninguna ronda bilateral en septiembre.

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Por: Román André Martínez Bravo

México: potencia comercial, con fragilidad estratégica

¿De qué sirve ser el principal socio comercial de Estados Unidos si cada año hay que volver a demostrarlo? Esa es, en el fondo, la pregunta que atraviesa la revisión del T-MEC que México, Estados Unidos y Canadá negocian desde julio. El tratado no desapareció ni fue cancelado, pero tampoco fue renovado por un nuevo periodo largo: Washington decidió someterlo a revisiones anuales durante los próximos diez años. Ese cambio, aparentemente técnico, dice mucho sobre el verdadero lugar que ocupa México en la economía de Norteamérica: central, pero no del todo seguro.

Esta misma semana, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en la tercera ronda de negociaciones bilaterales. Al término del encuentro, la mandataria informó avances en la revisión del tratado y en distintos acuerdos bilaterales. Horas antes había explicado el sentido del ejercicio con una frase que resume bien el momento que vive el país: «Es como una evaluación de hasta dónde vamos», señaló Sheinbaum sobre el propósito de la ronda de revisión con Washington. Detrás de esa frase hay una aspiración clara: que este primer año de revisión siente las bases para que, de aquí en adelante, el ejercicio se reduzca a confirmar lo ya acordado, en lugar de reabrir la negociación cada doce meses.

La fuerza comercial no garantiza autonomía

A primera vista, México parece estar en una posición envidiable. Su cercanía con Estados Unidos, la relocalización de cadenas de suministro y el interés de empresas extranjeras por instalarse en territorio mexicano han reforzado su papel como plataforma exportadora. La integración productiva con Norteamérica sostiene una relación comercial de enorme escala, sobre todo en manufactura, industria automotriz y componentes industriales.

El problema es que ese éxito comercial no se ha traducido en mayor autonomía estratégica. La economía mexicana sigue dependiendo del ciclo económico estadounidense y de decisiones que se toman fuera del país. Cada revisión del T-MEC, cada amenaza arancelaria, cada giro en la política comercial de Washington, altera de inmediato las expectativas de inversión en México. Esa dependencia no es solo comercial: es también política. Cuando un país basa buena parte de su crecimiento en un solo socio, su margen de negociación se reduce, y la pregunta relevante deja de ser si México exporta mucho, para convertirse en si está usando esa posición geográfica como ventaja estructural o si simplemente administra una relación asimétrica que lo deja expuesto.

El T-MEC como prueba de estrés

La revisión formal del tratado, que arrancó el 1 de julio, funciona hoy como una prueba de estrés para la economía mexicana. No se trata de un trámite menor: entre los temas más sensibles están las reglas de origen en la industria automotriz, la seguridad de las cadenas de suministro —un asunto que Washington vincula cada vez más con su propia estrategia de seguridad económica—, los minerales críticos, la propiedad intelectual y las restricciones vinculadas con la inversión china en la región.

Para México, el riesgo no está solo en perder acceso preferencial al mercado estadounidense, sino en que la negociación instale una lógica de revisión permanente que erosione la certidumbre para invertir. No todos los analistas leen ese riesgo de la misma manera. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, ha planteado una lectura más templada del proceso: «No nos preocupa que no se extienda este año», afirmó Serrano, para quien lo relevante es que quede clara la señal de que el tratado continuará vigente, algo que —sostiene— terminará beneficiando al país incluso sin una renovación inmediata.

Esa lectura contrasta con la de otros especialistas, para quienes las revisiones anuales no son un simple formalismo, sino una herramienta de presión negociadora que Washington puede usar para mantener a México y Canadá en un estado de incertidumbre calculada, precisamente porque esa incertidumbre desincentiva decisiones de inversión y profundiza la dependencia económica de la región respecto de Estados Unidos.

La diferencia entre ambas lecturas no es menor. Si la revisión anual se consolida como mecanismo permanente, México pasaría de negociar un tratado cada década a negociar, en la práctica, casi todos los años, con todo lo que eso implica para calendarios de inversión que suelen medirse en plazos de cinco o diez años. Instituciones financieras y calificadoras ya han empezado a ajustar sus proyecciones de crecimiento asumiendo que ese esquema de revisión continua se mantendrá al menos hasta 2028, lo que revela que el mercado ya está descontando el costo de la incertidumbre, incluso antes de que se resuelva el fondo de la negociación.

Crecimiento con límites

Los datos recientes confirman que México sigue siendo un actor relevante en el comercio internacional, pero también muestran que no ha resuelto su fragilidad de fondo: crecimiento insuficiente, productividad débil y una base industrial que depende demasiado del exterior. Firmas como Banorte y Grupo Coppel han advertido que, aun con expectativas de crecimiento algo mejores que las de hace unos meses, la economía seguirá operando por debajo de su potencial mientras dure el esquema de revisiones anuales. México puede exportar mucho, pero eso no significa que su poder económico interno se haya fortalecido al mismo ritmo.

Ese contraste importa porque en geoeconomía no basta con mover mercancías; también importa quién controla la tecnología, el financiamiento, la logística y los estándares regulatorios. Si México solo participa como eslabón de ensamblaje, seguirá siendo vulnerable a cualquier cambio en las cadenas globales de valor. Si, en cambio, logra avanzar hacia una política industrial más robusta, podría transformar su posición geográfica en una ventaja durable. La discusión sobre el T-MEC, entonces, no debe leerse únicamente como una disputa comercial: también refleja el debate sobre qué tipo de país quiere ser México en el nuevo orden económico. ¿Uno que se integra pasivamente a la economía estadounidense, o uno que usa esa integración para construir capacidades propias? Ahí está la diferencia entre ser corredor logístico y convertirse en potencia económica con voz propia.

El reto de la soberanía económica

Hablar de soberanía económica en México no significa promover el aislamiento. Significa reducir la vulnerabilidad frente a decisiones externas y ampliar el espacio para definir prioridades nacionales. En el contexto actual, eso exige diversificar mercados, fortalecer proveedores locales, invertir en innovación y consolidar sectores estratégicos que no dependan por completo de una sola relación comercial.

Ese margen de maniobra no se construye únicamente en la mesa de negociación con Washington. También se juega puertas adentro: en la capacidad del país para resolver sus propios cuellos de botella en energía, infraestructura logística y formación de capital humano, que hoy limitan qué tanto puede aprovechar México cualquier condición favorable que consiga en el T-MEC. De poco sirve ganar certidumbre arancelaria si, al mismo tiempo, persisten los obstáculos internos que frenan la inversión productiva.

La coyuntura de esta semana confirma que el país ya no puede entenderse solo como vecino de Estados Unidos, sino como pieza clave de una reconfiguración más amplia del comercio global. El nearshoring, la competencia tecnológica y la rivalidad geopolítica entre potencias han hecho que México gane visibilidad, pero también han elevado el costo de la improvisación. Si el país quiere convertir su potencia comercial en poder real, necesita una estrategia más clara: certidumbre regulatoria, infraestructura, energía competitiva, formación de talento y una política exterior económica más activa. Sin eso, México seguirá siendo indispensable para las cadenas de suministro, pero todavía incapaz de convertir esa importancia en influencia duradera.

La lección de esta semana es clara: México sí ocupa un lugar central en la geoeconomía regional, pero ese lugar sigue siendo frágil. El país exporta, atrae inversión y se ha vuelto indispensable para Norteamérica, pero todavía no ha logrado traducir esa centralidad en mayor autonomía estratégica. El T-MEC, en ese sentido, no es solo un tratado comercial: es el espejo donde se ve la verdadera posición de México en el mundo, y la revisión que hoy avanza en Palacio Nacional es apenas la primera de varias oportunidades para decidir qué reflejo queremos ver.

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¿Qué significa, en realidad, que un tratado comercial siga vigente mientras las decisiones de inversión empiezan a comportarse como si ya no lo estuviera?

El 6 de julio de 2026, Toyota Motor Corporation anunció que trasladará gradualmente —a lo largo de un periodo de cuatro años, con horizonte en 2030— parte de la producción de su camioneta Tacoma desde su planta de Tijuana, Baja California, hacia una segunda línea de ensamblaje en San Antonio, Texas.

La decisión viene acompañada de una inversión de 3,600 millones de dólares para ampliar el complejo texano, que ya fabrica la Tundra y la Sequoia, y que elevará su capacidad anual de alrededor de 200 mil a 350 mil unidades. A su vez, la otra planta de Toyota ubicada en Guanajuato, que emplea a 2,800 trabajadores de manera directa, seguirá produciendo el modelo para exportación. El futuro de Tijuana a partir de 2030 permanece, en palabras de la propia Secretaría de Economía, “en análisis”.

El anuncio no ocurrió en el vacío. Llegó cinco días después de que Estados Unidos decidiera no extender el T-MEC por un nuevo periodo de 16 años durante la revisión conjunta del 1 de julio, lo que inaugura un esquema de revisiones anuales mientras las negociaciones continúan.

El tratado sigue vivo —continúa vigente hasta 2036 bajo sus reglas actuales—, pero ha dejado de ser, para efectos prácticos, una certeza sobre la cual planear inversiones a una década. Ahí está la primera clave de este artículo: no es que el T-MEC haya muerto; es que empieza a operar como si estuviera muerto, incluso mientras formalmente sigue respirando.

Un tratado vigente, una certidumbre suspendida

Conviene ser precisos, porque el episodio se presta a lecturas simplistas. Donald Trump celebró el movimiento en Truth Social como prueba de que sus aranceles están “funcionando”: aranceles que, bajo las investigaciones de la Sección 232, alcanzan hasta 25 por ciento sobre las importaciones automotrices mexicanas y se reducen a 15 por ciento para los vehículos que cumplen reglas de origen.

Toyota, por su parte, evitó atribuir la decisión exclusivamente a la política arancelaria. En su comunicado, la empresa señaló que “Toyota mantiene su compromiso con sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y México”, enmarcando el movimiento dentro de una reestructuración global y pidiendo, al mismo tiempo, una pronta resolución del T-MEC.

La presidenta Claudia Sheinbaum, desde la mañanera del 7 de julio, fue todavía más directa al desvincular ambos procesos: “No es por la negociación del tratado”, afirmó, atribuyendo la decisión a la revisión de operaciones globales de la automotriz.

Esta disputa narrativa —¿es el arancel, es la reestructuración corporativa, es la incertidumbre acumulada del T-MEC?— no es un detalle menor. Es, de hecho, el síntoma más ilustrativo de lo que está ocurriendo: cuando ningún actor puede ofrecer una explicación única y verificable, probablemente todos tienen algo de razón.

Los aranceles imponen un costo real y medible. La revisión corporativa global de Toyota es un proceso que existe con independencia de México. Y la falta de renovación del T-MEC añade una capa de riesgo que ninguna empresa con horizontes de inversión a diez años o más puede seguir ignorando.

Lo que Toyota hizo, en el fondo, fue una cobertura de riesgo disfrazada de eficiencia operativa.

El nearshoring como hipótesis, no como destino

Durante los últimos años, México construyó buena parte de su narrativa de atracción de inversión sobre la premisa de que la relocalización productiva hacia Norteamérica era una tendencia estructural e irreversible. La guerra comercial entre Washington y Beijing, la disrupción de cadenas de suministro postpandemia y la cercanía geográfica convertían al país en el destino natural del nearshoring.

La Tacoma es un buen espejo de esa narrativa y de sus límites. Se trata del segundo vehículo fabricado en México con mayor volumen de exportación, con 24,558 unidades enviadas al extranjero hasta mayo de 2026: una camioneta que representaba, hasta hace unos días, exactamente el tipo de manufactura de valor agregado que el discurso oficial mexicano señalaba como evidencia de consolidación industrial.

Lo que este caso expone es que el nearshoring nunca fue una fuerza autónoma: fue una hipótesis condicionada a la estabilidad de las reglas comerciales.

Cuando esas reglas se vuelven inciertas —cuando un tratado deja de renovarse por 16 años y pasa a revisiones anuales, cuando los aranceles se aplican de forma unilateral y variable—, la misma lógica que atrajo producción hacia México puede empezar a operar en sentido inverso.

No es casualidad que el movimiento de Toyota sea descrito por analistas como parte de una “tendencia más amplia” de armadoras que reconsideran su exposición a México ante un entorno comercial cada vez más complejo.

El nearshoring, visto con más distancia, nunca fue un destino: fue una ventana de oportunidad abierta por condiciones externas, y esas condiciones son exactamente las que hoy se están moviendo.

La paradoja del top 10

Aquí aparece el factor que complica cualquier lectura lineal del episodio. Apenas un día después del anuncio de Toyota, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo —UNCTAD— publicó su Informe Mundial de Inversión 2026, en el que México reapareció entre las diez economías con mayor captación de Inversión Extranjera Directa del planeta.

El país registró 41,000 millones de dólares en 2025, un incremento de 8 por ciento respecto a los 38,000 millones del año anterior. Esa cifra fue suficiente para escalar del undécimo al décimo lugar global —un sitio que México no ocupaba desde 2021— y colocarse apenas detrás de Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, China, Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

El dato, sin embargo, exige una lectura más fina que la del titular triunfalista. La propia UNCTAD advirtió que el valor de los proyectos greenfield —es decir, los anuncios de plantas y capacidades productivas genuinamente nuevas— cayó de alrededor de 44,000 a 24,000 millones de dólares en el mismo periodo. Esto sugiere que buena parte del repunte respondió a reinversión de utilidades de empresas ya instaladas y no necesariamente a nuevas decisiones de relocalización.

La CEPAL, por su parte, documentó que la manufactura sigue siendo el mayor componente de la IED mexicana en los últimos 35 años, pero también reconoció que los aranceles sectoriales sobre acero, aluminio y automóviles se aplican con independencia de las reglas de origen del T-MEC, erosionando la previsibilidad que hizo atractivo al país durante casi tres décadas.

México, entonces, no está perdiendo la carrera por la inversión extranjera; está ganando una versión distinta de ella, más defensiva que expansiva: capital que confirma posiciones ya tomadas, no capital que apuesta por expandirlas.

El caso Toyota y el ascenso al top 10 de la UNCTAD no se contradicen; se explican mutuamente. Son dos caras del mismo fenómeno: una recomposición de riesgo en tiempo real dentro de la región de Norteamérica, vista desde ángulos opuestos. Por un lado, la salida marginal de un proyecto específico; por el otro, la permanencia agregada de un capital que, por ahora, prefiere quedarse antes que apostar por más.

Lo que el episodio no resuelve

Es importante no sobreinterpretar el caso Toyota como un colapso del modelo de manufactura mexicano. La empresa no anunció el cierre de Tijuana, mantiene su planta de Guanajuato y el propio gobierno mexicano gestionó, en paralelo, el anuncio de una inversión automotriz adicional por más de 500 millones de dólares. El traslado es gradual, parcial y reversible en el papel.

Pero el valor simbólico del episodio excede su magnitud económica inmediata: es la primera evidencia empresarial tangible, proveniente de una compañía de la escala de Toyota, de que la ambigüedad del T-MEC posterior al 1 de julio tiene un costo medible en decisiones de inversión real, no solo en editoriales, comunicados de prensa o discursos políticos.

La pregunta que deja abierta este episodio —y que probablemente definirá buena parte de la discusión económica bilateral en los próximos meses— es si México puede permitirse competir por inversión productiva en un entorno donde ya no ofrece la certeza regulatoria de largo plazo que fue, durante casi tres décadas, su principal ventaja comparativa frente al resto del mundo.

Sin esa certeza, la geografía y la mano de obra calificada siguen siendo activos reales, pero dejan de ser suficientes por sí solas.

Toyota no está saliendo de México. Está, más bien, dejando de apostar exclusivamente por él. Y esa distinción, aunque sutil, podría ser la más importante de todo el episodio.

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Por Redacción LYP / Negocios

El T-MEC no se cayó. Esa es la primera precisión necesaria frente al ruido político, financiero y mediático que suele acompañar cualquier tensión comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El acuerdo sigue vigente. Las mercancías siguen cruzando fronteras. Las fábricas no se detienen de un día para otro. Los contratos no desaparecen de una conferencia de prensa.

Pero algo sí cambió: la certidumbre dejó de ser automática.

El 1 de julio de 2026, Estados Unidos decidió no renovar el T-MEC en su forma actual, lo que activa una etapa de revisiones anuales y mantiene al tratado en vigor mientras los tres países negocian posibles cambios. De acuerdo con Reuters, Washington buscará revisar temas como déficits comerciales, manufactura, reglas de origen y relocalización productiva, con una ronda bilateral con México prevista para la semana del 20 de julio.

Para la empresa mexicana, el punto no es si mañana habrá comercio o no. El punto es más sofisticado, más incómodo y más estratégico: cómo se toman decisiones de inversión cuando las reglas del juego dejan de sentirse estables a largo plazo.

El riesgo no es el presente: es el presupuesto de los próximos cinco años

Una planta industrial no se decide con la emoción de una coyuntura. Un parque logístico no se construye con base en una declaración política. Una expansión manufacturera no se autoriza solo porque hoy existe demanda.

Las empresas serias deciden con horizontes de cinco, diez o quince años. Calculan costos laborales, energía, impuestos, transporte, tipo de cambio, reglas de origen, acceso a mercado, disponibilidad de talento, cumplimiento laboral, riesgos regulatorios y capacidad de exportación.

Por eso, la nueva fase del T-MEC importa tanto.

El propio texto del tratado establece que el acuerdo tiene una duración inicial de 16 años, salvo que las tres partes confirmen su voluntad de extenderlo por otro periodo de 16 años. También establece que, si una parte no confirma esa extensión en la revisión sexenal, la Comisión debe reunirse cada año durante el resto de la vigencia del acuerdo.

Traducido al lenguaje empresarial: el T-MEC sigue vivo, pero entra en una zona de revisión permanente.

Y para una empresa que está pensando en instalar una línea de producción, abrir una nave, importar maquinaria, ampliar turnos, contratar personal, certificar proveedores o mover parte de su cadena desde Asia hacia México, esa diferencia importa.

México no puede leer esto como una simple disputa diplomática

El error sería analizar el T-MEC como si fuera solo un problema entre cancillerías. No lo es. Es un asunto de consejos de administración, CFOs, directores de planta, exportadores, desarrolladores industriales, bancos, aseguradoras, operadores logísticos y gobiernos estatales.

El comercio exterior mexicano está profundamente integrado a Norteamérica. En 2025, México alcanzó un récord de exportaciones hacia Estados Unidos por 534,874 millones de dólares y se consolidó como el principal socio comercial de Washington, por encima de Canadá y China, de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio estadounidense citadas por El País.

Ese dato no es decorativo. Significa que México no está observando la negociación desde la periferia. México está dentro del motor.

La industria automotriz, autopartes, electrónica, maquinaria, agroindustria, dispositivos médicos, logística, acero, aluminio, energía, centros de datos y manufactura avanzada dependen de un principio básico: que producir en México tenga sentido dentro de una región comercial integrada.

Si ese principio se vuelve menos claro, el impacto no necesariamente será inmediato, pero sí puede ser acumulativo: proyectos que se aplazan, inversiones que se renegocian, créditos que se encarecen, expansiones que se condicionan y proveedores que quedan bajo mayor escrutinio.

El nearshoring no muere, pero deja de venderse solo

Durante años, México ha narrado el nearshoring como una oportunidad casi inevitable: cercanía con Estados Unidos, costos competitivos, experiencia manufacturera, talento técnico, tratados comerciales y una ubicación privilegiada.

Todo eso sigue siendo cierto.

Pero el nearshoring no es una religión. Es una decisión financiera.

Y una decisión financiera necesita certeza.

El nuevo escenario del T-MEC obliga a dejar atrás el discurso fácil de “México está de moda” para entrar a una conversación más exigente: ¿qué estados tienen infraestructura suficiente?, ¿qué empresas cumplen reglas de origen?, ¿qué proveedores pueden probar trazabilidad?, ¿qué sectores dependen demasiado de insumos asiáticos?, ¿qué cadenas pueden resistir cambios arancelarios?, ¿qué tan preparada está la empresa mexicana para auditorías laborales, ambientales y comerciales?

La pregunta ya no es solo si México puede atraer inversión. La pregunta es qué tipo de inversión puede retener bajo presión geopolítica.

Reglas de origen: el verdadero campo de batalla

En la conversación pública, el T-MEC suele reducirse a “aranceles” o “amenazas de Trump”. Pero para la industria, una de las discusiones más importantes está en las reglas de origen.

Las reglas de origen determinan qué porcentaje de un producto debe fabricarse dentro de la región para recibir trato preferencial. En sectores como el automotriz, cualquier cambio puede alterar costos, proveedores, márgenes y decisiones de localización.

Reuters reportó que una de las demandas de Estados Unidos se centra en elevar el contenido estadounidense y regional en la producción automotriz norteamericana, así como en evitar que bienes con fuerte contenido chino se beneficien del acuerdo.

Eso toca un nervio estratégico para México.

Porque muchas empresas instaladas en el país operan con cadenas mixtas: diseño en un país, componentes en otro, ensamble en México, software externo, logística regional y venta final en Estados Unidos. Si las reglas se endurecen, la pregunta será quién puede demostrar valor regional real y quién solo estaba usando a México como plataforma de paso.

Ahí habrá ganadores y perdedores.

Ganarán las empresas con trazabilidad, cumplimiento, proveedores regionales, certificaciones sólidas, control documental y planeación fiscal-comercial. Perderán quienes operen con opacidad, dependencia excesiva de insumos no regionales o bajo entendimiento técnico del tratado.

Para el Bajío, esto no es abstracto

Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y la región industrial del Bajío no deben leer este proceso como una nota internacional lejana.

El Bajío ha construido buena parte de su narrativa económica sobre manufactura, automotriz, aeroespacial, logística, parques industriales, exportaciones y proveedores globales. En San Juan del Río, Querétaro, El Marqués, Colón, Apaseo, Silao o San Luis Potosí, el T-MEC no es una sigla de escritorio: es empleo, inversión, suelo industrial, nómina, transporte, proveeduría y futuro urbano.

La incertidumbre comercial puede afectar desde una gran armadora hasta una empresa mediana que fabrica componentes, empaques, herramentales, piezas plásticas, maquinados, hule industrial, servicios de mantenimiento, transporte especializado o soluciones para planta.

Por eso, la cobertura de negocios no debe limitarse a repetir qué dijo Washington. Debe preguntar qué están haciendo las empresas mexicanas para no depender únicamente de la voluntad política de Washington.

Qué debe hacer una empresa mexicana ahora

La reacción inteligente no es el pánico. Tampoco la negación.

La empresa mexicana debe entrar en modo de revisión estratégica.

Primero, debe mapear su exposición real al T-MEC: qué porcentaje de sus ventas depende de exportaciones, qué clientes están en Estados Unidos o Canadá, qué insumos provienen de Asia, qué productos califican bajo reglas de origen y qué documentación puede probarlo.

Segundo, debe construir escenarios. Uno optimista, uno moderado y uno restrictivo. No para adivinar el futuro, sino para no improvisar si cambian los costos.

Tercero, debe revisar contratos. Especialmente cláusulas de precio, entrega, fuerza mayor, variación arancelaria, cumplimiento documental, origen de componentes y responsabilidades logísticas.

Cuarto, debe fortalecer proveeduría regional. Si Norteamérica entra a una fase más proteccionista, el contenido regional dejará de ser un requisito técnico para convertirse en ventaja competitiva.

Quinto, debe profesionalizar su comunicación corporativa. En un entorno de incertidumbre, la reputación también cuenta. Las empresas que expliquen mejor su valor, su cumplimiento, su capacidad de adaptación y su aportación económica tendrán ventaja frente a clientes, autoridades, bancos y socios.

La nueva pregunta empresarial

Durante décadas, México se benefició de una idea poderosa: producir aquí abría la puerta al mercado estadounidense bajo reglas relativamente estables.

Hoy esa idea no desaparece, pero se vuelve más exigente.

La conversación empresarial ya no puede limitarse a “exporto” o “no exporto”. Ahora debe preguntarse:

¿Mi empresa está preparada para demostrar que pertenece realmente a Norteamérica?

Esa es la pregunta que viene.

No solo para las grandes corporaciones. También para las medianas empresas proveedoras. Para los parques industriales. Para los gobiernos estatales. Para los despachos legales. Para los bancos. Para los empresarios familiares. Para cualquier compañía que haya construido su crecimiento sobre la promesa de integración regional.

El T-MEC sigue vigente. Pero el mensaje político es claro: Estados Unidos quiere renegociar desde una posición de presión.

México, por su parte, necesita defender algo más que un tratado. Necesita defender una arquitectura productiva.

Y ahí está el verdadero costo invisible: cuando la incertidumbre entra a la sala de juntas, no siempre se nota en los titulares del día. Se nota meses después, cuando una inversión se pospone, una expansión se revisa, un proveedor se sustituye o una empresa decide esperar.

La economía no siempre se frena con un golpe. A veces se frena con una duda.

Por qué importa para las empresas

Porque el T-MEC es mucho más que un tratado comercial. Es una estructura de confianza para decidir dónde producir, a quién comprar, cómo exportar, qué financiar y qué tan lejos puede crecer una empresa mexicana dentro de Norteamérica.

La revisión anual no cancela la oportunidad mexicana, pero eleva el costo de operar sin estrategia. En esta etapa, la ventaja ya no será solo estar en México. La ventaja será cumplir, probar, adaptarse y comunicar valor regional.

La pregunta para el consejo directivo

Si las reglas del T-MEC cambian en los próximos 12 meses, ¿qué parte de nuestro modelo de negocio quedaría expuesta primero?

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Análisis semanal de geopolítica  |  Junio de 2026  

Hay acuerdos que se firman en las cumbres y se olvidan en la vida cotidiana. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no es uno de ellos. Cada vez que una empresa instala una línea de producción en Monterrey, cada vez que un agricultor sinaloense exporta aguacate sin arancel o cada vez que una maquiladora de Juárez vende autopartes en Detroit, el T-MEC está ahí, invisible pero presente, determinando las reglas del juego. Lo que muchos mexicanos no saben —o no quieren saber— es que ese contrato está a punto de renovarse, o de no renovarse, y que el desenlace de esa negociación los afectará de formas muy concretas: en el precio del gas, en el costo del automóvil o en la solidez del empleo industrial en el país.

Esta semana, México y Estados Unidos concluyeron la primera ronda formal de revisión del tratado, celebrada los días 28 y 29 de mayo en la Ciudad de México. El saldo oficial fue optimista: ambas delegaciones lo calificaron de constructivo y de diálogo franco. Pero debajo de esa diplomacia de comunicado, la mesa de negociación esconde tensiones profundas y estructurales que no se resuelven con buena voluntad. Washington exige que al menos el 50% del valor de cada vehículo fabricado en Norteamérica provenga específicamente de suelo estadounidense, lo que representaría una ruptura histórica con la lógica de integración regional que ha guiado la cadena automotriz continental desde el TLCAN. El calendario es apretado: la segunda ronda será en Washington el 16 de junio, y la tercera —considerada la instancia decisiva para definir si habrá acuerdo en 2026 o se derivará hacia un ciclo de revisiones anuales— ocurrirá en la Ciudad de México la semana del 20 de julio.

“La prioridad es generar certidumbre para la inversión y la preservación de los empleos asociados al sector exportador.”

— Secretaría de Economía de México, comunicado oficial tras la primera ronda del T-MEC, 29 de mayo de 2026.

Para entender por qué esto importa, conviene tener claro un dato que suele omitirse en el debate público: más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Norteamérica. Eso significa que el bienestar de la industria nacional —y, por extensión, de millones de trabajadores en los estados fronterizos y en los grandes polos manufactureros del centro del país— depende de manera estructural de lo que ocurra en esa mesa de negociación. No es una hipérbole afirmar que el T-MEC es el armazón sobre el que descansa gran parte de la economía formal de México. Si el tratado expirara sin renovación, el país entraría en un ciclo de revisiones anuales que podría prolongarse hasta 2036, generando una incertidumbre crónica que ahuyentaría inversión extranjera directa, debilitaría el peso y, en última instancia, encarecería la vida cotidiana de los ciudadanos.

La dimensión de lo que está en juego no admite eufemismos. Los flujos comerciales anuales que el T-MEC sostiene rondan los 800 mil millones de dólares. Esa cifra no es estadística abstracta: es la suma de salarios, contratos, exportaciones agrícolas, manufacturas de alta tecnología y servicios que México ha construido en los últimos treinta años de integración norteamericana. Debilitarla sería, en términos prácticos, desmantelar una parte sustancial de la base productiva del país. Por eso el gobierno de Claudia Sheinbaum ha declarado la renovación del T-MEC como prioridad de Estado, movilizando al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en una ronda de viajes y reuniones técnicas que comenzó meses antes del inicio formal de las negociaciones.

“Para México, la renovación exitosa del T-MEC es fundamental: no renovar o debilitar el acuerdo no es una opción viable, ya que pondría en riesgo flujos comerciales anuales cercanos a 800 mil millones de dólares.”

— Thomson Reuters México, análisis T-MEC 2026.

Pero la geopolítica del T-MEC no se agota en la relación bilateral. Hay un tercer actor que, aunque ausente de la mesa formal, define buena parte de la agenda: China. México lleva años atrapado en una posición incómoda entre las dos grandes potencias del siglo XXI. Por un lado, Washington presiona para que el país cierre la puerta a inversiones y componentes chinos que podrían utilizarse para eludir los aranceles estadounidenses y hacer ingresar manufactura asiática al mercado norteamericano disfrazada de producción regional. Por otro, la propia industria mexicana —especialmente en sectores como el textil, el calzado y la electrónica— depende de insumos y maquinaria que provienen de Asia y que no tienen sustituto inmediato en el continente americano.

La solución que el gobierno mexicano ha ensayado es pragmática pero imperfecta: aplicar aranceles a más de 1,400 fracciones arancelarias de origen chino, una señal de que México comprende las reglas del nuevo orden comercial y está dispuesto a alinearse con las prioridades geopolíticas de Washington. Sin embargo, el equilibrio es frágil. Las presiones no cesan, y cualquier percepción de que México sirve como puerta trasera para la manufactura china podría convertirse en argumento para que la administración Trump endurezca sus posiciones en las rondas de julio. En este juego de tres bandas, México no puede darse el lujo de ignorar a ninguno de los jugadores ni de simplificar la partida a una lógica binaria.

Este escenario revela algo que la geopolítica enseña con insistencia: los tratados comerciales no son documentos técnicos reservados a economistas y abogados de comercio exterior. Son, en el fondo, pactos de poder que determinan quién produce qué, dónde se instalan las fábricas, qué sectores crecen y cuáles se quedan atrás. Cuando Estados Unidos exige un porcentaje mayor de contenido automotriz en su territorio, no está haciendo contabilidad industrial: está reorientando la geografía económica de Norteamérica, empujando la producción de mayor valor agregado hacia el norte y redefiniendo el papel de México dentro de la cadena. La pregunta que los negociadores mexicanos deben responder no es únicamente cuántas plantas se conservan, sino en qué condiciones y con qué capacidad de decisión propia.

La revisión del T-MEC es también, en un sentido más profundo, un espejo del tipo de país que México quiere ser. ¿Un proveedor de mano de obra barata y ensambladora de piezas diseñadas en otro lugar? ¿O una economía que aprovecha su posición geográfica privilegiada —frontera con la mayor potencia económica del mundo, acceso a ambos océanos, demografía joven— para insertarse en las cadenas de valor con mayor inteligencia, mayor autonomía y retención del beneficio? La respuesta no se escribirá en las rondas de junio y julio. Se escribirá en las próximas décadas. Pero las decisiones que se tomen en las próximas semanas marcarán el punto de partida y, con él, el margen de maniobra que México tendrá para construir un camino propio dentro del orden global que se está configurando.

“El solo hecho de estar negociando, con interlocutores de peso y una agenda de fondo, es un resultado en sí mismo. Sentarse era la condición necesaria.”

— Enrique Quintana, El Financiero, 30 de mayo de 2026.

Entender el T-MEC no es cultura general ni ejercicio académico. Es la diferencia entre leer el periódico con los ojos del espectador o con los ojos del ciudadano que reconoce cómo las decisiones tomadas en Washington y en la Ciudad de México se traducen, semanas o meses después, en el precio del supermercado, en la solidez del empleo y en el tipo de cambio del viernes. Hay contratos que se leen en el notario. Hay otros que se leen en la nómina. El T-MEC es de los segundos, y en este momento está siendo reescrito. Vale la pena prestarle atención.

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Por Redacción de Economía y Negocios

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (Abril 2026). – El fenómeno del nearshoring dejó de ser una tendencia para convertirse en una reestructuración permanente de la economía global. Y en el mapa de México, un estado ha logrado capitalizar este reacomodo mejor que nadie, no por tener costa, sino por construir una fortaleza logística: Querétaro.

Mientras a nivel nacional la actividad industrial experimentó turbulencias (con una caída promedio de -1.3% al cierre de 2025 según el INEGI), Querétaro registró un crecimiento sostenido del 1.9%, impulsado por un alza del 4.7% en manufacturas. Pero, ¿qué hace que los grandes capitales extranjeros confíen sus operaciones a este estado del Bajío? La respuesta está en su invulnerable cadena de suministro.

1. Conectividad y el hub de carga aérea (El factor AIQ)

Para que una cadena de suministro sea atractiva para los capitales asiáticos, europeos y estadounidenses, debe garantizar velocidad. El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ) se ha consolidado en este 2026 como uno de los cinco principales hubs de carga aérea en México.

De acuerdo con estadísticas recientes de la Agencia Federal de Aviación, el AIQ movilizó más de 75 mil toneladas anuales, absorbiendo aproximadamente el 6% de toda la carga aérea del país. Más impresionante aún, Querétaro es hoy el segundo aeropuerto con mayor movimiento de carga doméstica en todo México. La llegada del centro de operaciones de gigantes como DHL, con la capacidad de procesar 700 paquetes por minuto, permite a las industrias manufactureras, automotrices y aeroespaciales tener sus insumos «justo a tiempo», evadiendo los cuellos de botella de la capital del país.

2. De la manufactura al «Puerto Seco» y el Smartshoring

Querétaro ha evolucionado su infraestructura para convertirse en el gran «Puerto Seco» del nearshoring. Un ejemplo reciente es el establecimiento del mega-almacén 3PL de la firma global DP World, el cual se ha convertido en una pieza obligada en la estrategia logística de cualquier fabricante que utilice al Bajío como base productiva hacia Estados Unidos a través de la carretera NAFTA (Highway 57).

A esto se suma la transición del nearshoring tradicional hacia el smartshoring (inversión de alta tecnología). El gigante Amazon Web Services (AWS) inició el desarrollo de su «Ciudad Digital» en la entidad con una inyección proyectada de 5,000 millones de dólares. Esto garantiza a las empresas extranjeras no solo vías de transporte, sino infraestructura en la nube, ciberseguridad industrial y trazabilidad de datos para sus cadenas logísticas, un requisito indispensable en la era del T-MEC.

3. Ecosistema Inmobiliario a prueba de crisis

Los inversores necesitan naves industriales listas para operar (Plug & Play). El reporte inmobiliario de Datoz, publicado en abril de 2026, confirma el liderazgo absoluto del estado. Querétaro cuenta actualmente con un inventario industrial de casi 8 millones de metros cuadrados.

Pese a la altísima demanda generada por la relocalización, el estado ha mantenido una oferta saludable con una tasa de disponibilidad del 3% al 4%, con un ritmo de absorción bruta de hasta 150,000 m² trimestrales. Los precios de renta, oscilando entre $5.0 y $5.8 USD/m²/mes, resultan altamente competitivos frente a mercados saturados de la frontera norte, ofreciendo además garantías energéticas y logísticas muy superiores.

4. Clústeres Integrados: El fin de la dependencia asiática

El éxito logístico de Querétaro no reside solo en las carreteras, sino en la proveeduría local. La Inversión Extranjera Directa (IED) busca entornos donde no deba importar el 100% de sus componentes desde Asia.

Querétaro ha articulado un modelo de «Triple Hélice» (Gobierno, Academia, Industria) a través de clústeres especializados. El Clúster Aeroespacial genera más de 8,000 empleos directos, mientras que el Clúster de Plásticos y Automotriz cuentan con programas agresivos de integración de MiPyMEs locales. Al contar con proveedores certificados a unos cuantos kilómetros de las ensambladoras finales, los tiempos de entrega se reducen a horas en lugar de semanas marítimas, abaratando los costos de inventario de las multinacionales.

El Veredicto

Querétaro ha comprendido que el nearshoring no es solo ofrecer suelo barato; es ofrecer certidumbre. Con una ubicación privilegiada en el centro del país, un aeropuerto enfocado en la carga pesada, parques industriales de última generación y una base de proveedores locales de alta tecnología, la entidad no solo ensambla productos, sino que administra una de las cadenas de suministro más ágiles, seguras y rentables de todo el continente americano.

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En un año marcado por la incertidumbre comercial y el regreso del discurso proteccionista en Estados Unidos, México logró lo que parecía improbable: consolidarse en 2025 como el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos, superando con claridad a China y Canadá, aun con la imposición de nuevos aranceles por parte de la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con datos oficiales del Buró del Censo de Estados Unidos, entre enero y octubre de 2025 las importaciones estadounidenses provenientes de México alcanzaron 447 mil 997 millones de dólares, lo que representa 15.6% del total de las importaciones del país vecino. En contraste, las compras a China se ubicaron en 266 mil millones de dólares (9.3%) y las de Canadá en 322 mil millones (11.2%). La cifra mexicana no solo es la más alta, sino que además implicó un crecimiento anual de 5.7%, mientras China registró una caída de 26.7% y Canadá de 5.8%.

El punto más alto llegó en octubre de 2025, cuando Estados Unidos importó desde México 48 mil 524 millones de dólares, un récord histórico mensual que volvió a confirmar el desplazamiento estructural de Asia hacia América del Norte.

Aranceles, pero con ventajas estructurales

El desempeño mexicano resulta aún más relevante si se considera el contexto: en 2025, Washington reactivó aranceles de hasta 25% para productos como autos, acero y aluminio que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC. Aun así, cerca del 85% de las exportaciones mexicanas continuaron entrando libres de arancel gracias al tratado, lo que amortiguó el impacto real.

Este marco permitió que México captara flujos comerciales desviados desde China, particularmente en manufacturas, donde el país se ha vuelto pieza clave de la reorganización de las cadenas globales de suministro. El fenómeno del nearshoring —la relocalización de producción hacia países cercanos al mercado final— dejó de ser una promesa para convertirse en un motor tangible del comercio bilateral.

Sectores como el automotriz, autopartes, electrónicos y manufactura avanzada crecieron con fuerza, empujando las exportaciones mexicanas totales a un avance cercano al 9% interanual en la segunda mitad del año.

Un superávit simbólico y un cambio de rol

Octubre también marcó un hito poco común: México registró un superávit comercial de 606 millones de dólares, el primero desde junio, impulsado por un aumento de 14.2% en las exportaciones totales. Más allá del dato coyuntural, el hecho simbólico fue otro: México se convirtió en el principal mercado de exportaciones de Estados Unidos, rompiendo un dominio canadiense que se había mantenido por más de tres décadas.

La relación comercial ya no es solo de dependencia, sino de interdependencia profunda, con cadenas productivas integradas que cruzan la frontera varias veces antes de llegar al consumidor final.

Resiliencia económica mexicana frente a la incertidumbre

En el plano macroeconómico, México transitó 2025 con un crecimiento moderado pero positivo. El PIB avanzó 1.8% en la primera mitad del año, superando los pronósticos de recesión que circularon a inicios del periodo. Aunque el crecimiento anual se desaceleró respecto a años previos, el país evitó una contracción severa gracias al comercio exterior, la inversión vinculada al nearshoring y la estabilidad que brinda el T-MEC.

El empleo total creció alrededor de 2.1% interanual a mitad de año y, aunque algunos segmentos manufactureros enfrentaron ajustes, la economía mostró capacidad de adaptación en un entorno volátil.

El otro lado del proteccionismo: costos para EE.UU.

Mientras México consolidaba su posición, los efectos de los aranceles comenzaron a sentirse con mayor claridad en la economía estadounidense. Diversos análisis —incluidos los de la Tax Foundation y modelos económicos del Wharton Budget Model— coinciden en que los aranceles funcionaron como un impuesto regresivo para los hogares estadounidenses.

El costo promedio se estimó en 1,200 dólares anuales por hogar, con aumentos de precios en autos, electrónicos y bienes de consumo. A largo plazo, los modelos advierten una posible reducción del PIB estadounidense de hasta 6%, junto con presiones inflacionarias persistentes y pérdida de poder adquisitivo, especialmente en hogares de ingresos medios.

En términos simples, el proteccionismo no corrigió el déficit comercial de Estados Unidos, pero sí encareció la vida de sus consumidores y tensionó su aparato productivo.

Un tablero que se reacomoda

El balance de 2025 deja una lección clara: México no solo resistió los aranceles, sino que salió fortalecido. Su ventaja no radica en confrontar, sino en su posición estratégica, su integración productiva y su capacidad de adaptación frente a un mundo más fragmentado.

El comercio México–Estados Unidos confirmó que las cadenas regionales son hoy más eficientes que el aislamiento. Y mientras el discurso proteccionista insiste en levantar muros económicos, los datos muestran que la competitividad —cuando se apoya en acuerdos, cercanía y reglas claras— sigue siendo el verdadero motor del crecimiento.

En un escenario global incierto, México cerró 2025 no como víctima de los aranceles, sino como uno de los grandes ganadores silenciosos del reordenamiento comercial mundial.

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