Estados Unidos aplica aranceles a México tras mesa de negociación sobre el T-MEC

Arancel por trabajo forzoso: la tasa no subió, subió la carga de la prueba

by Negocios y Economía

Por Redacción LYP / Negocios

El jueves 23 de julio, minutos después de que Claudia Sheinbaum recibiera en Palacio Nacional al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, Washington anunció un arancel de 10% a las importaciones mexicanas. La lectura política se escribió sola y dominó las redes durante 48 horas: la reunión no había servido de nada. Es una lectura entendible, oportuna y equivocada en lo esencial. Porque lo que ocurrió esa tarde no fue un aumento de aranceles. Fue algo más incómodo y más difícil de resolver: un cambio en las reglas de la prueba.

Lo que efectivamente se anunció

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) impuso aranceles de entre 10% y 12.5% a 60 economías que, en conjunto, representan cerca del 99% de las importaciones estadounidenses. El fundamento es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, invocada tras una investigación iniciada el 12 de marzo de 2026 que concluyó que esos socios comerciales no imponen ni aplican de manera efectiva la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso.

México quedó en el escalón más bajo: 10%, la tasa reservada a las economías que ya cuentan con prohibiciones formales contra el trabajo forzoso —categoría en la que el país entra, precisamente, por los compromisos que asumió en el T-MEC—. En ese mismo grupo están Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Argentina, India, Malasia y Guatemala. Varias decenas de países quedaron en el escalón de 12.5%. La medida entró en vigor el viernes 24 de julio, en el momento exacto en que expiraban los aranceles vigentes bajo la Sección 122. Greer defendió la decisión señalando que Estados Unidos mantiene esa prohibición desde hace casi un siglo y la aplica con rigor.

Por qué el gobierno mexicano dice que no cambia nada

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salió a acotar el alcance el mismo jueves, y su argumento es técnicamente correcto: la tasa efectiva que paga México no se movió. Ese 10% ya existía para las mercancías que no cumplen con las reglas de origen del tratado; lo único que cambió es el fundamento legal que lo sostiene. La Secretaría de Economía, tras consultas directas con la USTR, precisó que las mercancías que cumplen con las reglas de origen del T-MEC quedan exentas del arancel adicional, lo que ampara alrededor de 85% del volumen de las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense —Ebrard habló de «más del 80%»—.

Hasta ahí, la versión oficial se sostiene. El problema es que se detiene justo antes de la parte que importa.

Lo que sí cambió, y casi nadie explicó

El cambio de fundamento no es un tecnicismo de abogados de comercio exterior. José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), lo señaló con claridad: el principal cambio no está en el porcentaje, sino en que las empresas deberán demostrar que los materiales, insumos y componentes que utilizan en sus productos no provienen de cadenas relacionadas con trabajo forzoso.

Ahí está la nota. Bajo la Sección 122, el arancel era una tarifa: se pagaba o no se pagaba según el origen. Bajo la Sección 301 por trabajo forzoso, el arancel viene acompañado de una exigencia documental sobre la trazabilidad de la cadena de suministro completa. Y el señalamiento estadounidense no acusa a las empresas mexicanas de recurrir a esas prácticas: cuestiona la capacidad de México para impedir que mercancías elaboradas en esas condiciones —en terceros países— entren al territorio nacional y después se exporten a Estados Unidos. Es decir, expone a empresas que cumplen la ley mexicana al escrutinio sobre proveedores que quizá ni siquiera conocen a fondo.

Hay un segundo elemento, más estructural: este tipo de aranceles, fundados en criterios laborales o ambientales, son considerablemente más difíciles de impugnar que los aranceles convencionales, tanto por los países afectados como por los importadores. México pierde, con este cambio, una parte de su margen de defensa jurídica. Bloomberg apuntó, además, que la acción representa el mayor esfuerzo hasta ahora de la administración Trump por reconstruir un muro arancelario que la Suprema Corte había debilitado.

El costo que sí es cuantificable

El sector privado mexicano vio venir esto y lo peleó. En una carta fechada el 6 de julio y dirigida a Greer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) pidieron a la USTR excluir a México de cualquier arancel derivado de la Sección 301, con independencia de su situación de cumplimiento del T-MEC. Su argumento central fue la ausencia total de evidencia.

Los números que presentaron dimensionan lo que está en juego. Las exportaciones mexicanas de bienes a Estados Unidos sumaron aproximadamente 534,900 millones de dólares en 2025. De ese total, los bienes que no cumplen con el T-MEC se estiman en 75,000 millones de dólares. Aplicar 10% sobre esa base significa alrededor de 7,500 millones de dólares anuales en aranceles sobre mercancías sin ninguna conexión documentada con el trabajo forzoso. Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de la Secretaría de Economía, sostuvo durante las audiencias de julio que la medida es injustificada porque no existe evidencia de importaciones con trabajo forzoso que entren a Estados Unidos vía México. Los organismos empresariales propusieron una alternativa concreta: cooperación reforzada en la aplicación de la ley, intercambio de información e investigaciones focalizadas, en lugar de una medida arancelaria amplia. La USTR resolvió sin incorporar esos argumentos.

Lo que viene

La tercera ronda bilateral de revisión del T-MEC concluyó el 23 de julio en la Ciudad de México, con acuerdo de una cuarta etapa en septiembre en Washington. La Concamin ya fijó su prioridad para esa mesa: fortalecer el valor agregado de las exportaciones mexicanas, un planteamiento que gana peso con este cambio, porque a mayor contenido regional, menor exposición al arancel. Queda pendiente, además, otra investigación bajo la misma Sección 301 sobre capacidad manufacturera excedente de los socios comerciales de Estados Unidos; no está claro cuándo se publicarán sus resultados ni si los aranceles que deriven de ella se acumularían a los ya impuestos.

Por qué importa para las empresas

Para el 15% de las exportaciones mexicanas que no califican como T-MEC, el golpe es directo y ya está cuantificado: 7,500 millones de dólares anuales. Pero el efecto más profundo alcanza también al 85% que sí califica, porque instala una exigencia nueva de trazabilidad documental sobre toda la cadena de proveeduría. Una empresa puede tener su certificación de origen T-MEC perfectamente en regla y, aun así, no saber con precisión de dónde provienen los insumos de tercer o cuarto nivel de sus propios proveedores. Esa brecha, que hasta el jueves era irrelevante desde el punto de vista arancelario, ahora es un riesgo de cumplimiento.

Los sectores con mayor exposición son los que dependen de insumos asiáticos: electrónica, textiles, autopartes y manufactura ligera. Para ellos, el cálculo estratégico cambia de manera concreta: aumentar el contenido regional deja de ser solo una vía para calificar al trato preferencial del T-MEC y se convierte también en una forma de blindarse frente a un régimen que exige demostrar el origen limpio de cada componente. Es, paradójicamente, el mismo objetivo que Washington persigue en la mesa de reglas de origen, ahora perseguido por otra vía.

La pregunta para el consejo directivo

¿Su empresa puede documentar hoy, con evidencia auditable, el origen de los insumos de sus proveedores de segundo y tercer nivel, o está asumiendo que la certificación de origen T-MEC es suficiente para el escenario que entró en vigor el viernes?

México pasó la semana discutiendo si el arancel del 10% era un desaire diplomático o un trámite sin consecuencias. Era ninguna de las dos cosas. El arancel no subió: lo que subió es lo que México y sus empresas tienen que demostrar, y en qué terreno legal tienen que demostrarlo. Los aranceles se negocian. Las cargas de la prueba se documentan, empresa por empresa, proveedor por proveedor. Y esa segunda tarea no la resuelve ninguna ronda bilateral en septiembre.