CANACINTRA San Juan del Río, Taxibuses CTM y el regidor Arturo Calvario denunciaron retrasos, mayor consumo de combustible y riesgos viales. Las pérdidas industriales todavía no han sido cuantificadas y el comunicado no precisa el tramo, contrato ni calendario de la obra cuestionada.
San Juan del Río, Qro.— Representantes de la industria, transportistas y el regidor Arturo Calvario exigieron al Gobierno federal informar la estrategia, los plazos y las medidas de seguridad contempladas para las obras que se desarrollan sobre la carretera federal 57, cuyos cierres y modificaciones a la circulación, afirmaron, ya impactan la movilidad y la actividad económica de San Juan del Río.
Durante una rueda de prensa, Calvario estuvo acompañado por Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en San Juan del Río, y por Prócoro Martínez, representante del Sindicato Unión de Taxibuses CTM.
Los participantes demandaron acciones para reducir congestionamientos, prevenir accidentes y evitar que los trabajos continúen trasladando sus costos hacia empresas, operadores del transporte público y familias que utilizan diariamente esta vialidad.
“La carretera 57 dejó de ser un problema de tránsito. Hoy es un problema de gobierno”, sostuvo Calvario. Afirmó que una obra de esta magnitud requiere una administración capaz de anticipar sus repercusiones sobre el transporte, la economía y la seguridad vial.
El regidor aclaró que no se opone al desarrollo de infraestructura, pero cuestionó que las intervenciones se prolonguen sin una estrategia eficaz para reducir sus consecuencias.
“La infraestructura siempre será bienvenida. Lo que no podemos aceptar es la improvisación”, declaró.
CANACINTRA prepara medición de pérdidas
Víctor Hugo Rodríguez describió la circulación en la carretera 57 como impredecible debido a bloqueos, accidentes, desvíos y cambios constantes en las rutas. Señaló que esta incertidumbre dificulta la planeación de entregas, el traslado del personal y el cumplimiento de compromisos logísticos.
“Ya no se trata de un pedimento, se trata de una exigencia”, expresó el dirigente industrial, quien pidió a la Federación explicar públicamente qué trabajos siguen, cuánto tiempo durarán y qué estrategia se implementará para mantener la circulación.
Aunque en la rueda de prensa habló de “pérdidas incalculables”, CANACINTRA todavía no cuenta con una cifra consolidada. Días antes, Rodríguez informó que la cámara prepara un censo entre sus empresas afiliadas para dimensionar los costos derivados de retrasos, modificación de horarios, combustible y problemas en las cadenas de suministro, según publicó Presencia Universitaria de la UAQ.
Esa medición será necesaria para convertir las afectaciones denunciadas en un cálculo verificable. El impacto no es uniforme: depende del número de unidades, rutas, horarios de entrega, tamaño de las empresas y características de cada proceso productivo.
Algunas compañías han adelantado la salida de mercancías y personal para compensar las demoras, pero el dirigente empresarial advirtió que ni siquiera esa medida garantiza el cumplimiento de los horarios, pues las condiciones de circulación pueden cambiar durante el trayecto.
Transportistas estiman pérdidas mensuales por combustible
Prócoro Martínez aseguró que la concentración vehicular en las inmediaciones de la terminal de autobuses y en las arterias conectadas con la carretera federal ha prolongado los recorridos del transporte público.
De acuerdo con su estimación, el sector de Taxibuses CTM enfrenta pérdidas de hasta un millón de pesos mensuales por el consumo adicional de combustible. El comunicado, sin embargo, no detalla cuántas unidades fueron consideradas, durante qué periodo se realizó el cálculo ni cuáles eran los consumos antes y después de las modificaciones viales.
La cifra debe entenderse, por ahora, como una estimación del gremio y no como el resultado de una auditoría o estudio técnico publicado.
Más allá del costo para las empresas transportistas, Martínez señaló que las demoras repercuten en las familias que dependen del servicio para llegar a centros de trabajo, escuelas, hospitales y otros destinos.
La saturación de las vías alternas también ha extendido el problema hacia calles municipales que no fueron diseñadas para recibir los volúmenes de tránsito desviados desde la carretera.
Una arteria nacional con impacto urbano
La carretera México-Querétaro forma parte de uno de los principales corredores de pasajeros y mercancías del país. En una respuesta enviada al Congreso de la Unión, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la describió como un eje troncal y reportó un tránsito diario promedio de 76 mil 329 vehículos, con base en datos de 2023. El documento también reconoce que el volumen de circulación acelera el deterioro del pavimento y obliga a realizar intervenciones recurrentes. La información puede consultarse en el documento remitido por la SICT.
En San Juan del Río, esta infraestructura federal también funciona como una avenida urbana de facto: conecta zonas industriales, comunidades, fraccionamientos, comercios y la terminal de autobuses. Por ello, cualquier reducción de carriles o modificación de accesos tiene efectos que trascienden a quienes realizan viajes de largo recorrido.
Las preocupaciones empresariales ya habían sido presentadas al Gobierno de Querétaro. El secretario estatal de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero, reconoció que representantes industriales solicitaron claridad sobre los trabajos y sus plazos, de acuerdo con información publicada el 21 de agosto por Al Diálogo.
El comunicado no identifica el contrato cuestionado
Pese a la severidad de los señalamientos, la información difundida durante la rueda de prensa no especifica el número de contrato, empresa responsable, tramo kilométrico, monto de inversión, porcentaje de avance ni fecha oficial de conclusión de la obra a la que se atribuyen las afectaciones.
Tampoco diferencia qué cierres corresponden a conservación de la carretera, cuáles están relacionados con infraestructura adicional y cuáles pueden derivar de accidentes u otras contingencias.
Esa precisión es indispensable para exigir responsabilidades a la dependencia, concesionario o contratista correspondiente y para evitar que distintas intervenciones federales sean agrupadas bajo una sola acusación.
La demanda central, no obstante, es concreta: establecer un programa público de cierres, rutas alternas, señalización, vigilancia, atención de emergencias y coordinación con autoridades municipales y estatales.
Un reclamo social con una dimensión política
Arturo Calvario no interviene únicamente como integrante del Ayuntamiento. En agosto de 2025 fue designado por el PAN de Querétaro como vocero partidista sobre la carretera 57, con la encomienda de exigir al Gobierno federal que agilizara y transparentara las obras, según documentó Crónica Regional.
Ese antecedente no invalida las afectaciones descritas por transportistas e industriales, pero sí aporta contexto sobre la dimensión política de una exigencia dirigida a una administración federal encabezada por Morena.
La presión pública deberá acompañarse de documentación técnica y propuestas verificables. Del mismo modo, la Federación tendrá que responder con información precisa, no únicamente con anuncios generales sobre inversión carretera.
“Una obra pública debe acercar personas, no dividir ciudades. Debe impulsar el desarrollo, no frenar la competitividad”, sostuvo Calvario al concluir la rueda de prensa.
Hasta ahora, el boletín no incorpora una respuesta de la SICT, Caminos y Puentes Federales o alguna empresa contratista sobre las acusaciones, el calendario de los trabajos o las medidas que se aplicarán en el tramo de San Juan del Río.
La discusión ya no se limita a determinar si la infraestructura es necesaria. El punto central es quién absorbe los costos mientras se construye y qué autoridad debe garantizar que una obra concebida para mejorar la conectividad no deteriore, durante años, la vida cotidiana de la ciudad que atraviesa.