La reforma busca trasladar a la Agencia de Movilidad el registro, identificación y capacitación de los operadores. Aunque se presenta como una medida de seguridad, el proyecto parte de una estimación sin respaldo actualizado sobre el número de conductores y todavía no precisa costos, plazos ni efectos para quienes llegan de estados vecinos.
Santiago de Querétaro, Qro., 15 de septiembre de 2026.— Conductores y vehículos que trabajan mediante plataformas como Uber y DiDi tendrían que registrarse ante la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, obtener un tarjetón de identificación y utilizar placas expedidas en la entidad, de aprobarse una iniciativa presentada por la bancada del PAN en el Congreso local.
La propuesta también obligaría a las unidades a contar con tarjeta de circulación queretana, engomado y holograma, mientras las empresas digitales tendrían que verificar que sus operadores y automóviles cumplan con estos requisitos antes de permitirles ofrecer viajes.
El coordinador parlamentario del PAN, Guillermo Vega Guerrero, presentó la reforma bajo tres ejes: seguridad para los usuarios, orden en la prestación del servicio y condiciones más equilibradas frente a taxistas y otras modalidades de transporte.
“Las plataformas ponen la tecnología, pero los conductores prestan el servicio y el Estado tiene la obligación de poner las reglas y vigilar que se cumplan”, sostuvo el legislador.
La iniciativa fue ingresada al Congreso, pero todavía deberá pasar por el análisis en comisiones y una eventual votación del Pleno. Por tanto, las nuevas obligaciones aún no se encuentran vigentes.
Las plataformas ya están reguladas
El planteamiento del PAN no parte de un vacío legal. La legislación estatal ya reconoce el transporte contratado mediante aplicaciones como “servicio de transporte a demanda” y faculta a la Agencia de Movilidad para registrar a las empresas que lo ofrecen.
Las plataformas ya deben estar registradas ante la autoridad; los vehículos tienen que encontrarse dados de alta dentro de alguna de ellas, y los conductores deben contar con licencia vigente y estar inscritos en una empresa autorizada.
La ley también establece que los operadores deben aprobar cursos, capacitaciones, exámenes de capacidad o evaluaciones psicométricas determinadas por las empresas, o contar con el Tarjetón de Identificación del Operador. Además, responsabiliza a las plataformas de verificar estos requisitos.
La modificación relevante sería, entonces, convertir el tarjetón en una obligación general, establecer un registro directo de vehículos ante la Agencia y exigir documentación vehicular del estado de Querétaro. No se trata solamente de “poner reglas” donde antes no existían, sino de endurecer y centralizar controles que actualmente se distribuyen entre las plataformas y la autoridad.
Una estimación sin padrón actualizado
Para justificar la reforma, Vega Guerrero indicó que hasta julio de 2023 había 6 mil 237 conductores activos de Uber y DiDi en Querétaro. Añadió que, en los últimos dos años, el número “cuando menos” se habría duplicado.
La segunda afirmación no fue acompañada de un registro actualizado de la Agencia, información proporcionada por las plataformas o una metodología que permita conocer cuántos operadores trabajan realmente en la entidad. Tampoco se distinguió entre conductores permanentes, ocasionales o registrados simultáneamente en más de una aplicación.
La diferencia es importante. Si existen más de 12 mil operadores, como sugiere la estimación panista, la Agencia tendría que demostrar que cuenta con personal, infraestructura y capacidad tecnológica para procesar registros, revisar vehículos, impartir capacitaciones y emitir identificaciones sin provocar retrasos que saquen temporalmente a miles de personas de la actividad.
La falta de un padrón actualizado también impide calcular cuántos conductores procedentes del Estado de México, Guanajuato, Hidalgo o San Luis Potosí quedarían excluidos o tendrían que cambiar las placas de sus vehículos.
Seguridad, pero ¿a qué costo?
La identificación de operadores y unidades puede facilitar revisiones, mejorar la trazabilidad y permitir que la autoridad intervenga cuando se detecten irregularidades. Sin embargo, la información presentada no incluyó estadísticas sobre delitos, accidentes o denuncias en viajes contratados mediante aplicaciones que permitan dimensionar el problema que se pretende resolver.
Tampoco se precisaron el costo del tarjetón y del registro, su vigencia, el plazo de renovación, los requisitos de capacitación, las sanciones por incumplimiento o el periodo de transición para quienes ya trabajan.
Exigir placas queretanas podría facilitar la supervisión local, pero también convertirse en una barrera de entrada para operadores de municipios limítrofes. Si la medida reduce el número de unidades disponibles, sus efectos podrían trasladarse a los tiempos de espera, las tarifas dinámicas y la cobertura en comunidades alejadas.
La iniciativa deberá explicar además qué ocurrirá con los datos personales y laborales reunidos por la Agencia, bajo qué condiciones podrían compartirse con las plataformas y qué mecanismos tendrán los conductores para impugnar una suspensión o negativa de registro.
El PAN aseguró que sostuvo mesas de trabajo con la Agencia de Movilidad. La construcción de una regulación equilibrada requerirá conocer también la posición de conductores, usuarios y empresas, particularmente sobre costos y viabilidad operativa.
La seguridad no depende únicamente de acumular documentos en el parabrisas. También requiere verificar antecedentes, condiciones mecánicas, seguros, identidad del operador, atención de emergencias y capacidad para investigar denuncias. El Congreso tendrá que demostrar que los nuevos requisitos responden a riesgos comprobados y no terminan convirtiéndose en otra ventanilla para quienes obtienen sus ingresos detrás del volante.