Una usuaria acusa que el municipio cobra nuevamente la identificación incluso a quienes se reinscriben. La convocatoria oficial confirma el pago, pero la administración de Roberto Cabrera debe explicar su fundamento, costo de producción y utilidad real.
San Juan del Río, Qro. — “Es el papelito más caro que hasta ahorita he comprado”. Así resume una usuaria de los talleres culturales municipales su inconformidad por la credencial que la Casa de Cultura de San Juan del Río cobra en 117.31 pesos y que, según la convocatoria correspondiente al segundo semestre de 2026, deben pagar tanto estudiantes de nuevo ingreso como quienes se reinscriben.
No es una credencial de plástico, con código, fotografía digitalizada o alguna tecnología que justifique por sí misma el precio. De acuerdo con la denuncia ciudadana, se trata de una identificación impresa en cartulina u opalina que las propias personas usuarias deben mandar a enmicar para evitar que se deteriore.
La inconformidad no radica únicamente en la calidad del documento. El problema central es que el cobro se repite cada semestre, incluso cuando la persona continúa dentro del mismo programa cultural.
La propia convocatoria municipal confirma una contradicción difícil de ignorar: para reinscribirse se solicita presentar la credencial correspondiente al periodo enero-junio de 2026, pero al mismo tiempo se exige pagar otros 117.31 pesos por la expedición de una nueva.
Es decir, la credencial anterior sirve para demostrar que la persona ya pertenece al programa, pero aparentemente deja de servir como identificación apenas comienza el siguiente semestre.
La entrada a un taller cuesta 586.55 pesos antes de comprar materiales
Para el periodo agosto-diciembre de 2026, el municipio estableció una cuota semestral de 469.24 pesos por los talleres de Casa de Cultura y Ciudad Vive Oriente, más 117.31 pesos por la credencial.
El desembolso inicial asciende así a 586.55 pesos por persona, sin contar fotografías, certificado médico, copias, materiales de trabajo, vestuario o instrumentos que pueda requerir cada actividad.
La identificación representa el equivalente al 25 por ciento de la inscripción semestral. Si se cobra dos veces durante el año, cada estudiante termina pagando 234.62 pesos únicamente por credenciales.
Para una familia con dos o tres hijos inscritos, el “papelito” deja de ser un cobro menor. Se convierte en otra barrera de acceso a programas que, por su naturaleza pública, deberían facilitar la participación cultural y no acumular trámites y cuotas sin explicación suficiente.
La denunciante recuerda que años atrás la credencial costaba entre 25 y 30 pesos. Ahora, asegura, cuesta casi cuatro o cinco veces más, pero conserva prácticamente la misma presentación.
También señala que en una hoja tamaño carta podrían imprimirse entre seis y ocho identificaciones. A la tarifa vigente, eso representaría cobros de entre 703.86 y 938.48 pesos por hoja. Este cálculo no prueba una ganancia indebida —porque el municipio puede incluir impresión, captura de datos y trabajo administrativo—, pero vuelve indispensable que publique el costo real de producción y explique cómo determinó la tarifa.
Una tarifa que el municipio debe fundamentar
Los 117.31 pesos corresponden exactamente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en 2026. Sin embargo, en la revisión de la tabla de derechos municipales disponible para ese ejercicio no fue posible localizar de manera clara un concepto de una UMA por expedición de credencial para talleres culturales.
La legislación consultada sí contempla cuotas para inscripciones semestrales, mensualidades, constancias de inscripción y otras actividades culturales. También establece cobros por credenciales en instalaciones acuáticas municipales, pero no aparece con igual claridad el fundamento específico de la identificación cultural cobrada en la convocatoria.
Esto no permite afirmar, por sí solo, que el cobro sea ilegal. Sí obliga al gobierno municipal a informar qué disposición lo autoriza, quién aprobó la tarifa, qué servicio cubre y por qué debe pagarse nuevamente cada seis meses.
La convocatoria difundida por el propio municipio confirma tanto la cuota semestral como el pago obligatorio de la credencial para inscripciones y reinscripciones.
La responsabilidad política llega hasta Roberto Cabrera
La trabajadora que recibe documentos o entrega credenciales no determina las tarifas. Tampoco debe convertirse en blanco del reclamo. La responsabilidad administrativa y política corresponde al Gobierno Municipal encabezado por Roberto Cabrera Valencia.
Es su administración la que organiza los talleres, emite las convocatorias, ejecuta los cobros y debe garantizar que cualquier derecho municipal tenga sustento legal, proporcionalidad y una contraprestación digna.
Cobrar por un documento no constituye automáticamente un abuso. Cobrarlo repetidamente, entregar un producto cuya calidad es cuestionada y no explicar públicamente su costo, duración ni fundamento sí representa una mala práctica administrativa que merece revisión.
La denuncia también abre un problema de transparencia sobre quién conduce actualmente la política cultural municipal. El nombramiento público más reciente localizado corresponde a Jacqueline García, presentada en octubre de 2024 como titular de la entonces denominada Dirección de Bellas Artes, luego de la salida de Aleyda Andrés Ibarra.
No obstante, durante 2026 las comunicaciones municipales volvieron a utilizar el nombre de Dirección de Cultura y el directorio público del gobierno no identifica con claridad a la persona responsable de esa área. El municipio también debe aclarar esa inconsistencia.
Las preguntas que Cabrera y Cultura deben responder
La administración municipal debe informar:
- ¿Qué artículo o disposición autoriza el cobro de 117.31 pesos por la credencial de talleres culturales?
- ¿Por qué una persona reinscrita debe comprar una identificación nueva cada semestre?
- ¿Cuál es el costo unitario de imprimirla y quién es el proveedor?
- ¿Cuántas credenciales fueron expedidas y cuánto dinero se recaudó durante 2025 y 2026?
- ¿Qué función cumple la credencial que no pueda mantenerse durante todo el año?
- ¿Se prometió sustituir la pieza de opalina por una identificación plástica?
- ¿Existen exenciones o apoyos para familias con varios integrantes inscritos?
- ¿Quién es actualmente responsable de la Dirección de Cultura o Bellas Artes?
La denuncia no acusa desvío de recursos ni demuestra la comisión de un delito. Lo que documenta es un cobro recurrente, una calidad cuestionada y una ausencia de información suficiente.
Por eso, antes de presumir que San Juan del Río fomenta la cultura, Roberto Cabrera debe explicar por qué acceder a un taller municipal comienza con una credencial desechable que cuesta 117 pesos y caduca políticamente cada seis meses, aunque físicamente todavía sirva.
La cultura pública no debería funcionar como ventanilla recaudadora. Mucho menos cuando el gobierno cobra por el mismo “papelito” una y otra vez sin explicar claramente qué cambió, qué cuesta y qué recibe realmente la ciudadanía.