Por Redacción LYPmultimedios
SANTIAGO DE QUERÉTARO. – Con el objetivo de proteger la libertad de asociación y cerrar el paso a presiones externas en la vida gremial, el diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Cárdenas Palacios, presentó una iniciativa de ley para armonizar la legislación de Querétaro con la reciente reforma federal en materia de autonomía sindical.
La propuesta legislativa, ingresada este 18 de febrero, busca tipificar como falta administrativa grave cualquier acto de injerencia por parte de servidores públicos en la organización, administración o elecciones de los sindicatos.
Armonización obligatoria
La iniciativa responde al mandato del artículo segundo transitorio de la reforma federal publicada el pasado 15 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha modificación alteró la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, obligando a las entidades federativas a adecuar sus marcos normativos.
En este sentido, el proyecto de Cárdenas Palacios plantea reformas directas a dos ordenamientos locales:
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.
Cero tolerancia a la intromisión
El núcleo de la propuesta radica en establecer un listado taxativo de conductas que se entenderán como “actos de injerencia”. De aprobarse, los funcionarios que intenten coaccionar, manipular o intervenir en la vida interna de los sindicatos enfrentarán sanciones administrativas severas, elevando el costo político y legal de estas prácticas.
“Se trata de garantizar que los sindicatos gocen de adecuada protección. El incumplimiento a esta disposición no será menor, será una falta grave”, se desprende del documento legislativo.
Sin impacto presupuestal
Desde una perspectiva técnica, el legislador aclaró que la aprobación de esta reforma no implica una carga adicional para el erario público, dado que se trata de una adecuación normativa de carácter jurídico y administrativo.
Con esta acción, el Congreso de Querétaro avanza hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho, alineándose con los estándares nacionales de respeto a la autonomía laboral y garantizando reglas claras para la convivencia entre el poder público y las organizaciones de trabajadores.
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