Por Redacción LYPmultimedios
SANTIAGO DE QUERÉTARO. – En un avance significativo para el fortalecimiento del marco jurídico con perspectiva de género y protección a las infancias, la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la LXI Legislatura local aprobó un paquete de cuatro dictámenes orientados a erradicar la violencia institucional, garantizar la salud integral y asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en la entidad.
El núcleo de la sesión legislativa celebrada este 25 de febrero de 2026 se centró en la reforma a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. La modificación, impulsada por la diputada Leonor Mejía Barraza, establece que el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias será un requisito ineludible para quienes aspiren a laborar en el servicio público o ya formen parte de la nómina estatal.
Para las legisladoras promoventes, esta medida trasciende el ámbito administrativo para convertirse en un imperativo ético de gobernanza, enviando un mensaje de cero tolerancia hacia los deudores alimentarios dentro de las instituciones del Estado.
“La pensión alimenticia no es un instrumento de confrontación entre personas adultas, es un derecho inherente a las hijas e hijos (…) Un servidor público que honra su obligación alimentaria demuestra que entiende que el interés superior de las infancias comienza en casa”, puntualizó Mejía Barraza durante su intervención.
Derechos de salud reproductiva y lactancia
En materia de igualdad sustantiva, la comisión aprobó adicionar el artículo 20 sexies a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia. Este dictamen prohíbe y sanciona cualquier acto de agresión, discriminación o exclusión hacia las mujeres que amamanten en espacios públicos o privados, blindando el derecho a la lactancia digna.
De forma paralela, se avaló una reforma transversal a las leyes de Educación, Igualdad Sustantiva y Desarrollo de los Jóvenes para integrar la “educación menstrual integral”. El proyecto, originado a partir del cabildeo de la Sociedad de Alumnos de Derecho de la Universidad Anáhuac y el Colectivo MenstruAcción, busca transformar la política de salud pública estatal, eliminando los tabúes en torno a la menstruación y garantizando el acceso a información científica en los centros educativos.
Movilidad y prevención del delito
Finalmente, el órgano legislativo aprobó un exhorto dirigido al Poder Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos para la implementación de “Senderos Seguros”. La política pública exigida plantea el rediseño del espacio urbano mediante mayor iluminación, recuperación de zonas abandonadas y presencia policial preventiva, con el objetivo de proteger el tránsito de mujeres y niñas hacia escuelas, centros de trabajo y paraderos de transporte público.
La aprobación de este paquete legislativo perfila una agenda estatal que busca materializar los derechos humanos en políticas públicas tangibles, obligando al aparato estatal a asumir un rol activo en la disminución de las brechas de desigualdad y la violencia de género. Los dictámenes pasarán al Pleno para su votación definitiva en los próximos días.
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