Por Redacción LYPmultimedios
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. – En Querétaro, el reloj de la historia parece marchar en sentido inverso. Desde la comodidad de un despacho forrado en caoba, emblema del paternalismo de Estado, el gobernador Mauricio Kuri ha emitido un mensaje que quedará registrado como uno de los retrocesos más flagrantes en materia de derechos humanos de la historia reciente del estado. Con el trazo de su pluma, anunció el veto a la Ley de Identidad de Género, negando a las infancias y adolescencias trans el derecho fundamental a existir legalmente de acuerdo con su autopercepción.
El mensaje audiovisual del mandatario, cuidadosamente articulado para apelar a las fibras del conservadurismo más rancio, se erige sobre un andamiaje de falacias que confunden deliberadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad con lo que él denomina, en un tono casi inquisitorial, una imposición de la «izquierda radical».
El pánico moral como política de Estado
Para justificar la negación de un derecho humano, Kuri recurrió a la táctica más antigua de la demagogia: el pánico moral. En su alocución, el gobernador afirmó sin ruborizarse que permitir el cambio de identidad en las actas de nacimiento abriría la puerta para que «una persona pueda incumplir con su pensión alimenticia» o que «un criminal oculte su personalidad inicial».
Semejante aseveración es una aberración jurídica. En el Estado mexicano, la rectificación de la identidad de género no borra el historial legal, penal ni las obligaciones civiles de un individuo; la Clave Única de Registro de Población (CURP) mantiene vinculada la trazabilidad de la persona. Sugerir que una ley diseñada para proteger a una de las minorías más vulnerables y violentadas del país es un salvoconducto para delincuentes y deudores alimentarios no es un simple error de apreciación; es una estigmatización calculada. Es violencia institucional en su forma más pura.
La pseudociencia y el monopolio de «La Familia»
«La madurez llega en momentos precisos. Los estudios científicos así lo demuestran», argumentó el mandatario para justificar la supuesta incapacidad de los menores para definir su identidad. Sin embargo, omite convenientemente que la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Pediatría y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconocen que el reconocimiento de la identidad de género en infancias reduce drásticamente las alarmantes tasas de suicidio y depresión en la juventud trans. La ciencia a la que apela Kuri parece ser un dogma a la medida de sus prejuicios.
El clímax de su retórica anacrónica llegó con la frase: «La familia no se toca». Cabe preguntarse: ¿De qué familia habla el gobernador? Evidentemente, solo de la familia heteronormada. Kuri olvida —o elige ignorar— que las infancias trans también tienen familias; madres y padres que luchan desesperadamente contra la burocracia de un Estado que prefiere invisibilizar a sus hijos antes que reconocerlos. Al vetar esta ley, Kuri no está protegiendo a «la familia», está condenando a miles de familias diversas a la marginación, el acoso escolar y la negación de su ciudadanía.
Mauricio Kuri ha decidido gobernar para la complacencia de una élite moral que se resiste a perder el monopolio de la normalidad. Al cerrar esta puerta, como él mismo se jactó de hacerlo, Querétaro se aísla como un bastión del oscurantismo, mientras el resto del mundo avanza hacia la empatía y la inclusión. El veto podrá ser legal bajo sus facultades constitucionales, pero carece de toda legitimidad moral frente al escrutinio de la historia.
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