Chepe Guerrero entrega iniciativa

El debate vuelve a la tribuna: Corregidora y el Congreso abren la discusión sobre la justicia penal para adolescentes

Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (27 de mayo de 2026). – Legislar sobre seguridad pública siempre implica caminar sobre la delgada línea que divide la exigencia de orden con la preservación de los derechos fundamentales. Cuando esta ecuación involucra a menores de edad, el reto adquiere dimensiones éticas, jurídicas y sociales de máxima complejidad.

En un escenario de madurez institucional y diálogo republicano que contrasta con la polarización de los últimos días, el presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz (Morena), recibió de manos del presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala (PAN), una propuesta clave en la materia: la “Iniciativa Querétaro por la Seguridad y la Justicia Especializada frente a delitos de alto impacto cometidos por adolescentes”.

El acto protocolario contó con el acompañamiento de una nutrida representación de legisladores, destacando el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Guillermo Vega Guerrero, así como las diputadas Verónica Galicia y Juliana Hernández, y los legisladores Antonio Zapata, Gerardo Ángeles, Mauricio Cárdenas y Enrique Correa.

Frenar la impunidad sin criminalizar a la juventud

La iniciativa entregada por el alcalde Josué Guerrero busca dotar al Estado y a los 18 municipios de herramientas jurídicas más eficientes para actuar y responder ante delitos de extrema violencia perpetrados por adolescentes. El debate de fondo no es menor: el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos delictivos organizados se ha convertido en una problemática nacional que requiere una redefinición de los esquemas de prevención y sanción penal.

No obstante, la propuesta de Corregidora se cuida de no caer en la retórica de la simple mano dura o en la estigmatización de los sectores jóvenes vulnerables.

“Esta iniciativa no busca criminalizar a las juventudes. Lo que busca es proteger a las familias queretanas, evitar que la impunidad se normalice y cerrar de manera definitiva los espacios de operación que el crimen organizado encuentra en este sector de la población”, enfatizó el alcalde Guerrero Trápala, coincidiendo en la urgencia de mantener un enfoque prioritario de reinserción social y de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Menos redes sociales, más debate parlamentario

Más allá de los alcances técnicos de la iniciativa, la entrega del documento sirvió para que el presidente del Congreso local, Sinuhé Piedragil, pusiera sobre la mesa una pertinente reflexión sobre las formas de hacer política en la actualidad.

El diputado morenista defendió la necesidad de rescatar el valor de la tribuna parlamentaria como el foro legítimo y natural para la confrontación constructiva de ideas, lamentando la tendencia de algunos actores políticos de trasladar los debates de interés público a la superficialidad de las plataformas digitales o las batallas mediáticas unilaterales.

“La representación es un acto público de frente al pueblo y es en la tribuna en donde se manifiestan y defienden las diferentes posiciones. Es ahí donde la ciudadanía quiere vernos, dirimiendo temas trascendentes para la entidad, y no en las redes sociales o en los medios de comunicación”, sostuvo Piedragil Ortiz.

El alcalde Josué Guerrero respaldó este llamado, coincidiendo en que el intercambio de ideas respetuoso, apegado a la Ley Orgánica de la Legislatura, es el único camino viable para construir soluciones sólidas.

La recepción de esta iniciativa abre una conversación fundamental para Querétaro: ¿cómo estructurar un sistema de justicia especializada para adolescentes que sea verdaderamente disuasivo contra la violencia extrema sin descuidar el tejido educativo y de oportunidades que evita que los jóvenes se unan a las filas delictivas? Al canalizar este debate directamente a la tribuna, el Congreso y el municipio de Corregidora envían una señal de civilidad institucional, demostrando que la seguridad del estado está por encima de las divisiones partidistas.

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