Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 13 de julio de 2026.— Una situación migratoria irregular no cancela el derecho a la vida. Tampoco convierte una muerte bajo custodia en un trámite administrativo ni permite que un operativo termine sin una investigación independiente.
Con ese reclamo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó este lunes a partidos políticos, al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana a cerrar filas frente a las posibles violaciones de derechos humanos cometidas contra connacionales en Estados Unidos.
El pronunciamiento acompañó el anuncio de acciones legales por 17 personas mexicanas fallecidas en casos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE.
De acuerdo con el registro presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, 14 de las muertes ocurrieron mientras las personas se encontraban bajo custodia en centros de detención migratoria y tres durante operativos de la agencia.
“Hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos”, expresó Sheinbaum.
México pasa del reclamo diplomático a la vía judicial
La decisión representa una escalada en la respuesta mexicana.
El Gobierno federal informó que recurrirá al Departamento de Justicia y a fiscalías estatales de Estados Unidos para solicitar investigaciones penales contra quien resulte responsable. También prepara acciones civiles relacionadas con compañías privadas encargadas de operar algunos centros de detención migratoria.
El canciller Roberto Velasco explicó previamente que México decidió avanzar más allá de los canales diplomáticos después de solicitar información y esclarecimiento a las autoridades estadounidenses. De acuerdo con Reuters, la estrategia también contempla demandas contra operadores privados de centros donde han muerto personas mexicanas.
Velasco, quien encabeza actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, sobre las acciones penales y civiles que impulsaría el Gobierno mexicano. Ambos cargos están confirmados por las instituciones correspondientes.
Al cierre de esta nota, la información pública disponible indicaba que las denuncias serían presentadas durante este lunes, pero todavía no se encontraba disponible un acuse que permitiera conocer ante qué fiscalías fue radicado cada expediente, bajo qué figura jurídica y con qué número de caso.
La cifra no puede convertirse en una sentencia automática
El dato de 17 personas fallecidas exige una investigación rigurosa, pero no permite afirmar que todos los casos sean idénticos ni que la responsabilidad penal esté ya determinada.
Morir bajo custodia de una institución genera una obligación reforzada de explicación. La autoridad controla la movilidad, alimentación, atención médica, seguridad y acceso al exterior de la persona detenida. Por ello, debe documentar qué ocurrió, qué atención se proporcionó y si existieron omisiones evitables.
En los fallecimientos ocurridos durante operativos, las investigaciones deben determinar si el uso de la fuerza fue necesario, proporcional y compatible con la legislación estadounidense.
El Departamento de Seguridad Nacional rechazó que haya aumentado la tasa de muertes dentro del sistema de detención y aseguró que las personas bajo custodia reciben debido proceso, alimentos, agua y atención médica. Esa postura oficial no resuelve los expedientes individuales ni sustituye las investigaciones solicitadas por México.
La exigencia responsable no consiste en dictar culpabilidades desde una conferencia. Consiste en impedir que la propia agencia señalada sea la única encargada de explicar lo ocurrido.
Lorenzo Salgado: el caso que elevó la tensión
La respuesta mexicana cobró mayor intensidad después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano de 52 años que fue baleado el 7 de julio durante un operativo migratorio en Houston, Texas.
Las versiones sobre el hecho son contradictorias.
El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Salgado intentó evadir el arresto y utilizó su vehículo de manera que puso en peligro a agentes. Testigos que viajaban con él rechazaron esa versión y aseguraron que ningún integrante de ICE estaba en riesgo cuando ocurrió el disparo. El instituto forense del condado Harris clasificó la causa como homicidio por herida de arma de fuego; en términos forenses, esa categoría describe la acción de otra persona, pero no determina automáticamente que exista responsabilidad criminal.
Además, el director interino de ICE reconoció que Salgado no era el objetivo principal del operativo, mientras autoridades locales comenzaron a reunir elementos para esclarecer la actuación del agente.
El caso resume la razón por la que la transparencia es indispensable: cuando las versiones oficiales y testimoniales se contradicen, la respuesta no puede ser propaganda de uno u otro gobierno. Debe ser evidencia.
El estatus migratorio no disminuye los derechos humanos
La narrativa que criminaliza a las personas migrantes suele presentar la deportación, la detención e incluso la muerte como consecuencias naturales de haber ingresado o permanecido sin autorización en otro país.
No lo son.
Una falta migratoria no elimina el derecho a recibir atención médica, informar a la familia, consultar a un abogado, solicitar asistencia consular y permanecer a salvo mientras se encuentra bajo control de una autoridad.
Quienes migran suelen trabajar en la agricultura, construcción, cuidado de personas, limpieza, restaurantes, fábricas y servicios que sostienen una parte importante de la economía estadounidense. Su aportación no desaparece cuando cambia el discurso político ni cuando una administración endurece sus controles.
La defensa de sus derechos tampoco debería depender de si tienen documentos, de cuánto tiempo llevan viviendo en Estados Unidos o de si resultan útiles para una narrativa electoral.
El llamado a la unidad también es una jugada política
Sheinbaum pidió que todos los partidos representados en la Comisión Permanente del Congreso manifiesten su rechazo a las posibles violaciones de derechos humanos.
La convocatoria tiene una dimensión legítima: la protección de connacionales en el extranjero debería trascender las diferencias partidistas.
Pero también produce un efecto político.
El mensaje coloca a la oposición ante una decisión incómoda: acompañar el pronunciamiento del Gobierno y permitir que Sheinbaum encabece la narrativa de defensa nacional, o distanciarse y correr el riesgo de parecer indiferente frente a las muertes de personas mexicanas.
La respuesta democrática no debería consistir en rechazar el llamado por provenir del oficialismo ni en firmar un respaldo sin exigir resultados.
El Congreso puede acompañar la defensa de las víctimas y, al mismo tiempo, pedir información periódica sobre las denuncias, la asistencia a las familias, los recursos destinados a litigios y las respuestas de las autoridades estadounidenses.
La solidaridad nacional no significa entregar un cheque en blanco al Ejecutivo. Significa convertir una causa compartida en una política sometida a vigilancia pública.
Defender a los migrantes sin romper la relación bilateral
Sheinbaum subrayó que las acciones legales no buscan provocar un conflicto con Estados Unidos, país con el que México mantiene una relación profunda en comercio, seguridad, migración y vida fronteriza.
La afirmación intenta sostener un equilibrio complejo: cooperar con Washington en asuntos estratégicos y, al mismo tiempo, confrontar a sus instituciones cuando existan indicios de abusos.
La cooperación no exige silencio.
De hecho, una relación bilateral madura debería permitir que México cuestione la actuación de ICE sin que cada reclamo sea interpretado como hostilidad y que Estados Unidos solicite evidencia cuando observe posibles violaciones en territorio mexicano.
La diplomacia pierde legitimidad cuando se utiliza únicamente para evitar tensiones. Su función también es proteger personas, exigir información y abrir caminos jurídicos cuando las conversaciones políticas no producen respuestas.
Las familias necesitan algo más que indignación
Detrás del número 17 existen familias que necesitan conocer qué ocurrió durante las últimas horas de vida de sus seres queridos.
Necesitan expedientes médicos, videos, testimonios, reportes de los agentes, autopsias independientes, acceso a abogados y explicaciones sobre posibles retrasos en la atención.
También requieren que los consulados mexicanos informen con claridad:
- Qué acompañamiento jurídico recibirán.
- Qué gastos cubrirá el Gobierno mexicano.
- En qué fiscalía se encuentra cada caso.
- Qué autoridad estadounidense investiga.
- Si existen acciones civiles contra los centros privados.
- Qué mecanismos de reparación pueden solicitar.
- Cómo se protegerán sus datos y su seguridad.
La muerte de una persona migrante no puede terminar reducida a una estadística utilizada durante una conferencia y olvidada cuando el tema abandona los titulares.
El examen será obtener justicia, no solamente unidad
El llamado presidencial puede generar una posición común dentro de México. Pero el verdadero desafío está del otro lado de la frontera.
Las denuncias deberán cumplir las reglas de cada jurisdicción estadounidense, identificar posibles responsables y enfrentar instituciones con recursos jurídicos amplios. Las acciones civiles contra empresas privadas también necesitarán demostrar negligencias, incumplimientos y una relación concreta entre las condiciones de detención y cada fallecimiento.
México tendrá que informar incluso cuando los resultados no sean inmediatos o favorables.
La rendición de cuentas exige evitar dos extremos: convertir cada muerte en prueba automática de una política criminal o aceptar sin cuestionamientos la versión de la agencia que tenía a las personas bajo su control.
Diecisiete muertes no pueden quedar atrapadas entre dos gobiernos que defienden sus respectivas narrativas.
Sheinbaum pidió que México alce la voz. Ahora la SRE deberá demostrar que esa voz puede convertirse en expedientes, investigaciones, reparación para las familias y garantías de que ninguna persona sea tratada como prescindible por no tener un documento migratorio.
Porque una frontera puede separar territorios. No debería separar a una persona de sus derechos.