Por: Redacción de LYPmultimedios
Querétaro, Querétaro, 13 de julio de 2026.— Un accidente puede dañar un automóvil. Pero, según una denuncia realizada públicamente, en Tequisquiapan también podría desencadenar otro problema: que una grúa traslade el vehículo a un municipio distinto, que la cuenta aumente mientras se recorren kilómetros y que ninguna autoridad explique con claridad quién autorizó el servicio.
Una persona que se identificó como representante de Grúas Valle Franco acusó que empresas procedentes de Colón y Cadereyta estarían atendiendo hechos de tránsito, infracciones y aseguramientos ocurridos en Tequisquiapan, aunque —según su testimonio— no contarían con las concesiones necesarias para operar en el municipio.
La denuncia no solo apunta a las empresas. Coloca directamente bajo presión política al presidente municipal, Héctor Magaña Rentería, porque el expositor aseguró haber entregado escritos al gobierno municipal y recibir respuestas evasivas.
“Él nos contesta con evasivas, que no está enterado, que no sabe”, afirmó el denunciante al referirse al alcalde.
Hasta el momento, esas afirmaciones no han sido acreditadas mediante documentos anexos. Pero la gravedad del señalamiento exige una respuesta institucional que vaya más allá de decir que el presidente no estaba informado.
La acusación: vehículos que salen de Tequisquiapan
El representante de Grúas Valle Franco señaló directamente a Grúas San Fernando, empresa que —de acuerdo con su versión— estaría retirando automóviles de Tequisquiapan y llevándolos a depósitos ubicados en Colón o Ezequiel Montes.
También mencionó a Grúas Nancy y J.V. Barrón, de Cadereyta, y afirmó que vehículos retirados dentro de Tequisquiapan serían trasladados hasta corralones de ese municipio.
El denunciante sostuvo que estos servicios se realizarían con el conocimiento o tolerancia de autoridades municipales y estatales. Afirmó además que ya se presentaron inconformidades ante la AMEQ y la Fiscalía Anticorrupción, pero el material entregado a este medio no incluye números de expediente, fechas de recepción o respuestas oficiales.
La precisión es indispensable: que una empresa provenga de otro municipio no vuelve ilegal automáticamente un servicio. Lo que debe acreditarse es si cuenta con concesión o permiso vigente, si la autoridad competente la solicitó, si respetó su zona de operación y si llevó el vehículo al depósito autorizado más cercano.
El gobierno municipal no puede limitarse a decir “no sé”
La vigilancia general de las concesiones corresponde a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro. Sin embargo, los municipios participan directamente cuando el servicio de grúa deriva de infracciones municipales, hechos de tránsito o aseguramientos ejecutados por sus policías.
Un documento presentado en el Congreso de Querétaro en febrero de 2026 reconoce que los gobiernos municipales intervienen en la operación cotidiana del servicio y que la falta de coordinación y revisión de concesiones puede propiciar abusos contra la ciudadanía.
Por ello, existe una pregunta que Héctor Magaña y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal deben responder:
Cuando un policía municipal necesita retirar un vehículo, ¿quién decide qué grúa recibe la llamada?
El presidente municipal no necesita ser la autoridad que expide una concesión estatal para saber qué empresas son convocadas por su propia Policía Municipal.
Si el Ayuntamiento no realiza esas solicitudes, debe aclarar qué autoridad las efectúa. Si sí las realiza, debe contar con registros, bitácoras, turnos, permisos y datos sobre el destino de cada unidad.
No saber quién se lleva los vehículos de la ciudadanía no sería una defensa política. Sería una admisión de falta de control.
La ley ordena llevar el vehículo al depósito autorizado más cercano
La Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de Querétaro establece que el depósito y guarda de vehículos debe realizarse en el establecimiento autorizado más cercano al lugar donde se encuentra la unidad.
La legislación también prohíbe expresamente enviar vehículos a lugares que no cuenten con una concesión otorgada por la autoridad estatal.
Esto no significa que un vehículo jamás pueda salir del municipio donde ocurrió el incidente. Si no existe un espacio autorizado disponible, puede resultar necesario utilizar otro depósito.
Pero cualquier traslado debe poder justificarse.
La autoridad tendría que explicar por qué un automóvil fue llevado a Colón, Cadereyta o Ezequiel Montes; cuál era el depósito autorizado más próximo; qué empresa realizó el arrastre; cuánto recorrió; qué maniobras efectuó y bajo qué tabulador calculó el cobro.
Sin esa trazabilidad, la persona propietaria queda atrapada en una cadena donde la misma autoridad que ordena retirar el vehículo no siempre puede explicar cuánto terminará pagando para recuperarlo.
El padrón público está desactualizado
La revisión de LYPmultimedios encontró otro problema: la AMEQ mantiene en su apartado público de grúas y corralones un padrón de concesiones para depósito y guarda fechado en 2021.
Ese documento registra una concesión en Tequisquiapan, identificada como DGT-6001, a nombre de Rosa María Franco de Anda y con ubicación en Hacienda Grande. También incluye depósitos en Colón, Cadereyta y Ezequiel Montes.
El nombre comercial Grúas San Fernando no aparece en ese padrón. Sin embargo, esto no permite concluir que carezca actualmente de cualquier autorización, porque:
- El documento tiene cinco años de antigüedad.
- Solo corresponde a depósito y guarda.
- Una razón social puede operar con un nombre comercial diferente.
- No muestra necesariamente permisos temporales, refrendos o modificaciones posteriores.
La falta de un padrón actualizado, fácilmente consultable y con nombre comercial, razón social, número de concesión, unidades autorizadas, municipio, vigencia y ubicación de depósitos alimenta precisamente la opacidad que ahora se denuncia.
La nueva iniciativa presentada en el Congreso local propone crear un sistema digital de seguimiento y un padrón público de concesionarios para que cualquier usuario pueda verificar si la grúa que llegó al lugar está autorizada.
Cobros de hasta 150 mil pesos: una acusación que necesita facturas
El denunciante habló de montos que, de comprobarse, resultarían alarmantes:
- Entre 7 mil y 10 mil pesos por motocicletas.
- Entre 10 mil y 50 mil pesos por automóviles.
- Entre 100 mil y 150 mil pesos en maniobras relacionadas con tractocamiones o salidas de camino.
Los montos provienen exclusivamente de su testimonio. La transcripción no contiene facturas, memorias descriptivas de las maniobras, distancias, días de depósito o comparaciones con el tabulador autorizado.
Por tanto, LYPmultimedios no puede afirmar que esas cantidades hayan sido cobradas en casos concretos ni que constituyan automáticamente un abuso.
Pero tampoco se trata de un problema inventado en el vacío.
Transportistas y legisladores han denunciado reiteradamente cobros excesivos, opacidad tarifaria y operación de grúas sin permiso en Querétaro. En septiembre de 2025, el director de la AMEQ reconoció públicamente un déficit de grúas concesionadas y señaló que los municipios solo deben recurrir a unidades con concesión estatal. También informó que diez grúas habían sido sancionadas por operar fuera de la ley durante ese año.
El Congreso estatal ha recibido además propuestas para revisar concesiones, fortalecer inspecciones, transparentar tarifas y sancionar irregularidades en los 18 municipios.
El denunciante también tiene un interés comercial
La acusación proviene de una empresa que participa en el mismo mercado y que, según el padrón público de 2021, está relacionada con el único depósito concesionado que entonces aparecía registrado para Tequisquiapan.
Ese dato no invalida su testimonio, pero obliga a examinarlo con mayor rigor.
El conflicto puede tener una dimensión de interés público y, simultáneamente, una disputa económica entre prestadores que compiten por recibir servicios de arrastre.
Por eso se necesitan pruebas que trasciendan la palabra de una empresa:
- Folios de las denuncias presentadas.
- Fotografías de las grúas y sus números de concesión.
- Bitácoras de los servicios ordenados por la Policía Municipal.
- Facturas entregadas a usuarios.
- Registros de ingreso a los depósitos.
- Comunicaciones entre AMEQ y el Ayuntamiento.
- Convenios, contratos o listas de turnos.
La transparencia es la única forma de distinguir entre una denuncia legítima, una disputa comercial y una posible red de favoritismos.
Ocho preguntas que Héctor Magaña debe responder
La acusación puede desmontarse con documentos. El silencio, en cambio, la fortalece.
El gobierno municipal debe explicar públicamente:
- ¿Qué empresas de grúas reciben llamadas de la Policía Municipal de Tequisquiapan?
- ¿Existe un sistema de turnos, convenio, contrato o procedimiento de asignación?
- ¿Grúas San Fernando ha prestado servicios solicitados por autoridades municipales?
- ¿Qué concesión, permiso o autorización respalda esos servicios?
- ¿Cuántos vehículos fueron retirados durante 2025 y 2026 y a qué depósitos fueron enviados?
- ¿Por qué algunos vehículos habrían sido trasladados fuera de Tequisquiapan?
- ¿La AMEQ remitió al municipio un listado de prestadores autorizados y qué hizo el Ayuntamiento con esa información?
- ¿El Órgano Interno de Control ha recibido denuncias relacionadas con grúas o corralones?
No se requiere revelar datos personales de conductores o carpetas de investigación. Basta con publicar versiones estadísticas, convenios, concesiones y bitácoras testadas.
La responsabilidad política no puede ser remolcada
No existe responsabilidad política no puede ser remolcada
No existe, hasta ahora, evidencia pública suficiente para afirmar que Héctor Magaña introdujo deliberadamente a una empresa irregular, que recibió un beneficio o que participó en un acto de corrupción.
Afirmarlo como un hecho sería irresponsable.
Lo que sí existe es una acusación pública que describe presuntas irregularidades dentro de un servicio en el que intervienen autoridades municipales. Y frente a eso, el presidente no puede responder únicamente que no sabía.
La lectura política es inevitable.
Magaña gobierna Tequisquiapan bajo una narrativa de transformación, cercanía y ruptura con prácticas anteriores. Una administración que promete cambiar el ejercicio del poder debe mostrar quién recibe los servicios concesionados, por qué los recibe y bajo qué reglas.
Si la denuncia es falsa, el Ayuntamiento puede desmentirla en una tarde: basta con publicar las concesiones, las bitácoras, los destinos y los registros de llamadas.
Si es verdadera, el problema sería mucho mayor que una disputa entre empresas. Estaríamos ante posibles omisiones administrativas, tolerancia institucional o utilización discrecional de un servicio que afecta directamente el patrimonio de las familias.
Corresponderá a la AMEQ, al Órgano Interno de Control y, en su caso, a las fiscalías determinar si existen responsabilidades legales.
A la prensa le corresponde preguntar.
Y la pregunta en Tequisquiapan ya no puede ser esquivada: ¿quién está decidiendo qué grúa se lleva los vehículos de la ciudadanía y por qué el gobierno municipal no lo explica?
Porque en Tequisquiapan un automóvil puede terminar en otro municipio. La responsabilidad política no debería desaparecer por la misma carretera.