Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 14 de julio de 2026.— Hay días legislativos que parecen trámite y terminan siendo balance. Este martes, en el salón de plenos de la LXI Legislatura, el Congreso de Querétaro hizo dos cosas que rara vez se piensan juntas y que, sin embargo, hablan del mismo asunto: quién paga los costos de lo que decidimos como sociedad, y quién tiene permitido decidir. Por un lado, se le puso precio al aire que se ensucia. Por el otro, se le puso ley a un derecho que hasta ayer dependía de la buena voluntad de los partidos.
El aire tiene ahora una declaración anual
El primer dictamen del día no tuvo la épica de las cifras electorales, pero sí una instrucción concreta: a partir de esta reforma a la Ley de Hacienda del Estado, quienes emitan bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos o hexafluoruro de azufre —los seis gases que la ciencia climática reconoce como motores del calentamiento global— deberán declararlo y pagar un impuesto cada año, a más tardar el 22 de julio. La modificación no nació de una ocurrencia local: respondió a una observación de la Auditoría Superior de la Federación, que pidió precisar con exactitud qué contaminantes se gravan y cómo se reparten los recursos, para que ningún componente del cobro quedara en la ambigüedad.
Ahí no terminó el dictamen. También se tocó un mecanismo menos visible, pero con consecuencias muy concretas para las finanzas municipales: el 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal —comparado contra los niveles de 2013— solo se repartirá entre los ayuntamientos que tengan firmado y vigente un convenio de cobro del predial con el Ejecutivo estatal. Traducido a la vida cotidiana: el municipio que no colabore con el Estado en la recaudación del predial se queda fuera de una parte de las participaciones que le corresponderían. Es una manera, poco discutida en el debate público, de premiar la corresponsabilidad fiscal entre niveles de gobierno.
El artículo que Querétaro discutió durante una semana
Si el primer punto del orden del día fue técnico, el segundo fue, sin exagerar, el que definirá cómo se ve el poder local en Querétaro durante el próximo proceso electoral. Con 19 votos a favor y 6 en contra, el Pleno aprobó el acumulado de dieciséis iniciativas que reforman la Ley Electoral del Estado: el mismo dictamen que una semana antes había salido de comisión entre elogios de la bancada de Morena y el desacuerdo de tres legisladoras de oposición.
El corazón de la discusión siguió siendo el artículo 166. La ley aprobada obliga, por primera vez de manera expresa, a que los partidos postulen mujeres para encabezar planillas de ayuntamiento en al menos dos de los municipios donde, hasta hoy, ninguna mujer ha llegado a la presidencia municipal por voto popular. No es un matiz menor: durante años, la paridad numérica —la mitad de las candidaturas para mujeres— convivió sin contradicción con la costumbre de enviarlas a competir en los lugares donde el partido sabía, de antemano, que iba a perder.
El diputado Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva, calificó el resultado como «un dictamen sólido, equilibrado y construido desde la pluralidad», y subrayó que la reforma no se limita a garantizar el 50% de mujeres en candidaturas y en la integración de los órganos de representación, sino que incorpora acciones afirmativas para los municipios, algo que definió como «una deuda histórica».
Los números que la diputada Tovar puso sobre la mesa
La intervención que mejor explicó por qué esta reforma no es solo un ejercicio de buena fe corrió a cargo de la diputada Andrea Tovar Saavedra. Recordó que en 2021 Querétaro llegó a la paridad numérica perfecta: el mismo número de candidatos hombres y mujeres. Y que en 2024 hubo, incluso, más candidatas que candidatos a las presidencias municipales: 57 mujeres contra 52 hombres. El resultado final, sin embargo, fue de apenas cuatro mujeres electas como presidentas municipales. La paridad en la boleta, dijo en sustancia la legisladora, no se ha traducido en paridad en el poder. Es exactamente la brecha que el nuevo artículo 166 intenta cerrar, no ya con una cuota de candidaturas, sino con una cuota de municipios donde se garantiza competitividad real.
Una discusión que Morena no cerró puertas adentro
Lo más revelador del Pleno de este martes no fue el resultado —que ya se veía venir desde la sesión de comisión—, sino el hecho de que la discusión sobre qué tan lejos debía llegar la reforma siguió viva dentro de la propia bancada mayoritaria. La diputada Rosalba Vázquez Munguía, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos e integrante del Grupo Legislativo de Morena, anunció públicamente su voto en contra del dictamen, al considerar que la vía elegida para armonizar la paridad y la perspectiva de género resultaba insuficiente frente a los criterios constitucionales en la materia. Presentó, además, una reserva para obligar explícitamente a los partidos a garantizar la postulación de mujeres al frente de planillas en al menos dos municipios sin antecedente de gobierno femenino electo; la reserva no prosperó.
A esa misma exigencia de ir más lejos se sumó la diputada Blanca Benítez, quien respaldó la propuesta de que la obligación se extendiera a tres municipios en lugar de dos, con un argumento que trascendió el trámite legislativo: «en pleno 2026 hay municipios del estado en donde ninguna mujer ha sido electa por medio del voto popular», y llamó a los propios militantes de su partido a no repetir la fórmula de «prometer igualdad en el discurso y negársela en la realidad». Por la vía opuesta, la diputada priista Adriana Meza Argaluza insistió en su propia reserva para elevar de dos a tres los municipios obligados; tampoco alcanzó los votos.
Que ninguna de las dos reservas —una de oposición, otra surgida de las propias filas de Morena— haya prosperado no cierra la conversación: la confirma. Lo que el Pleno aprobó este martes es, en los hechos, un piso, no un techo, tal como quedó asentado en los propios considerandos del dictamen, que definen la regla del 50% como un mínimo a interpretarse siempre bajo el principio pro persona y de progresividad de los derechos político-electorales. La puerta para exigir tres, cuatro o los cinco municipios más poblados —Querétaro, El Marqués, Colón, Tequisquiapan y Amealco, los que concentran más votos y más poder— sigue abierta para la próxima legislatura.
Lo que queda
Con esta reforma, Querétaro llega al proceso electoral 2026-2027 con una Ley Electoral renovada, que además moderniza la operación del Instituto Electoral con firma electrónica, notificaciones digitales y audiencias a distancia, y que endurece las sanciones contra la violencia política de género. Pero el dato que probablemente se repita en las próximas semanas de campaña no será el de los dieciséis dictámenes fusionados, sino el que compartió la diputada Tovar: 57 candidatas, 52 candidatos, cuatro presidencias. La ley ya cambió. La aritmética real del poder todavía tiene una cuenta pendiente, y en Querétaro, esa cuenta ahora tiene fecha: 2027.