Por: Redacción de LYPmultimedios
San Juan del Río, Querétaro, 3 de agosto de 2026.— Al menos 140 trabajadores municipales perdieron su empleo durante la reingeniería administrativa encabezada por José Miguel Valencia Molina. Los salarios de los funcionarios del primer nivel, en cambio, quedaron fuera del ajuste. Dos meses después de reconocer esas cifras, Valencia deja la Secretaría de Administración sin que el alcalde Roberto Cabrera Valencia explique la causa de su salida ni presente un balance verificable de su gestión.
El gobierno municipal se limitó a agradecerle su “trabajo profesional, compromiso y dedicación”. No informó si presentó su renuncia, fue removido o recibirá otro encargo. Tampoco dio a conocer la fecha efectiva del relevo, un acta de entrega-recepción, el estado de los contratos, los litigios laborales, las plazas eliminadas o el costo de las liquidaciones.
En su lugar llegará Óscar Alcántara Peña, hasta ahora secretario del Ayuntamiento y veterano del mismo aparato gubernamental. Miguel Ángel Jiménez Evangelista, quien ya trabajaba en el área jurídica municipal, ascenderá a la Secretaría del Ayuntamiento.
El movimiento no refresca al gabinete: redistribuye poder entre funcionarios que ya participaban en las decisiones de la administración de Cabrera.
Una secretaría que controla mucho más que escritorios
La Secretaría de Administración maneja los recursos humanos, materiales y técnicos del municipio. Bajo su esfera se encuentran las direcciones de Recursos Humanos, Adquisiciones, Informática, Servicios Internos, Seguridad Social e Infraestructura interna. También interviene en compras, enajenaciones y contratación de servicios, de acuerdo con la descripción oficial de la dependencia.
No se trata, por tanto, de un relevo protocolario. Alcántara recibirá una oficina que controla la nómina, las compras públicas, los proveedores y parte de la infraestructura operativa del Ayuntamiento.
La legislación estatal permite al presidente municipal nombrar y remover libremente al titular de Administración. El caso de Miguel Ángel Jiménez es distinto: el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal establece que el secretario del Ayuntamiento debe ser propuesto por el alcalde y ratificado por mayoría simple del Cabildo. Si la propuesta es rechazada, el presidente debe presentar una terna. El comunicado no precisa si esa votación ya ocurrió ni proporciona el acta correspondiente.
La confianza del alcalde no sustituye esa ratificación ni el derecho ciudadano a conocer el currículum, los intereses económicos y las responsabilidades previas del nuevo funcionario.
Valencia: despidos abajo, salarios intactos arriba
El principal legado público de Valencia es la reducción de personal. En enero aseguró que entre 43 y 49 bajas realizadas durante 2025 habían generado un ahorro anual de entre 1.5 y dos millones de pesos. Para 2026 planteó eliminar alrededor de 200 puestos y ahorrar cerca de 100 millones de pesos.
Para mayo, el propio funcionario reconoció 140 despidos y calculó un ahorro de entre 1.5 y dos millones de pesos por catorcena, aproximadamente cuatro millones mensuales. También afirmó que el gobierno no contemplaba disminuir los salarios de los funcionarios del primer nivel.
Las cantidades corresponden a momentos y universos laborales diferentes, pero el Ayuntamiento nunca publicó una conciliación que permita conocer el ahorro neto: cuánto se pagó en liquidaciones, cuántos puestos fueron realmente suprimidos, cuántos volvieron a ocuparse y qué servicios quedaron con menos personal.
La salida de Valencia ocurre, además, después de meses de tensión sindical. La administración tuvo que nivelar los salarios de 65 trabajadores y reinstalar a dos empleados como parte de los acuerdos alcanzados con el sindicato. En mayo todavía preparaba la licitación del servicio hospitalario para la plantilla municipal. Esos compromisos formaban parte de las negociaciones para evitar una huelga.
Nada de ese expediente aparece en la despedida oficial. Cabrera elogia a Valencia, pero no explica por qué deja el puesto después de ejecutar una política laboral que descargó el ajuste sobre empleados de confianza y personal operativo mientras preservó las remuneraciones de la cúpula.
Alcántara: un ascenso con rezagos acumulados
Óscar Alcántara tampoco es una figura nueva. Antes de pasar por la Secretaría del Ayuntamiento, encabezó durante varios años Desarrollo Sustentable, donde tuvo bajo su responsabilidad asuntos de crecimiento urbano, medio ambiente y regularización territorial.
Los balances publicados durante su gestión muestran un problema persistente. En agosto de 2019 reportó alrededor de 138 asentamientos irregulares; en marzo de 2020 habló de 148 y, en agosto de 2023, el padrón había llegado a 168. El aumento puede estar relacionado con una identificación más completa de los polígonos, pero también demuestra que el rezago no disminuyó de forma sustancial durante esos años. La cifra de 2019, la de 2020 y la de 2023 fueron proporcionadas por el propio funcionario.
En enero de 2024 Alcántara informó que 20 asentamientos seguían en proceso de regularización. Para julio del mismo año reconoció 15 denuncias penales por la comercialización de terrenos en zonas sin permisos, particularmente en el oriente de la ciudad, El Rodeo y El Rosario.
Antes de entregarle el control de nómina, compras y contratos, Cabrera tendría que publicar un balance final de esa gestión: cuántos asentamientos fueron regularizados, cuántas familias obtuvieron escrituras, qué ocurrió con las denuncias y qué responsabilidades tuvieron desarrolladores, vendedores y autoridades.
Alcántara tampoco fue ajeno a la política de reducción administrativa de Valencia. Como secretario del Ayuntamiento certificó el acuerdo de Cabildo del 11 de diciembre de 2024 mediante el cual se aprobaron modificaciones al Manual General de Organización, solicitadas por Cabrera y el entonces titular de Administración. El documento confirma que ambos funcionarios participaron en la misma reconfiguración institucional.
Su llegada, por ello, difícilmente puede presentarse como una corrección de rumbo. Es el ascenso de otro integrante del equipo que diseñó o formalizó las decisiones que ahora deberá revisar.
Jiménez: del aparato jurídico a la política interna
Miguel Ángel Jiménez Evangelista tampoco llega desde fuera. En 2024 aparecía como director Jurídico y vocal del Comité de Adquisiciones. En esa calidad votó a favor de enajenaciones gratuitas de predios municipales destinadas a asociaciones civiles. Los documentos revisados no acreditan irregularidades en esas operaciones; su relevancia consiste en que muestran una participación previa en decisiones sobre el patrimonio público que el comunicado omite.
En mayo de 2026 ya fungía como coordinador Técnico de Asuntos Jurídicos. El Cabildo le concedió la representación del municipio ante tribunales junto con tres profesionistas adicionales. El gobierno justificó la medida por la necesidad de atender asuntos judiciales pendientes, pero no publicó en ese anuncio el número de expedientes, los resultados esperados ni si las representaciones adicionales tendrían algún costo.
Su trayectoria también tiene un antecedente partidista. El informe del proceso electoral de 2009 del entonces Instituto Electoral de Querétaro lo registra como representante propietario del PAN en el Consejo Distrital IX de San Juan del Río. El documento electoral es público. Esto no constituye una irregularidad ni demuestra que conserve actualmente esa militancia, pero sí desmiente la imagen de un nombramiento meramente técnico: Jiménez conoce y ha participado en la estructura política panista.
Ahora tendrá bajo su responsabilidad las sesiones del Cabildo, los archivos municipales, la certificación de acuerdos y la publicación de la Gaceta. Antes de asumir, debe conocerse la votación que lo ratificó, su currículum completo, su situación partidista actual y sus declaraciones patrimonial y de intereses.
Los “trapos sucios” que sí están documentados
La revisión de fuentes públicas no encontró elementos para atribuir a Valencia, Alcántara o Jiménez un delito de corrupción, una condena o una inhabilitación firme. Fabricar una acusación penal sería irresponsable.
Los antecedentes incómodos comprobables son otros: despidos masivos sin una auditoría pública del ahorro; protección salarial para los altos mandos; reinstalaciones derivadas de negociaciones sindicales; un rezago urbano que creció en los registros oficiales; resultados desconocidos de denuncias por venta irregular de terrenos; litigios municipales sin indicadores públicos y el ascenso de operadores que ya formaban parte del mismo circuito de decisiones.
Cabrera debe publicar la causa de la salida de Valencia, el acta de entrega-recepción, los costos netos de la reestructura, el padrón laboral antes y después de los recortes, los contratos en curso, las cuentas finales de la Feria 2026 y la situación de los litigios. También debe transparentar la declaración de intereses actualizada de Alcántara y la ratificación, trayectoria y declaración patrimonial de Jiménez.
Un gobierno no rinde cuentas cuando agradece la “dedicación” de quien se va y promete que quienes llegan actuarán “dignamente”. Rinde cuentas cuando entrega documentos, cifras y resultados. Hasta que eso ocurra, el movimiento anunciado por Cabrera seguirá pareciendo menos una renovación que un cambio de sillas dentro del mismo cuarto cerrado.