El dirigente morenista denunció presuntos registros indebidos de las muñecas Lelé y Donxü, y planteó recursos directos y protección jurídica para las comunidades originarias
Amealco, Qro., 4 de octubre de 2026.— La defensa de las muñecas Lelé y Donxü dejó de plantearse únicamente como un asunto de identidad cultural para colocarse en el terreno económico y jurídico: quién puede explotar estos símbolos, quién obtiene las ganancias y qué instrumentos protegen a las artesanas hñähñus que los han preservado durante generaciones.
Santiago Nieto Castillo puso esas preguntas en el centro de una asamblea informativa celebrada en Amealco, a la que asistieron más de mil personas, según la estimación de los organizadores. Ahí propuso avanzar hacia una “justicia histórica” para los pueblos originarios mediante reconocimiento legal, defensa de su patrimonio y asignación directa de recursos públicos.
El dirigente morenista denunció que personas ajenas a las comunidades habrían intentado registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial elementos relacionados con las muñecas Lelé y Donxü, sin que la explotación comercial derivada de esas piezas beneficie necesariamente a sus creadoras tradicionales.
Durante el encuentro no se proporcionaron nombres, números de expediente o resoluciones administrativas que permitan identificar los casos señalados. Sin embargo, el planteamiento abrió una discusión de fondo: la difusión nacional e internacional de una artesanía no garantiza que su éxito comercial se traduzca en mejores ingresos para las mujeres que sostienen el conocimiento y el trabajo comunitario que le dieron origen.
Nieto Castillo sostuvo que la protección del patrimonio hñähñu no puede reducirse a utilizar su imagen en campañas turísticas, exposiciones o actos institucionales. Afirmó que las comunidades deben contar con herramientas para defender colectivamente sus creaciones, participar de los beneficios económicos y enfrentar cualquier apropiación realizada sin su consentimiento.
También respaldó que los pueblos originarios reciban presupuesto público de manera directa, sin depender de intermediarios políticos o administrativos. Presentó esta ruta como parte de las reformas federales dirigidas a reconocer personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de decisión a las comunidades indígenas y afromexicanas.
La discusión será relevante en la medida en que esos cambios se traduzcan en reglas de operación, montos presupuestales, mecanismos de representación y procedimientos accesibles para las comunidades. El reconocimiento constitucional, por sí solo, no resuelve los obstáculos técnicos, económicos y legales que enfrentan las artesanas para registrar, defender y comercializar colectivamente su trabajo.
Nieto endurece su confrontación con el PAN
En el terreno político, Santiago Nieto acusó a gobiernos del Partido Acción Nacional de discriminación y represión contra artesanas y artesanos de Amealco. El señalamiento fue formulado como parte del contraste entre el modelo panista que gobierna Querétaro y el proyecto de la Cuarta Transformación, aunque en el acto no se detallaron casos, fechas o autoridades directamente involucradas.
También cuestionó que las instituciones reconozcan públicamente la identidad indígena mientras mantienen prácticas que, desde su perspectiva, excluyen a las comunidades de las decisiones y de los beneficios económicos generados alrededor de su patrimonio.
Nieto vinculó esta agenda con la defensa de la soberanía y la memoria histórica del país. Sostuvo que reconocer a los pueblos originarios implica considerarlos comunidades vivas con derechos políticos, culturales y económicos, y no únicamente referentes simbólicos del pasado.
Una causa cultural con creciente peso político
La asamblea reunió a la senadora Beatriz Robles; al diputado federal Luis Humberto Fernández; a la presidenta estatal de Morena, Gisela Sánchez; a la delegada política Karla Valeria Gómez; al secretario general del partido, Alejandro Pérez; y a los diputados locales Sinuhé Piedragil y Gina Guzmán.
También participaron Maribel Barrón, secretaria de las Mujeres; Ángel Balderas, secretario de Organización; Valeria Flores, comisionada estatal del Partido del Trabajo, y liderazgos políticos y comunitarios de distintos municipios.
La concentración confirmó que la defensa del patrimonio indígena se incorporará a la agenda territorial con la que Morena busca fortalecer su presencia en Amealco, Tolimán, Cadereyta de Montes y Ezequiel Montes.
El reto será llevar el discurso más allá de las asambleas. Una política efectiva tendría que identificar los registros presuntamente indebidos, ofrecer representación jurídica a las comunidades, establecer esquemas de propiedad colectiva, transparentar las cadenas de comercialización y garantizar que la promoción institucional de Lelé y Donxü genere ingresos para las artesanas.
Porque el reconocimiento cultural pierde fuerza cuando la imagen recorre el mundo, pero el valor económico no regresa a las manos que la crearon.



