El exgobernador de Guerrero fue detenido por una orden de aprehensión relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República sostiene que habría participado en el ocultamiento de evidencias que podrían haber contribuido a esclarecer el caso.
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la FGR, la captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de una nueva línea de investigación que busca esclarecer posibles actos de obstrucción de la justicia cometidos durante las primeras etapas del caso. La autoridad federal señala que el exmandatario estatal es investigado por su presunta participación en el ocultamiento de información que habría sido relevante para conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre una vinculación a proceso ni sobre el desarrollo de la audiencia inicial, por lo que será un juez quien determine la situación jurídica del exgobernador conforme avance el procedimiento penal.
Un nuevo capítulo en una investigación que continúa
La detención de Aguirre Rivero ocurre casi doce años después de uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México, que marcó la agenda nacional e internacional en materia de derechos humanos.
La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala, Guerrero, cuando buscaban trasladarse a la Ciudad de México para participar en la conmemoración del 2 de octubre. Desde entonces, 43 jóvenes permanecen desaparecidos y sus familias continúan exigiendo verdad, justicia y el esclarecimiento pleno de los hechos.
Las investigaciones realizadas en distintos momentos han documentado la participación de policías municipales, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y la posible intervención u omisión de diversos funcionarios públicos. En los últimos años también se han abierto procesos penales contra exfuncionarios federales, mandos militares y autoridades estatales por delitos relacionados con desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.
De gobernador durante los hechos a investigado
Ángel Aguirre Rivero gobernaba Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los normalistas. Llegó al cargo en 2011, postulado por el entonces Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Tras la crisis política y social provocada por el caso Ayotzinapa, solicitó licencia al cargo en octubre de 2014, en medio de protestas nacionales e internacionales que cuestionaban la actuación de las autoridades estatales y exigían una investigación independiente.
Ahora, la nueva investigación de la FGR centra la atención no únicamente en los hechos ocurridos aquella noche, sino también en las decisiones institucionales tomadas durante los días posteriores y en la posible desaparición u ocultamiento de elementos probatorios que habrían dificultado el acceso a la verdad.
La búsqueda de verdad continúa
Para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, la detención representa un nuevo paso dentro de un proceso que, después de más de una década, sigue abierto.
Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han sostenido que el caso Ayotzinapa constituye una prueba para el Estado mexicano en materia de acceso a la justicia, combate a la impunidad y protección de los derechos humanos.
La desaparición de los estudiantes continúa siendo investigada por la FGR bajo un nuevo modelo de investigación, que ha derivado en la reapertura de líneas de indagación, nuevas órdenes de aprehensión y el análisis de actuaciones realizadas durante las primeras etapas del caso.
La situación jurídica de Ángel Aguirre Rivero será definida por la autoridad judicial conforme avance el proceso penal, mientras las investigaciones sobre uno de los casos más representativos de desaparición forzada en México permanecen abiertas.