El gobierno de Roberto Cabrera reportó más de 80 solicitudes, donación de jitomate y ropa, un taller de esmaltado de uñas, pintura de reductores y cuatro señales. No informó qué necesidades plantearon los habitantes, cuánto se invertirá ni si atenderá la antigua demanda de drenaje de la comunidad.
San Juan del Río, Qro.— El Gobierno Municipal trasladó su gabinete a Rosa de Castilla como parte de la edición número 54 de su programa de atención comunitaria. La jornada dejó un inventario de apoyos inmediatos y pequeñas intervenciones urbanas, pero ninguna respuesta documentada sobre los rezagos de infraestructura y educación que arrastra esta localidad rural.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, encabezó el denominado “Lunes en Rosa de Castilla”, acompañado por integrantes de su gabinete y titulares de distintas dependencias.
Según el comunicado oficial, fueron recibidas más de 80 solicitudes ciudadanas y se ofrecieron mesas informativas, una campaña de salud visual, productos a bajo costo, árboles, ropa usada y jitomate. También se realizó un taller de activación cognitiva para personas adultas mayores y otro de esmaltado de uñas.
En materia urbana, la Secretaría de Obras Públicas pintó reductores de velocidad e instaló cuatro señalamientos.
La administración presentó estas actividades como expresión de “cercanía”, “corresponsabilidad” y “trabajo en equipo”. Sin embargo, no informó cuáles fueron las principales demandas de la población, qué autoridad quedó responsable de atenderlas, en qué plazo deberá hacerlo ni cuántos recursos serán destinados.
Una comunidad clasificada como prioritaria
Rosa de Castilla no es una localidad sin diagnóstico previo.
El listado estatal de zonas de atención prioritaria para 2025 identifica a la comunidad por una carencia particularmente grave: más de 52 por ciento de su población mayor de 15 años no cuenta con educación básica concluida.
El dato coloca al rezago educativo como una de las necesidades centrales de la localidad. Pese a ello, el boletín municipal no registra la participación de autoridades educativas, programas de alfabetización, certificación de primaria o secundaria, capacitación laboral ni acciones para evitar el abandono escolar.
La Secretaría de Desarrollo Social instaló, en cambio, un taller de activación cognitiva para adultos mayores y otro de esmaltado de uñas. Ambas actividades pueden tener un valor recreativo o comunitario, pero el gobierno no explicó cuántas personas participaron, quién impartió los talleres, cuál fue su duración ni cómo se vinculan con una estrategia para reducir las carencias documentadas.
La elección del esmaltado de uñas como parte de una jornada de desarrollo social también merece una explicación pública. Sin capacitación certificada, herramientas para el autoempleo, contenidos sanitarios o acompañamiento comercial, la actividad corre el riesgo de quedarse en entretenimiento y reproducir una visión estrecha de las alternativas destinadas a las mujeres.
El drenaje, ausente del balance
La infraestructura sanitaria tampoco aparece en el reporte de la jornada.
En octubre de 2023, habitantes de Rosa de Castilla denunciaron que más de 200 familias carecían de drenaje sanitario y dependían de fosas sépticas. Los vecinos aseguraron entonces que la instalación de la red era una petición presentada año tras año ante distintas administraciones municipales.
El uso de fosas representa un gasto periódico para las familias y puede convertirse en un riesgo sanitario cuando no existe mantenimiento adecuado.
Casi tres años después de aquel señalamiento, el comunicado del “Lunes en Rosa de Castilla” no aclara si la demanda fue resuelta, si existe un proyecto ejecutivo, si se requiere coordinación con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal o si la obra ha sido incorporada a algún programa presupuestal.
La JAPAM participó en las mesas de atención, pero únicamente se informó que proporcionó orientación sobre trámites y servicios.
Pintar reductores e instalar cuatro señales puede mejorar la seguridad vial en puntos específicos. Sin embargo, la dimensión de esas labores contrasta con la falta de información sobre una necesidad sanitaria denunciada durante años.
Ochenta solicitudes no equivalen a ochenta soluciones
El municipio utiliza el número de peticiones recibidas como indicador de atención. La cifra, por sí misma, solamente demuestra que existen necesidades.
El comunicado no presenta una clasificación de las más de 80 solicitudes: no se sabe cuántas correspondieron a agua, drenaje, caminos, seguridad, alumbrado, apoyos sociales, salud o regularización de propiedades.
Tampoco se informó si cada petición recibió un folio, si podrá consultarse su avance o si habrá una visita posterior para rendir cuentas.
Contabilizar solicitudes sin publicar su resolución puede inflar la estadística institucional mientras los expedientes se acumulan. Para evaluar el programa sería necesario conocer cuántas peticiones se recibieron en sus 54 ediciones, cuántas fueron resueltas, cuánto tardó cada dependencia y cuáles fueron rechazadas por falta de recursos o competencia.
La administración tampoco reportó el costo de movilizar al presidente, secretarios, directores, personal operativo, módulos y vehículos hasta la comunidad.
Sin estos datos, resulta imposible determinar si el esquema es más eficaz que fortalecer oficinas regionales, ventanillas permanentes o brigadas técnicas con capacidad para resolver problemas, no solo para recibirlos.
“Corresponsabilidad” frente a obligaciones desiguales
Roberto Cabrera sostuvo que los mejores resultados se obtienen mediante el trabajo coordinado entre ciudadanía y gobierno.
La participación comunitaria es indispensable para definir prioridades, vigilar obras y cuidar espacios públicos. No obstante, la palabra “corresponsabilidad” puede convertirse en un eufemismo cuando se emplea para repartir entre los habitantes obligaciones que corresponden a la autoridad.
La población puede colaborar en jornadas de limpieza, reforestación o mantenimiento. No puede sustituir al municipio en la construcción de drenaje, la planeación de infraestructura, la prestación de servicios ni la reducción del rezago educativo.
La relación tampoco es simétrica: la ciudadanía aporta impuestos, trabajo comunitario y conocimiento del territorio, mientras el gobierno administra presupuesto, maquinaria, personal técnico y facultades legales. Por eso, la colaboración no exime a la administración de presentar proyectos, calendarios e indicadores.
Asistencia inmediata sin política de largo alcance
La entrega de jitomate, ropa usada y productos a precio reducido puede aliviar necesidades puntuales. Sin embargo, el boletín no informó el volumen de los donativos, su procedencia, los criterios para distribuirlos ni el número de familias beneficiadas.
La Dirección de Medio Ambiente entregó árboles, pero no precisó cuántos, de qué especies, dónde serán plantados ni cómo se verificará su supervivencia.
La campaña de salud visual tampoco incluyó cifras sobre evaluaciones, diagnósticos, lentes entregados o canalizaciones médicas.
El lenguaje oficial convierte cada mesa y donativo en un resultado consumado, aunque no ofrece elementos para evaluar su efecto. Esa narrativa privilegia la presencia del alcalde y la enumeración de actividades sobre los cambios verificables en la vida de la comunidad.
Después de 54 ediciones, el programa necesita algo más que fotografías de gabinete y agradecimientos. Requiere un tablero público con solicitudes, compromisos, presupuesto, responsables y fechas de cumplimiento.
Rosa de Castilla no necesita que la autoridad descubra sus problemas durante una visita. Los diagnósticos y las peticiones existen desde hace años. La obligación municipal consiste en convertirlos en obras, servicios y derechos garantizados.
Mientras el gobierno no informe qué hará con las más de 80 solicitudes, la jornada permanecerá como una demostración de proximidad administrativa con una capacidad todavía incierta para transformar el territorio.