Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 13 de julio de 2026.— Una cifra puede ser histórica en una conferencia de prensa. Para una niña que estudia en un salón con goteras, un adolescente que evita utilizar sanitarios sin agua o un estudiante con discapacidad que no puede entrar a su escuela, la inversión solo se vuelve histórica cuando transforma su vida cotidiana.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes una bolsa federal de 58 mil 415.3 millones de pesos para infraestructura educativa durante 2026, destinada a obras, ampliaciones, mantenimiento y nuevos espacios en educación básica, media superior y superior.
El Gobierno presentó la cifra como una inversión sin precedentes y como parte de una estrategia más amplia que incluye becas, incremento salarial al magisterio, pensiones y expansión de la oferta escolar.
“Son muchas acciones y programas para mejorar la educación de las niñas, niños y jóvenes de nuestro país, y que haya acceso a la educación como un derecho”, afirmó la mandataria.
La dimensión presupuestal es relevante. Pero convertir el derecho a la educación en una realidad requerirá algo más que anunciar recursos: hará falta publicar avances, supervisar obras y demostrar que el dinero llegó primero a las escuelas con mayores carencias.
¿Cómo se repartirán los 58 mil 415 millones?
De acuerdo con el desglose presentado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, la mayor proporción se concentrará en educación básica:
- 37 mil 715 millones de pesos para preescolar, primaria y secundaria.
- 10 mil 916.4 millones para educación media superior.
- 9 mil 783.9 millones para educación superior.
La suma exacta es de 58 mil 415.3 millones de pesos, redondeada por el Gobierno a “cerca de 59 mil millones”.
Dentro de la bolsa para educación básica se contemplan 22 mil 694 millones de pesos de La Escuela es Nuestra, además de 15 mil 21 millones correspondientes a otros mecanismos de infraestructura, entre ellos recursos vinculados con el Fondo de Aportaciones Múltiples.
En educación media superior, el plan incluye 31 nuevos Bachilleratos Nacionales, 80 ampliaciones, cuatro reconversiones y la operación de 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza. La SEP estima que estas acciones crearán 156 mil 240 nuevos lugares.
Para educación superior, los recursos abarcan planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el Tecnológico Nacional de México, universidades tecnológicas y politécnicas, escuelas normales, universidades interculturales, instituciones estatales y Universidades para el Bienestar.
La Escuela es Nuestra: dinero directo y decisiones comunitarias
Uno de los ejes principales de la política federal es La Escuela es Nuestra, programa que deposita recursos directamente a comités integrados por madres y padres de familia.
Según la SEP, durante 2026 han sido atendidas 71 mil 482 escuelas con 22 mil 694 millones de pesos. Los recursos se distribuyen conforme a criterios de vulnerabilidad, marginación y rezago social.
La distribución reportada contempla:
- 27 mil 29 preescolares.
- 21 mil 325 primarias.
- 15 mil 634 secundarias.
- 5 mil 737 planteles de educación media superior.
- Mil 346 Centros de Atención Múltiple.
- 411 centros de educación inicial.
El modelo tiene una fortaleza evidente: permite que cada comunidad defina si su prioridad es reparar los baños, impermeabilizar un techo, sustituir cableado eléctrico, construir una rampa o recuperar un espacio deportivo.
La decisión deja de tomarse exclusivamente desde un escritorio central y se acerca a quienes conocen diariamente el plantel.
Pero entregar el dinero directamente tampoco libera al Estado de su responsabilidad técnica.
Una madre o un padre de familia no tendría por qué asumir sin acompañamiento especializado la revisión estructural de un edificio, el cálculo de una instalación eléctrica o la contratación de una obra compleja. La participación comunitaria debe complementarse con asesoría gratuita, vigilancia, transparencia y garantías de seguridad.
Un análisis presupuestario de Mexicanos Primero ha advertido que el modelo puede trasladar responsabilidades técnicas y administrativas a los comités escolares si no existe suficiente acompañamiento institucional. La organización también señaló que el financiamiento de La Escuela es Nuestra ha mostrado variaciones durante los últimos años, por lo que su sostenibilidad debe evaluarse en términos reales y no solamente nominales.
“Atendida” no significa necesariamente “obra terminada”
El lenguaje presupuestal importa.
Cuando una autoridad informa que una escuela fue “atendida”, esa categoría puede referirse a la selección del plantel, la integración del comité, la entrega del recurso o la ejecución de una mejora. No necesariamente significa que la obra ya concluyó y funciona correctamente.
El anuncio de este lunes no presentó un tablero nacional con el avance físico de cada intervención ni distinguió entre recursos aprobados, transferidos, comprometidos y ejercidos.
Tampoco detalló cuántas escuelas utilizarán el dinero para mantenimiento menor y cuántas requieren reconstrucciones, reforzamiento estructural o sustitución completa de instalaciones.
La transparencia debería permitir que cualquier familia consulte:
- Cuánto recibió su plantel.
- Qué obra aprobó la asamblea.
- Qué empresa, proveedor o trabajador fue contratado.
- Cuándo comenzó la intervención.
- Cuánto se ha gastado.
- Quién verificó la seguridad de los trabajos.
- Cuándo se consideró concluido el proyecto.
El presupuesto público no termina su recorrido cuando llega a una tarjeta bancaria. Termina cuando la obra funciona, es segura y puede ser comprobada.
La expresión “todas las escuelas” necesita precisión
El encabezado oficial asegura que habrá infraestructura “en todas las escuelas del país”. Sin embargo, el propio desglose muestra que La Escuela es Nuestra alcanzará una parte del universo escolar, no cada plantel individual.
Durante el ciclo 2024-2025, la SEP registró 220 mil 234 escuelas públicas dentro de un sistema nacional de 262 mil 351 planteles públicos y privados. Las 71 mil 482 escuelas reportadas por La Escuela es Nuestra representan una cobertura importante, pero no universal.
Otros recursos de la bolsa federal financiarán construcción, ampliación y mantenimiento fuera de este programa. Aun así, la administración no presentó un padrón consolidado que permita identificar exactamente cuántos centros escolares recibirán alguna intervención durante 2026.
La formulación más precisa sería que la inversión se distribuye en todos los niveles educativos y en las entidades del país, no necesariamente en cada una de las escuelas existentes.
La diferencia no es menor. En política pública, una frase ambiciosa puede generar una expectativa que el propio presupuesto no está diseñado para cumplir de manera literal.
El rezago cabe en un baño sin agua
La inversión llega a un sistema educativo que todavía enfrenta carencias básicas.
Un diagnóstico de Coneval elaborado con información del ciclo 2022-2023 encontró que solo 77.8% de las escuelas de educación básica contaba con agua potable y 46.9% tenía conexión a internet. Apenas 34.3% disponía de infraestructura adaptada para personas con discapacidad.
En educación media superior, 74.5% de los planteles tenía agua potable, 52.6% conexión a internet y 38.6% infraestructura accesible. Aunque los datos no describen por sí solos la situación de 2026, muestran la profundidad del punto de partida que el Gobierno deberá actualizar y atender.
Estas carencias no son accesorios administrativos.
Una escuela sin agua compromete la higiene, la gestión menstrual y la preparación de alimentos. Un plantel sin baños funcionales afecta la salud y puede provocar ausentismo. La falta de rampas y señalización excluye a estudiantes con discapacidad. Un aula sin ventilación o con instalaciones eléctricas dañadas convierte la permanencia escolar en un riesgo.
La infraestructura también educa: le dice a cada estudiante cuánto valor concede el Estado a su seguridad y dignidad.
¿La inversión es realmente histórica?
El Gobierno calificó el monto como histórico, pero no presentó durante el anuncio una serie comparable que muestre la evolución anual de la inversión, descontando inflación y utilizando la misma metodología.
Esa comparación es necesaria porque la cifra de 58 mil 415 millones integra programas, fondos y proyectos de diferentes niveles educativos. No puede contrastarse directamente con el presupuesto aislado de La Escuela es Nuestra ni con una sola partida de mantenimiento.
Además, el contexto general presenta claroscuros.
Un análisis del paquete económico realizado por el IMCO estimó un gasto educativo total cercano a 1.2 billones de pesos para 2026, equivalente a alrededor de 4% del producto interno bruto. El estudio reconoció el crecimiento en educación básica y becas, pero advirtió reducciones reales en educación media superior y superior, así como insuficiencia para recuperar el nivel de financiamiento registrado una década antes.
Por su parte, Mexicanos Primero sostuvo que el presupuesto privilegia la permanencia física —becas e infraestructura—, mientras sigue siendo débil la inversión en formación docente, innovación pedagógica, evaluación y fortalecimiento de aprendizajes.
La crítica no invalida la construcción de aulas ni la rehabilitación de escuelas. Advierte que un edificio digno es condición indispensable, pero no suficiente.
Una escuela necesita techo, agua, electricidad e internet. También requiere docentes acompañados, materiales pertinentes, inclusión, seguridad, alimentación y estrategias para que el alumnado comprenda lo que aprende.
Una política progresista debe empezar por las escuelas más olvidadas
La SEP informó que los recursos se asignan considerando marginación, vulnerabilidad y rezago social. Ese criterio es central porque la desigualdad educativa también tiene territorio.
Las escuelas indígenas, rurales, comunitarias y ubicadas en periferias urbanas suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a agua, conectividad, transporte, personal y mantenimiento.
Distribuir el mismo monto a escuelas con necesidades profundamente distintas no produciría igualdad. La justicia presupuestaria exige destinar más a quienes parten de condiciones más precarias.
También implica escuchar a niñas, niños y adolescentes. Las asambleas no deberían limitarse a madres, padres y autoridades. Quienes utilizan diariamente los salones, patios y sanitarios pueden identificar problemas que las personas adultas han normalizado.
El examen comienza después del anuncio
El Gobierno federal ha colocado una cifra importante sobre la mesa. Ahora debe convertirla en información pública, obras seguras y resultados medibles.
El éxito no debería evaluarse solamente por el número de comités formados o transferencias realizadas, sino por indicadores concretos:
- Escuelas que dejaron de tener filtraciones.
- Sanitarios rehabilitados y con agua.
- Planteles con accesibilidad universal.
- Instalaciones eléctricas seguras.
- Aulas nuevas efectivamente ocupadas.
- Comunidades con acceso a internet.
- Obras concluidas sin sobrecostos.
- Reducción de brechas entre regiones.
El derecho a la educación no puede depender del código postal ni de la capacidad de una familia para organizar una reparación que corresponde garantizar al Estado.
Cerca de 59 mil millones de pesos pueden representar un paso decisivo. Pero una inversión no se vuelve histórica porque así la nombre el poder.
Se vuelve histórica cuando la lluvia deja de suspender las clases, cuando un sanitario deja de ser un riesgo, cuando una silla de ruedas puede entrar al aula y cuando cada estudiante entiende, al mirar su escuela, que su vida también importa.