Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 4 de julio de 2026.— La venta de predios municipales en Querétaro ya dejó de ser un trámite administrativo y se convirtió en una pregunta política de fondo: ¿puede un gobierno vender patrimonio público sin mostrarle primero a la ciudadanía el expediente completo?
La diputada Andrea Tovar hizo un llamado público al alcalde Felipe Fernando Macías para pausar cualquier avance en la subasta de predios propiedad del municipio de Querétaro, hasta que se transparente de manera completa la justificación financiera, técnica y patrimonial de la operación.
La legisladora sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué se pretende vender, cuánto vale, por qué se vende y en qué se utilizará cada peso obtenido.
El punto central no es menor: los predios municipales no son terrenos cualquiera. Son patrimonio público. Pertenecen a la ciudad, no al gobierno en turno.
Tovar cuestionó que el municipio justifique la enajenación de bienes públicos con referencias generales a presuntos recortes o disminuciones federales, sin explicar con precisión a qué recursos se refiere, de qué monto habla y cuál sería el impacto real en las finanzas municipales.
“El municipio no puede hablar de recortes federales en abstracto, debe decir específicamente a qué convenios o subsidios se refiere; si hubo una disminución real, que publique el monto estimado, el monto recibido, el calendario de ministraciones, los ajustes aplicados y el impacto presupuestal concreto”, señaló.
Vender patrimonio no puede ser la primera salida
La diputada advirtió que la venta de predios municipales no debe tomarse como una decisión ordinaria ni ejecutarse sin análisis público suficiente.
Algunos de esos terrenos, sostuvo, podrían representar reservas para áreas verdes, equipamiento urbano, infraestructura comunitaria o proyectos futuros.
Ahí está el corazón del debate urbano: una ciudad que crece todos los días no puede tratar sus reservas territoriales como caja chica.
Un predio municipal puede parecer baldío hoy, pero mañana puede ser un parque, una clínica, una cancha, una biblioteca, una estancia comunitaria, un centro de atención o un espacio para resolver necesidades que todavía no han sido atendidas.
Venderlo puede dar liquidez inmediata. Pero también puede cerrar una posibilidad pública durante décadas.
Una subasta puede durar unas horas. La pérdida de un terreno público puede sentirse por generaciones.
Andrea Tovar enfatizó que la discusión no debe reducirse a si el Ayuntamiento tiene facultades legales para administrar sus bienes. La pregunta, dijo, es si vender patrimonio municipal ante presiones económicas se convertirá en una práctica constante.
“Una cosa es administrar el patrimonio municipal y otra muy distinta es vender nuestra ciudad sin que la ciudadanía conozca el expediente completo”, afirmó.
La exigencia: avalúos, dictámenes y destino del dinero
La legisladora pidió que antes de cualquier subasta se publiquen los avalúos, dictámenes técnicos, uso actual o potencial de cada inmueble y destino puntual de los recursos.
Su planteamiento introduce una ruta mínima de transparencia: no basta con decir que un predio se va a vender; se debe explicar por qué ya no es necesario para el interés público, cuánto vale realmente, quién lo valoró, bajo qué criterios y qué beneficio concreto recibirá la población.
Si todo está bien, la transparencia no debería ser obstáculo. Debería ser la primera prueba de confianza.
Tovar también solicitó que se haga público el contenido íntegro del Oficio SF/0051/2026, referido como parte de la justificación financiera de la operación, junto con sus anexos, cálculos, estimaciones y documentos soporte.
Según la legisladora, ese oficio no puede quedarse como una referencia administrativa interna si fue utilizado para sustentar una decisión patrimonial de alto impacto.
El señalamiento es relevante porque una operación de esta naturaleza no solo involucra finanzas municipales. También toca planeación urbana, uso de suelo, patrimonio público, transparencia, rendición de cuentas y confianza ciudadana.
La pregunta incómoda: ¿qué se recortó antes de vender?
Andrea Tovar también planteó otro punto sensible: si el municipio enfrenta una presión financiera, primero debe explicar qué medidas de ajuste al gasto aplicó antes de considerar la venta de patrimonio.
La diputada sostuvo que la disciplina financiera obliga a los gobiernos a actuar con racionalidad, austeridad, transparencia y responsabilidad.
“Si bajaron los ingresos, la primera respuesta debe ser revisar el gasto, no vender patrimonio público”, puntualizó.
En ese sentido, pidió conocer si antes de avanzar en la subasta se revisaron rubros como comunicación social, gasto corriente no prioritario, combustibles de vehículos oficiales o percepciones extraordinarias.
La pregunta puede incomodar al gobierno municipal, pero es legítima: antes de vender un terreno público, ¿ya se revisó todo lo demás?
Para la ciudadanía, el tema no se agota en una discusión contable. Si un gobierno vende predios argumentando falta de recursos, debe explicar por qué esa falta existe, qué partidas se ajustaron, qué prioridades se protegieron y por qué la venta de patrimonio es la mejor opción.
De lo contrario, la operación puede verse como una salida fácil: vender ciudad para resolver presión presupuestal.
No es rechazo automático, dice Tovar
La diputada aclaró que su postura no parte de una oposición automática a cualquier operación patrimonial. Su exigencia, señaló, es de transparencia.
“No estamos diciendo que ningún predio pueda venderse nunca, estamos pidiendo algo mucho más básico: primero transparentar, después decidir. Si todo está bien, el municipio no debería tener ningún problema en publicar todo antes de vender”, expresó.
Esa frase resume el eje político de su posicionamiento: la ciudadanía no puede enterarse del destino del patrimonio público cuando la decisión ya está prácticamente tomada.
El llamado de Tovar se suma a una discusión más amplia sobre el uso de predios municipales en Querétaro, especialmente cuando existe presión urbana por más áreas verdes, equipamiento público y reservas para servicios comunitarios.
En una ciudad donde el suelo se encarece y el crecimiento inmobiliario avanza con rapidez, cada terreno público tiene un valor que no siempre se puede medir solo en pesos.
El precio de mercado no siempre refleja el valor social de un predio.
Transparencia antes de subasta
Andrea Tovar pidió directamente al alcalde Felipe Fernando Macías pausar cualquier avance en la subasta hasta que la ciudadanía conozca la información completa.
El llamado coloca al gobierno municipal ante una decisión política: avanzar con la venta bajo sus propios tiempos o abrir primero los expedientes para que la ciudadanía, especialistas y representantes públicos puedan revisar los argumentos.
Porque vender patrimonio municipal sin explicación suficiente puede profundizar la desconfianza.
Y la desconfianza, en asuntos urbanos, suele crecer rápido: hoy es un predio; mañana puede ser una reserva pública, un área que la colonia esperaba recuperar o un terreno que pudo servir para un proyecto comunitario.
La transparencia no debe llegar después del martillazo de la subasta. Debe llegar antes.
La pregunta que queda abierta es simple, pero poderosa: si el municipio tiene razones sólidas para vender, ¿por qué no publicar todo el expediente antes de hacerlo?
En una ciudad que presume crecimiento, modernidad y orden, el patrimonio público no debería tratarse como mercancía silenciosa.
Antes de vender, el gobierno municipal debe explicar. Antes de subastar, debe demostrar. Antes de convertir un predio público en dinero, debe probar que la ciudad gana más de lo que pierde.