Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 3 de julio de 2026.— En una ciudad donde cada metro de suelo vale más y cada colonia necesita más parques, espacios comunitarios y equipamiento urbano, la diputada Claudia Díaz Gayou puso sobre la mesa una discusión que suele pasar desapercibida: qué ocurre con los terrenos que los desarrolladores inmobiliarios entregan como áreas de donación y que deberían servir para beneficio público.
La legisladora presentó dos iniciativas para reformar el Código Urbano del Estado de Querétaro y la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, con el objetivo de impedir que esas áreas puedan ser vendidas, donadas nuevamente, gravadas, desincorporadas del dominio público o aprovechadas con fines privados.
El fondo del planteamiento es claro: si un predio fue entregado para convertirse en parque, área verde o equipamiento público, no debería terminar vendido como si fuera un terreno cualquiera.
De acuerdo con Díaz Gayou, la iniciativa responde al antecedente del 26 de mayo, cuando el municipio de Querétaro aprobó la venta de 12 predios ubicados en diversas colonias populares, además de otros dos predios aprobados en 2020.
La diputada sostuvo que esos terrenos provienen de donaciones realizadas por desarrolladores inmobiliarios, como parte de las obligaciones establecidas por el Código Urbano para generar áreas verdes y equipamiento en beneficio de la población.
Para cualquier colonia, este tema no es técnico: puede significar la diferencia entre tener un parque, una cancha, un centro comunitario o ver cómo un espacio que pudo ser público termina convertido en bodega, vivienda o negocio privado.
Díaz Gayou afirmó que estos predios deben considerarse bienes de dominio público, con características jurídicas como imprescriptibilidad, indivisibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad.
“Estos cuatro factores son los decisivos para poder cumplir el requisito como donación de dominio público”, señaló la legisladora, al advertir que se trata de terrenos que estarían fuera del comercio y que no deberían ser donados, embargados ni transferidos a terceros.
La diputada también advirtió un posible riesgo jurídico: si las áreas de donación no se usan conforme a lo establecido por la ley, los desarrolladores podrían solicitar su devolución y eventuales compradores quedarían en incertidumbre legal.
Ese punto abre una alerta mayor: vender un predio que nació como área de donación no solo puede afectar a la comunidad; también puede generar conflictos legales para quienes lo compren de buena fe.
Otro de los señalamientos de Díaz Gayou es que la desincorporación de predios sería facultad de la Legislatura, conforme a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, por lo que consideró que no se estaría cumpliendo el debido proceso.
La iniciativa busca cerrar esa puerta mediante reglas más estrictas. La intención es que las áreas recibidas en donación mantengan su destino público y no puedan convertirse en una bolsa de terrenos disponible para resolver necesidades financieras de gobiernos municipales.
La discusión toca una herida urbana de Querétaro: el crecimiento inmobiliario ha sido rápido, pero muchas colonias siguen reclamando espacios dignos, sombra, áreas deportivas, centros comunitarios, parques cercanos y equipamiento suficiente.
Cuando un desarrollo se autoriza, no solo se construyen casas o departamentos. También debería construirse ciudad. Eso implica calles, servicios, árboles, espacios de convivencia, áreas para niñas y niños, lugares para adultos mayores y zonas que ayuden a que la comunidad respire.
Por eso las áreas de donación no son sobras del negocio inmobiliario. Son parte del equilibrio mínimo entre crecimiento privado y derecho colectivo a la ciudad.
Díaz Gayou cuestionó que predios donde podrían existir parques sean vendidos para bodegas, casas o edificaciones, con el argumento de obtener recursos ante una mala administración financiera municipal.
Su postura coloca el debate en términos políticos: los espacios públicos no deberían sacrificarse para tapar problemas presupuestales. Si un municipio necesita ingresos, debe buscar soluciones financieras sin quitar a las colonias terrenos que legal y socialmente fueron pensados para el uso común.
Vender un área de donación puede dar dinero una vez. Pero perder un espacio público puede afectar a una comunidad durante décadas.
Las iniciativas apenas inician su ruta legislativa. Deberán analizarse en comisiones, discutirse jurídicamente y, en su caso, llegar al Pleno del Congreso.
El reto será revisar con precisión qué predios están involucrados, cuál fue su origen legal, bajo qué condiciones fueron entregados, si realmente son de dominio público, qué uso se les asignó y qué procedimientos siguieron las autoridades municipales para autorizar su venta.
La exigencia de fondo debe ser transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber qué terrenos fueron donados, para qué fueron donados, dónde están, quién los administra y por qué algunos no se convirtieron en espacios públicos.
La propuesta de Claudia Díaz Gayou apunta a una idea sencilla: lo público debe protegerse antes de que sea demasiado tarde.
Porque en una ciudad que crece todos los días, el espacio público no es un lujo. Es donde una niña juega, una persona mayor camina, una familia convive, una colonia se organiza y una comunidad se reconoce.
Y si esos terrenos fueron entregados para eso, su destino no debería decidirse en una operación de venta, sino en función del derecho de la gente a vivir en una ciudad con espacios dignos.