Por: Redacción de LYPmultimedios
Tequisquiapan, Querétaro, 10 de julio de 2026.— Cinco días pueden alcanzar para realizar trámites, registrar un nacimiento y volver apresuradamente al trabajo. Difícilmente bastan para acompañar la recuperación de una madre, construir un vínculo temprano con un bebé o asumir, desde el primer momento, que cuidar también es responsabilidad de los hombres.
Con ese debate como telón de fondo, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, presentó en Tequisquiapan una iniciativa que plantea ampliar a 12 semanas el permiso relacionado con el nacimiento o adopción de hijas e hijos para trabajadores del sector público de Querétaro.
Ospital se reunió con el presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña Rentería, acompañado por los regidores de Movimiento Ciudadano Mireya Carmona y Carlos Morales. Durante el encuentro sostuvo que el propósito central de la propuesta es promover la corresponsabilidad parental y ampliar derechos en materia de cuidados.
“El objetivo de esta iniciativa es, sobre todo, la corresponsabilidad de los padres después del nacimiento o adopción de los hijos y, por supuesto, la ampliación de derechos”, declaró el legislador.
Una reforma con alcance público, no universal
Aunque el discurso político la presenta como una “Ley de Paternidad”, el expediente legislativo revisado por LYPmultimedios permite hacer una precisión importante: la propuesta busca modificar los artículos 33 Bis y 51 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Esa legislación regula las relaciones laborales de las personas que trabajan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos con autonomía constitucional, municipios y entidades de la administración pública estatal y municipal. Por ello, la eventual reforma no extendería automáticamente las 12 semanas a todos los padres que trabajan en empresas privadas.
La redacción formal de la iniciativa, además, es más amplia que el mensaje utilizado durante la gira: propone que padres y madres, por nacimiento o adopción, puedan gozar de un mínimo de 12 semanas previas o posteriores. El documento deberá ser revisado durante el proceso de dictaminación para aclarar cómo conviviría esta figura con los permisos de maternidad existentes y cómo se distribuiría el periodo entre las personas progenitoras.
En el ámbito federal, la Ley Federal del Trabajo todavía establece para el sector privado un permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, tanto por nacimiento como por adopción. Esa diferencia ayuda a dimensionar el salto que representarían las 12 semanas, aunque también confirma que la discusión nacional continúa fragmentada entre iniciativas federales y reformas locales.
Cuidar no es “ayudar”: es compartir una responsabilidad
La relevancia de la propuesta no se limita al número de días. La disputa de fondo está en desmontar una idea profundamente arraigada: que la crianza corresponde naturalmente a las mujeres y que la participación de los hombres es una ayuda voluntaria, no una obligación cotidiana.
Cuando la ley concede a la madre varias semanas de recuperación y al padre apenas unos días, también envía un mensaje cultural: ella debe permanecer en casa; él debe regresar cuanto antes al empleo. Esa distribución tiene consecuencias en la vida laboral de las mujeres, en su autonomía económica y en la posibilidad de que los hombres construyan una paternidad presente desde el nacimiento.
Ampliar el permiso no garantiza, por sí solo, una crianza igualitaria. Sin embargo, sí crea condiciones materiales para que el cuidado pueda compartirse y deje de depender exclusivamente del sacrificio, la disponibilidad o la red familiar de cada hogar.
Del derecho social a la competencia política
Ospital acompañó la propuesta con una frase deliberadamente confrontativa:
“Mientras otros andan en el estado haciendo grilla, nosotros recorremos el estado promoviendo la ampliación de derechos en materia de paternidad”.
La declaración busca colocar a Movimiento Ciudadano en un terreno específico de la disputa rumbo a 2027: el de los derechos, los cuidados y las nuevas formas de familia. La narrativa pretende contrastar una agenda legislativa social con los recorridos territoriales que distintos actores políticos ya realizan para posicionarse electoralmente.
Pero la propia visita también tiene una dimensión política. Llevar la iniciativa a San Juan del Río, Corregidora y ahora Tequisquiapan permite a MC construir presencia municipal, instalar temas reconocibles y presentar a Ospital como una voz legislativa con actividad territorial. El recorrido puede ser simultáneamente promoción de derechos y estrategia de posicionamiento; una dimensión no cancela necesariamente a la otra. La propuesta ya había sido presentada anteriormente en San Juan del Río y Corregidora.
También resulta significativo que el encuentro se realizara con Héctor Magaña, presidente municipal emanado de Morena. El gesto ofrece una imagen de interlocución entre fuerzas políticas diferentes alrededor de una causa que puede resultar difícil rechazar públicamente: la participación de los hombres en la crianza.
La iniciativa no nació en 2026
La revisión documental muestra otro dato relevante: la reforma fue ingresada formalmente desde el 26 de septiembre de 2024, cuando Ospital Carrera todavía formaba parte del grupo legislativo del PRI. En 2026, ya integrado a Movimiento Ciudadano, el diputado la ha convertido en una de las banderas de su agenda pública.
El cambio de partido no invalida el contenido de la propuesta, pero sí forma parte de su historia política. También obliga a distinguir entre la autoría original de la iniciativa y la narrativa partidista con la que actualmente se promueve.
El verdadero examen será convertir el recorrido en ley
La reforma todavía no es un derecho vigente. El documento oficial señala que debe ser turnado a la comisión correspondiente para su estudio y dictamen; después necesitaría los votos del Congreso y, en su caso, publicación en el periódico oficial del estado.
Además de la discusión jurídica, el Congreso deberá analizar aspectos que el boletín no desarrolla: el impacto presupuestal para los municipios y dependencias, la sustitución temporal de personal, la protección del salario, las reglas para familias adoptivas y la manera de evitar que el derecho exista en el papel, pero sea desalentado en los centros de trabajo.
La ampliación de derechos no se mide solamente por el número de municipios recorridos ni por la fuerza de una frase contra los adversarios. Se mide cuando una iniciativa llega al dictamen, consigue presupuesto, obtiene votos y cambia efectivamente la vida de las familias.
En una sociedad que durante décadas trató la paternidad como proveeduría y la maternidad como destino obligatorio, doce semanas pueden representar algo más que una licencia: la oportunidad de comenzar a repartir el trabajo invisible que sostiene los hogares.