Por Redacción LYPmultimedios
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (26 de mayo de 2026). – La confrontación política en el Congreso local alcanzó un punto crítico. Tras el anuncio del Ejecutivo estatal de vetar la Ley de Identidad de Género, el Grupo Parlamentario de Morena salió a la tribuna para realizar una contraofensiva política y técnica: no solo defendieron la legalidad de la reforma, sino que acusaron a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) de haber roto acuerdos políticos fundamentales y de orquestar una campaña de desinformación con fines electorales.
En conferencia de prensa, las y los legisladores morenistas —encabezados por su coordinador, Arturo Maximiliano García Pérez— señalaron que el veto no es una defensa de valores, sino una «cortina de humo» para desviar la atención de la opinión pública.
El choque de narrativas: ¿Qué dice la ley vs. qué dice el veto?
El diputado Homero Barrera fue contundente al señalar el viraje político del gobernador Mauricio Kuri. Recordó que, en episodios anteriores como la discusión del proyecto «El Batán», el Ejecutivo se había comprometido a respetar la voluntad de la mayoría legislativa. Sin embargo, en esta ocasión, la postura del mandatario se ha «radicalizado hacia posiciones de ultraderecha» que, según la bancada, no corresponden a la tradición política del estado.
Para desarmar la narrativa oficial que justifica el veto, los diputados de Morena insistieron en dos aclaraciones técnicas que, aseguran, fueron deliberadamente ignoradas por el Ejecutivo:
- Exclusión de menores: El texto aprobado es explícito en su artículo 131 Ter: el procedimiento administrativo solo puede ser solicitado por personas mayores de 18 años. «Se construyó un discurso basado en escenarios falsos que no existen en el texto», señaló el coordinador García Pérez.
- Certeza jurídica: La reforma no elimina registros ni borra antecedentes; por el contrario, crea un sistema de trazabilidad que blinda los procesos civiles y alimentarios, desmintiendo la idea de que la ley permite «esconderse» de la justicia.
Ruptura de acuerdos: La crisis de confianza
La nota de mayor gravedad en el posicionamiento de Morena no fue solo el veto en sí, sino la denuncia de un quiebre institucional. Arturo Maximiliano García Pérez reveló que la Ley de Identidad de Género no era una propuesta aislada, sino parte de una lista de iniciativas cuya aprobación había sido formalmente acordada entre las distintas fuerzas políticas —incluyendo al PAN— en las mesas de negociación que evitaron una parálisis mayor tras la integración de la Mesa Directiva.
«Se incumplió el acuerdo y, más grave aún, se incumplió la palabra. Existían documentos firmados y avalados con testigos de honor», sentenció el coordinador. Para Morena, este quiebre es la prueba de que el PAN ha decidido abandonar el diálogo institucional para refugiarse en la confrontación electoral adelantada.
Rumbo al 2027: ¿El fin del diálogo?
El diputado Edgar Inzunza Ballesteros advirtió que esta estrategia de polarización es un síntoma de desesperación política ante la nueva realidad del Congreso. «Ganamos 10 de 15 distritos. Representamos una mayoría democrática y aun así constantemente se intenta desconocer o bloquear las decisiones del Congreso», afirmó.
La bancada concluyó que la sociedad queretana merece un debate político serio, basado en la Constitución y en la resolución de los problemas reales de movilidad, seguridad y drenaje, y no en la fabricación de conflictos artificiales. Ante el próximo cierre del periodo para que el Ejecutivo envíe observaciones formales, el bloque morenista reiteró que seguirán defendiendo la reforma, recordándole al Ejecutivo que los derechos humanos son una materia en la que la Suprema Corte ya ha emitido una última palabra.
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