Por Redacción LYPmultimedios | Política y Derechos Humanos
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (8 de junio de 2026). – El libre ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos en Querétaro buscan dejar de ser actividades de alto riesgo para convertirse en garantías constitucionales.
La coordinadora de la fracción legislativa del Partido del Trabajo (PT), la diputada Claudia Díaz Gayou, presentó una iniciativa para reformar el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. El objetivo: incorporar expresamente la obligación del Estado y los municipios de proteger la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Sin embargo, la presentación de la iniciativa no se limitó a la retórica legal, sino que se convirtió en una fuerte denuncia pública contra los mecanismos de censura modernos que operan en la entidad.
Los «sótanos del poder» y la violencia económica
Desde la tribuna, la legisladora lanzó una dura advertencia sobre cómo el acoso ha mutado. Señaló directamente la existencia de campañas negras orquestadas para desprestigiar a quienes cuestionan a las autoridades.
“Ningún, repito, ningún periodista debe ser objeto de campañas de linchamiento digital o campañas negras, como las que se han estado haciendo desde los sótanos del Poder en nuestro estado”, sentenció Díaz Gayou.
En un pronunciamiento inusual por su franqueza, la diputada abordó un tema históricamente silenciado: el uso del presupuesto gubernamental para castigar la línea editorial. Condenó el intento de silenciar voces críticas mediante el retiro de publicidad oficial o la exclusión de espacios institucionales.
“Ningún medio de comunicación debe verse obligado a elegir entre informar con libertad o garantizar su viabilidad financiera. La crítica al poder nunca debe responderse con un veto al bolsillo. La presión económica también es violencia y así debe ser reconocida”, advirtió.
Activismo bajo amenaza: El caso de María José González
La iniciativa también arropa al sector activista. La legisladora trajo a colación el reciente caso de María José González, integrante del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, quien denunció actos de intimidación a raíz de su participación en el debate de la Ley de Identidad de Género.
La diputada subrayó que, sin importar las posturas ideológicas, la intimidación por defender una causa es inaceptable y vulnera la democracia estatal.
Ruta crítica: Ley secundaria y presupuesto
Elevar este derecho a rango constitucional es solo el primer paso. Díaz Gayou adelantó que se convocará a un Parlamento Abierto durante este mes de junio con la participación de periodistas y activistas para diseñar la Ley Secundaria.
La premura legislativa tiene un propósito financiero: aprobar el marco normativo antes de octubre. De esta manera, los ayuntamientos y el Gobierno del Estado estarán obligados a contemplar partidas presupuestales específicas en 2027 para hacer operativos los mecanismos de protección, asegurando que esta reforma no quede en «letra muerta».
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