Por Román André Martínez Bravo 15 de mayo de 2026
Las declaraciones del presidente Donald Trump en los últimos días no son retórica menor ni un exabrupto de campaña; son una señal geopolítica de primer orden. Desde la Casa Blanca, Trump ha vuelto a plantear con crudeza lo que Washington lleva meses insinuando: que, si México no actúa contra los cárteles a satisfacción de Estados Unidos, su gobierno lo hará. —»Si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos»—, afirmó sin ambages. Al mismo tiempo, el fiscal general en funciones, Todd Blanche, advirtió que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico.
Para entender lo que está ocurriendo, conviene separar dos planos que con frecuencia se mezclan en el debate público: el plano operativo y el plano político. En el operativo, la amenaza de intervención militar en territorio mexicano enfrenta obstáculos logísticos, jurídicos e institucionales que la hacen, en los hechos, altamente improbable en su forma más extrema. En el plano político, sin embargo, es una herramienta de presión extraordinariamente eficaz. Trump lo sabe, y lo usa.
La lógica es clara: cada declaración amenazante obliga a México a responder, a posicionarse, a demostrar capacidad. Genera una asimetría de agenda donde Washington dicta los tiempos y la Ciudad de México reacciona. Esta dinámica no es nueva en la relación bilateral, pero en el contexto actual ha adquirido una intensidad que no se veía en décadas. La «securitización» de la relación —es decir, la conversión de prácticamente todos los temas bilaterales en asuntos de seguridad nacional para Estados Unidos— ha redefinido el margen de maniobra del gobierno mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con una postura que merece un análisis cuidadoso. En el marco de las conmemoraciones del 5 de Mayo, su mensaje fue inequívoco: la cooperación con Washington es bienvenida, pero la subordinación es inaceptable. «A esos que buscan la intervención extranjera en México —dijo— les decimos que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en su país están destinados a la derrota». El discurso no fue solo para la galería; fue un posicionamiento estratégico destinado a varios públicos simultáneamente, incluyendo audiencias dentro de la propia élite política mexicana.
Lo que está en juego no es solo una escaramuza diplomática; es la definición práctica de la soberanía en el siglo XXI. México comparte más de tres mil kilómetros de frontera con la potencia más poderosa del planeta, mantiene una integración económica profundísima a través del T-MEC y es corredor obligado de flujos migratorios que afectan directamente los cálculos electorales de Washington. En ese contexto, la soberanía no puede entenderse como un concepto estático o puramente jurídico; es una capacidad que se construye y se defiende cotidianamente mediante decisiones políticas, institucionales y operativas.
El riesgo más serio no es una operación militar unilateral espectacular —cuyas consecuencias geopolíticas serían devastadoras para ambos países—, sino la erosión silenciosa de la autonomía de decisión mexicana. Acusaciones judiciales contra figuras políticas, sanciones selectivas, presiones sobre el sistema financiero, operaciones de inteligencia no coordinadas; estas son las herramientas reales de la presión estadounidense, y su efectividad no depende de un solo evento dramático, sino de la acumulación sostenida de señales y resultados.
En este tablero, México tiene cartas propias. El nearshoring ha convertido al país en un actor estratégico para las cadenas de valor de América del Norte que ningún gobierno estadounidense puede ignorar impunemente. La cooperación en materia migratoria —que México ha prestado a costos sociales y políticos considerables— es un activo negociable. Y la estabilidad regional que México representa, frente a escenarios alternativos mucho más turbulentos, tiene un valor que Washington conoce bien, aunque públicamente prefiera no reconocerlo.
La pregunta que esta coyuntura plantea a los ciudadanos mexicanos no es si el gobierno debe someterse a las exigencias de Washington —la respuesta es no, y hay un amplio consenso al respecto—, sino qué tipo de soberanía queremos construir. Una soberanía que se limita a la retórica nacionalista es insuficiente. La verdadera defensa de la autonomía nacional pasa por fortalecer instituciones, reducir la penetración del crimen organizado en la vida pública, mejorar la capacidad del Estado para proveer seguridad en su propio territorio y generar las condiciones que hagan innecesaria —o políticamente inviable— cualquier justificación externa para la intervención.
En geopolítica, la soberanía no se declama, se construye. Y ese es, en última instancia, el desafío real que tienen frente a sí tanto el gobierno mexicano como la sociedad en su conjunto.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, actualmente cursa la Maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana, complementando su formación con estudios especializados en Propiedad Intelectual, Derecho Digital y Derechos Humanos, mediante diplomados impartidos por la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Anáhuac y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En el ámbito profesional, se desempeña actualmente como Especialista en Propiedad Industrial en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), donde participa en el análisis y desarrollo de temas vinculados con la protección de los derechos de propiedad industrial y el fortalecimiento del sistema de innovación. En este cargo también colabora en iniciativas de cooperación y vinculación internacional, participando en el seguimiento de acuerdos, proyectos y espacios de diálogo con organismos y oficinas de propiedad intelectual de otros países, lo que le ha permitido involucrarse en la dimensión global de la protección de la propiedad intelectual.
Previamente, fungió como Líder de Proyectos en el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro (2022–2024), coordinando iniciativas estratégicas y acciones institucionales orientadas al desarrollo y la gestión pública. Asimismo, cuenta con experiencia en el ámbito jurídico privado, al haberse desempeñado como Auxiliar Jurídico en la Notaría Pública No. 31 (2019–2022), donde participó en la elaboración y revisión de instrumentos legales y en la atención de diversos asuntos notariales.
Su trayectoria combina experiencia en el sector público y privado con una sólida formación académica, con especial interés en los temas relacionados con propiedad intelectual, innovación, derecho digital y fortalecimiento institucional.
