El diputado de Movimiento Ciudadano consideró positiva la rendición de cuentas, aunque sostuvo que acumular declaraciones y nuevos requisitos será insuficiente mientras persistan la impunidad y la aplicación selectiva de las normas.
Santiago de Querétaro, Qro., 27 de agosto de 2026.— El diputado local Paul Ospital Carrera respaldó la adopción de controles que permitan revisar la integridad de quienes aspiren a un cargo público, pero advirtió que la propuesta conocida como “6 de 6” no resolverá por sí misma los problemas de corrupción, impunidad e infiltración criminal en la política.
El legislador de Movimiento Ciudadano reaccionó al planteamiento para que las futuras candidaturas presenten información patrimonial, fiscal y de posibles conflictos de interés, además de acreditar que no cuentan con antecedentes penales, adeudos alimentarios ni consumo de sustancias ilegales.
La propuesta forma parte del Protocolo Único Antinarcocandidatos promovido por el gobernador Mauricio Kuri González, quien también planteó aplicar controles de confianza y someter la documentación a una revisión independiente antes del registro de las candidaturas.
Ospital consideró positivo cualquier esfuerzo orientado a fortalecer la rendición de cuentas. Sin embargo, señaló que la discusión no debe concentrarse únicamente en aumentar el número de declaraciones o documentos solicitados.
“Podemos tener 6 de 6, 7 de 7 o 15 de 15. En México leyes hay, y muchas. El problema es que se cumplan y se apliquen por igual”, afirmó.
Documentos no equivalen a una investigación
La presentación de declaraciones puede aportar información para detectar inconsistencias patrimoniales, conflictos de interés o impedimentos legales. No obstante, su eficacia depende de que los datos sean verificados y contrastados con registros fiscales, financieros, judiciales y administrativos.
Una declaración entregada por la propia persona aspirante no constituye, por sí misma, una certificación de integridad. Para que el mecanismo tenga consecuencias prácticas, tendría que establecer autoridades responsables de revisar la información, plazos, criterios públicos y procedimientos para responder ante posibles falsedades u omisiones.
También deberá definirse cuáles requisitos serán legalmente obligatorios y cuáles dependerán de compromisos voluntarios adoptados por los partidos. Sin esa precisión, el protocolo podría quedar reducido a un acuerdo político sin capacidad efectiva para impedir un registro.
Ospital cuestiona la justicia selectiva
El legislador sostuvo que el principal desafío no consiste en producir nuevas normas, sino en evitar que las existentes se apliquen de manera diferenciada según la identidad, el partido o las relaciones de la persona involucrada.
“El verdadero reto es cerrarle el paso a la impunidad. No necesitamos más leyes; necesitamos que las que ya existen se cumplan, sin importar quién esté involucrado”, manifestó.
Su posicionamiento no rechaza la propuesta de controles adicionales, pero desplaza la discusión hacia la capacidad de las instituciones encargadas de investigar, verificar y sancionar.
Ospital advirtió que anunciar nuevas medidas genera pocos resultados si las autoridades no actúan frente a irregularidades ya documentadas. En ese sentido, pidió que la justicia opere con los mismos criterios para adversarios, aliados y servidores públicos.
“Que no haya amigos con justicia y gracia, ni enemigos con todo el peso de la ley. La justicia debe ser la misma para todos”, concluyó.
El debate pendiente
La discusión sobre la “6 de 6” abre dos preguntas distintas. La primera es qué información deben proporcionar quienes busquen una candidatura. La segunda, y más compleja, es quién comprobará que esa información sea verdadera y qué sucederá cuando aparezcan inconsistencias.
El valor de un protocolo de integridad no dependerá del número de requisitos que acumule, sino de su carácter verificable, de la independencia de quienes lo apliquen y de la existencia de consecuencias claras.
Sin esos elementos, una “6 de 6” puede convertirse en una colección de documentos. Con controles efectivos y reglas iguales para todos, podría funcionar como una barrera preventiva frente a candidaturas cuestionadas.