Por Sofía Peña, periodista de negocios LYP
Hay una cifra en este expediente que detiene la lectura. Según documentos presentados en el caso y consultados por Bloomberg, AlterBank —la entidad de Santa Lucía que le prestó 290 millones de dólares a TV Azteca— tenía 2.3 millones de dólares en activos totales en 2024, y se prevé que este año tenga menos de 50 millones.
Un prestamista con 2.3 millones de dólares otorgando un crédito de 290 millones. La operación se realizó antes de que TV Azteca solicitara el concurso mercantil, y quedó garantizada con la licencia de radiodifusión de la compañía: su activo más valioso, el que le otorgó el Estado mexicano.
Nada de esto es ilegal, y conviene decirlo desde el principio. Los propios tenedores de bonos lo describen como una maniobra que consideran fraudulenta pese a ser legal. Esa distinción es la clave de todo el caso, y también la razón por la que este expediente dejó de ser un pleito entre un empresario y sus acreedores para convertirse en algo que le importa a cualquier empresa mexicana que necesite financiarse en el extranjero.
Dónde está el proceso hoy
El 10 de agosto, el Diario Oficial de la Federación publicó el edicto que formaliza la etapa de conciliación del concurso mercantil de TV Azteca, y confirmó como conciliador a Sergio Francisco Hermida Guerrero. El procedimiento abarca 185 días, prorrogables por dos periodos de 90.
La dimensión del problema quedó asentada en la resolución judicial: la empresa podría tener hasta 600 acreedores, y 228 mantenían facturas vencidas por al menos 30 días cuando solicitó el procedimiento.
Es la primera vez que TV Azteca recurre al concurso mercantil mexicano. Y lo hizo después de más de un lustro de litigio en Estados Unidos.
Cómo llegamos hasta aquí
El origen es una emisión de 400 millones de dólares en bonos sin garantía, colocada en 2017. En 2021, TV Azteca incumplió el pago, atribuyendo la decisión en parte al impacto económico de la pandemia. The Bank of New York Mellon actúa como fiduciario de esos títulos.
En 2023, los acreedores intentaron forzar a la empresa a un proceso de quiebra involuntaria en Estados Unidos. Fracasaron. Después presentaron una demanda por incumplimiento de contrato ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, bajo el expediente 22-CV-8164. En marzo de 2026, la magistrada Barbara C. Moses autorizó al fiduciario a presentar una moción de sentencia sumaria.
Dos de los fondos involucrados, Cyrus y Contrarian, también intentaron —sin éxito— que un tribunal internacional obligara al gobierno mexicano a responder por la deuda de la televisora.
Hoy los reclamos de los bonistas superan los 600 millones de dólares. Y la propuesta que TV Azteca ha puesto sobre la mesa implica una quita de hasta 90%: diez centavos por cada dólar.
Lo que acusan los acreedores
Conviene ser preciso aquí, porque se trata de señalamientos dentro de un litigio en curso, no de hechos probados por un tribunal.
Los bonistas encabezados por The Bank of New York Mellon pidieron al juez del distrito sur de Nueva York autorización para ampliar la demanda contra la televisora. La acusan de dos cosas: haber creado una filial llamada TVA III para trasladar ahí sus activos más valiosos, incluida la licencia de radiodifusión, y haber contratado el crédito de 290 millones con AlterBank.
Su preocupación operativa es concreta. Sostienen que el nuevo financiamiento podría diluir su poder de voto dentro del proceso de reorganización y reducir los recursos disponibles para cubrir lo que se les debe. Para conocer las condiciones del acuerdo, presentaron una demanda en Florida.
Los acreedores también argumentaron ante la corte que temen que la mayoría de los otros acreedores acepte un plan de reestructura que les cause un perjuicio irreparable, dado que el concurso mexicano puede extenderse hasta 365 días.
Lo que responde Grupo Salinas
Un portavoz de Grupo Salinas señaló a Bloomberg que TV Azteca «ha actuado conforme a la ley» en todas sus negociaciones con los tenedores de bonos. Explicó que la empresa obtuvo el préstamo —entre otras medidas que incluyen el propio concurso mercantil— para garantizar la continuidad de sus operaciones. Y agregó un dato que matiza la narrativa de un deudor que no negocia: un grupo de tenedores de bonos ha rechazado las ofertas de acuerdo de la compañía.
Es una posición legítima y hay que registrarla completa. El concurso mercantil existe precisamente para que una empresa con problemas de pago pueda reorganizarse bajo supervisión judicial preservando la operación. Usarlo no es una falta; es un derecho.
El punto que excede a Salinas Pliego
Y aquí está lo que hace de este caso algo más que una nota de tribunales.
Un especialista consultado por Bloomberg Línea planteó la advertencia en términos que ninguna otra cobertura ha desarrollado: si el tribunal mexicano permite que se diluyan los derechos de voto de los bonistas estadounidenses con base en un préstamo de última hora otorgado antes de la solicitud, sin abordar de fondo las posibles acusaciones de transferencia fraudulenta, eso podría socavar gravemente la credibilidad del sistema concursal mexicano ante los inversionistas extranjeros.
Léase de nuevo, porque el alcance es amplio: lo que está en juego no es únicamente cuánto recuperan Cyrus, Contrarian o Bank of New York Mellon. Es el precedente sobre qué tan protegido está un acreedor internacional cuando presta a una empresa mexicana.
El mercado de deuda no funciona con simpatías. Funciona con precedentes y con primas de riesgo. Si el desenlace de este expediente instala la percepción de que una empresa mexicana puede reordenar su estructura de acreedores en la antesala de un concurso y salir adelante, esa percepción se va a incorporar al costo del dinero. No para TV Azteca —que ya perdió acceso a esos mercados—, sino para las siguientes emisoras mexicanas que salgan a colocar bonos en el extranjero.
El contexto del empresario
El expediente llega en un año particularmente movido para Ricardo Salinas Pliego. Este mismo año acordó pagar 32,000 millones de pesos —alrededor de 1,880 millones de dólares— al gobierno mexicano tras una batalla de una década por reclamaciones fiscales. Además, habría sido víctima de un fraude en un acuerdo de préstamo en el que ofreció como garantía más de 400 millones de dólares en acciones de Grupo Elektra.
Pese a todo, el Índice de Multimillonarios de Bloomberg estima su patrimonio en alrededor de 7,700 millones de dólares.
Por qué importa para las empresas
Primero, para cualquier empresa mexicana que se financie o planee financiarse en mercados internacionales. El costo de la deuda corporativa mexicana incorpora una prima por riesgo jurisdiccional: qué tan predecible es la recuperación de un acreedor cuando las cosas salen mal. Los desenlaces de casos emblemáticos mueven esa prima para todos, no solo para el involucrado. Si usted planea una emisión en el extranjero en los próximos dos años, este expediente es parte de su contexto de precio.
Segundo, para los consejos de administración. El caso ilustra hasta dónde llega la creatividad legal en una reestructura y qué tipo de escrutinio internacional detona. Estructuras que son legales bajo la ley mexicana pueden desencadenar litigios paralelos en Nueva York y Florida, con costo reputacional y de gestión que rara vez se modela al tomar la decisión.
Tercero, para las áreas de crédito y riesgo. El elemento más instructivo del expediente es la asimetría entre el tamaño del prestamista y el tamaño del préstamo. Cualquier área de riesgo que evalúe contrapartes debería preguntarse qué capacidad real de fondeo respalda a un acreedor, y qué implica para la prelación de pagos que un activo estratégico quede comprometido en garantía.
La pregunta para el consejo directivo
Si su empresa tiene o planea tener deuda en mercados internacionales, ¿ya evaluó cómo un precedente adverso sobre el sistema concursal mexicano afectaría el costo de su próxima emisión, aunque su empresa no tenga relación alguna con este caso?
El concurso mercantil de TV Azteca se va a resolver en algún momento de los próximos doce meses, y probablemente con una quita para los bonistas. Ese desenlace se leerá como una victoria o una derrota de Ricardo Salinas Pliego, y en los términos del litigio lo será. Pero la factura mayor de este expediente no la va a pagar él ni la van a cobrar los fondos de Nueva York. La va a pagar, en puntos base, la siguiente empresa mexicana que salga a pedir dinero prestado al mundo.
