Claudia Díaz Gayou y Ulises Gómez presentaron tres iniciativas que pretenden limitar la discrecionalidad del Ejecutivo, incorporar la participación ciudadana en la planeación de largo plazo y otorgar cinco mil litros mensuales de agua sin costo a viviendas elegibles.
Santiago de Querétaro, Qro., 12 de octubre de 2026.— El control sobre las modificaciones al presupuesto estatal, la participación del Congreso en la planeación del desarrollo y el reconocimiento de un volumen básico gratuito de agua integran el paquete de reformas presentado por los diputados de Morena Claudia Díaz Gayou y Ulises Gómez de la Rosa.
Acompañados por la legisladora Sully Yanira Mauricio Sixtos y otros integrantes de su grupo parlamentario, los promoventes plantearon tres discusiones que podrían modificar la relación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la ciudadanía: quién autoriza los movimientos del dinero público, cómo se decide el rumbo de Querétaro y bajo qué condiciones debe garantizarse el acceso doméstico al agua.
Las propuestas apenas comienzan su tránsito legislativo. Por lo tanto, todavía deberán ser turnadas a comisiones, analizadas, eventualmente modificadas y sometidas a votación antes de producir efectos jurídicos.
El Congreso buscaría recuperar el control sobre el presupuesto
La primera iniciativa pretende que las adecuaciones, transferencias y ampliaciones presupuestales realizadas durante el ejercicio fiscal requieran autorización previa del Congreso del Estado.
En términos prácticos, el planteamiento busca impedir que el presupuesto aprobado por las y los diputados pueda ser modificado posteriormente sin un nuevo control legislativo. Díaz Gayou y Gómez de la Rosa sostienen que cualquier redistribución sustancial del dinero público debe ser examinada por el órgano que originalmente autorizó su destino.
El punto resulta especialmente relevante porque un presupuesto no solamente establece cuánto puede gastar un gobierno: define prioridades políticas. Mover recursos entre dependencias, programas u obras puede alterar esas prioridades sin necesidad de modificar formalmente el decreto aprobado.
La iniciativa propone colocar un contrapeso frente a esa capacidad administrativa del Ejecutivo. Sin embargo, durante su análisis deberá precisarse si la autorización legislativa abarcará cualquier movimiento presupuestal o únicamente aquellos que superen determinados montos y porcentajes.
Una regulación excesivamente rígida podría entorpecer ajustes urgentes o la atención de contingencias; una norma demasiado flexible, en cambio, conservaría prácticamente intacta la discrecionalidad que la propuesta dice combatir. El desafío será establecer controles eficaces sin paralizar la operación gubernamental.
El Plan Estatal y la estrategia 2050 dejarían de ser decisiones exclusivas del Ejecutivo
La segunda iniciativa busca ampliar las facultades del Poder Legislativo en la aprobación, revisión y modificación del Plan Estatal de Desarrollo y del denominado Plan Estratégico 2050.
También propone audiencias públicas y mecanismos para incorporar las opiniones de los municipios, organizaciones sociales y distintos sectores de la población.
La intención es que los documentos que determinan el rumbo económico, territorial y social de Querétaro no sean elaborados o modificados unilateralmente desde el Ejecutivo, sino que atraviesen una deliberación pública y cuenten con intervención legislativa.
El cambio tendría un alcance político significativo. La planeación de largo plazo condiciona decisiones relacionadas con urbanización, movilidad, infraestructura, disponibilidad de agua, crecimiento industrial y distribución territorial de los servicios. Someterla a discusión pública permitiría confrontar la visión gubernamental con las necesidades de municipios y comunidades que no siempre participan en el diseño de esas políticas.
No obstante, la eficacia de las audiencias dependerá de que las opiniones ciudadanas tengan trazabilidad y una respuesta institucional. Convocar foros sin establecer cómo serán procesadas las propuestas corre el riesgo de convertir la participación en un trámite decorativo.
Cinco mil litros gratuitos, pero no para todas las viviendas
La tercera iniciativa propone conceder mensualmente cinco metros cúbicos de agua —equivalentes a cinco mil litros— sin costo a viviendas de uso doméstico que cumplan determinados criterios de elegibilidad.
El beneficio constituiría un bloque inicial gratuito. El consumo que exceda ese volumen continuaría sujeto al pago de tarifas, con topes sociales diferenciados.
La propuesta busca reconocer que el agua indispensable para las necesidades básicas no puede tratarse únicamente como una mercancía. Al mismo tiempo, evita plantear una gratuidad ilimitada que pudiera incentivar el desperdicio o comprometer sin restricciones las finanzas de los organismos operadores.
Sin embargo, el proyecto deberá responder varias preguntas antes de ser votado: qué hogares serán elegibles, cómo se acreditará la condición socioeconómica, quién financiará el volumen gratuito, cuánto costará anualmente la medida y qué ocurrirá en viviendas sin medidor o con contratos irregulares.
También será necesario determinar si el beneficio alcanzará a usuarios atendidos por operadores municipales, comunitarios o privados y cómo se impedirá que su costo sea transferido al resto de los consumidores mediante incrementos tarifarios.
Sin estas definiciones, el derecho anunciado podría resultar desigual en su aplicación o quedar limitado por la capacidad financiera de cada prestador del servicio.
Tres iniciativas, una disputa por los contrapesos
Aunque abarcan materias distintas, las propuestas comparten un mismo hilo conductor: reducir la concentración de decisiones en el Ejecutivo y trasladar parte de su revisión al Congreso y a la ciudadanía.
Díaz Gayou y Gómez de la Rosa buscan que el Legislativo no se limite a aprobar inicialmente el presupuesto y los instrumentos de planeación, sino que conserve capacidad de vigilancia cuando éstos sean modificados. En materia de agua, pretenden que la Legislatura participe también en la definición de los criterios para acceder al volumen básico gratuito.
El paquete abre una discusión necesaria sobre transparencia, representación y derechos sociales, pero su verdadero valor no se medirá por su presentación pública. Dependerá de la precisión de sus reglas, la viabilidad de su financiamiento y la capacidad de convertir conceptos como “participación ciudadana” y “derecho al agua” en obligaciones verificables.
El debate que comienza en el Congreso deberá resolver si las iniciativas construirán contrapesos efectivos o solamente añadirán nuevos procedimientos burocráticos. También tendrá que definir quién pagará la gratuidad propuesta y bajo qué condiciones llegará a las familias que realmente la necesitan.